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31 de Julio del 2017
Historias
Lectura: 22 minutos
31 de Julio del 2017
Pablo Ospina

Académico, politólogo

Los dos meses de Moreno: la tormenta imperfecta

Foto: Presidencia de la República

La reunión del Presidente con diversidad de líderes políticos mostró con hechos un cambio de política, que fue de la confrontaciónv al diálogo.

 

El principal problema que Moreno enfrenta para hacer una defensa decidida e incondicional de Jorge Glas no es tanto una antipatía o incluso una posible pugna de liderazgo. El problema reside en la debilidad política de su gobierno y cómo una campaña de protección desembozada puede debilitarlo más. En efecto, cada nueva revelación de información proveniente de fuentes internacionales se convierte en un nuevo sobresalto.

Tres cadenas de acontecimientos marcaron con su sello inconfundible los dos primeros meses del gobierno de Lenin Moreno. Todas ellas están, por supuesto, estrechamente interconectadas. Este informe propone una interpretación de sus relaciones e interconexiones. La primera es el conjunto de caudalosas y explosivas denuncias de corrupción en la adjudicación de obras de infraestructura durante el decenio pasado, las más importantes de las cuales apuntan a minar el prestigio y la posición del vicepresidente reelecto, Jorge Glas Espinel. La segunda es el conjunto de tormentosas y encendidas controversias públicas entre Rafael Correa y el nuevo presidente de la República, Lenin Moreno, principales dirigentes de Alianza País, disputas abiertas bastante inusuales en el pasado. La tercera es el llamado al diálogo, la concertación y el consenso, como la marca de un publicitado “nuevo estilo” de gobierno, luego de años de un presidente empeñado en promover la confrontación y la polarización tanto a su izquierda como a su derecha.

Rafael Correa llamó “tormenta perfecta” a la combinación de la caída de los precios del petróleo,1la reducción de la disponibilidad de créditos internacionales y apreciación del dólar . Su intención era dejar sentado que la crisis económica (a la que se negó siempre a llamar con ese nombre) iniciada en 2014 era una turbulencia proveniente de choques externos en las que su gobierno no tenía responsabilidad. Lo cierto es que desde 2014, e incluso desde antes, las cifras de reducción de pobreza y desigualdad habían empezado a estancarse e incluso a involucionar2. El gobierno rechazó que se dijera que las mejoras en esos indicadores sociales entre 2007 y 2013 se debían a circunstancias internacionales favorables que empezaron antes de la revolución ciudadana, desde el año 2002, y que mejoras similares han ocurrido en otros países latinoamericanos, independientemente de si tenían o no gobiernos progresistas 3 . Pero ahora que empezaron a desmejorar conforme la situación internacional empeora, el argumento de causas internas se debilita más: si los factores internacionales eran menos importantes, el ritmo hubiera podido disminuir pero alguna mejora debió mantenerse.

Desde inicios de la campaña electoral, cualquier observador medianamente informado podía prever la futura ruptura entre el entonces candidato y el caudillo de la revolución ciudadana. Pero nadie imaginó que sería tan rápida y fulminante.

