La situación de la Policía Nacional, antes del paro, había llamado la atención del Gobierno, que anunció un plan para lograr un incremento de 30 mil nuevos efectivos y realizar inversiones por USD 1200 millones en los tres años que le quedan de administración. El anuncio lo hizo el propio presidente Guillermo Lasso en Guayaquil, el pasado 8 de abril de 2022. Prometió aumentar los efectivos, lo que significaría una fuerza policial de cerca de 80 mil personas, y abonar en los tres años que le quedan de gestión los $1200 millones. 

Pero pocas semanas después de estos anuncios, el paro nacional puso a prueba a la fuerza pública en el Ecuador. Los casi 100 mil militares y policías se emplearon a fondo en controlar el paro, que afectó a 18 provincias del Ecuador continental, sobre todo, en la Sierra y la Amazonía.

El conflicto social puso en evidencia algunos de los aspectos sobre la situación de la Policía, su relación con la comunidad, su entrenamiento y armamento, la pérdida de cientos de millones de dólares de sus fondos de jubilación y su futuro en el mediano plazo, que los analistas Hugo Espín y Luis Córdova Alarcón, de la Universidad Central precisaron en sendos diálogos con este medio digital. 

1.- Una institución mayoritariamente masculina, un presupuesto dedicado sobretodo a gastos de personal

Según el último informe de rendición de cuentas de la Comandancia General de la Policía, correspondiente a 2021, la Policía Nacional tenía a fines de ese año 51.452 efectivos, de los que apenas el 15%, equivalentes a 7915 eran mujeres. Es una institución mayoritariamente masculina, con 43.573 hombres, que representan el 85% del total de efectivos. 

La mayoría de ellos, el 76%, sirven en el subsistema preventivo, el 15% en el subsistema investigativo, y el 3% en el subsistema de inteligencia. El 6% restante se dedica al apoyo operativo estratégico. 

Los repartos policiales cubren toda la República, organizados en 9 zonas, 24 subzonas, 140 distritos, 1.134 circuitos y 1871 subcircuitos. En cuanto a los locales, tienen 1591 unidades de policía comunitarias, y 16 unidades de vigilancia comunitaria. 

Los vehículos también alcanzan un número significativo: el informe de rendición de cuentas habla de 7.241 vehículos y 7.7716 motocicletas. 

El 85% de los policías ecuatorianos son hombres.  Foto: Presidencia de la República

Controlar ese grupo tan grande de personas requiere de sanciones de diversos tipos. Según informe de rendición de cuentas de 2021, el control disciplinario de la Policía logró la destitución de 182 uniformados en ese año, se aplicaron 373 sanciones pecuniarias mayores y 1168 sanciones disciplinarias leves.

Además, se aplicaron pruebas de confianza a 8306 policías en 2021, lo que incluyó 1784 pruebas de credibilidad, 1246 pruebas sicológicas, 356 pruebas financieras y y 4920 pruebas toxicológicas. Es decir, este tipo de controles alcanzaron a poco más del 16% de los uniformados a nivel nacional.

Según la Comandancia, por lo menos 827 hijos de los policías están en centros de desarrollo infantil, se han realizado 16.756 asistencias sociales y y 1581 uniformados recibieron vivienda fiscal, es decir, casas o departamentos de la Policía que usan mientras están en servicio. 

Las mujeres policías están en todas las unidades y representan el 15% de los efectivos.  Foto: Presidencia de la República

Solo en 2021, la Policía reportó por lo menos tres millones dos mil 119 operativos en todo el país, capturando armas, recuperando vehículos robados e incautando narcóticos.

En 2021, el presupuesto para la Policía fue de USD.1.332’957.338,40 del que se ejecutó el 99,75%. De este dinero, el  95,16%  se gasta en remuneraciones, el 4,39% en Bienes y servicios de consumo, el 0,09%  en Gastos corrientes y apenas el 0,08% Bienes de larga duración.

Así las cosas, los USD 1200 millones que el Gobierno anunció invertir en la Policía hasta el fin de esta administración representan poco más de un año de presupuesto y generalmente la fuerza de orden gasta prácticamente todo lo que se le asigna en sueldos. El aumento de efectivos propuesto por el régimen significaría una policía 58% más grande, lo que significaría también que deberá tener más presupuesto, más cuando se trata de funcionarios públicos que hacen un carrera de varias décadas.

El abogado y analista de temas policiales, Hugo Espín, había planteado en este portal, algunas dudas sobre el anuncio inicial del Gobierno. En su artículo Seguridad nacional, la utopía del momento, publicado por este medio digital, Espín señaló que "El anuncio de incrementar 30.000 nuevos policías, sin más solución que sumar miembros a la institución más numerosa del país, nada dice del impacto presupuestario de larga data, pues se trata de una carrera profesional de 40 años y más". 

