Tan pronto logró la conquista del poder en 2007, el régimen de Rafael Correa se aplicó a fondo en desmontar el Estado neoliberal, parcialmente descentralizado y medianamente tolerante que se había creado en el Ecuador de los noventa y principios del siglo XX. La imposición de la ideología centralizadora y autoritaria del correísmo, que se nutre tanto de criterios marxistas cuanto de las prácticas políticas de la derecha conservadora tradicional, se realizó por medio de cambios legales, que implicaron quitar el poder a algunas instituciones y su concentración en el Ejecutivo. Pudimos identificar los diez momentos clave de este proceso. 

1. La puja por la Constituyente

 El 7 de marzo del 2007 una mayoría del TSE, amparada en la Ley Orgánica de Elecciones, destituyó a 57 diputados y les retiró los derechos políticos por un año, alegando que han interrumpido el proceso electoral al haber sustituido al Presidente del TSE, Jorge Acosta.

Esto significó un golpe al bloque opositor en el Congreso, que quedó fuera del Legislativo. La consulta popular para definir si se convocaba a una Constituyente fue aprobada el 12 de febrero de 2007, y fue el pretexto para cesar a los diputados de oposición. Esto no solo abrió el camino a la Constitución correísta, sino que permitió instalar un Legislativo de bolsillo, el llamado "congresillo" que aprobaría luego algunas de las leyes del Gobierno.

El 15 de abril del 2007 la propuesta ganó con cerca del 80% de apoyo, lo que abrió paso definitivo a la Constituyente de Montecristi. El TSE convocó a la elección de 130 asambleístas constituyentes, 24 nacionales, 100 provinciales y 6 por los migrantes. Las votaciones fueron el 30 de septiembre de 2007.

2. La asamblea de Montecristi

El 30 de noviembre del 2007, en un nuevo edificio construido en Montecristi, Manabí, con la intención de acercarse al legado alfarista, se instaló la Constituyente. Al mismo tiempo, empezó el conflicto en Dayuma,  El Dorado, Taracea e Inés Arango en Orellana , en donde los pobladores protestaban contra Petroecuador. 

La figura más importante en ese momento fue Alberto Acosta, quien fue elegido presidente de la Asamblea. Acosta compartía el discurso oficial de que toda crítica a la toma del poder correísta provenía de gente que "temía perder sus privilegios".  Al mismo tiempo, el presidente Correa se apartaba de las marchas del primero de mayo, a las que había concurrido el año anterior.

En el seno de la Constituyente, empezaron las discursiones sobre aspectos como minería y derechos laborales. El 17 de abril de 2008 el Mandato Minero empezó a analizarse, y con él algunos sectores querían impedir la minería de mediana y gran escala y limitar el número de concesiones a las empresas, lo que fue rechazado desde el Gobierno. 

El 28 de abril de 2008 la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato Minero, que estableció que el 80 % de las concesiones mineras quedaron sin efecto, y 3.100 contratos deberán ser renegociados. Pronto se evidencian las tensiones entre Correa y Alberto Acosta, quien anuncia su famoso "paso al costado" el 23 de junio de 2008.

Al salir Acosta, en opinión de algunos analistas, quedó claro el rumbo que el Gobierno quería darle a la Constitución.

3. El ajuste de la Constitución y el referendo

Fernando Cordero asumió la Presidencia de la Asamblea. El 20 de julio, Alexis Mera, abogado del Gobierno, intervino directamente en la redacción de la Constitución, que quedó con  444 artículos.

El 24 de julio de 2008 se aprobó finalmente la Constitución en Montecristi. La Constitución tiene varias novedades con relación a la anterior. En primer lugar, crea un Estado con muchas más instituciones, recoge el concepto de "derechos de la naturaleza", el derecho a la resistencia, el buen vivir, así como la enumeración de derechos para indígenas, mujeres y jóvenes, mientras que las Fuerzas Armadas perdieron su función de garantes del orden constitucional, se prohibió el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, entre otros temas.

La Constitución también reforzó el presidencialismo y el poder del Ejecutivo, permitía una gran intervención del Estado en la economía, que para algunos es una forma de "capitalismo de estado" y abrió a los grandes capitales mundiales el acceso a las llamadas áreas estratégicas de la economía.

La Constitución fue sometida a referéndum, y el 28 de septiembre del 2008 el SI obtuvo el 63 % de los votos frente al 28% del NO obtuvo el 28 % de votos. Para algunos analistas, la Constitución conjugó "la resistencia al neoliberalismo, y los intereses estratégicos del capital en la etapa de consolidación de la nueva hegemonía económica nacional y mundial".