Aunque los dos primeros meses del nuevo gobierno son tormentosos, la turbulencia carece de “perfección”. Junto a las tribulaciones de las divisiones internas y el vendaval de las denuncias de corrupción destaca un llamado al diálogo y la concertación nacional que simula un remanso de calma y tranquilidad en medio de aguas agitadas. Lenin Moreno creó un consejo consultivo en asuntos tributarios donde convocó a los más destacados representantes del empresariado nacional, muchos de los cuales han criticado el débil compromiso que el proyecto gubernamental de Alianza País ha mostrado con el libre mercado. Llamó a la integración de una comisión parcialmente independiente (hay en ella tres ministros y varias figuras cercanas al gobierno) de apoyo a la lucha contra la corrupción. Se reunió con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y renovó un contrato de comodato del edificio que ocupa en Quito, un acuerdo que el gobierno anterior quiso terminar. En estos dos meses, Moreno concedió indulto a seis dirigentes sentenciados por terrorismo y otros delitos contra la seguridad del Estado por participar en protestas y buscó un acuerdo con la Universidad Andina Simón Bolívar a la que el gobierno anterior negó la entrega de fondos públicos a las que tenía derecho desde mayo de 2016. Se reunió con los alcaldes opositores de Guayaquil, Cuenca y Quito y con casi todos los candidatos presidenciales contra los que compitió en las elecciones de febrero. Se reunió con los militares para asegurar que respeta y quiere fortalecer el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y que no desea más protección que la que ellos le puedan proporcionar, en referencia a dos conflictos recientes del gobierno anterior. Una actitud de apertura y diálogo que marca una distancia sensible con el estilo confrontador e intransigente de su antecesor, estilo que impuso a toda su administración. ¿Cuestión de formas? Lo cierto es que ese remanso de calma pareció desatar una tormenta.

Desde inicios de la campaña electoral, cualquier observador medianamente informado podía prever la futura ruptura entre el entonces candidato y el caudillo de la revolución ciudadana. Pero nadie imaginó que sería tan rápida y fulminante. Los motivos de la crítica pública de Rafael Correa al gobierno de Lenin Moreno han sido asombrosamente ecuménicos: abarcan casi todo y cualquier cosa. Incluyen los anunciados cambios en algunos de sus proyectos más mimados, como la costosa “ciudad del conocimiento” en un valle semi-seco de los Andes del norte, con su centro en una proyectada universidad de élite, “Yachay-Tech”, y algunas decisiones totalmente alejadas de todo proyecto estratégico para el país como el desvío de unos fondos dedicados a un festival artístico en la ciudad de Loja, en los Andes del sur, para dedicarlos a la construcción de un camino. El ex -presidente hizo público su “desaire” por la decisión del nuevo presidente de prolongar el contrato de entrega del edificio a la CONAIE, que él había insistido en retirar con el argumento de que se dedicaba a actividades políticas; pero también criticó que el gobierno suspendiera, en razón de las protestas del gobierno peruano, la construcción de un muro y un parque en una ciudad costeña de la línea fronteriza.

Así, de modo paradójico, el mismo protagonista que impuso a su movimiento político la regla de evitar la discusión abierta de discrepancias internas, se volvió el principal adalid de una escalada de acusaciones públicas que terminaron en un cruce de insultos: Correa llamó “desleales” y “mediocres” a quienes buscaban diferenciarse de su gobierno; Moreno acusó de tener “actitudes ovejunas” a personas 4que no nombró y de tener “síndrome de abstinencia del poder” a su antecesor . Cuando pronunció su encendido último discurso en el país, desde el aeropuerto, ante seguidores que fueron a despedirlo, entre los que se encontraban Jorge Glas (vicepresidente) y Gabriela Rivadeneira (secretaria ejecutiva del partido), sus seguidores cantaban el estribillo de “fuera Moreno, fuera”. Poco después, cuando Rafael Correa cruzaba el océano hacia su morada en Bélgica, en una reunión con el Frente Anticorrupción que había creado hace poco, el presidente Moreno criticó la “falta de mesura” en el gasto público y el estado en que encontró la caja fiscal. Era una declaración pesada de implicaciones porque echaba tierra sobre todo el discurso gubernamental que durante la campaña electoral minimizó la crisis económica y habló constantemente de recuperación luego de la “tormenta perfecta” venida del exterior. El nuevo presidente dijo que la “mesa no estaba servida” ni lista para el banquete, en referencia a una declaración de su antecesor de que dejaba la casa en orden y solucionados los grandes apremios económicos que lo aquejaron durante los dos últimos años5.

