Ya hay por lo menos tres listas. Se trata de las presentadas por la Comisión Nacional Anticorrupción de los movimientos sociales, por el colectivo Vigilancia Ciudadana, cercano a CREO y por el colectivo Mesa de Convergencia, cuyo portavoz es Boris Cornejo, principal de la Fundación Esquel. 

Se trata de un grupo de personas, que en su mayoría tienen formación como abogados, cuyos nombres han sido sugeridos al Gobierno para integrar las ternas que el presidente Lenin Moreno debe remitir a la Asamblea Nacional. En total, el presidente deberá escoger 21 nombres, pues el Consejo tiene siete asientos y para cada uno debe proponer tres personas. 

En una rueda de prensa en un hotel del norte de Quito, los integrantes de la Comisión Anticorrupción presentaron sus postulaciones. Se trata de Julio César Trujillo, Enrique Ayala Mora, María Arboleda, Luis Macas, León Roldós, Enrique Galarza, Luis Reinoso, Martha Roldós, Zobeida Aragundi, Andrea Rivera, Fernando Vega, Lourdes Tibán y Germán Rodas. Los trece nombres, aclararon los comisionados, son una sugerencia que ponen en consideración de la ciudadanía. Al mismo tiempo, presentaron un comunicado en el cual explicaron su postura frente a la situación del país y comentaron algunas de las medidas que, en su criterio, debe tomar el presidente Moreno. 

La Comisión Anticorrupción propuso a Julio César Trujillo (centro) entre otros para el Consejo transitorio. 

Otro colectivo que presentó nombres fue la Mesa de Convergencia, que agrupa a varias organizaciones no gubernamentales bajo la coordinación de la Fundación Esquel. 

Según la Mesa, su propuesta está conformada por personas con compromiso ético y reconocida trayectoria profesional. Así, mocionaron a Juan Pablo Albán, Mariana Alcívar, Zobeida Aragundi, María Arboleda, José Astudillo, Ramiro Ávila, José Ayala Lasso, Silvia Buendía, Alfredo Corral Borrero, Nelsa Curbelo, Manuela Gallegos, Solanda Goyes, Juan Esteban Guarderas, Leonor Jiménez, Luis Maldonado, Esperanza Martínez, Sybel Martínez, Lenín Paladines, Pablo Piedra, Martha Roldós, Julio César Trujillo, Nina Pacari Vega, Fernando Vega y Juan Vizueta. 

De su lado, la organización Vigilancia Ciudadana presentó 16 nombres, entre los que constan Gonzalo Simba, Solanda Goyes, Medardo Oleas, Carla Escobar, entre otros. 

De esta manera, hay sobre el tapete 53 nombres, de los que 28 son abogados, y el resto provienen de otros ámbitos. Varios nombres se repiten en las listas que hasta el momento han sido planteadas: Julio César Trujillo, María Arboleda, Martha Roldós, Zobeida Aragundi y Solanda Goyes. 

De su lado, la Plataforma para la Defensa de la Democracia, liderada por Luis Verdesoto, anunció una veeduría ciudadana para el proceso de designación en la Asamblea Nacional.

Aunque hay ya varias postulaciones que han sido publicadas, el Ejecutivo no ha informado cómo escogerá las ternas, cuestión que es su potestad exclusiva. La vicepresidenta de la República, María Alexandra Vicuña, aseguró que el Gobierno está abierto a recibir sugerencias ciudadanas, pero no se ha determinado todavía cuál podría ser el mecanismo de integración de la ternas. Una vez que el Gobierno las envíe a la Asamblea Nacional, las ternas deberán ser tramitadas por el Legislativo en un plazo de 20 días. Si esto no ocurre, el cargo será ocupado por los primeros de cada terna. 

Se anunció también que el Comité Empresarial Ecuatoriano podría mocionar nombres, pero hasta el momento no han sido anunciados. 

Lo que puede o no hacer el Consejo Transitorio

Pero más allá de la integración del Consejo transitorio, la forma en la que se aplicará el régimen de transición aprobado en la consulta popular del 4 de febrero despierda dudas. 

En efecto, para la Fundación Ciudadanía y Democracia, que dirige Mauricio Alarcón, el régimen de transición tiene varios vacíos en su aplicación, y además, el Consejo que sea designado por la Asamblea Nacional no podrá evaluar ni nombrar a todas las autoridades de control, como se posicionó en un principio. 

Esto ocurre porque la "letra chica" del anexo de la pregunta 3 limitó algunas de las atribuciones del Consejo transitorio. Y es en la aplicación de este anexo que empiezan las dudas: "Cabe aclarar que el anexo no contempla si para la designación de los miembros de este Consejo se necesita una mayoría simple, absoluta o calificada de los miembros de la Asamblea. Cabe recalcar que los miembros de este Consejo transitorio también podrán ser sujetos a juicio político por parte de la Asamblea Nacional y gozarán de fuero de Corte Nacional", dice la Fundación.

