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8 de Abril del 2019
Historias
Lectura: 12 minutos
8 de Abril del 2019
Redacción Plan V
Diana Salazar asume una Fiscalía saturada de trámites, con falta de personal y recursos
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Fotos: Twitter Fiscalía General del Estado

Lady Diana Salazar asumió el cargo por un periodo de seis años en el Pleno del Palacio Legislativo. 

 

La abogada afroecuatoriana de 37 años fue posesionada por el Pleno de la Asamblea Nacional como fiscal general del Estado para un periodo de seis años. La Fiscalía enfrenta problemas como falta de personal y presupuesto.

Lady Diana Salazar es un mujer de hablar pausado, que ante los medios presenta una imagen de imparcialidad y profesionalismo. Fue fiscal de Pichincha y directora de la Unidad de Análisis Financiero, (UAFE) una entidad del Ejecutivo cuyo propósito es detectar movimientos irregulares de grandes cantidades de dinero y alertar sobre posibles lavados de activos. 

Como fiscal acusó al ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, por asociación ilícita, en el marco de la trama de sobornos de Odebretch, lo que precipitó la caída del correísta y su encarcelamiento, tras ser condenado a seis años de prisión. 

Otro caso que tramitó fueron las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex zar del fútbol ecuatoriano, Luis Chiriboga, a quien las organizaciones del futbol global vetaron de por vida tras encontrar serios indicios de que recibió millones de dólares en sobornos como dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

La nueva fiscal ha destacado también que en los casos de la ex vicepresidenta María Alexandra Vicuña y del ex ministro Iván Espinel actuó con total independencia frente al Gobierno de Lenin Moreno, aunque en ambos casos se trataba de personas que habían perdido el apoyo del presidente y su gabinete. 

Considerada como la más opcionada desde el principio en el concurso organizado por el Consejo de Participación transitorio, la abogada fue designada fiscal general del Estado con un nota de 88.17 sobre 100. Aunque recibió varias impugnaciones, la mayoría fueron desechadas por la comisión técnica del propio Consejo. Como fiscal subrogante fue nombrado Wilson Toainga. 

No se le conocen simpatías políticas, en algunos sectores del Ejecutivo y del anticorreísmo se cree que la nueva fiscal podría convertirse en una persona clave para la investigación de los presuntos delitos cometidos durante el correato. 

En declaraciones para el canal Ecuavisa, la nueva fiscal ofreció actuar de manera "jurídicamente correcta, con independencia, con innovación y con apertura hacia la ciudadanía". 

Considerada como la más opcionada desde el principio en el concurso organizado por el Consejo de Participación transitorio, la abogada fue designada fiscal general del Estado con un nota de 87 sobre 100.


Varios altos dignatarios del Estado asistieron a la posesión de la nueva fiscal general.

Las prioridades de Salazar 

Tras ser designada como fiscal general del Estado, abrió su cuenta de Twitter y anunció una agenda preliminar para su tarea el frente de la Fiscalía. 

"Desde la Fiscalía General del Estado no habrá persecución, nuestro compromiso es trabajar sin temor y sin favor a nadie. Perseguiremos delitos, no personas", afirmó en primer lugar, en alusión al parecer a la serie de denuncias penales que han sido presentadas en contra del ex presidente Rafael Correa y varias personas de su entorno. 

Contra el ex presidente se cuentan no menos de 13 denuncias por peculado, robo calificado, fraude procesal, instigación, entre otros. En casos como el de Singue, un polémico contrato petrolero, la fiscal saliente, Ruth Palacios, estuvo analizando la posible vinculación de Correa. Contra Jorge Glas hay cinco causas por peculado y cohecho, que están en investigación.

Según Palacios, hasta febrero de 2019 había 345 informes sobre presunto peculado de la Contraloría en total, de los que 122 están completo y servían para efectos legales y por lo menos 223 están incompletos y se han devuelto.

La fiscal saliente, Ruth Palacios, detalló los temas pendientes. 

Otro tema de interés político que la Fiscalía deberá procesar es la denuncia presentada por el caso de los Ina Papers, una supuesta red de empresas off shore que tendría vinculación con los hermanos y amigos del presidente Lenin Moreno. Esta denuncia fue aceptada por la fiscal encargada, Ruth Palacios, quien, en cambio archivó un pedido de investigación del secretario Anticorrupción del Gobierno, Iván Granda, quien había solicitado se investigue el financimiento del Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, un think tank correísta que habría recibido dinero de Rusia y Venezuela. "Revisaremos la información disponible en los expedientes de la Fiscalía y seguiremos el rastro de la corrupción en todos los lugares y países a los que nos lleve la investigación", ofreció la funcionaria, quien, como titular de la UAFE, había destacado las dificultades que puede tener seguir la ruta de dineros de origen ilícito en el exterior. 

Hasta febrero de 2019 había 345 informes sobre presunto peculado de la Contraloría en total, de los que 122 están completo y servían para efectos legales y por lo menos 223 están incompletos y se han devuelto.


La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tomó juramento a la nueva titular de la Fiscalía

"Trabajaremos para que se haga justicia en delitos que involucren violaciones a niños, violencia de género, trata de personas, casos como el de Carolina, tendrán atención prioritaria", dijo la flamante fiscal. Se refiere al caso de una joven encontrada muerta en un barrio popular de Quito, cuyo deceso es relacionado con las actividades de un individuo que organizaba fiestas con adolescentes de ambos sexos, en el marco de una de las cuales, podria haber muerto la joven. 

