Una semana más tomará, por lo menos, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) electo en las urnas se posesione. Según proclamó el Consejo Nacional Electoral, los integrantes del organismo electos en las urnas son María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Victoria Desintonio, Rosa Chalá, José Carlos Tuárez, Walter Gómez y Christian Cruz. Como suplentes están designados Ibeth Estupiñán, Mariuxi Moreira, Karina Ponce, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Hernán Ulloa y Francisco Bravo.

En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se espera que este miércoles, el juez Ángel Torres emita su fallo la denuncia de infracción electoral contra Victoria Desintonio, Walter Gómez y Juan Dávalos.

A los tres se los vincula con la ortodoxia correísta, algo que ellos niegan enfáticamente. En el TCE se recibió una denuncia por una presunta infracción electoral en su contra, presentada por Kathy Colobón, directora de Movimientos Sociales y Étnicos del Ecuador, y Luis Torres, representante de la Federación de Organizaciones Campesinas. En la denuncia se adjutaron supuestos volantes y publicidad de redes sociales en los que se llamaba a votar por los tres candidatos, y se los vinculaba directamente con el ex presidente Rafael Correa.

Pero no es la primera vez que se presenta esta queja. Ya se ventiló el mismo tema tanto en el Consejo Nacional Electoral cuanto en el propio TCE, y fue desechada. Eso es lo que explica Walter Gómez, un activista ciudadano y de la diversidad sexual de Guayaquil que afirma no tener ninguna relación con el correísmo de línea dura. 

Gomez destaca que la demora en la posesión del CPCCS se debe a las demoras del trámite en el TCE. En especial, cuestiona la apelación que David Rosero de la Unidad Popular, hizo de los resultados numéricos, pero esta ya fue desechada. Otra apelación por resultados numéricos, presentada por Francisco Bravo, sigue sin ser resuelta. 

Según el consejero electo, en las denuncias se han repetido las mismas pruebas en su contra que ya fueron desechadas, por lo que, en su opinión, el TCE solamente puede archivar las quejas. Cree también que es improbable una descalificación, porque el CNE ya aprobó los resultados numéricos y realizó la asignación de escaños.

Para Gómez, el trasfondo de la maniobra es pretender la descalificación de algunos candidatos electos, pero él, al igual que Victoria Desintonio aseguran que no tienen ninguna relación con la supuesta campaña electoral. Por ello, criticó a Unidad Popular, a los que calificó de "polítiqueros del ex MPD". 

Gómez afirma que actualmente la posesión estaría detenida por los reclamos a los resultados numéricos, pero también sostiene que no se presentaron, en ese caso, actas que permitieran sustentar las críticas a los resultados numéricos. 

Sobre las críticas de su supuesta simpatía con Rafael Correa, Gómez afirma que él no ha sido nunca afiliado a ningún partido político, a diferencia de Rosero quien es un militante conocido de la Unidad Popular. "He simpatizado con causas ciudadanas, soy defensor de derechos humanos", asegura, aunque admite que ocupó un cargo público hasta marzo de 2018 en el actual Gobierno. El consejero electo destaca que obtuvo más de 200 mil votos con relación a Rosero. 

Finalmente, el consejero electo dijo que todos los recursos sobre los números fueron archicados, y el jueves 6 de junio habría una reunión con el Consejo Nacional Electoral para coordinar la entrega de credenciales. 

Un recurso de apelación a los resultados numéricos presentado por David Rosero fue negado. 

La tesis de la mayoría pro Correa

Pero David Rosero, quien ya fue consejero de Participación Popular y también fue candidato a asambleísta, tiene otra lectura. Rosero destaca que antes del proceso ya se habían presentado denuncias de proselitismo político de los candidatos cuestionados. Las denuncias fueron presentadas al CNE casi 70 días antes de las elecciones, pero el Consejo no actuó. Rosero cree que se debió descalificar a los candidatos, pero en su lugar el CNE archivó las denuncias sobre ese tema. 

"Imprimieron millones de hojas volantes y las entregaban en el territorio, y esas hojas los identificaban como candidatos de Correa", destaca Rosero, quien cree que hubo inclusive eventos públicos de apoyo para por lo menos seis candidatos alineados con el correísmo. 

Para Rosero, hubo una actitud "irresponsable" del CNE al no tratar las denuncias que finalmente fueron archivadas. Algunas de esas causas fueron a conocimiento del TCE. "Se debe cumplir la ley y hacer respetar la prohibición de proselitismo. La sanción es la descalificación", remarca Rosero. 

El político no niega que, de darse la descalificación, él debería ocupar una curul en el pleno del Consejo, pues por su votación, si saliera Gómez, debería reemplazarlo él. "Se están peleado por la presidencia del CPCCS y el correísmo puede armar una mayoría", cree Rosero, quien afirma que esta supuesta mayoría afín a Rafael Correa estaría conformada por Walter Gómez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y el ex sacerdote católico José Carlos Tuárez. Los dos últimos, si bien no han sido identificados claramente con el correísmo, podrían acercarse a esa línea, dice Rosero, pues Chalá trabajó en el Instituto de la Democracia del CNE en la presidencia de Juan Pablo Pozo. Rosero afirma que Tuárez hizo un reciente viaje a Europa, aunque admite que no tiene pruebas de que se haya reunido en el viejo continente con Correa. "La tarea de descorreización podría quedar truncada, pues están haciendo gestiones con los otros consejeros para lograr una mayoría pro Correa" en el nuevo Consejo de Participación.

Para Rosero, el blindaje que la Corte Constitucional le dio a las acciones del Consejo Transitorio podría ser vulnerado por un Consejo de mayoría correísta, por lo que considera posible que, tras una eventual descalificación de Gomez y Desintonio, asuman los puestos en el Consejo él e Ibeth Estupiñán.

Pero si el TCE niega el recurso, es poco probable que la conformación del CPCCS cambie, y aún queda por verse qué rumbo tomará la entidad. Si bien un dictamen de la Corte Constitucional estableció que las decisiones que tomó el Consejo Transitorio, presidido por el fallecido Julio César Trujillo, no pueden ser revocadas -como por ejemplo la designación de autoridades de control y superintendentes- las acciones que pueda tomar el nuevo Consejo son una incógnita.