4. El inicio de las reformas legales: minas, seguridad y empresas públicas 

De su lado, el Congresillo aprobó el el 12 de enero de 2009,  la Ley Minera, que lejos de sabotear el extractivismo, permite que el Ecuador abra sus recursos naturales al capital chino. El congresillo formó parte de una estrategia por la cual, ante el vacío legal generado por la refrendación popular de la nueva Constitución, se extiende la primacía de Alianza País en el legislativo para aprobar algunas leyes estratégicas para el proyecto dominante. Dos leyes también se discutieron en primero debate ahí: la de Empresas Públicas y la de Seguridad Pública.

El 26 de abril de 2009 Rafael Correa consiguió en primera vuelta ganar la Presidencia de la República para un periodo de cuatro años, dentro del esquema legal de Montecristi.

Tras las elecciones generales de abril de 2009, la Asamblea Nacional quedó conformada así: Alianza País con 59 asambleístas; Sociedad Patriótica con 19; Madera de Guerrero  7 y PRIAN 7, entre otros. La nueva legislatura se instaló en julio de 2009.

El Gobierno tenía clara su agenda para ese época, y pasaba por aprobar leyes como las de Empresas Públicas, Seguridad Pública, COOTAD, Ley de Aguas, de Comunicación, de Educación Superior y Ley de Servicio Público, cuyo propósito eran la reforma de la sociedad y el Estado según el modelo correísta.

Mientras la  Ley de Empresas Públicas quita algunas atribuciones a los gobiernos locales, la Ley de Seguridad Pública aprobada el 24 de julio de 2009, reemplazó a la antigua Ley de Seguridad Nacional y fue vetada parcialmente por Correa el 26 de agosto. Se creó una Secretaría de Seguridad adscrita a la Presidencia. Nuevamente, el modelo hipersidencialista de Montecristi se verificó en estos dos instrumentos.

5. Bachilleres y periodistas en la mira: la Ley de Educación Superior y la de Comunicación

El 4 de agosto se aprobó en la Asamblea la Ley de Educación Superior, que también fue vetada por el Ejecutivo.  El 13 de septiembre el legislativo se allanó. La Ley de Educación Superior ligó la educación superior al Plan de Desarrollo del Gobierno.

El 7 de julio del 2009 Fernando Alvarado asumió la Secretaria de Comunicación de la Presidencia. Alvarado será uno de los más duros enemigos de la prensa privada desde entonces, y abogará por el fortalecimiento del aparato de propaganda del Estado.

Otra ley que fue aprobada en esa misma época fue el Código de Ordenamiento Territorial (COOTAD), que también quitó atribuciones a los municipios. Las reformas a la  Ley de Servicio Público, que supuestamente afectaron a los policías y militares, fueron el detonante de la revuelta del 30S.

6. La consulta de 2011 destraba las reformas correístas

El 16 de noviembre del 2010 se aprobó en la Asamblea el  Código de la Producción, en cuya gestión participó la entonces ministra Nathaly Celi. Pero a pesar de ello, en el Gobierno se consideraba que los cambios no iban lo suficientemente rápido, y  el 23 de enero del 2011 se envió a la Corte Constitucional una serie de preguntas para ser sometidas a una consulta popular.  Se proponían el endurecimiento de los procesos penales, conformar un Consejo de la Judicatura con mayoría oficilista y  apresurar la Ley de Comunicación.

La democracia plebiscitaria: por medio de consultas populares, el Gobierno destrabó procesos políticos. 

El 7 de mayo de 2011 se realizó la consulta en la que se hicieron reformas a la Constitución de Montecristi y al Código Penal, también se exigió que se aprobara la Ley de Comunicación y se incluyeron aspectos como penalizar la no afiliación patronal al IESS.

El nuevo Consejo de la Judicatura aprobado por la consulta fue integrado por delegados de tres funciones del estado: Ejecutivo, Consejo de Participación Ciudadana y Asamblea Nacional, pero en la práctica, el Gobierno se aseguró su manejo.

7. El Código de la Democracia y el Código Penal, o cómo asegurarse el poder

Ante la cercanía de las elecciones de 2013, el Gobierno puso la mira en la reforma de las reglas del juego electoral. Estas se plasmaron en el Código de la Democracia. A finales de 2011 Correa envió un “proyecto de reforma electoral” a la Asamblea, que se refería al método de asignación de escaños del Método D’Hare  al Método D'Hont, que favorece a las mayorías.

Para diciembre de 2011, tras el trámite legislativo, Correa incluyó en un veto el Método D'Hont para la asignación de escaños, se minimizó el uso de recursos públicos en campaña electoral, se quitó la licencia para los candidatos en reelección, y prohibió a los medios de comunicación cualquier promoción directa o indirecta sobre un candidato o tesis política.