En 2021, se hizo un llamamiento para reclutar cerca de dos mil nuevos policías, que se encuentra demorado por el paro nacional. La convocatoria estuvo dirigida a hombres y mujeres, de entre 18 y 22 años, con título de Bachiller, entre 750 y 800 puntos en los exámenes de acceso a la educación superior. Además, una estatura de 168 para los hombres y 157 para las mujeres. En todo el proceso se aclara que los gastos de uniformes, alimentación, equipamiento y material de estudios durante los seis meses que dura la capacitación para ser policía nacional, el rango más bajo del escalafón, corre por parte de los aspirantes. Solo en uniformes y seguro médico se estima que el gasto de la instrucción es de USD 500. La propia página de reclutamiento advierte a los aspirantes sobre redes de personas que les podrían pedir dinero para asegurarles el ingreso a los centros de formación de la Policía y asegura que el reclutamiento es "meritocrático". 

Para Espín, se debe tomar en cuenta que estos jóvenes que entran a la Policía podrían tener una carerra de hasta 45 años, lo que significa para el Estado una contratación de larga data de estas personas.

Además, el aumento de 30 mil policías significa la compra del equipo personal de cada uno, como las armas o los chalecos antibalas. También de deberá aumentar los vehículos. El analista cree que se debe evitar la improvisión en la capacitación interna.

Sobre el control de la corrupción, Espín señala que las pruebas de confianza que pasan algunos de los policías no son determinantes, pero sí pueden ayudar a tomar decisiones sobre investigaciones. El sistema de control interno e inteligencia de la Policía también está vigilando posibles vinculaciones entre los policías y las organizaciones criminales. 

Para el experto en seguridad de la Universidad Central, Luis Córdova Alarcón, el paro puso en evidencia la concepción militarizada de la Policía, que reaccionó al estallido social desde la perspectiva de una amenaza a la seguridad del Estado que había que combatir con una actitud bélica.

La estrategia policial se evidenció en la toma de espacios físicos como la Casa de la Cultura y en apuntalar el relato de grupos organizados para derrocar al Gobierno más que de manifestaciones espontáneas. Una reciente investigación periodística evidenció el enorme marcado de supuesto armamento "no letal", destaca Alarcón, quien cree que la estrategia militarista en el paro no tuvo éxito y tampoco lo ha tenido en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 

El paro evidenció tensiones entre la Policía y varias comunidades.  Foto: Luis Argüello. PlanV

2.- Un servicio con carencias

Pero a pesar de la multimillonaria cifra que cada año se asigna a la Policía, los uniformados prestan su servicio en medio de carencias. Por ejemplo, contrariando el concepto mismo de uniforme, cada policía debe mandarse a hacer los unformes que usa, tanto el de parada cuanto el del diario. Aunque hay especificaciones sobre telas y colores, si uno mira con atención, es evidente las diversas echuras de los uniformes policiales. 

En los últimos 11 años, los policías han tenido que pagarse los uniformes y el calzado de su bolsillo. Hay tiendas y sastrerías que los proveen, pero no hay una producción centralizada. Varias unidades policiales han decidido usar chompas o distintivos propios, sobre todo aquellas que tienen actividades distintas de las del servicio ordinario, el llamado eje preventivo.

Y aunque el Estado provee las armas y equipos de dotación, la capacitación en el uso de armas de fuego y otro tipo de elementos, como los lanzagranadas, es más bien esporádica, por su costo. De manera que muy pocos de los policías hacen pruebas de puntería. Al respecto, Hugo Espín precisa que hace 11 años se cerró el sistema unificado de uniformes que tenía la Policía,  a cargo de la empresa Gasespol-Tecniestamp, que se convirtió en la empresa Fabrec EP que no pudo cumplir con su contrato de uniformes a la Policía.

Los escuadrones SWAT de la Policía, como el GIR y el GOE tienen armamento especial. 

Espín explica que proliferan los sitios de venta de uniformes policiales y eso ha permitido a delincuentes usar uniformes muy similares a los de la Policía. Se los puede ver enfrente de las instalaciones policiales, pero no hay tipos de tela o materiales similares. Por ejemplo, Espín señala que el GIR y el GOE, unidades SWAT de la Policía, tienen distintos tipos de uniformes, al igual que los efectivos de la Policía Judicial o los de la Dinasep. "Se pierde el concepto de uniformidad y se dificulta que la ciudadanía los pueda identificar", explica el analista. Por otro lado, Espín sostiene que la flota de vehículos no opera en su totalidad por falta de mantenimiento o antigüedad de los vehículos. 

