La noche del 2 de abril empezaron las amenazas de muerte. Según reportó la primera de muchas alertas de Fundamedios durante esa semana postelecciones, Ruth Hidalgo, principal de la ONG Participación Ciudadana, fue amenazada "con ser arrastrada y su familia metida en fundas negras. Las amenazas siguieron al día siguiente, luego de dar a conocer los resultados del conteo rápido que realizó esa organización tras las elecciones presidenciales, en donde declaró la existencia de un empate técnico.

Hidalgo fue amenazada de muerte a través de dos llamadas telefónicas. La primera a su teléfono celular y la segunda, al número de su casa. En ellas, una voz de hombre le advirtió: “Te voy a arrastrar puta de la derecha”, y que ella y su familia serían encontradas en fundas negras.

Al día siguiente la volvieron a amenazar a través de una llamada telefónica realizada al teléfono convencional de su casa y con mensajes por redes sociales. Hidalgo rechazó este tipo de violencia política y aseguró que pondrá la denuncia respectiva cuando los ánimos se calmen.

En una rueda de prensa ofrecida el 3 de abril, la directora de la Corporación Participación Ciudadana lamentó la agresividad desatada en redes sociales y aseguró que de manera malintencionada han surgido estas amenazas que a su criterio se dieron “por haber salido y, en honor a la verdad, haber dicho las cifras que nosotros manejamos”. “Rechazamos este tipo de actitudes, entendemos que el clima político realmente, después de haber vivido años con violencia política permanente, también esa violencia nos haya tocado chupar en este momento. Sin embargo, nosotros estamos seguros de las cifras que tenemos y reiteramos que nosotros no podemos dirimir nada porque sería irresponsable salir a decir que tal o cual fue el ganador”, apuntó Hidalgo.

Tras la rueda de prensa ofrecida por Hidalgo, el presidente Rafael Correa cuestionó los resultados entregados por la Corporación Participación Ciudadana y acusó a la organización de ser “cómplice de la incertidumbre y la violencia que quiso generar la derecha”. Así lo dijo en declaraciones realizadas durante el Enlace Ciudadano. La responsabilizó, además, de cualquier acto de violencia que se genere por las protestas.

Lo sintomático del caso es que luego de las amenazas de muerte y las denuncias públicas de Hidalgo sobre las mismas, el Presidente Correa no las haya mencionado y, al contrario, exacerbó públicamente las críticas contra la ejecutiva de PC. Al oficialismo le molestó que esta ONG haya declarado un "empate técnico" la noche del 2 de abril, cuando dos encuestadoras emitieron dos exitpoll diametralmente opuestos a las 5 de la tarde. El primero, de la empresa Cedatos, dio por vencedor al centroderechista Guillermo Lasso y el segundo otorgó el triunfo al oficialista Lenin Moreno. La diferencia era de 0.6%, señaló Hidalgo esa noche, rodeada por los delegados principales de Participación Ciudadana. Para el gobierno, la diferencia no era tal sino del 1.6% en favor de Moreno, y que Hidalgo ocultó deliberadamente este dato, al restar el 1% del margen de error a esa tendencia. 

 Medios demandados por no sumarse a linchamiento mediático contra Lasso 

Aún tratándose de una amenaza de muerte, la ola de persecuciones no empezó con la reacción oficial a la declaración de PC. Días antes, nada menos que siete medios de comunicación recibieron sendas notificaciones de la Supercom, en la cual se les informaba que habían sido demandados ante el organismo por parte de un supuesto observatorio mediático. Una investigación de Fundamedios determinó que parte de esta organización es una funcionaria estatal que brinda su servicio a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. La acusación a la que dio luz verde la Supercom fue que en estos medios no se replicó o reprodujo una nota del diario argentino Página 12, en el cual se denunciaba al candidato opositor Guillermo Lasso de mantener cuentas bancarias en países considerados paraíso fiscales y de haber incrementado su fortuna al negociar con papeles fiduciarios durante el congelamiento bancario en 1999. Lasso replicó escuetamente, al respecto, que sus cuentas eran públicas y estaban en el Ecuador. 

Para la defensa de los medios, la demanda aceptada por la Supercom viola la ley de Comunicación, pues se estaría incitando a los medios a cometer el delito de linchamiento mediático, y la violación a las disposiciones del Código de la Democracia que prohíbe generar informaciones y opiniones que afecten a uno de los candidatos.

