El "encuentro" como propuesta política del Gobierno de Guillermo Lasso fue sometido a su prueba más dura el pasado mes de junio, cuando el paro indígena sometió al régimen a las fuertes tensiones generadas por un estallido social que afectó la vida cotidiana en por lo menos 18 provincias de la Sierra y la Amazonía  y puso en una especie de sitio a la ciudad de Quito y a Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador.

La movilización había sido anunciada por Iza el pasado 24 de mayo y se había fijado para el 13 de junio, pero desde marzo de 2022 que una reunión de la Ecuarunari, que agrupa a los indígenas serranos, ya había decidido ir a una medida de hecho. En abril de 2022 se sumó la Confenaie, la filial amazónica, mientras que el 20 de mayo el Consejo Ampliado de la Conaie ratificó la movilización. 

Las acciones del Gobierno se pueden sintetizar en por lo menos cuatro ejes, con los que afrontaron el conflicto que esta vez se extendió por varios días más que el paro de octubre de 2019, que, aunque se consideró más violento, duró menos tiempo, luego de que el ex presidente Lenin Moreno aceptara dialogar personalmente con los líderes indígenas. 

Entre la forma en la que Lenin Moreno manejó el conflicto y la de Lasso hubo algunas diferencias: Moreno resolvió abandonar el Palacio de Carondelet, que es la sede del Gobierno desde 1830, para trasladarlo a Guayaquil, alegando motivos de seguridad. Lasso, en cambio, se mantuvo en la residencia oficial que fue resguardada por la Policía y tropas de las fuerzas especiales del Ejército. 

Mientras Moreno, tras retornar de Guayaquil, decidió concurrir él personalmente al diálogo, Lasso se negó a hacerlo y en su lugar fueron a las conversaciones tres de sus ministros de confianza, como Francisco Jiménez, Iván Correa y Fabián Pozo. 

Tanto Lasso como Moreno terminaron cediendo a buena parte de la agenda de protesta de la Conaie: Moreno tuvo que derogar el decreto que pretendía eliminar totalmente los subsidios a los combustibles, aplicando en su lugar un sistema gradual, mientras que Lasso dejó para el último momento una reducción de 15 centavos en los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como del Diésel.

Al igual que su antecesor, Lasso hizo suyo el discurso militar y policial, llegando inclusive el actual mandatario al extremo de usar un uniforme verde oliva, algo que no había ocurrido por lo menos desde el siglo XIX, cuando algunos presidentes usaban atuendos militares. 

Pero las similitudes y diferencias entre cómo se procesaron desde el poder ambos conflictos permiten identificar las cuatro claves para entender cómo manejó Guillermo Lasso el paro nacional.

1.- La teoría de conspiración

Desde prácticamente el inicio de su administración, Guillermo Lasso ha planteado la teoría de que contra su Gobierno hay una conspiración política orquestada sobre todo por Rafael Correa y el correísmo más ortodoxo, pero también por su antiguo aliado el Partido Socialcristiano de Jaime Nebot y el movimiento indígena, del que señalaba principalmente a Leonidas Iza.

El supuesto pacto, si es que existía, no operó finalmente en la Asamblea Nacional, cuando el correísmo, que planteó la destitución del presidente, no pudo reunir los 92 votos para remover a Lasso, pues el PSC confirmó que no votaría por la aplicación del artículo 130 de la Constitución. Quienes sí votaron contra Lasso, fueron, en su mayoría, los miembros del bloque de PK, presionados por sus bases en la Sierra y la Amazonía que habían plegado a la movilización. 

A esta supuesta conspiración política, se ha sumado la tesis del Gobierno de que el narcotráfico internacional es la explicación de todos los hechos de violencia reciente en el país: desde las matanzas en las cárceles, pasando por el aumento de la inseguridad, los asesinatos selectivos cometidos por sicarios y otros fenómenos. La tesis del Gobierno es que grupos de crimen organizado, sobre todo mexicanos, tienen enorme influencia sobre el hampa local y prácticamente la controlan.