La corriente de fondo detrás de la ruptura es, por supuesto, que un movimiento político tan heterogéneo, nacido sin pasado y construido desde el gobierno, solo pudo preservar su aureola de unidad por la represión sistemática de las disidencias gracias a un liderazgo fuerte e intransigente.

¿Cómo entender este vendaval de enfrentamientos públicos tan inusuales en la corta vida de Alianza País? La corriente de fondo detrás de la ruptura es, por supuesto, que un movimiento político tan heterogéneo, nacido sin pasado y construido desde el gobierno, solo pudo preservar su aureola de unidad por la represión sistemática de las disidencias gracias a un liderazgo fuerte e intransigente. Ahora, sin embargo, ese liderazgo intransigente está separado del manejo de los recursos del poder gubernamental. Las tendencias centrífugas (heterogénea composición política) y centrípetas (control vertical desde el centro) están ahora fatalmente disociadas.

La heterogénea diversidad política fue un problema que desplegó sus sombras sobre Alianza País desde su nacimiento, pero ahora se presentó mucho más rápido de lo esperado. ¿Qué cosas lo precipitaron? Lo primero a notar es que en el conflicto no han emergido discrepancias ideológicas. Por ejemplo, Rafael Correa no hizo ninguna crítica a las declaraciones del Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, de que iniciará negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos (aunque rehusó llamarlo TLC)6. Tampoco mostró ninguna objeción pública al hecho de que Lenin Moreno nombrara como ministro de petróleos a un importante funcionario de la transnacional privada Halliburton, o Ministro de Turismo a un ex - ejecutivo de la compañía Decameron, la transnacional de establecimientos hoteleros “todo incluido”. Lo más cercano a un posicionamiento ideológico en la trifulca pública concierne la educación superior. Augusto Barrera, el nuevo Secretario de Ciencia y Tecnología no solo criticó sino que hizo demostraciones públicas de su disgusto por los gastos faraónicos del proyecto universitario de Yachay que hubieran podido servir para fortalecer las escuelas politécnicas existentes, e insinuó muy directamente que en el conflicto con la Universidad Andina, se usó la ley como “arma de persecución”7. En este campo el gobierno anterior apostó por presentarse como el gran reformador y modernizador que consideraba a la universidad como el eje de la nueva economía del conocimiento. Más que cambios de fondo, porque en este campo no se han tomado todavía decisiones trascendentes, lo que parece indignar al caudillo es el ataque a la imagen simbólica de un gobierno visionario empeñado en proyectos costosos pero futuristas.


Jorge Glas es la piedra en el zapato del gobierno de Lenín Moreno. Pero el presidente no ahonda en la ruptura por su gobierno es débil.

En realidad, los factores que precipitaron la borrasca política parecen de otra naturaleza. La primera crítica pública de Rafael Correa a su sucesor estuvo relacionada con la corrupción. No le pareció apropiado que el presidente Moreno convocara a la creación de una “comisión ad hoc” para el combate a la corrupción cuando, en su opinión, la institucionalidad creada durante su gobierno era más que suficiente para enfrentarla. Días antes de que se convirtiera en un conflicto abierto, su primera intervención pública como ex-presidente a través de redes sociales había sido un comentario sobre el operativo judicial y policial que detuvo a seis personas y allanó el domicilio del entonces Contralor General del Estado en funciones, Carlos Pólit, en el marco de las revelaciones internacionales del caso Odebrecht. El comentario alertaba que ese operativo no podía considerarse un éxito del nuevo gobierno sino del suyo8. Llegó a decir que varios implicados llevaban meses vigilados, lo que es un contrasentido porque, si lo estaban, no se explica que el operativo se realizara justo cuando Pólit estaba de viaje en Miami. Lo importante a retener de esta secuencia es que sirven como indicio de cómo empezó la escalada de acusaciones mutuas entre el presidente y el ex-presidente.

