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17 de Febrero del 2014
Historias
Lectura: 38 minutos
17 de Febrero del 2014
Redacción Plan V
De disidentes a delincuentes
EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL PASARÁ A LA HISTORIA COMO EL APORTE DEL CORREÍSMO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y LA DISIDENCIA POLÍTICA EN EL ECUADOR. JURISTAS CONSULTADOS POR PLAN V BUCEAN EN SU GENEALOGÍA, SU INSPIRACIÓN IDEOLÓGICA Y LAS NEFASTAS CONSECUENCIAS QUE PUEDE TRAER PARA EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA EN EL PAÍS.

La fórmula de cómo pasar de un Estado de Derechos a un Estado represor parece estar contenida en algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que acaba de ser aprobado por la Asamblea de mayoría correísta.

Para desentrañar esta fórmula, los porqués, los cómos y sus impactos, PLAN V ha buscado el criterio de cinco juristas que litigan en el tema de derechos constitucionales y humanos, en el área de las libertades individuales y colectivas. Estas preguntas buscan respuestas sobre ¿cuál es la teoría penal que marca su impronta en el COIP para abordar la disidencia, la protesta social y el derecho a la resistencia?

¿Cuáles son los artículos específicos ante los cuales se debe lanzar una voz de alerta? ¿Cómo este Código contradice la Constitución y los convenios internacionales en derechos y libertades firmados por el Ecuador? ¿Qué artículos configuran un riesgo para los derechos de asociación y de participación y criminalizan la protesta social?


Las respuestas de estos expertos son preocupantes. PLAN V quiere aportar de esta manera a un diagnóstico sobre lo que se viene con el Código respecto a los derechos humanos fundamentales de los ecuatorianos.

Juan Pablo Albán. Catedrático de derecho de la Universidad San Francisco de Quito

¿Cuál es la teoría penal que inspira el articulado que se refiere a la protesta social?

El modelo general que inspira todo el articulado, en su momento la Asamblea lo dijo públicamente, es la teoría finalista del derecho penal. No es una teoría moderna y lo que ha justificado es el surgimiento de una serie de instrumentos de represión penal. Si a eso le sumamos que la finalidad declarada de las penas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, bajo el C.O.I.P., es un sistema que se llama prevención general, el resultado es sumamente general.

Hasta ahora, se había dicho que lo que pretendía el modelo ecuatoriano es la rehabilitación de la persona que había delinquido. Se llama prevención especial. Los modelos de prevención general parten del supuesto de que la única medida apropiada para impedir el delito es disuadir a la comunidad de cometerlo, y para hacerlo, el mejor mecanismo es infundir temor a la sociedad desde la amenaza de la pena. De manera expresa, nuestra legislación, al decir que la finalidad de la pena es la prevención general, está diciendo que las penas existen para generar miedo en el grupo social y que de ese modo no se delinca. Eso es muy preocupante.

La inspiración es retrógrada, el retroceso es de varias décadas, nuestra legislación penal que está todavía vigente, es de 1938, y basada en legislación todavía más antigua, como el cCódigo italiano de 1930, o el argentino de 1922. Pero, la filosofía del C.O.I.P. es menos represiva en su filosofía que el actual.

¿Cuáles cree usted que son los artículos más peligrosos para la vigencia de los derechos humanos y las libertades individuales?

Hay normas específicas que se orientan a restringir ciertos derechos fundamentales, particularmente la libertad de expresión y el derecho de la protesta social pacífica. Hay normas específicas que apuntan a esta cuestión; a partir del artículo 204 en adelante, encontramos una serie de tipos penales que por la laxitud de su redacción pueden ser perfectamente empleados para criminalizar la protesta. Están el delito de sabotaje, de paralización de servicios públicos, el tipo penal de terrorismo, el de resistencia a la autoridad. El problema es que no se agota la posibilidad de una interpretación restrictiva de derechos en la existencia de esos tipos penales que específicamente tienen ese propósito. Sino que ya hemos presenciado, en este régimen, el empleo de otras figuras penales, como la asociación ilícita, para silenciar cualquier opinión diversa o actos de protesta legítimos.

El problema no se agota en cuáles son los artículos que específicamente están orientados a restringir derechos, sino en cómo pueden usarse aquellos que no están orientados a restringir derechos, pero que pueden convertirse en un instrumento de represión.

¿Cuáles son los artículos que contradicen los principios internacionales sobre participación social?