Las protestas contra el Gobierno de Lasso aglutinaron a varios sectores.  Fotos: Luis Argüello. PlanV

Cuando el paro nacional llegó, conectar la posibilidad de ambas conspiraciones en una sola fue muy fácil. Y, así, los voceros del frente militar, como el general (r) Luis Lara, ministro de Defensa y el general (r) Patricio Carrillo, ministro del Interior, dos oficiales que también gozaron de la confianza de Lenin Moreno, se empezó a conectar la protesta indígena con el correísmo como agitador político y el narcotráfico como financista.

En medio de la vorágine del paro, se filtraron los supuestos correos del dirigente indígena Apawki Castro, que comprometerían a cuadros correístas como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y Virgilio Hernández, en la entrega de fondos de dudosos orígenes a la organización indígena. Todos los supuestos involucrados negaron la veracidad de los correos filtrados.

La insinuación de que a las comunidades indígenas las financiaba el narcotráfico fue respondida en varias ocasiones por el propio Leonidas Iza, quien en sus intervenciones preguntaba a sus bases sobre si les había pagado el crimen organizado su llegada a Quito.

En diálogo con nuestro programa Mesa de Análisis de PLANV, el académico de la Universidad Central, Luis Córdova, precisó que fue evidente que el Gobierno tomó la paranoia como un brújula política. Y puso como ejemplo las declaraciones del canciller Juan Carlos Holguín en un canal de TV, en donde afirmó que "es evidente que Correa está conspirando contra la estabilidad del Gobierno". Para Córdova, ponerse en esa postura puso al Gobierno a la defensiva y le quitó la iniciativa política.

"Hay un vacío intelectual en la clase política y es no reconocer lo que ha significado el movimiento indígena en el Ecuador", dice el catedrático, quien precisa que el movimiento indígena no tiene un estructural piramidal. Córdova cree que los indígenas son actores sociales y el Gobierno debió dialogar con ellos antes de que se produjera la protesta social. Por otro lado destaca Córdova, el Gobierno de Moreno no hizo nada para procesar la conflictividad social que se manifestado en 2019, mientras el actual Gobierno también esperó a que el conflicto se disuelva por su propia inercia. Pero hay otro "legado" de Moreno: una forma de hacer política marcada por la paranoia, explica Córdova, poniendo el "Cuco de Correa y el correísmo" como "la brújula con la que analizan y enfrentan los problemas", algo que se convirtió en una práctica común durante el gobierno anterior.

Córdova precisa que las organizaciones indígenas se estaban preparando para el paro por lo menos desde marzo de 2022, por lo que sostener que "Correa llamó a pedir una movilización para tapar el escándalo de Leandro Norero", como solo lleva a plantear "la cultura política de la violencia".

Los indígenas recuperaron el Ágora de la Casa de la Cultura como tarima política. 

2.- La guerra de los epítetos

"Vándalos", "narcoterroristas",  o de plano "indios" fueron algunos de los adjetivos que desde  sectores que se opusieron a las protestas se endilgaron a los manifestantes campesinos. Ya en diciembre del año anterior, el presidente Lasso había advertido que Leonidas  Iza terminaría "con los huesos en la cárcel" y lo había definido como "un anarquista", o un peligro para el Estado. 

Para Luis Córdova, es evidente que sin reconocer al otro, es imposible dialogar. Durante el paro, estima el catedrático, se estigmatizó a los indígenas al acusarlos de violentos, se los inferiorizó diciendo que eran manipulados y el Gobierno poco o nada hizo para condenar las expresiones racistas de las marchas "blancas", en donde se gritaban consignas como “fuera indios fuera”. 

Aunque en teoría, las clases medias y altas de Quito que se oponían al paro decían estar no contra los indígenas sino "por la paz y el trabajo" fue evidente que el uso del color blanco, que el Municipio llegó a enarbolar como una bandera, parecía tener un subtexto claramente racista. 