La vivienda fiscal tampoco alcanza para los todos los uniformados, por lo que un grupo importante de ellos deben arrendar como cualquier ciudadano en las localidades a las que son destinados. Algunos de ellos se mueven dentro del país con sus familias, lo que implica gastos en vivienda y mudanza que no son reconocidos por el Estado, a pesar de que la ley lo dispone. Según Hugo Espín, ya hay hacinamiento en los cuarteles policiales y muchos de ellos no tienen donde vivir cuando llegan a un destino para su servicio. 

Estos factores explican el sobreendeudamiento de muchos policías, su constante búsqueda de créditos en instituciones como el ISSPOL, y la participación de algunos en pirámides y otras formas de conseguir dinero fácil y también aumentan las posibilidades de corrupción. Entre oficiales de alto rango se admite que el estilo de vida policial motiva que los hombres que se mudan constantemente en el interior del país terminen teniendo varios compromisos, y, en ocasiones, familias paralelas, lo que complica su situación socioeconómica. 

Otro aspecto en donde se evidencian las carencias tiene relación con la falta de equipos suficientes para la realización de pruebas de confianza, como polígrafos, de los que hay menos de una docena actualmente. Esto explica por qué solo el 16% de los uniformados ha sido sometidos a pruebas de ese tipo. 

El paro nacional evidenció complicaciones en la logística, el material y el entrenamiento policial.  

Espín señala la falta de capacitación en aspectos como el manejo de armas. El analista asegura que cada año se debe hacer un reentrenamiento con armas de fuego, en donde se deberían usar 150 proyectiles en cada entrenamiento, aunque actualmente los policías estarían haciendo solamente diez disparos de práctica al año. 

Para el experto, es necesario cambiar las políticas de seguridad, pues el sistema de policía comunitaria que se aplica en el país "está desbordado, es ineficiente, genera desconfianza en la ciudadanía, hay UPCs cerradas por falta de personal y presupuesto. Se trata de un modelo fallido", dice el analista policial. "Solo en la ciudad de Quito se puede ver carencias en internet, vehículos y otros aspectos en muchas de las UPCs. Cuando los policías salen a hacer una detención, el tiempo que les toma el barrio queda vulnerable, lo que saben los delincuentes", explica. 

Cuestiona también algunas de las cifras que presenta la Policía sobre su trabajo: "se considera cada verificación de cédula como un operativo", precisa, y asegura que se está produciendo "infomación sesgada o que no es cierta". 

El paro nacional puso en evidencia las falencias logísticas, explica Espín. La Policía no pudo desplegarse y solo operó en ciertos puntos. Hubo dificultades de movilidad y con materiales nuevos que se usaron para la dispersión, si bien no se usaron armas de fuego, mientras los manifestantes usaron armas de perdigones y escopetas de uso casero. 

Para el analista y académico Luis Córdova, la Policía tiene problemas con su personal y su territorio. Más de dos mil policías han pedido la baja en los últimos meses según declaraciones del ministro Patricio Carrillo, y Córdova cree que el diseño territorial de zonas, subzonas y distritos ha terminado por agotar la capacidad de la Policía para sostener su modelo de gestión. Muchos policías, precisa Córdova, se desplazan al interior del país solos, lo que provoca tensiones familiares, infidelidades y rupturas. 

3.- La relación tirante entre la Policía y la comunidad 

Las carencias materiales obligan a que la Policía tenga una política de autogestión, sobre todo en el interior del país, en donde la falta de repuestos, combustibles o infraestructuras se soluciona con donaciones privadas que pueden llevar a prácticas clientelares o poner a los polícías en conflictos de interés. Aunque la Policía se esfueza en mantener una relación cercana con la comunidad, los enfrentamientos del paro nacional evidenciaron matices en esa relación.

Según la Comandancia General, las acciones preventivas comunitarias se cuentan por miles. Así, afirman haber realizado 23.226 asambleas comunitarias, 9520 capacitaciones ciudadanas, haber recupado 14.809 espacios públicos, la realización de 1631 ferias de seguridad y por lo menos 2´ 085.027 visitas preventivas. Además 165.169 botones de seguridad, que permiten conectarse con la policía en caso de emergencia. Otra actividad significativa ha sido la de valores y efectivo, con 23.209 asistencias en 2021. 

Las relaciones de la Policía con la población no siempre son armónicas. En 2021 se registraron 1435 agresiones contra los policías durante los procedimientos. De éstas, 645 fueron agresiones físicas, 559 agresiones verbales, 116 daños a bienes policiales y 115 casos de ataque y resistencia. Y eso que en ese año no hubo un conflicto social de la magnitud del que acabamos de presenciar. 