Hay varios. Sólo por mencionar algunos, el artículo 204 que habla del daño a la propiedad, a bien ajeno. El artículo sanciona con una pena privativa de la libertad de dos a seis meses a quien destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno. Uno de los supuestos de menoscabo a los bienes ajenos en el numeral 1, es daño provocado que paraliza servicios públicos. Si alguien, por ejemplo, interrumpe una vía, o a través de sus acciones impide servicio eléctrico, o de agua potable, podría perfectamente aplicársele esta norma.

Luego encontramos el artículo 283 que habla de la resistencia a la autoridad, que ordinariamente ya existía la norma en el Código Penal, de resistencia a la autoridad judicial, lo que se conoce como un desacato. Sin embargo, ahora la norma es más amplia, porque dice que la persona que se resista a los empleados públicos, depositarios o agentes de la fuerza pública, comisionados para la percepción de impuestos o contribuciones, ejecutores de decretos y fallos judiciales, guardas de aduanas y oficinas de recaudación, agentes de la Policía, o cualquiera que está ejecutando una ley, la orden o el reglamento de una autoridad pública, tendrá una pena de prisión de seis meses a dos años.

El que se resiste a la autoridad, a la cárcel. Y el acto de protesta, aun una pacífica, no necesita ser violenta, en general va a implicar una resistencia a la autoridad.

Entonces ahora protestar está directamente prohibido. Independiente de eso, tenemos tipos penales como el de la paralización de la distribución de combustibles que pudiera ser una medida de hecho, en el contexto de una protesta legítima, está sancionada con pena de seis meses a un año. En el artículo 262 del Código.

Luego están los delitos relacionados con la seguridad del Estado, si miramos el capítulo VI de delitos contra la estructura del Estado Constitucional, el 336, que tipifica el delito de rebelión, es lo suficientemente general, como para que cualquier acción pueda ser calificada de rebelión. Pensemos en cosas menores, incidentes que no han causado conmoción social ni ha estado destinados a subvertir el orden constitucional, las protestas afuera del Colegio Central Técnico podrían perfectamente calzar en la descripción típica del delito de rebelión, o alternativamente, en la de delito de sabotaje porque hubo puertas metálicas averiadas, llantas quemadas, obstrucción de vías, y esto bajo la descripción típica actual del C.O.I.P., que es bastante más genérica que la anterior, da lugar a una pena de cinco a siete años.
Contradicen los principios internacionales porque bajo los estándares interamericanos, bajo los estándares universales de libertad de expresión, los estándares europeos de libertad de expresión, la lógica sería no que no existan sanciones para ese tipo de actos. Lo que debería la norma para que cumpla con el estándar internacional es que cada vez que se hable de ese tipo de situaciones decir, salvo, respecto de situaciones de protesta social legítima; con excepción de situaciones en que la ciudadanía manifieste legítimamente una resistencia… con una aclaración de modo tal que los supuestos de la protesta social legítima estén excluidos.

Indique qué artículos en particular pueden ser usados contra quienes ejerzan su derecho a la protesta social.

Los artículos mencionados antes y otros… el riesgo es que no se agota el problema con eso, sino que ciertas otras figuras, la asociación ilícita… pudieran ser empleadas para criminalizar la protesta.

Se puede decir “este grupo de personas se ha asociado para cometer delitos” cuando en realidad lo han hecho para organizar una marcha o repartir panfletos.

Ahí están los 10 de Luluncoto acusados y sentenciados por terrorismo, en el contexto de la preparación de las marchas por el agua y la vida, lo cual es un reclamo legítimo de la sociedad. Podremos discrepar, pero tenemos que aceptar los puntos de vista diferentes.

Paulina Araujo Granda. Penalista

¿Cuál es la teoría penal que inspira el articulado que se refiere a la protesta social?

El Código tiene una inspiración, según su preámbulo, en la teoría finalista. La teoría finalista implica que se va a sancionar a la persona que tiene un propósito o finalidad delictiva.  Es decir, que sabe que es delito cualquier conducta y a pesar de que sabe lo hace. Un derecho penal orientado a quien efectivamente es delincuente. De ahí que según el preámbulo y la intención, se entendería que las negligencias o los meros peligros no debieran estar en el Código, pero lo están.