La acusación más dura contra Moreno, fuera de insinuar que era desleal y mediocre, fue que pactaba con figuras del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), del ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz (1996-1997), al que le habría entregado el manejo de las empresas eléctricas (Correa afirmó que era algo “confirmado”) . Sobre todo, Rafael Correa no aceptaba que Moreno se reuniera con el ex-candidato presidencial, Abdalá Bucaram Pulley (hijo de Bucaram Ortiz), que era uno de los principales acusadores y enemigos de Jorge Glas, la figura política más prominente mencionada en los escándalos de corrupción y el blanco de los ataques de la oposición.

La acusación de una alianza con el PRE es curiosa10 pero la referencia a Jorge Glas sugiere el verdadero motivo de conflicto: que la defensa del vicepresidente no está siendo todo lo decidida y enérgica que el ex presidente Correa considera que debe ser. En otras palabras, el eje central por el que pasa el conflicto político interno en Alianza País no es ideológico sino el de la protección de la figura de Glas, emblema político, encargado de las principales realizaciones en infraestructura y principal operador durante la segunda presidencia de Rafael Correa (fue el encargado, por ejemplo, de la reconstrucción de la provincia de Manabí luego del terremoto de abril de 2016).

De todas las decisiones pendientes, la más compleja es cómo se financiará el gigantesco déficit fiscal estimado en el 7,5% del PIB en 2016 cuando no puede devaluar y debe cumplir con costosas ofertas de campaña.

El principal problema que Moreno enfrenta para hacer una defensa decidida e incondicional de Jorge Glas no es tanto una antipatía o incluso una posible pugna de liderazgo. El problema reside en la debilidad política de su gobierno y cómo una campaña de protección desembozada puede debilitarlo más. En efecto, cada nueva revelación de información proveniente de fuentes internacionales se convierte en un nuevo sobresalto. Los tres casos más importantes en que colaboradores cercanos a Glas se han visto involucrados, el de los sobornos de la empresa de supervisión de obras Caminosca, el de los sobreprecios en la construcción de la Refinería del Pacífico y el de las denuncias por las construcciones de obras en sectores estratégicos por parte de Odebrecht, usan todos información disponible en fuentes internacionales: un juicio y un arbitraje en Miami, los “papeles de Panamá” y las delaciones de Marcelo Odebrecht y sus secuaces en Estados Unidos y Brasil. Esto no es casualidad. Es información cuya filtración el gobierno no puede controlar y a la que tanto la prensa como la oposición política pueden acceder por sus propios medios. Un ejemplo. Las detenciones e informaciones sobre personas involucradas en el escándalo de sobornos de Odebrecht hasta ahora han incluido revelaciones sobre transferencias de menos de 15 millones de dólares, la mayoría de ellos a un tío de Jorge Glas, según información de la Fiscalía, por sus contactos con un alto funcionario del gobierno todavía no revelado. Pero la información disponible al momento es que los sobornos pagados por Odebrecht alcanzaron los 33,5 millones de dólares mientras el Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno, adelantó que seguramente superan esa cifra. En otras palabras, hemos atravesado menos de la mitad de la temporada de tempestades.

En esas circunstancias, la defensa de Jorge Glas reviste para Lenin Moreno una serie de dificultades objetivas. La estrategia de acercamiento a la oposición, de apertura al diálogo, de reuniones ecuménicas y de moderación del aparato de publicidad gubernamental, ha sido hasta ahora muy exitosa para un gobernante que ganó las elecciones muy estrechamente y necesitaba ampliar su base de apoyo. Pero esa estrategia deberá acompañarse de acciones y no solo de anuncios. Moreno ha señalado que reformará la Ley de Comunicación, pero no ha señalado qué modificaciones hará. Sus colaboradores han dicho que flexibilizarán las modalidades de contratación de los trabajadores pero que no cederán ante la flexibilización laboral. Ha dicho que reformará la Ley de Plusvalía, que provocó manifestaciones hace dos años, pero no se sabe en qué términos. El Ministro de Finanzas anunció que el gobierno asumirá parte de los costos de la seguridad social de las empresas exportadoras (algo que llamó “devaluación fiscal”), pero no ha dicho dónde recortará gastos para financiar ese subsidio. La estrategia de diálogo tiene fecha de caducidad y el tiempo juega en contra del gobierno: abre expectativas pero debe ser refrendada con acciones. Y cuando se tomen las decisiones, se cargarán las nubes de tormenta.