El funcionario que más epítetos utilizó fue el ministro del Interior, Patricio Carrillo, que en sus redes sociales y en sus declaraciones a los medios no escatimó adjetivos contra aquellos a los que calificaba insistentemente como vándalos y manipulados por "el crimen organizado". 

Las marchas "blancas" se declararon por la paz y el trabajo, pero hubo consignas racistas.

Y cuando el conflicto se encaminaba a la negociación, con los primeros diálogos en un colegio de los Oblatos en el centro de Quito, el presidente Lasso vetó al dirigente indígena Leonidas Iza, al que calificó de oportunista y sostuvo que no dialogarían con una dirigencia que no creían representativa.

Al final, fue imposible para el Gobierno sostener su veto, sobre todo cuando los indígenas respaldaron totalmente a Iza. Lasso no negoció con él, pero sí tres de sus ministros. "Estamos ante un Gobierno que renuncia al diálogo y quiere resolver los problemas a mazazos", sostiene Córdova. 

3.- La salida militar

En el conflicto fue evidente que se buscó una salida militar y que hubo una gran influencia tanto de las Fuerzas Armadas cuanto de la Policía. En un intento de detener a los campesinos que avanzaban a la capital desde el norte y el sur, se decretó un estado de excepción que permitió requisar a las autoridades militares y policiales los bienes que creyeran convenientes.

Tras el detalle estuvo un plan estratégico que pretendía corregir los "errores" de octubre de 2019. Se inició el intento -fallido- de detener la movilización indígena hacia Quito en las carreteras, y la toma de control de espacios que los indígenas consideraban suyos en la capital: el parque de El Arbolito y el Ágora de la Casa de la Cultura. Además, la otra parte del plan consistió en intentar evitar que los indígenas tuvieran en donde pasar la noche, lo que tampoco se pudo lograr. Si bien la Universidad Católica anunció que no abría sus espacios a los indígenas, sí lo hizo la Universidad Politécnica Salesiana a la que se sumó la Universidad Central. 

Leonidas Iza contó con el respaldo de las bases indígenas. 

De ahí que el operativo, para el 14 y 15 de junio, había fallado de manera significativa. A la Universidad Salesiana habían llegado por los menos cinco mil indígenas, los mismos que en octubre de 2019, y otros miles lograron alojarse en varios espacios de la Universidad Central. Desde ahí, convergieron en un intento de recuperar el Ágora de la Casa de la Cultura que había sido requisada junto con toda la institución cultural por la Policía. De nada sirvieron los recursos legales ni la resistencia que las autoridades de la Casa y varios gestores culturales hicieron a la presencia de la Policía, que entró saltando las cercas, según dijeron desde la Casa. 

La misma cantidad de indígenas que en octubre de 2019 llegó a la Universidad Salesiana y la Casa de la Cultura. Foto: Luis Argüello. PlanV

Al final, el Gobierno cedió en la ocupación de la Casa, varios días después de que la requisa no había dado ningún efecto significativo, más que trasladar las protestas a la avenida Patria, en donde los manifestantes atacaron los edificios públicos, como la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Flagrancia, pero no afectaron predios privados como el Hotel Colón, ubicado entre ambos.

La disputa por el Ágora y El Arbolito convirtió la avenida Patria en un campo de batalla.

El edificio judicial de Flagrancia sufrió la rotura de ventanales. 

A pesar de que la mayor parte parte de la estrategia, al menos en lo que a Quito se refiere no dio resultado, el Gobierno se atrincheró en la retórica militar.