Y de ahí nos trasladamos a este grupito de delitos que se les conoce, porque es el derecho fundamental que busca proteger el legislador y esto lo vamos a encontrar dentro de la estructura del Estado constitucional que tenemos. La protesta social, por la Constitución, no debiera ser delito, porque se nos otorga el derecho de resistencia. La Constitución nos da a todos los ciudadanos ecuatorianos un parámetro de análisis de que nos podemos resistir a las decisiones de los gobernantes que nos afectan en nuestros derechos o podrían afectarlos. De ahí que, si nos vamos al Código no deberían ser delito figuras como promover la discordia entre los ciudadanos. Mucho menos estas situaciones de desacato a la autoridad, y qué decir las figuras de sedición, rebelión, que están redactadas de una manera tan amplia que al final de cuentas les dicen a la ciudadanía que si protesta se puede ir presa.

Más allá de que es finalista, como lo explique al inicio, y de que tenemos derecho de resistencia por la Constitución, el Código es contradictorio. Porque tiene un esquema de mínima intervención penal, pero es un Código que restringe libertades sin justa causa. Debemos poder disentir. Sólo así se desarrolla la democracia. Ya contestando puntualmente, en relación a la protesta social, aplica un derecho penal máximo, conocido en la doctrina como 2derecho penal del enemigo”. Y esto contraría la mínima intervención penal de la Constitución.

¿Cuáles cree usted que son los artículos más peligrosos para la vigencia de los derechos humanos y las libertades individuales?

Dentro de la protesta social, y cualquier otro delito, me preocupa mucho el artículo 583 que es del procedimiento, y es bueno tenerlo presente porque el procedimiento se aplica a todos los delitos. Se denomina actuaciones fiscales urgentes: sea cualquier delito la Fiscalía va a intervenir. Desde el 10 de agosto del 2014 que entra en vigencia este Código, cuando tengan que hacer actos urgentes y requieran autorización judicial, los fiscales podrán allanar, y la prisión preventiva se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo, como fax, llamada telefónica, correo electrónico, entre otros, de la cual se dejara constancia en el expediente. Por  cualquier delito, el fiscal puede decir aquí tengo una llamada telefónica y me mandan a allanarle la casa. Vea el mensaje de texto. Esto es terrible, más allá de que los delitos estén mal o bien hechos, con esta posibilidad que se da al fiscal se van a trastocar todos los derechos fundamentales de las personas.

En otra línea, una gran cantidad de delitos adolece de lo que se denomina la Legalidad Material, que es un derecho humano. Lo material es que las normas penales deben ser claras, autónomas, unívocas y taxativas. Claras para que todas las persona entiendan; unívocas, porque debe tener una sola interpretación; taxativas,  que tengan todos los elementos de la conducta que se considera un delito para no estar yendo a otras leyes. Hay delitos que no respetan eso, que tienen una ambigüedad en su redacción que no se logra a entender. El 151 sobre la tortura, por ejemplo. Resulta que si usted da una mera lectura, este delito que tiene de siete a 10 años de prisión dice: “a la persona que inflija u ordene infligir a otra dolor o sufrimiento ya sea de naturaleza física o psíquica o le someta a condicionamientos con métodos que anulan su personalidad aun cuando no causen dolor o sufrimiento y finalidad con ambos supuestos”... Ni aun leyendo pausadamente se logra entender lo que se quiere decir.

Otro delito, el 333 sobre la rebelión. La persona que realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución o el derrocamiento legítimamente constituido sin que ello afecte el derecho a la resistencia.

¿Para qué ponen esto del derecho a la resistencia si a fin de cuentas ya ninguna persona podrá realizar ningún tipo de acción para tratar de expresar su disconformidad con lo que haga el gobierno, lo cual deslegitima el poder de control y participación ciudadana que nos han dado?. 

El 348, que se refiere a la incitación a discordia entre ciudadanos. La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos armando o incitando a armarse. ¿Armando qué? ¿Armando de arma de fuego? Armar es un verbo, pero aquí no se sabe si lo toman como verbo conjugado o arma como objeto. Con pena de uno a tres años. ¿Qué se entiende por discordia? Ese es el problema. Y no sólo de estos delitos con relación a los delitos de protesta social, sino un 75% de los delitos redactados, si se los lee no hay una sola interpretación, hay varias, eso es grave. ¿Y si no estuviésemos en esta situación anómala y estuviese bien hecho el artículo, hay la garantía de que la ley la vayan a aplicar a todos? ¿Tenemos órganos de administración  de  justicia que efectivamente van a  tener la misma celeridad y el mismo principio de justicia?