Casi de modo simultáneo, el mismo organismo inquisidor de la prensa independiente ecuatoriana emitió una sanción en contra del diario Extra, de Guayaquil, por clasificar una nota como “F” Formativa/educativa/cultural, en lugar de “I” de Informativa. El diario popular de mayor circulación en el Ecuador deberá pagar a la Supercom, USD 1830 dólares. A criterio de la entidad, el medio infringió el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) referente a la identificación de contenidos. La sanción emitida el 21 de septiembre se dio por la publicación de una nota del 7 de agosto que fue titulada en portada como: “ ‘Pasarela’ del sexo en la Nueve de Octubre”, y desarrollada en la página 2 y 3 con el titular “¡Un kilómetro de erotismo en el bulevar Nueve de Octubre!”, sobre las circunstancias sociales, económicas y de riesgos por las que atraviesan las trabajadoras sexuales de la avenida 9 de Octubre, en la ciudad de Guayaquil.

La Supercom determinó como “improcedente que el contenido de la nota periodística referida sea identificado como “F” Formativo / educativo / cultural “puesto que no se enmarca dentro de la definición citada, ya que el mismo no guarda relación alguna ni cumple con los parámetros técnicos y jurídicos para ser considerado como contenido formativo / educativo / cultural”.

El 7 de septiembre, durante la audiencia, el representante del medio reconoció que “se produjo una incorrecta clasificación, sin que eso signifique un incumplimiento a la normativa” y aseguró que “no cabe una interpretación extensiva de ese artículo (art. 60). Mi representada, publicó el 07 de agosto del 2016, una noticia en la que equivocadamente la clasificó con contenido [F], cuando lo correcto era [I], insisto, en ninguna parte de la Ley se determina una sanción administrativa por la incorrecta clasificación”.

Por otro lado, el representante de la Supercom sostuvo que “la Ley indica la obligación de los medios a clasificar la información sobre la base de parámetros jurídicos y técnicos” y que “lo contrario sería aceptar que en la prestación de un servicio público, los medios de comunicación que identifiquen un contenido que ha sido mal clasificado, queden en estado de impunidad”, reportó Fundamedios. 

Fuentes del medio dijeron a Plan V que la sanción respondería a una retaliación gubernamental por publicar un reportaje investigativo sobre presuntos sobornos de la empresa Caminosca a funcionarios del actual gobierno.

 La amenaza contra Diego Oquendo y Radio Visión 

Por permitir que la ciudadanía se exprese sobre los resultados electorales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) emitió este 5 de abril de 2017 un “severo llamado de atención” en contra de Diego Oquendo Silva, representante legal de Radio Visión, por abrir la señal de la misma el martes 4 de abril de 16h00 a 19h30. El llamado de atención se dio sin proceso previo y bajo el amparo del artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

En rueda de prensa, el superintendente Carlos Ochoa aseguró que “Radio Visión amparados en una falsa libertad de expresión (sic), entre otras cosas, lo que hizo fue llamar al amotinamiento de la ciudadanía, a desconocer las decisiones legítimas de las autoridades, a promover la xenofobia. Y lo que es más grave aún, ciudadanía, al llamado a las fuerzas del orden, tanto Fuerzas Armadas como Policía para que intervengan ilegalmente en la vida democrática de esta nación”.

Ochoa dirigiéndose a Oquendo le dijo que la radio, no sólo promovió, sino que incentivó y alentó a propiciar el caos, poniendo el riesgo la paz y la seguridad ciudadanas. “Le recordamos a los señores de radio Visión que la Ley de Comunicación, en su artículo 71, califica a la comunicación como un derecho constitucional pero sobre todo un bien público y a la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación como un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad. Y en sus numerales 3 y 5 determinan que la información debe promover el acatamiento y la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades públicas. Y que la información, esto es muy importante para todos los medios del país, la información debe contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad ciudadana”.

Por su parte Diego Oquendo, tras conocer dicho llamado de atención, respondió que “nosotros hemos abierto los micrófonos ayer y hoy de mañana obedeciendo la demanda del pedido de muy buena parte de la audiencia, el espacio fue abierto para toda la ciudadanía tanto simpatizantes o no de Alianza PAIS”. Por eso le extraña el comportamiento de la Supercom.