Hugo Espín destaca cómo en Imbabura, con una población indígena combativa y comprometida con el paro, la policía local logró mantener una relación fluida con los manifestantes que impidió mayores choques, mientras que en Pastaza, la violenta represión contra los indígenas que entraban a la ciudad y la muerte de un manifestante produjeron una reacción de la población que incendió el principal cuartel de la capital provincial y obligó a toda la guarnición a dejar Puyo. Imágenes del día siguiente mostraron la destrucción e incendio de todo el cuartel incluyendo los vehículos y motos, así como la substracción de los escudos y armaduras antimotines, que fueron devueltos luego por los indígenas. En los incidentes en Puyo, se dijo que hasta 18 uniformados estaban desaparecidos, pero luego se constató que la mayoría se habían refugiado en casas particulares, mientras que solamente dos fueron retenidos por los indígenas y liberados ante la Iglesia y el Ejército en Puyo. 

"La relación con la comunidad no fue puesta a prueba. La relación con la comunidad de la Policía ha sido cercana. Pero se pretende presentar una Policía que responde a la élite, pero la Policía es pluricultural, multiétnica y es parte del pueblo. Vimos como familiares se encontraban en las protestas. No creo que se haya generado un odio a la Policía o que ya no puedan volver a las comunidades", explica Espín. 

Para Espín, debieron aprenderse las lecciones de octubre de 2019 y deberían aplicarse los planes de contigencia para este tipo de eventos. En algunos casos, los manifestantes superaron a los policías que no llegaron a tener apoyo del Ejército. 

Durante el paro nacional, fue evidente como moradores de barrios populares, sobre todo al norte y sur de Quito, chocaron con moradores que cerraron las vías, como fue el caso de la Pedro Vicente Maldonado al sur y la Manuel Córdova Galarza en el extremo norte. La Policía sufrió además los ataques contra dos UPCS en Calderón, luego de que se produjeran choques en el cercano sector de San Miguel del Común. 

Las protestas incluyeron el saqueo e incendio de instalaciones policiales como cuarteles y unidades de policía comunitaria. Foto: Diego Pallero. El Comercio

El experto en temas de seguridad y catedrático de la Universidad Central, Luis Córdova, sostiene que el reciente paro nacional evidenció la acción política colectiva y una lógica violenta entre los manifestantes y la Policía. Pero sostiene que es necesario analizar el panorama internacional. El catedrático analiza otros procesos de protesta como los de los chalecos amarillos en Francia en 2019 y las protestas en Kazajistán​​​ en 2020, en donde se pudieron ver escenas de violencia y quema de patrulleros. 

Córdova precisa que la dialéctica de la violencia se genera como un espiral, y los grupos que ya tiene experiencia en las protestas sociales actúan con mayor beligencia, y el repertorio de las estrategias de protestas han ido cambiando, pero no se puede aceptar el relato oficial de que detrás de la protesta están solamente guerrilleros preparados militarmente. 

Córdova dice que la dialéctica represión protesta ocurre en varias partes del mundo, y lo que se debió hacer es evitar las protestas sociales. 

Por otro lado, Córdova señala que la presencia de policías metropolitanas en los cantones y de la Policía crea la imagen de cuerpos uniformados agresivos con la comunidad. En el caso de Puyo, Córdova señala el racismo en la sociedad amazónica, mientras en San Antonio de Pichincha el intento de pasar de un convoy militar se convirtió en una batalla campal por la muerte de un manifestante. 

4.- La pérdida de buena parte de los recursos del ISSPOL podría compensarse con más efectivos.

Al momento, la mayor parte de los más de USD 950 millones de la seguridad policial de la Policía siguen perdidos en el limbo de las inversiones financieras riesgosas que se hicieron durante varios años, de las que se responsabiliza al intermediario financiero Jorge Chérrez. La actual administración del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) ha iniciado procesos legales y gestiones para recuperar los dineros, pero buena parte del sistema pensional y del ahorro institucional está comprometido.

Si el dinero no se recupera, el funcionamiento de una institución que ofrece su propio sistema de jubilación podría verse comprometido. Pero el anuncio de aumentar los efectivos en un 58% hecho por el actual Gobierno podría ser una solución  al problema, pues significaría un aumento significativo de los cotizantes al ISSPOL, según destaca el analista Luis Córdova Alarcón. Al aumentar los aportes por vía del incremento de efectivos, la seguridad social policial podría recuperar su estabilidad y sustentabilidad en el mediano, evitando así la quiebra, precisa Córdova, lo que podría ser una de las razones para el plan de aumentar de manera tan significativa la cantidad de efectivos, sin poner demasiado énfasis en las contrataciones a largo plazo que significan para el Estado. Cordova señala también que, a tono con el discurso militarista, el Gobierno ofrece a los jóvenes empleo enlistándose en las Fuerzas Armadas y la Policía, como si ello fuese una solución significativa a los problemas de desempleo.