¿Cuáles son los artículos que contradicen los principios internacionales sobre participación social?

La participación social es la vinculación que tiene toda la sociedad porque los ciudadanos tenemos el poder y damos el poder a las autoridades. Por eso afecta derechos fundamentales, desde la Declaración de 1789 que habla del principio de legalidad nos enfrenta a un rompimiento de derechos fundamentales. Y eso de cajón va con la participación que yo tenga, ya lo estamos viviendo incluso sin que esto entre en vigencia. Hoy los periodistas tiene que pensar bien lo que van a decir, por miedo, hay un miedo latente a indemnizaciones millonarias o que se clausure al medio o que se le imponga una multa. Sentimos que debemos tener cuidado en dar un criterio porque penosamente se es tomado como opositor, cuando se busca dar opinión sobre la mala estructuración del Código. Esto es un retroceso, y este Código va a hablar por sí solo, déjenlo que entre en vigencia el 10 de agosto y van a ver todas las contradicciones, lagunas y vacíos, y el eterno perdedor es el pueblo ecuatoriano. No va a disminuir el índice de delincuencia. Lo que va a pasar es que la gente se calle, no analice.

Indique qué artículos en particular pueden ser usados contra quienes ejerzan su derecho a la protesta social.

El artículo 348, la incitación de la discordia a los ciudadanos. El 343, insubordinación; y podríamos hablar en general este gran grupo que está en el capítulo sexto de los delitos contra el Estado constitucional. Podríamos ver la sedición, actos hostiles contra el Estado. Que son tan amplios. Porque norman actos de hostilidad o conflictos armados. Pero qué se entiende por hostilidad. Y tiene una pena de 10 a 13 años. Esto puede ser un grupo de personas que protesta y que incluso por evitar el control policial, salen corriendo desesperados y puedo tomarlo con un acto hostil. Ese es el 339. En tal caso defina qué es el acto hostil, cuando hay delito por paralizar servicios públicos, que es entendible, pero el acto de protestar… se mantiene la apología del delito, es igualita pero con prisión pese a que la ponen como contravención. La apología ya ha salido de códigos penales en el mundo porque transgrede la libertad de expresión: la persona que haga apología de un delito o de una persona sentenciada por un delito…

El Código va a hablar por si solo cuando se aplique. Se han desnaturalizado los derechos humanos, el derecho penal en sí mismo y nuestra Constitución ha sido totalmente transgredida. Así de grave es a lo que nos vamos a enfrentar, en el ejercicio de la libertad, de las profesiones. El delito que habla de la revelación del secreto es terrible porque es lo que se conoce como un delito de peligro. Incluso para periodistas; el 171, la persona que teniendo conocimiento por su estado u oficio por su profesión revele un secreto, no dice información reservada, solo un secreto cuya divulgación pueda, no que afecta, sólo que pueda causar daño, tiene de seis meses a un año. Es contrario a la mínima intervención penal, vaya a ver cómo se va a aplicar con la palabra "pueda", no que afecte sino que pueda afectar. Aquí es sólo secreto no confidencial. Este Código ha demostrado que las decisiones políticas hoy parece que valen más que lo jurídico, lo político debe respetar lo jurídico. Pero ahora es una decisión política y va más allá a la Constitución. Y  no sólo va a que la protesta social sea criminalizada sino que estamos perdiendo nuestro Estado de Derecho.

Ramiro Ávila
Constitucionalista, catedrático e investigador de la Universidad Andina Simón Bolíva

¿En qué partes del COIP crees que hay un peligro para la plena vigencia de los derechos humanos?

En varias partes. Si ves la parte de los procedimientos, hay algunos juicios abreviados o rápidos, que lo que hacen es condenar a las personas en poco tiempo. Es una máquina de represión, que por ese tiempo abreviado puede amenazarse al debido proceso, el derecho a la defensa. En los procedimientos también se ha incorporado la posibilidad de negociar la pena. Es decir, si eres fiscal dices a la persona procesada que vas a ponerle una pena menor si es que admite responsabilidad. Lo que eso significa es que la presunción de inocencia prácticamente se elimina. Porque la idea de presunción de inocencia, trataba de revertir toda una época de la Inquisición que la humanidad vivió por centenas de años. La presunción de la inocencia era que la carga de la prueba la tenía el Estado y en concreto la Fiscalía.