En diciembre de 2013  la Asamblea aprobó el nuevo Código Integral Penal (COIP),  que entró en vigencia el 10 de agosto de 2014. El nuevo tiene  730 artículos e incluye 77 nuevas infracciones y delitos tipificados, muchos de ellos, señalados como elementos para criminalizar la protesta social, como el "terrorismo" y el "ataque y resistencia", así como  rebelión, daños a bienes y servicios públicos, asonada, sabotaje, que han sido declarados Delitos Contra la Seguridad Pública del Estado y su Organización.

8. La democracia plebiscitaria

Durante el periodo 2006-2017 se ha convocado al pueblo a las urnas en nueve ocasiones. Cuatro elecciones presidenciales: 2006, 2009, 2013, 2017; cinco elecciones legislativas: 2006, 2007, 2009, 2013, 2017, incluyendo la de la Asamblea Constituyente.  Tres referéndum y dos consultas populares y dos elecciones de dignidades seccionales (2009 y 2014). Muchas de ellas han servido para consolidar el proyecto político del Gobierno, para remozar la correlación de fuerzas o para destrabar procesos políticos estancados. Desde el Ejecutivo, que ha explotado su popularidad al máximo, se ha dicho que se trata de ejemplos de democracia directa. 

9. Las enmiendas de 2015

A pesar de duras protestas, el Gobierno realizó modificaciones a la Constitución de Montecristi, que, entre otras cosas, también sirvieron para consagrar su modelo político. Una de ellas fue la reelección indefinida, pues una de las 15 enmiendas dice que "Las autoridades de elección popular podrán postularse para reelegirse. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan. La Presidenta o Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá postularse para ser reelecto". Las reformas entrarán en vigencia desde el 24 de mayo de 2017, por lo que, en lo sucesivo, los funcionarios públicos podrán reelegirse sin límites. Otras enmiendas aprobadas en diciembre de 2015 fueron "Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley" y aspectos como "la Presidenta o Presidente de la República debe ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido treinta años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos a la fecha de inscripción de su candidatura y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución". También se estableció que "En el artículo 384 se agrega como primer inciso que la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios", lo que abrió las puertas a su control estatal.

10. El organigrama del Ejecutivo

El Gobierno de Rafael Correa concluye con la siguiente estructura, conformada por  ocho secretarías de Estado, seis Ministerios Coordinadores y 22 Ministerios de Estado:

​Presidencia de la República del Ecuador

Econ. Rafael Correa Delgado - Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Secretaría Técnica de Drogas

Rodrigo Suárez- Secretario Técnico

Vicepresidencia de la República del Ecuador

Jorge Glas Espinel - Vicepresidente de la República del Ecuador

Secretaría Nacional de la Administración Pública

Pedro Solines - Secretario Nacional de la Administración

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)

Sandra Naranjo - Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo

Secretaría Nacional de Comunicación

Patricio Barriga Jaramillo - Secretario Nacional de Comunicación

Secretaría Nacional de Gestión de la Política

Paola Pabón - Secretaria Nacional de Gestión de la Política

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR)

Susana Dueñas- Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)

René Ramírez - Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología

Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA)

Alexis Sánchez Miño - Secretario Nacional del Agua

Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN)

Rommy Vallejo - Secretario Nacional de Inteligencia

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social

María Gabriela Rosero - Ministra Coordinadora de Desarrollo Social

Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos

Augusto Espín - Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos

Ministerio de Coordinación de la Política Económica

Diego Martinez - Ministro Coordinador de la Política Económica

Ministerio de Coordinación de Seguridad

César Navas - Ministro Coordinador de Seguridad

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad

Vinicio Alvarado - Ministra Coordinadora de la Producción

Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano

Andrés Arauz - Ministro Coordinador de Talento Humano

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

Javier Ponce Cevallos - Ministro de Agricultura

Ministerio del Ambiente

Walter García Cedeño - Ministra del Ambiente

Ministerio de Comercio Exterior

Juan Carlos Cassinelli - Ministro de Comercio Exterior

Ministerio de Cultura y Patrimonio

Raúl Vallejo - Ministro de Cultura

Ministerio de Defensa Nacional

Ricardo Patiño - Ministro de Defensa

Ministerio del Deporte

Xavier Enderica - Ministro del Deporte

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

María de Los Ángeles Duarte - Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda

Ministerio de Educación

Augusto Espinoza - Ministro de Educación

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

José Medardo Cadena - Ministro de Electricidad

Ministerio de Finanzas

Patricio Rivera - Ministro de Finanzas

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lídice Larrea - Ministra de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Industrias y Productividad