En otros temas, la fiscal se comprometió a la investigación del militar Wilson Ilaquiche. "La muerte del militar Wilson Ilaquiche también estará entre las prioridades de la Fiscalía. Daremos respuestas oportunas a su familia". El joven soldado, quien según el Ejército abandonó un destacamento fronterizo con Colombia en la zona de Tobar Donoso, estando de servicio, apareció muerto en una morge del país vecino, en circunstancias que no han sido aclaradas. Versiones preliminares han dado cuenta de que Ilaquiche fue secuestrado por irregulares colombianos en un centro de diversión en la población fronteriza, y posteriormente asesinado en Colombia. 

"El secuestro y asesinato de Óscar Villacís y Katty Velasco tampoco será olvidado, llegaremos a la verdad", agregó la fiscal general, en relación con el crimen de una pareja de jóvenes que había viajado desde Santo Domingo a la zona de San Lorenzo por turismo, y fue secuestrada y asesinada por los irregulares del frente Oliver Sinisterra, que comandaba el narcoterrorista alias Guacho, abatido por el Ejército de Colombia el año pasado. 

"Investigaremos el atentado en el que murieron los miembros de la Armada Luis Mosquera, Jairon Sandoval, Sergio Elaje y Wilmer Álvarez", ofreció la fiscal, en referencia a un ataque ocurrido en la frontera con Colombia y que también fue atribuido a los hombres de alias Guacho, en lo que se consideró una declaración de guerra del narcotraficante al Estado ecuatoriano. 

"Ha pasado más de un año del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efrain, desde la Fiscalía General del Estado, trabajaremos para que este hecho no quede en la impunidad", recordó la fiscal, en referencia al crimen de un equipo de diario El Comercio de Quito, que había viajado a la zona de frontera para realizar un reportaje. Los comunicadores fueron retenidos por el frente Oliver Sinesterrra y posteriormente asesinados por órdenes de alias Guacho. Al respecto, los familiares y amigos aseguran que se deben encontrar responsabilidades en el Ejército y la Policía destacados en la zona, por permitirles internarse en una región peligrosa, así como establecer si el secuestro ocurrió en el territorio ecuatoriano o en el lado colombiano de la frontera. 

Para el catedrático universitario Salim Zaidán, es necesario que la nueva fiscal fortalezca la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía, para promover la prevención del delito y que se capacite a los fiscales en derecho probatorio, de manera que puedan presentar los casos con pruebas suficientes. 

"Próximamente habilitaremos canales de denuncias para recibir casos que involucren a funcionarios en actos de corrupción en la Fiscalía General del Estado", ofreció la nueva fiscal general. 

El panorama actual de la Fiscalía

Pero la situación actual de la Fiscalía General es compleja, según reveló en febrero, en una reunión con periodistas, la fiscal general encargada, Ruth Palacios.

En temas como el Caso Odebrecht, la fiscal encargada relató que las declaraciones de Luis Mameri, un alto funcionario de la constructora, que involucraban al ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, no constaban en los expedientes entregados por el Brasil al Ecuador.  Contra Alexis Mera, explicó, hay tres causas abiertas desde 2017.

La Fiscalía también ha hecho constantes pedidos de cooperación internancional: hasta febrero había 172 asistencias penales internacionales pedidas desde el año 2017 pero sólo 54 ha sido respondidas. En los pedidos enviados a China, que son clave en casos como el de Telconet, la fiscal encargada consideró que varias asistencias fueron "mal pedidas" por sus antecesores y por tanto negadas. 

La Fiscalía ha pedido 172 asistencias penales internacionales desde el año 2017 pero sólo 54 ha sido respondidas. Algunas fueron desechadas por errores formales. 

En el Caso Capaya, Palacios estimó que "la cooperación es bastante floja", sobre la información que Carlos Pareja Yannuzelli había ofrecido y que no llegó a entregar. En ese tema, anticipaba Palacios,   se había previsto nueva cooperación de Pareja es un complemento de las anteriores.

Otro tema que deja pendiente la fiscal saliente es el del caso de la mina en Buenos Aires, una localidad de Imbabura, donde una jueza de esa provincia dejó libres a los procesados. En ese lugar, estimaba Palacios, se deberían investigar una presunta delincuencia organizada.

En el caso Gabela, la fiscal saliente señaló que se investigaba a ex altos jefes militares de la época por lavado de activos, pero se podrían haber perdido las pruebas.

La falta de personal y de presupuesto es uno de los desafíos del Ministerio Público, pues según Palacios, hasta cinco mil expedientes deben procesar los fiscales. La funcionaria explicó que, aún cuando un fiscal pudiera resolver un caso al día, trabajando 365 días al año, no podría atender más que esa cifra. La necesidad de nombrar a nuevos fiscales y de dotarlos de más presupuesto fue destacada por la funcionaria en su reunión con los medios. 

Según palacios, los seis fiscales que trabakan en indagaciones previas manejan cada uno hasta 100 expedientes. "Hay expedientes muertos desde 1996 y se necesita USD 1´650.000 al año para pagar seis nuevos fiscales", precisó la funcionaria saliente.

"Hay expedientes muertos desde 1996 y se necesita USD 1´650.000 al año para pagar seis nuevos fiscales", precisó la funcionaria saliente, Ruth Palacios.

Palacios mencionó también, en esa misma ocasión, la gran cantidad de presiones que recibe el titular de esa dependencia, en especial, de políticos que pretenden que la Fiscalía trabaje según los tiempos de sus agendas. 

Estos y otros problemas deberá enfrentar Salazar, quien, sin dar más detalles, ha anunciado una "reestructura" de la entidad. 

 

 

 

 

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