Una divergencia sobre todo ideológica sobre cuál debe ser el rol del Estado en el mercado de productos de primera necesidad impidió acuerdos significativos en la mesa de control de precios, una de las demandas del movimiento indígena, que aspiraba a que un decreto ejecutivo fije precios mínimos y máximos de por lo menos 44 productos de la canasta básica. Pero para el régimen, más cercano a las teorías de libre mercado que al control estatal, fue imposible ceder en ese punto, lo que abre una nueva posibilidad de conflicto social y político.

El movimiento indígena presentó demandas en cuatro frentes. Información, control gubernamental, social y externo de precios, políticas orientadas a la disponibilidad de alimentos y control en la energía eléctrica y conectividad.

El 28 de julio de 2022 el Gobierno presentó su contrapropuesta para esta mesa. Las organizaciones respondieron el 9 de agosto con insatisfacción y sugirieron la suspensión de la mesa. Ante esto los facilitadores y relatores de la mesa se reunieron de manera separada con el Gobierno y las organizaciones. Así el 9 de septiembre se reinstaló la mesa.

Todas las mesas de diálogo funcionan con una propuesta inicial formulada por las organizaciones indígenas. Las organizaciones reúnen a expertos de la sociedad para construir una propuesta. La CONAIE llama a expertos, profesores, técnicos, gremios y organizaciones. Luego de definir un documento se envía al Gobierno en la “reunión 0”. El Gobierno por su parte elabora una contrapropuesta. A partir de ahí inician las negociaciones.

Como representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas estuvieron la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Del lado del Gobierno los ministerios de Gobierno, Agricultura, Producción, Economía, Interior, la Agencia de Control de Energía y Recursos Renovables, el INEC, el Servicio Nacional de Aduanas y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. La mesa se instaló el 27 de julio de 2022.

Divergencias

El movimiento indígena demandó un decreto ejecutivo que establezca precios mínimos y máximos para 44 productos. El Gobierno se negó, pero propuso un control a 13 productos agrícolas. El Gobierno excluyó a los productos industrializados del control argumentando que los precios dependen de insumos nacionales e importados.

El Ministerio de Agricultura calculará los precios referenciales al productor para zanahoria, choclo, yuca, camote, cebolla paiteña, naranja, tomate de árbol, tomate riñón, limón, papa, pimiento, plátano verde, manzana y arroz. Estos son los 13 productos agrícolas primarios sobre los que Agricultura levantará el costo de producción promedio. Otros productos industrializados como la leche o el arroz solo podrán ser sujetos de precios referenciales.

Otros argumentos gubernamentales fueron que existen gamas amplias de un producto que impiden tomar referentes únicos y que las intervenciones estatales pueden provocar desabastecimiento e impactar al productor. El Gobierno  citó la  Ley de Regulación de Poder de Mercado que permite establecer precios referenciales solo para el sector agroalimentario.

Con la presencia de la viceministra de Gobierno, Ana Changuín, delegados del Gobierno Central y de las organizaciones sociales e indígenas, se realizó la firma del acta de cierre de la mesa de control de precios. Fotos: Ministerio de Gobierno

Pero las organizaciones consideraron que esa postura va en contra del artículo 335 de la Constitución. Según ese artículo, el Estado deberá establecer mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio. El Gobierno reemplazó los mecanismos de fijación de precios por la propuesta de  de un Observatorio Plurinacional de Control y Monitoreo de Precios. Las organizaciones indígenas se pronunciaron en contra de esta medida ya que no determina precios mínimos de sustentación ni tampoco precios mínimos y máximos para el consumidor. Para el Gobierno, desde las protestas de junio, la solución de este problema es que gobernadores e intendentes realicen el control tradicional de algunos precios en los mercados, pero se resistió a una fijación y supervisión económica estatal más amplia.