Mientras el Estado no pruebe, se suponía que uno es inocente. Ahora, con la negociación que se establece en los juicios cortos, la idea es que el fiscal va a presionar y va a decir al detenido que si no admite responsabilidad el fiscal va a pedir una pena máxima. Y el detenido va a admitir eso a cambio de una pena reducida. Igual pasa en Estados Unidos. Hemos aprendido lo peor de los Estados Unidos.
En lugar de tener presos sin sentencia vamos a tener muchas sentencias y rápidas. Y bajo la premisa de que se te presume culpable y no hay que probar que eres culpable, sino que tu propio testimonio va a servir para aplastarte. Esa me parece una de las instituciones más graves. En la parte sustantiva penal me parece que se han multiplicado los tipos penales y las penas. Eso significa que vamos a tener hacinamiento y más posibilidad de que la Policía tenga discrecionalidad para investigar y decidir a quién lleva hacia los fiscales y los jueces penales. Cada que se abre un tipo penal se abre la posibilidad de un hecho más que puede ser investigado por la Policía. Estoy convencido de que todos los casos que llegan a la Función Judicial son llevados por la Policía y no son los que se tramitan por denuncias. Más poder para la Policía, más poder para controlar a la sociedad.

¿Cuál es la teoría penal que anima a este código?

El Código Penal tiene varias teorías. Si se ve la primera parte, donde están los principios es una maravilla, es garantista. Están los principios de mínima intervención, los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, el debido proceso… Eso está bien, pero creo que el problema viene en otras instituciones. Ahí existe el funcionalismo penal, quiere decir esto que lo que importa es proteger los intereses del Estado y no los derechos de las personas. Eso se devela en varios tipos penales.
Por ejemplo todos los artículos que supuestamente protegen los derechos del buen vivir, cuando se sanciona si no se tiene la autorización del Ministerio del Ambiente para talar árboles. No es la tala de árboles lo que se sanciona sino el derecho del Estado a dar autorizaciones. Lo que se incentiva es que haya policías que están interviniendo en el control público del Estado. Entonces hay intervención de celulares, policías que se hacen pasar por delincuentes para tratar de desmantelar bandas y eso, pero en el fondo vas a tener policías con licencia para cometer delitos y eso se llama funcionalismo penal. Este protege al Estado, a la norma, no protege a la gente.

¿Qué artículos pueden ser usados contra quienes ejercen el derecho a la protesta?

El tipo penal del terrorismo es clarísimo. Son tipos penales abiertos y escapan de la definición admitida por Naciones Unidas de lo que es terrorismo. Hay tipos abiertos que se consideran terrorismo, como poder encasillar a marchas que no tienen autorización del Estado, en la idea de seguridad nacional…

Hay ideas muy ambiguas, en todo esto se puede encuadrar la idea de poder reprimir protestas o formas de protestas que no son las convencionales. Porque lo que quiere el Gobierno son protestas en las cuales pidas autorización a la Intendencia, en las cuales camines por la vereda, que estés en un parque…

Frente al derecho internacional, cuáles crees que son las principales contradicciones del Código.

Hay que reconocer que todo el Estatuto de Roma, que son los tipos penales internacionales creados para combatir la impunidad contra delitos graves y colectivos, están en el Código: etnocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra… El problema está más bien en lo local. Si se fija uno en la estadística es posible darse cuenta de que los delitos que son perseguidos en Ecuador son tráfico de drogas, delitos contra la propiedad y delitos de abuso sexual y contra la vida. Y los delitos de droga y contra la propiedad los comete la gente más marginal de la sociedad.

Por eso el sistema penal es excluyente y marginalizador. Ahí está el problema. Podrás meter cualquier cantidad de delitos, podrás decir que están combatiendo el crimen o lo que sea, pero en el fondo y en la práctica se está criminalizando a la pobreza. Esta es la gente que está en las cárceles ahorita.

Ramiro Román. Penalista, ha ejercido el derecho en defensa de víctimas de casos de lesa humanidad, como en el caso Restrepo

¿Cuál es la teoría penal que inspira el articulado que se refiere a la protesta social?

