La opacidad es la prima hermana de la impunidad. No solamente se ha reducido el presupuesto y el protagonismo politico de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sino que el control de las funciones del Estado por parte del Gobierno hace muy dudosa la aplicación de la justicia. Este es el escenario que denuncia el consejero del Consejo de Participación y Control Social, David Rosero, quien se reunió recientemente con delegados de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), quienes visitaron el país para evaluar el cumplimiento del Estado ecuatoriano de este acuerdo internacional. 

Rosero se reunió con los delegados de Guatemala, Zaida Mejía y de Dominica, Patrick George. Rosero dijo a los delegados internacionales que "en el Ecuador no existe una independencia de funciones del Estado ya que lamentablemente estas instancias son controladas por amigos del Gobierno quienes ingresaron por palancocracia a los cargos, los mismos que no garantizan transparencia en la toma de decisiones".

En la reunión, Rosero hizo varias puntualizaciones sobre la situación actual de la lucha anticorrupción: en primer lugar, denunció una marcada reducción de los recursos que el Estado asigna a esa tarea. 

Según Rosero, el Estado "recortó el presupuesto para la lucha anticorrupción y la medición de la transparencia en las instituciones del Estado para 2015. De acuerdo con los documentos, hay una reducción del 62% para la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, así de USD 361.230 solicitados a USD 135.785 aprobados. También se recortó arbitrariamente recursos para el proyecto llamado Índice de Transparencia, cuyo objetivo era medir la transparencia de todas las instituciones públicas. El CPCCS solicitó al Ministerio de Finanzas USD 3´658.821 dólares pero se aprobó apenas 65.000 dólares, una reducción del 98% del presupuesto planificado", aseguró el consejero. 

Para Rosero, "en el Ecuador se pierden más de USD 2.000 millones  por corrupción", pero, a pesar de ello, no hay mayor interés del Estado en lograr una lucha efectiva contra los corruptos. 

El consejero, durante la reunión, entregó a los dos delegados internacionales varios documentos, entre ellos, "el índice de transparencia nacional que ubica a las instituciones del Estado con una lamentable calificación de 52 sobre 100 puntos"; así como la renuncia del ex secretario de Lucha contra la Corrupción del CPCCS,  Mario Rivas, quien según Rosero "realizó varios cuestionamientos sobre la deuda institucional en el combate a la corrupción" y un documento estadístico del 2013 que señala que "el 71% de denuncias que afectarían los derechos de participación o generen corrupción no fue admitido por el CPCCS, mientras que el 18% de denuncias se archivó y solamente el 11% se investigó".

Para el consejero, "el incremento de la corrupción es directamente proporcional a la concentración de poder, el cuál persigue a quienes denuncian actos irregulares".

Una dura renuncia

La carta firmada por Mario Rivas Alemán, ex secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación, está  fechada el 15 de abril de 2014.

En 16 páginas, el ex funcionario pretende hacer un balance de su gestión, entre febrero de 2013 y abril de 2014. El ex funcionario asegura que encontró varias falencias en la dependencia, entre las que menciona la falta de "definiciones conceptuales", de "normas claras", así como que no llegan denuncias de competencia del Consejo de Participación; no hay suficiente difusión de los casos en los que ha intervenido el Consejo; ha habido problemas en la admisibilidad de los casos; no hay un trabajo articulado con la Secretaría de Participación y la Coordinación Jurídica; no hay seguimiento a las recomendaciones, y ha habido problemas al derivar los casos a la Dirección de Patrocinio.

Según el ex funcionario, la lucha contra la corrupción "por los pobres o escasos resultados", situación que atribuye, entre otros factores, a la falta de legislación secundaria que permita cumplir con los principios constitucionales. Todo esto, estima el ex funcionario, ha creado una imagen de que el Consejo de Participación tiene escasa efectividad en la lucha contra la corrupción. Otra falencia que denuncia el ex funcionario en su carta de renuncia es el total desorden de los expedientes, pues, en su criterio, "al parecer los abogados no le dan relevancia como un instrumento básico y fundamental para la toda de decisiones", entre otros aspectos que nulitan el trabajo de la dependencia.