Respondiendo a un punto de la carta dijo lo siguiente “Señor licenciado Ochoa, ¿amotinamiento? por favor que las cosas no se distorsionen ha sido un mensaje sumamente claro, un mensaje sumamente maduro, aquí no estamos promoviendo que se desconozca la Ley (…) Se habla de promover la xenofobia, en ningún momento. Entendemos que la Supercom está emitiendo está carta sin escuchar la transmisión de ayer”.

 El allanamiento a Cedatos y el acoso y linchamiento mediático a su director Polibio Córdova 

Las oficinas de la encuestadora Cedatos en Quito fueron allanadas la tarde del 7 de abril de 2017 en medio de un operativo que contó con la presencia de miembros de la Policía, una funcionaria de la Fiscalía, quien no se identificó, y elementos del Grupo de Operaciones Especiales, GOE.

Este allanamiento se dio tras una orden emitida por la Fiscalía para "incautar evidencias" e información contenida en los equipos informáticos, servidores y archivos físicos de la empresa. La medida responde a una denuncia presentada, en marzo, por Rosana Alvarado, legisladora del oficialismo y vicepresidenta de la Asamblea, en contra de la encuestadora. Cedatos anunció un resultado favorable al candidato opositor Guillermo Lasso, en las encuestas a boca de urna en las elecciones presidenciales del 2 de abril de 2017.

La asambleísta oficialista acusó a Cedatos de atentar contra la fe pública por la manipulación de datos de la empresa para beneficiar al candidato opositor, quien ya ha impugnado el resultado del balotaje. En el documento del allanamiento emitido por la Fiscalía y que circuló por redes sociales, se mencionan supuestos pagos realizados a la empresa Cedatos por parte de allegados al candidato opositor Lasso, a través de la empresa de publicidad Livercostas, de propiedad de Iván Correa Calderón, exfuncionario del Banco de Guayaquil.

A criterio de la Fiscalía, "se ha podido establecer la conexidad de los hechos entre la modificación dolosa de las encuestadoras. Hechos que han creado conmoción social, desembocándose en un caos por la presunta información falsa emitida", según consta en el documento. Por ello, Alvarado solicitó el allanamiento de las oficinas de la empresa y la incautación de sus servidores y computadores.

Por su parte, Ángel Polibio Córdova, el principal de Cedatos calificó de "acoso" el allanamiento a sus oficinas y el hackeo a sus correos y sistemas informáticos ocurridos en los últimos días. En una entrevista para FM Mundo aseguró que el personal de la empresa tiene la entera disposición para colaborar y entregar todo lo que se requiera. Sin embargo, enfatizó en que con estas acciones pretenden acabarlos. "Quieren acabar con nosotros. Quieren acabar con la empresa. Yo no sé quiénes son los que pueden estar en esto ¿Acaso en el país alguna vez hemos tenido esta situación? (...) en 42 años que estoy al frente de la institución no he tenido jamás una situación de esta naturaleza ¿Por qué? por hacer el trabajo bien. Por estimar los resultados como dicen los votantes. A los votantes entonces deberían ser las amenazas que me han hecho a mí. Todos los día recibo amenazas. Nos dicen: Yo sí soy certero para los tiros, vas a ver el tiro certero para acabar contigo. Todos los días que van a acabar conmigo, que van a incendiar Cedatos", Enfatizó Córdova.

En medio del operativo, dos personas encapuchadas se bajaron de un vehículo sin placas y uno de ellos  empezó a filmar a los periodistas y ciudadanos que permanecían afuera del edificio, lo que llamó la atención de los comunicadores que se encontraban cubriendo el allanamiento. Según testimonios de los presentes, el encapuchado se negó a identificarse y, ante las preguntas de los periodistas para que revelara su identidad y el porqué de sus acciones, se retiró en una camioneta de la Policía.

Al concluir el operativo, la funcionaria de la Fiscalía se negó a dar declaraciones a la prensa.

Cabe anotar que durante la semana anterior, Cedatos denunció ataques a sus sistemas informáticos y la intromisión a sus correos, mientras que paralelamente, dos cadenas ordenadas por la Secretaría de Comunicación (Secom) han sido emitidas para descalificar a la firma encuestadora.