Los ataques por parte de pobladores a convoyes militares en la salida norte de Quito y en la región amazónica terminaron produciendo muertos y heridos. En San Antonio de Pichincha el enfrentamiento entre pobladores del sector y un convoy con varios camiones militares terminó con la muerte de un civil y el abandono de los camiones por parte de las tropas militares, que quedaron como trofeo en el lugar de la refiega. En 18 de Noviembre, una localidad cerca de Shushufindi, el choque entre comuneros indígenas y otro convoy del Ejército (que en este caso sí logró pasar con tanqueros de combustible) dejó un soldado de la Brigada Patria muerto y también decenas de heridos.

En ambos casos, la retórica oficial fue de apoyo incondicional a los militares (el Gobierno amenazó con romper el diálogo luego del choque en 18 de Noviembre) y nuevamente se recurrió a las teorías de conspiración, cuando se habló de una banda criminal llamada los "Pikachús" que supuestamente estaba tras del ataque en San Antonio de Pichincha, lo que ha negado enfáticamente la viuda del vecino muerto en la refriega. 

Para Luis Córdova, se criminaliza la protesta cuando la única respuesta a un conflicto de este tipo es sobretodo bélica. Si bien es evidente que las fierzas de seguridad del Estado deben mantener el orden público, se debió abrir de manera inmediata un canal de diálogo y no renunciar a la opción política y la construcción de una pedagogía sobre los problemas del país. En lugar de ello, primó que las fuerzas de seguridad en el Ecuador han ganado más poder e influencia que el Gobierno, lo que les hace la primera opción a la hora de aplicar soluciones coercitivas en lugar de políticas. "El Gobierno en lugar de darle más dinero al agro destina recursos a la Policía y a nuevos policías, mientras les dice a los jóvenes sin empleo que vayan a la conscripción para que sirvan en el Ejército", dice. 

4.- La mirada tardía hacia el agro

El 5 de julio de 2022, el presidente Guillermo Lasso anunció que el paro había dejado "algo positivo": que había evidenciado que la ruralidad y el campo estaban presentes en el Ecuador. Y como evidencia de que el Gobierno lo tenía claro, anunció que su nueva tarea, tras la vacunación y la estabilidad económica que habían logrado sus ministros salientes, iba a mirar hacia el campo, pues admitía que el desarrollo del Ecuador en los últimos años se había centrado en las grandes urbes. 

Pero buena parte de la plataforma de la protesta había sido ya planteada en diálogos durante todo el primer año del Gobierno de Lasso. Luis Córdova destaca cómo las propuestas de los indígenas han superado lo meramente étnico, como al principio, y actualmente tienen un perfil más de clase, centrándose en las reclamaciones de una población sobre todo campesina y vinculada a la agricultura y la ganadería en la Sierra y la Amazonía.

El Gobierno se preparó para asistir a las mesas de diálogo con la Conaie.  Foto: Presidencia de la República

En las declaraciones de Iza y en los comunicados de la Conaie hay un hilo conductor: han acudido a lo que llaman "diálogos cerrados sin resultados"  durante 2021. Y destacan las fechas: 4 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021, cuando fue la última cita en Palacio. Pero, tal como señala Córdova, desde 2021 que la agenda ya era sobre todo clasista y centrada en el agro: Iza dijo de su última reunión con Alexandra Vela que los puntos tratados fueron “el precio de los combustibles, una moratoria de créditos productivos, revisión del precio de los productos agrícolas, el problema minero, la flexibilización y precarización laboral y aplicación de los 21 derechos colectivos”. Ninguno de los diálogos se concretó en medidas sino luego del acuerdo con el Gobierno, que emitió varios decretos al respecto. Del diálogo de sordos a un acuerdo que dejó el sabor de que se pudo hacer antes.

En el Plan Nacional de Desarrollo al 2025, elaborado por este Gobierno, hay algunos objetuvos relacionados con el sector campesino, sobre todo de la Sierra y la Amazonía. Por ejemplo, aumentar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 117,78 a 136,85 tonelada/Hectárea, incrementar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales del 13,35% al 17,67% o aumentar la tasa de cobertura con riego tecnificado parcelario para pequeños y medianos productores del 15,86% al 38,88%, entre otros.