Hay dos frentes: el control social criminológico se hace con "vigilar y castigar", pero aquí tenemos inquisición pura. Los inquisidores se quedan cortos. En la Inquisición había la teoría del "chivo expiatorio" y debemos entender que lo que se ha hecho en el nuevo Código Penal es tratar en forma criminológica un problema para todos. Se está tratando de romper el esquema social de todos para llegar solamente a grupos que consideran que tienen que ser estigmatizados. Esta estigmatización se verifica en una criminología inspirada en ciertas tendencias del derecho norteamericano, lo que se denomina "discurso cool". También hay claras influencias de escuelas penales del nacionalsocialismo alemán y del fascismo italiano. Estas escuelas, que explicaron el determinismo en derecho penal, como por ejemplo, el formulado por Enzo Ferri, fueron la base del fascismo de Mussolini y tuvieron influencia en Estados Unidos. Es la criminología de la estigmatización y el control social. Su supuesto es crear personajes a los que se estigmatiza por medio de adjetivos que pretenden prevenir a los demás. Es el control social por medio de la "prevención social positiva": por medio de un caso se pretende el control de toda la sociedad. Es el caso de ‘Bonil’, Cléver Jiménez y otros: son puntos de partida de operaciones de este tipo. Se preparó este camino desde cuando se redactó la Constitución.

En lo referente a la protesta social se apuesta a la estigmatización contra partidos políticos o hasta contra los abogados. El nuevo Código, al hablar de los roles y aplicar el "derecho penal del enemigo" que fue una teoría nazi, que luego pasó a España y de ahí ha llegado a nosotros. El "derecho penal del enemigo" establece que hay que identificar grupos especiales a los cuales se ataca o enfrenta para aislarlos y castigarlos. Es la criminología estalinista también, que usaba la Fiscalía para encarcelar personas. La Policía Judicial responde al Ejecutivo al igual que la Fiscalía. La inspiración ideológica viene de los regímenes totalitarios del siglo XX. Ya desde los tiempos de Febres Cordero y Velasco Ibarra hubo normas penales inquisitivas y fascistas. Antes se perseguía con cárcel a los estudiantes y profesores. Las dictaduras militares nos dejaron decretos con fuerza de ley que establecieron el sabotaje y el terrorismo. Ahora han extendido ese control a los periodistas, a los médicos y hasta a los abogados. Se busca el control de todas las personas que han estudiado y tienen una opinión y por ello aspiran a llevarnos a la cárcel. Hay un sistema represor.

¿Cuáles cree usted que son los artículos más peligrosos para la vigencia de los derechos humanos y las libertades individuales?

Sobre este tema pienso que en el Código Penal se ha realizado una expansión del derecho penal. Esto significa que el derecho penal empieza a expandir penas y tipos y por ello restringe derechos, garantías y principios. En el derecho procesal penal se da a la Fiscalía todas las atribuciones para seguir procesos penales por instrucciones del poder. Esto lo prepararon desde el artículo 195 de la Constitución de Montecristi, por el supuesto sistema "acusatorio de las partes". El Ejecutivo, con esas normas, puede controlar la administración de justicia, pues el juez debe hacer lo que el fiscal le pide. Lo que se busca es un control social. En mi criterio, con estos códigos, van a tener que hacer reformas en menos de un año. Por ejemplo, en el caso de los médicos se habló de "deber objetivo de cuidado" "resultado de muerte" y omitieron aspectos que permitirán al juez simplemente suponer la "causalidad hipotética" entre las dos cosas, con el resultado de que pondrán en la cárcel a los médicos.

Esto se llama "Estado de represión" no Estado de derecho. Se crean paradigmas por medio de la propaganda, al estilo de Goebbels, como han hecho en el caso del 30S. Se siguen juicios a periodistas ya sea por daño moral y se les obliga a pedir perdón como en tiempos de la monarquía que establecía la jerarquía "Dios-Rey-Ley".

Se habla mucho de clericalismo y creo que nos estamos olvidando de García Moreno y su panóptico. Se ha copiado el causalismo.

¿Cuáles son los artículos que contradicen los principios ¿nacionales e? internacionales sobre participación social?

Hay muchos artículos que se refieren a esos temas. Por ejemplo los articulados que hablan de los derechos al honor, que mantienen la institución del desacato. Todos los delitos que se refieren a los delitos contra la administración pública. Se establece que haya personas a quienes se les sigue un juicio y no pueden estar presentes en el juicio, como aquellos que se pueden seguir en ausencia del acusado. En los delitos que se refieren al derecho penal económico ampliaron hacia el funcionalismo muchas partes, pero en delitos organizativos establecieron culpabilidad en los llamados delitos especiales de función.