De todas las decisiones pendientes, la más compleja es cómo se financiará el gigantesco déficit fiscal estimado en el 7,5% del PIB en 2016 cuando no puede devaluar y debe cumplir con costosas ofertas de campaña como viviendas gratis, aumento del bono de la pobreza y entrega de un nuevo bono por jubilación a los mayores de 70 años. La carta del endeudamiento agresivo, jugada por Rafael Correa como estrategia para retrasar el ajuste también parece estar llegando a sus límites objetivos: una reciente estimación sitúa la deuda total, incluyendo la que se oculta mediante subterfugios, en 59 mil millones de dólares 15 . Uno de los subterfugios más perversos para ocultar la deuda se revirtió en los primeros días del gobierno de Lenin Moreno en un confuso incidente que implicó la intervención policial en la sede de la Contraloría General de la Nación. Un informe firmado por el Contralor subrogante (hoy titular), Pablo Celi, el 29 de mayo de 2017, ordenaba que se debía restituir a las cuentas públicas los 2 mil 500 millones de dólares de deuda del Estado al fondo de salud de la seguridad social, una deuda que Rafael Correa había ordenado borrar de los balances con el argumento de que no había un reglamento para determinarla. Era el aporte estatal obligatorio para el pago de enfermedades catastróficas previsto en la ley.

8.133

 

millones de dólares pagó el gobierno en el 2016 por servicio de la deuda externa.

El monto de la deuda es bastante elevado y de corto plazo, por lo que el pago de intereses y amortización se ha vuelto un problema fiscal mayor, pues su pago pasó de 4.935 millones de dólares en 2014 a 8.133 millones de dólares pagados en 2016, es decir, equivalentes al déficit fiscal de 2017 completo. Y aquí reside el último componente del tormentoso conflicto entre Rafael Correa y Lenin Moreno. Si la situación fiscal y económica obliga a medidas de ajuste y recorte fiscal, ¿cómo se pueden justificar esas medidas si el discurso oficial insiste en la recuperación, el manejo exitoso y creativo de las dificultades y se niega a llamarlo crisis? Es difícil imaginar que las discusiones sobre la situación de la caja fiscal no hayan sido parte de las conversaciones privadas de ambos dirigentes. De hecho, como vimos, Moreno criticó la “falta de mesura” de su predecesor en el manejo de las cuentas fiscales. El problema excede la simple voluntad de mantener buenas relaciones con el líder máximo.

Un gobierno con una base social y electoral más débil, como el de Moreno, carente de los fondos públicos necesarios para alimentar la recomposición de una base social propia, ¿puede darse el lujo de mantener la polarización política y el enfrentamiento asfixiante con enemigos reales e inventados? Tiene la angustiosa necesidad de un capital político para enfrentar la crisis y para enfrentarla no parece tener más opciones que enrrostrar una parte de la responsabilidad por la situación al gobierno anterior. Una poderosa excusa para alimentar tempestades. A menos, por supuesto, que el precio del petróleo y el resto de materias primas que el país exporta sufran una milagrosa recuperación, el dólar empiece a devaluarse y la deuda pueda seguir abultándose indefinidamente. Es decir, si vuelven las condiciones internacionales que hicieron posible el progresismo en toda su mítica ambivalencia.

Análisis de Coyuntura del autor,  del Centro Ecuménico de Proyectos, que cuentan con el auspicio de Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst (Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo), Berlín, Alemania.

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