La clase política ha dejado para inicios del año próximo el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, contra quien los cuestionamientos se acumulan. Pero el golpe más relevante parece ser la caída de un político funcionario, Luis Loyo, contra quien se ha dictado prisión preventiva por el caso de una supuesta red de "tráfico de influencias" capitaneada, según cree la Fiscalía, por el cura José Tuárez, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido por votación popular con el apoyo tácito del correísmo. 

Aunque Loyo ya había sido cuestionado por los consejeros electorales Luis Verdesoto y Enrique Pita (quien ejerce la vicepresidencia del CNE, aunque carece de función alguna, según ha denunciado) Atamaint se empeñó en sostenerlo, minimizando las denuncias de los dos consejeros. La "aplanadora" del CNE, conformada por Atamaint, José Cabrera (PSC) y Estela Acero (una indígena de simpatías correístas) se ha mantenido firme a pesar de los cuestionamientos de los otros dos consejeros. 

Pero las últimas semanas de diciembre, hay quienes esperan que en enero se pueda producir una readeacuación de las fuerzas al interior de la autoridad electoral. Si el pedido de juicio político de la asambleísta por Loja, Jeannine Cruz (CREO) prospera en la Comisión de Fiscalización (ya obtuvo la calificación de la Consejo Administrativo de la Legislatura), y la Comisión produce un informe para el Pleno y, además, se logra una mayoría en ese Pleno, podría ser posible que Atamaint deje su cargo, lo que encargaría temporalmente a Pita (quien es vicepresidente en teoría) y que el CNE se integre con una nueva persona, que podría cambiar o no el equilibrio de fuerzas en el Consejo. 

Estos son, en resumen, los cálculos políticos que se espera que, tras las fiestas de navidad y nuevo, pueda materializarse en el CNE, en vísperas de un año electoral y antes de que se declare el inicio del periodo de elecciones, lo que podría, según algunos abogados, blindar a Atamaint al darle inmunidad. 

Atamaint: la primera mujer shuar

La designación de Diana Atamaint como integrante del CNE por parte del Consejo Transitorio, que presidió el extinto Julio César Trujillo, fue saludada en un principio como un triunfo de quienes abogan por una mayor participación de las mujeres en política. Más aún si forma parte de una etnia indígena. Para los criterios de corrección política, Atamaint era la persona ideal. 

Nacida en Sucúa, Morona Santiago, el 12 de Mayo de 1972, sus padres son el profesor Bosco Atamaint y Aurora Wamputsar. Su hogar se identifica como shuar. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Mercedes Navarrete, y los secundarios en el Colegio Rió Upano de Sucúa, en donde fue escolta de la bandera nacional y seleccionada de la provincia en básket. Se mudó luego a Cuenca, en donde estudió ingeniería comercial.  Fue parte en su juventu del grupo scout ”Río Upano”. Se encargó luego de la conducción del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros (PRODEPINE) financiado por el Banco Mundial y enfocó su labor en las poblaciones rurales de las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe.

Para 2005 Atamaint era asistente técnica del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica  (ECORAE) y al año siguiente decidió incursionar en política. Pachakutik le candidatizó para diputada por Morona Santiago, curul que obtuvo y donde destacó ser "la primera mujer shuar diputada de esa provincia".

En 2008, en el gobierno correísta, aceptó el cargo de Subsecretaria de la Amazonía del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

En 2009 volvió a presentarse a la Asamblea Nacional. Además de ser política fue académica en la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde dictó cáteda en el  Programa de Juntas Parroquiales. Su hoja de vida destaca -nuevamente- que fue "la primera mujer shuar en ser profesora de esa universidad" de posgrado. 

La trama del cura Tuárez

Aunque persistía en defender a Luis Loyo, un personaje cuyos antecedentes fueron cuestionados, en especial, por decenas de denuncias penales presentadas en su contra, y porque había colocado en cargos en la Función Electoral a sus allegados, como su propia esposa -matrimonio que trabaja unido es un matrimonio feliz- Atamaint le quitó todo el apoyo cuando el funcionario fue arrestado cuando se le consideró un supuesto cómplice de la "red de tráfico de influencias" de José Tuárez, quien según han dicho los fiscales que instruyen la causa, el día antes de ser destituido por la Asamblea Nacional ocupaba su tiempo en "vender" el cargo de director de Aviación Civil a un ex narcotraficante, a quién él y sus operadores aseguraban por teléfono que le iban a hacer nombrar por decreto del presidente Lenin Moreno.

En grabaciones que circulan en internet se escucha supuestamente a Tuárez hablando con el ex convicto, asegurándole que una "matrona" de nombre "Rocío" tramitaría en el Palacio de Gobierno el cargo a cambio de una fuerte suma de dinero.

En otra grabación, se escucha a un asesor de Tuárez advirtiendo al "cliente" que debía trasladarse a Quito para la ceremonia de posesión en el Palacio de Gobierno. El cargo es nombrado por decreto ejecutivo, de una terna presentada al presidente por el Ministerio de Obras Públicas. El Gobierno se desmarcó enseguida de la trama, y dos ministros presentaron una denuncia contra Tuárez por supuestamente tomarse el nombre de la primera dama de la nación, Rocío de Moreno, a quien se le asoció enseguida como la "Doña Rocío" de la que hablaría el cura.

Cómo era posible que Tuárez, enemigo declarado del Gobierno de Moreno y simpatizante de Correa, pudiera tener una influencia verosímil en Carondelet como para vender cargos nombrados por decreto presidencial es algo que todavía la Fiscalía no ha aclarado. 

¿Qué hacía Loyo?