 La condena "a las injurias" del Presidente 

Fundamedios condenó las amenazas y "las expresiones injuriosas" del Presidente Rafael Correa en contra de la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana, la cadena Ecuavisa y la encuestadora privada Cedatos, contra quienes descargó una serie de amenazas "absolutamente inaceptables en cualquier país que se considere mínimamente democrático", por el hecho de haber divulgado resultados diferentes a los que dieron encuestadoras y medios oficialistas.

Durante el enlace 518, celebrado el sábado 8 de abril, en Palenque, provincia de Los Ríos, el presidente Rafael Correa acusó a la encuestadora Cedatos, al canal de televisión Ecuavisa y a la organización Participación Ciudadana de haber fraguado un fraude a favor de Guillermo Lasso. Expresó que las tres entidades tendrán que "responder a la ley" y que tendrán "responsabilidades civiles, administrativas y de toda índole".

El mandatario aseguró que tanto Participación Ciudadana como Cedatos fueron "cómplices y financiadas" por el candidato Guillermo Lasso a través del Banco de Guayaquil. De Ecuavisa sostuvo que es un canal deshonesto y totalmente parcializado con dicho candidato. "Ecuavisa que tendrá que responder ante la historia y ante la ley también. Es gravísimo lo que ha pasado, que ni siquiera mencionaron que había un exitpoll que le daba la victoria a Lenín, (y presentaron) un exitpoll de una empresa como CEDATOS que es mafiosa y trabaja para Lasso". Ecuavisa, sí presentó las dos versiones.

Correa expresó también que el presentador Alfonso Espinoza de los Monteros es "uno de los tantos periodistas sinvergüenzas que hay en este país. Descaradamente se entromete en política".  Por otro lado, aseguró que Participación Ciudadana es la responsable de toda la conmoción social que se produjo por haber presentado resultados, según él, falsos. Además aseguró que tal organismo no quiso publicar que en su conteo rápido el ganador era Lenín Moreno, pues "son cómplices de Lasso".

Además manifestó que son responsables de lo que pueda pasar en las calles y cuestionó que dicha organización haya declarado un empate técnico, el cual consideró falso, pues señaló que mintieron diciendo que había una diferencia de 0,6% cuando la diferencia entre ambos candidatos era de 1,6%. "Esta gente ha buscado toda esta semana -y no sé si la próxima que ya es semana santa- un muerto. Han tratado de generar violencia".

"Esto es todo lo que hemos tenido que enfrentar todos estos años a estas ONG que son los tentáculos de la derecha, como no nos pueden ganar en las urnas se inventan estas cosas (..).  Participación Ciudadana es corresponsable de lo que pueda pasar y esto no quedará en la impunidad. No se trata de perdón y olvido, sino a nivel social es impunidad. No podemos permitir que se vuelva a jugar con la buena fe de la gente y las instituciones, y que una ONG juegue con la fe pública".

De Cedatos expresó que es "una empresa mafiosa tendrá que responder ante la justicia porque no se puede jugar así ante la fe pública" y que hizo fraude al darle 6 puntos más a Lasso. Para el mandatario todos los datos de la encuestadora fueron forjados para generar caos. "Ese exitpoll fue manipulado y lo voy a demostrar, que esto fue parte de un boicot para jamás aceptar los resultados porque la victoria para la derecha del Ecuador era clave y fueron contundentemente derrotados".

 Atentado denunciado por Andrés Páez 

A las 2:50 de la madrugada del sábado 8 de abril, el candidato a vicepresidente por el movimiento CREO, Andrés Páez, denunció a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de un atentado, el cual, según narró en el tuit, fue dirigido a su persona y el saldo fue el parabrisas de su auto destrozado y su equipo de seguridad herido. Como pruebas presentó dos fotografías del interior del automóvil en las que se aprecian los daños.

Hasta el momento no se conocen más detalles de la agresión que se produce en el marco de las protestas y manifestaciones ciudadanas lideradas por el político, las cuales piden el reconteo de los votos para legitimar los últimos resultados electorales.

Así quedó el vehículo de Andrés Páez, según denunció el vicepresidenciable de CREO.