El movimiento indígena pidió garantizar un porcentaje de cupos mínimos de compras públicas y ferias inclusivas para los sectores agrícolas y populares. Así mismo pidió garantizar mecanismos de perchaje dentro de las grandes cadenas comercializadoras para productos de economía popular. También demandaron un sistema de almacenaje. Pero ninguna de estas demandas fue atendida.

El Gobierno respondió con una propuesta distinta: planteó hacer ferias productivas mensuales para eliminar los intermediarios y mejorar los precios. El Gobierno indicó que garantizar mecanismos de perchaje y almacenaje en los comercios privados están fuera del ámbito de esa mesa.

“No se logró acuerdos en el punto fundamental”

Según el economista Pablo Dávalos, que estuvo como asesor para la CONAIE en esta mesa, el Gobierno piensa que el mecanismo de mercado funciona para los productos industrializados de la canasta básica y por lo tanto decidió regular solo los productos agrícolas. “Hubo un choque que no se superó nunca en la mesa”, dijo.

Según Dávalos el punto fundamental era establecer un control de precios para defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores. “De acuerdo a la información que nos entregó la Superintendencia de Control de Mercado muchos de los productos están sometidos a dominancia del mercado, hay grandes empresas que dominan el mercado”, indicó.

Desde la asesoría técnica, Dávalos aseguró que la idea era que el Gobierno se comprometa a evitar la especulación y establecer precios mínimos a través de un decreto. Para el economista este era el punto de negociación principal y que los demás acuerdos son accesorios. “La mesa no pudo conseguir el objetivo fundamental para la cual se formó”, aseguró.

Sobre el Observatorio de Control de Precios,Dávalos afirmó que ese Observatorio no será determinante ya que no se logró  el decreto, que era la parte fundamental. El economista afirmó que las organizaciones sociales no están interesadas en participar en ese observatorio.

Acuerdos

En el sector de energía, la Agencia de Regulación y Control de Energía incrementará la difusión de los subsidios. Uno de ellos es la Tarifa Dignidad, que se aplica a usuarios residenciales que consumen hasta 110 kWh en empresas de la Sierra y 130 kWh en el resto del país. El Gobierno solicitará la aplicación de un subsidio cruzado entre quienes más y menos consumen.

En el sector de las telecomunicaciones se actualizará la tarifa social vigente para servicios de telefonía móvil e internet fijo para ampliar este beneficio a sectores vulnerables. En los próximos 90 días el Gobierno y las organizaciones definirán el mecanismo para seleccionar los beneficiarios. El techo tarifario se mantiene en 22 centavos de dólar por minuto. ARCOTEL se comprometió a controlar la publicidad engañosa y el cumplimiento de los derechos de los abonados.

En cuanto al control de precios, el Gobierno incluirá una infracción administrativa sobre la inobservancia de precios oficiales y referenciales.

El SENAE incrementará en 10% los operativos para frenar el contrabando desde los países vecinos de productos como lácteos, arroz, fruta, cebolla, cárnicos, ganado, avícolas, entre otros, a través de su Cuerpo de Vigilancia Aduanera. La institución publicará los resultados de los controles mensualmente en su página web. También se incrementarán los patrullajes internos en las rutas Baeza-Quito, Puyo-Ambato y Tena-Riobamba. Este esfuerzo se coordinará con las aduanas de los países vecinos.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables y las organizaciones fomentarán acercamientos entre distribuidores y comunidades para acordar precios de transporte de gas. Actualmente el precio del cilindro de 15 kg no puede exceder el $1,60 en los depósitos. Sin embargo, el precio pagado por el consumidor final puede ser más alto. Se intensificarán los controles a través de Intendencias y Comisarías. Las organizaciones sociales canalizarán las denuncias.

Habrá una mesa de coordinación que será la encargada de definir los mecanismos de control y seguimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo. La mesa de coordinación estará a cargo de los mecanismos para monitorear el cumplimiento del Gobierno de los compromisos asumidos.