¿Pero esta trama qué papel tendría Loyo? En los pasillos del CNE se dice que, además de ubicar a su cuñado, Andrés Guerra, como director de la Delegación Provincial de Chimborazo, con sede en Riobamba; a su esposa, Maura Guerra Benanives, como responsable de Talento Humano de la Delegación Provincial de Pichincha en Quito; a Johanna Sánchez, esposa de Andrés Calderón, otro de los indiciados, como directora de Infraestructura Tecnológica en la matriz del CNE y a Nadia Jalhk, sobrina de Gustavo Jalkh, como coordinadora de Control del Gasto Electoral en el CNE, habría realizado algún tipo de operaciones de "microfraude" en provincias.

En efecto, el consejero Enrique Pita denunció en su momento por escrito que Loyo había intentado detener el escrutinio provincial en Manabí en las últimas elecciones seccionales, y que había querido participar en el proceso electoral en el sector de La Manga del Cura, también en esa provincia costeña. 

Al parecer Loyo, además de acomodar a su compañera sentimental -que debido a los vacíos que existen en la legislación sobre nepotismo, puede ser empleada de la misma Función del Estado mientras no trabaje directamente con él- habría intentado tener injerencia en los resultados de las pasadas elecciones, aunque sobre eso no hay todavía denuncias formales.

La detención de Loyo provocó su caída y la de su entorno. Así, el 28 de noviembre, Paulina Peña, directora de la Delegación Provincial de Pichincha, pidió la terminación del contrato de su esposa, Maura Guerra. Ese mismo día, Atamaint resolvió "agradecer" los servicios de Loyo y encargar su puesto a Evelyn Suárez Salazar. Loyo había estado en el cargo desde el 18 de enero de 2019. 

Al otro día, Nadia Jalkh Rodríguez, sobrina de Gustavo Jalkh, ex presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, ex ministro y secretario particular de Rafael Correa, presentó su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba. Su madre sería una de las detenidas por también formar parte de la supuesta red de José Tuárez. 

Cómo se complica la situación de Atamaint

La presidenta del CNE acumula críticas de varios sectores. Uno de quienes la cuestiona es el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Jorge Acosta. Para el abogado, quien dirigió el último TSE antes de la reforma institucional promovida por el correato, el puesto que ocupaba Loyo "es muy sensible, pues puede determinar quién vota o no". Acosta cree que desde ahí Loyo pudo llegar a manipular varios aspectos del proceso, como las papeletas electorales y lo que llama la "carpintería electoral". 

El ex presidente cuestiona también a casi todos los consejeros, con excepción de Enrique Pita, quien afirma que conoce de la mecánica electoral por su experiencia en Guayas. "Usted le oye a la señora Atamaint y da pena, y uno se horriza de pensar que esa gente va a dirigir las elecciones presidenciales", afirma Acosta. La conformación del actual CNE, para Acosta, se debe a las "simpatías que tenía o dejaba de tener el señor Julio César Trujillo sobre las personas", mientras que los cargos de los directores del CNE deberían tener una mayor calificación e investigación de antecedentes. El proceso electoral iniciaría recién a principios del año 2021, por lo que Acosta cree que hay tiempo suficiente para que una eventual fiscalización de la Asamblea sobre la gestión de Atamaint tenga lugar. 

De su lado, el editorialista de PLANV, Fernando López Milán, se pregunta: "¿Hay alguna diferencia entre la actuación de Diana Atamaint y la de antiguos funcionarios del CNE que obstruyeron la participación de colectivos que, como Yasunidos, tenían una visión sobre la explotación petrolera en la Amazonía contraria a la del Gobierno de entonces, o que se hicieron de la vista gorda ante el uso indebido de recursos públicos para para favorecer las candidaturas del “correísmo”, o que decidieron no enterarse del financiamiento irregular de las campañas electorales de Alianza País?".

"Ser mujer, en el caso de Diana Atamaint y de muchas otras, no ha garantizado —porque, simplemente, no puede hacerlo— una gestión pública más eficaz o más honesta que la de los varones. Con la aprobación de las reformas al Código de la Democracia, la biología sustituirá al mérito como criterio de selección de candidatos para ocupar los principales cargos de elección popular del país", destaca López Milán.

La mayoría del CNE, según denuncian los consejeros Pita y Verdesoto, intentó también aprobar un informe sobre los gastos de campaña de 2013 de la Alianza PAÍS de Rafael Correa, que es investigada por la Fiscalía como parte de una trama de sobornos. Al parecer, la mayor parte del dinero usado por el partido de Gobierno durante sus campañas políticas en toda la década -lo que podría incluir también la campaña que ganaron Lenin Moreno y Jorge Glas- provenía de aportantes no declarados, de empresas que esperaban ser retribuidas con contratos y de fuentes que nunca se declararon en la contabilidad electoral.

En el informe, que finalmente no pasó, la mayoría pretendió apalancar las tesis de la defensa de Rafael Correa y otros involucrados en el caso de Arroz Verde: que como la autoridad electoral no encontró ninguna infracción en la contabilidad de esa campaña, no se habría cometido delitos. Aunque la Fiscalía apunta más bien a una red de sobornos, por lo que es poco probable que sea una prueba concluyente a favor de Correa, los consejeros Pita y Verdesoto destacan que la mayoría del CNE, con Atamaint a la cabeza, sería parte de esa maniobra. 

Las tensiones en el CNE podrían tener una salida en el eventual juicio político y en una censura y destitución de la "primera mujer shuar", quien en declaraciones públicas acusó a CREO de estar detrás del intento de defenestrarla. Este portal le solicitó una entrevista sobre su situación, pero se nos informó que no tenía tiempo disponible. Por lo pronto, podrá pasar las fiestas de fin de año en paz.