Hay un capítulo de seguridad pública: se ha establecido una contravención contra la seguridad pública, se puso un capítulo que define el terrorismo pero se podría utilizar contra todos los opositores. Los tipos penales están listos para ir contra el derecho a la resistencia previsto en la Constitución. Quien ya no tiene permiso del intendente ya no puede hacer marchas por ejemplo. A partir del artículo 367 y otros del nuevo Código está este tipo de normas. Se aplicará también que al haber "alarma social" ya se puede aplicar el derecho penal.

En la sección segunda del Código de Procedimiento se ven claramente los allanamientos, hay capítulos enteros copiados del Código Penal al de procedimiento. Y antes de que estén en vigencia esas normas ya están dando los ejemplos de lo que puede pasar. En los artículos que se refieren a las técnicas de investigación se norma la criminalística que debe ejercer la Policía.

Indique qué artículos en particular pueden ser usados contra quienes ejerzan su derecho a la protesta social.  

En los artículos referentes a las técnicas de investigación hay una clara aplicación que puede afectar la protesta social. Hay aspectos como "entregas vigiladas", "trámites de cooperación" que son básicamente informantes que pueden infiltrar procesos sociales, se prepara en esas normas un Estado policial. Hay que revisar los artículos 491 y siguientes hasta el 500, donde se ve qué pasa con operaciones protegidas y encubiertas, la reserva judicial, entre otros aspectos. Una persona puede estar investigada por varios años de forma reservada sin que la persona se defienda. Tienen todas las posibilidades de control social con estos articulados. Los soplones, por ejemplo, podrán recibir "concesiones de beneficios de cooperación", tal como está en el Código. Estas normas las han traído de otros lados: desde el 491 y siguientes todos pueden ser usados contra quienes ejerzan su derecho de protestar. Se establecen delitos plurales contra dos o más personas que podrán ser usados contra quienes estén contra el Gobierno. Se permite incluso la contra de información. Hay un control fascistoide y de influencia norteamericana también.

Luis Saavedra. Activista por la defensa de los derechos humanos.

¿Cuál es la teoría penal que inspira el articulado que se refiere a la protesta social?

La Constitución del Ecuador establece un sistema punitivo garantista, el cual debía ser plasmado en el nuevo Código integral Penal (COIP); sin embargo, el COIP aprobado no está inspirado en un sistema garantista o derecho penal de libertades, sino que, en muchos de sus articulados, se plasma una visión jacobina, es decir, se denota la transversalización de la teoría del "Derecho Penal del Enemigo", pues, quien no se ciñe a un comportamiento social determinado por el Estado, debe ser castigado. Además, en varios artículos, como en el 345 (sabotaje), podemos apreciar como el sistema penal ecuatoriano se ha inclinado por el derecho penal de autor que castiga al sujeto por tener una categoría, posición social o ideas políticas diferentes, que pueden traducirse en acciones, como cierre de vías, entre otras.

¿Cuál cree usted que son los artículos más peligrosos para la vigencia de los derechos humanos y las libertades individuales?

La mayoría de los delitos incorporados al capitulo 6 denominado "Delitos contra la estructura del Estado Constitucional" que van desde el artículo 336 hasta el 365, en donde tenemos tipos penales como el 336, Rebelión, el 345 Sabotaje, el 346 "Paralización de un servicio público", el 348 "Incitación a discordia entre ciudadanos " o el 366 "Terrorismo".

El artículo 182 sobre las calumnias, que podría vulnerar el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión.

Algunos de los delitos establecidos en el capítulo 4 denominado "Delitos contra el ambiente, la naturaleza o Pacha Mama", en donde pueden encasillarse conductas propias de la cosmovisión indígena en ejercicio de sus derechos colectivos.

¿Cuáles son los artículos que contradicen los principios e internacionales sobre participación social?

Pienso que los 283, 336, 345, 346, 348, y 366.

Indique qué artículos en particular pueden ser usados contra quienes ejerzan su derecho a la protesta social.

Hay varios artículos como el 283, "Ataque o resistencia"; el artículo 336 "Rebelión ", el artículo 345 referido al Sabotaje, el artículo 346 de la Paralización de un servicio público, el artículo 348 de la Incitación a discordia entre ciudadanos o el artículo 366 referido al Terrorismo.

 

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