Santiago León Abad - Ministro de Industrias

Ministerio del Interior

Diego Fuentes - Ministro del Interior

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Ledy Zúñiga - Ministra de Justicia

Ministerio de Minería

Javier Córdova Unda - Ministro de Minería

Ministerio de Hidrocarburos

José Icaza Romero - Ministro de Hidrocarburos

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

Guillaume Long - Ministro de Relaciones Exteriores o Canciller de la República

Ministerio de Trabajo

Leonardo Berrezueta Carrión - Ministro de Trabajo

Ministerio de Salud Pública

Margarita Guevara - Ministra de Salud

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Alexandra Álava - Ministro de Telecomunicaciones

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Boris Sebastián Córdova González - Ministro de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Turismo

Fernando Alvarado Espinel - Ministro de Turismo

ECORAE - Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico

Jorge Eduardo Calvas - Secretario Ejecutivo del ECORAE

Secretaría de la Presidencia de la República

Cristian Leonardo Castillo - Secretario Particular de la Presidencia de Patrimonio Natural y Cultural.​

 ANÁLISIS                                                                                                                                   

El Gobierno presidido por Correa tiene varias etapas. Una primera dirigida hacia la consolidación y reforma de las instituciones gubernamentales, lo que gira en torno a lo que Correa visualiza como una recuperación de las capacidades regulatorias y planificadoras del Estado. Esto tiene a su vez algunos momentos, uno inicial que consiste en deconstruir el régimen previo, lo que termina con la expedición de la nueva Constitución. La idea central es tener un Estado fuerte, regulador y planificador, lo que acompaña al fomento de las políticas sociales más exitosas, que empiezan a implementarse desde 2007 hasta 2012 y se centran en la reducción de la pobreza, la inequidad, la optimización de los recursos y la obra pública. Un punto de quiebre tiene lugar a partir de la insurrección policial del 30 de septiembre, que genera la necesidad de priorizar los temas de control político por sobre cualquier otro tema. En esta etapa, la institucionalidad se usa para estabilizar la sociedad, para blindar al poder del presidente de la República y al Estado. Esta etapa es la que culmina en la última década, donde se ve esa necesidad de consolidar el control político. La política pública, la económica y otras políticas se alinean con este objetivo primordial. 

Se busca la estabilización política y un Estado más fuerte, que hay que desglosarlo en Estado planificador y Estado regulador. A lo largo de diez años vemos un Ejecutivo muy fuerte que gira en torno del presidente de la República y subordina al resto de funciones del Estado.

Con relación al nuevo Gobierno, creo que Lenin Moreno hará algún tipo de reforma que flexibilice la forma en la que el Estado se acerque a la sociedad. Hay una Asamblea Nacional más equilibrada, es posible que el Ejecutivo descentralice las decisiones en los ministerios, pero la estructura actual va a permanecer establece y no va a cambiar la forma en la que actualmente está concluido. 

 ANÁLISIS                                                                                                                                 

Debemos remitirnos a la Constitución del 2008, que es el punto de partida del marco institucional vigente. Ahí se delineó una reforma del Estado, y hay un aspecto fundamental que es el neoconstitucionalismo, que es un paradigma que se ha debitado en derecho en los últimos años. Sostiene que la Constitución está centrada en los derechos y eso marca una nueva ruta, y una reforma más concreta en diversos ámbitos, como el Cootad. Se han tratado de ámbitos como salud y educación, así como la participación por medio del Consejo de Participación. El fundamento del proyecto político de Alianza PAÍS tiene dos aspectos, un Estado muy centralizado, que recupera el rol del Estado y se redifine la relación entre el Estado y la sociedad y la el Estado y el mercado. Hay un giro autoritario y una mayor participación en el modelo económico y retroceder el proceso de descentralización que se había venido dando en el país. También hay una mayor intervención del Estado en la economía, y eso ha tenido repercusiones en las instituciones democráticas, se ha creado un régimen político que fortalece la figura del presidente y se establece la reelección indefinida, que atenta contra la alternalibidad, al tiempo que hay un régimen político sin contrapesos, pues todos los organismos del Estado empiezan a depender del Ejecutivo, lo que crea una contradicción entre una Constitución basada en derechos y paradódicamente un Estado que toma acciones contra las organizaciones sociales.

La práctica política termina siendo distinta de lo que se propuso originalmente, la democracia como proceso de recambio y participación es cuestionado. En los últimos cinco años tenemos un régimen democrático con muchas limitaciones. Se ha consolidado un Estado centralizado, si bien no es un régimen que no es democrático como el de Cuba, pero no tenemos un régimen completamente democrático en el Ecuador en la actualidad.