Por otro lado, lo que el Consejo de transición deberá hacer es nombrar a algunas autoridades, aunque no a todas, de la actual Función de Transparencia y Control Social. Entre éstas están: el Procurador General del Estado, el Superintendente de Control de Poder de Mercado, el Superintendente de Comunicación (su periodo termina en octubre de 2018), el Defensor Público (termina en mayo de 2018), la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura (su periodo finaliza en enero de 2019),  los Defensores del cliente del sistema bancario (finalizaron su periodo en marzo de 2017),  los Representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria (su periodo termina en mayo 2018),  los Representantes de los afiliados activos y jubilados al Directorio del Banco del IESS (finalizó el periodo en abril de 2017). 

La Fundación precisó que "También quedan “sin efecto” todos los concursos públicos y procesos de designación de autoridades del Consejo de Participación que se encuentran en curso, debiendo entonces el Consejo transitorio comenzar desde cero nuevos procesos de designación" esto significará que habrá que empezar concursos para designar a tres vocales del Consejo Nacional Electoral y para la designación del Contralor General del Estado.

"El Consejo transitorio evaluará a todas las autoridades que designó el CPCCS cesado y, de considerarlo necesario, dará por terminado su mandato. Esto quiere decir que no evaluará a las autoridades nombradas por el CPCCS 2010-2015", dice la Fundación, lo que significa que podrían ser removidos del cargo funcionarios como el Superintendente de Bancos y Seguros Christian Cruz, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria Patricio Rivera, la Superintendente de Compañías Suad Manssur, el Superintendente de Ordenamiento Territorial Fernando Cordero,  el Defensor del Pueblo Ramiro Rivadeneira, el  Fiscal General del Estado Carlos Baca y algunos integrantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. 

Pero el anexo dejó fuera de la posibilidad de ser evaluados y cesados a todos los funcionarios nombrados antes de 2015, por lo que no podrán ser sometidos al Consejo transitorio cargos como los del Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa, el Superintendente de Control de Poder de Mercado Christian Ruiz , los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura (Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Elena Jiménez (suplente principalizada), Alejandro Subía (suplente principalizado), el Defensor Público Ernesto Pazmiño, algunos de los vocales del Consejo Nacional Electoral como son Nubia Villacis, Paúl Salazar y Luz Haro y los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral Patricio Baca, Miguel Pérez, Arturo Cabrera y Miguel Ángel Astudillo. Así mismo, los  Defensores y defensoras del cliente ante cada una de las entidades integrantes del Sistema Financiero, los Representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria Ruth Peñafiel, José Buñay, Jimmy Merchán, José Soriano, Diana Atamaint, Vicente Guadalupe, Verónica Conforme, Carlos Ruiz y Bélgica Bermeo; los  Representantes de los afiliados activos y jubilados al Directorio del Banco del IESS Valeria Robalino (afiliados) y Luis Cazar (jubilados). 

Los problemas legales  para la integración del Consejo definitivo

Sea como sea integrado el Consejo transitorio y luego de que tome las medidas que puede tomar por ley, queda todavía pendiente la designación de un Consejo definitivo, que, según el mismo anexo de la pregunta 3, deberá serlo por voto universal y directo. 

Para la Fundación Democracia y Desarrollo, hay varios problemas en este esquema: "El anexo de la pregunta 3 de la consulta popular establece que los miembros del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán electos por votación popular en las siguientes elecciones de autoridades de gobiernos locales. No se señala expresamente si esto será en el proceso electoral de febrero de 2019. Es necesario considerar que esta elección de consejeros requeriría una reforma legal a través de la Asamblea Nacional y el ordenamiento jurídico ecuatoriano impide la realización de reformas en materia electoral con menos de un año de anticipación a un comicio. Además, este anexo plantea una enmienda a la Constitución según la cual los partidos y movimientos políticos no podrán postular candidatos al CPCCS. Es decir, los candidatos a consejeros no podrán haber estado afiliados a ningún partido o movimiento político durante los cinco años anteriores a su inscripción como candidatos. El documento establece que además deberán tener trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana, lucha contra la corrupción o tener un reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico. El anexo de la pregunta 3 no establece bajo qué parámetros se calificarán estos requisitos. El anexo tampoco establece si los candidatos a consejeros podrán hacer campaña o cómo se financiará esta campaña, pues actualmente el CNE entrega fondos a los partidos para las campañas electorales a cada partido o movimiento político. Tampoco especifica cómo será la elección: se harán listas o serán candidaturas personales, cómo se asignarán los puestos para los siete consejeros, o si se usará alguna fórmula de conversión de votos en escaños. El anexo señala que el régimen de las elecciones del CPCCS estará contemplado en el Código de la Democracia, aunque no se establece quién es el encargado de presentar esta reforma. Este nuevo Consejo tendrá las mismas funciones que el actual Consejo de Participación Ciudadana, por lo que, a diferencia del Consejo transitorio, no podrá evaluar ni destituir autoridades. Esto quiere decir que si hay autoridades que sean nombradas durant el período de transición, éstas permanecerán en sus funciones por el plazo que la ley establece para cada cargo y solo podrán ser destituidas".

De esta manera, mucho del funcionamiento del Consejo y de la Función de Transparencia y Control Social ha quedado en la indefinición jurídica, lo que podría ser fuente de conflictos políticos y jurídicos en el futuro. 

El balance de una institución sui géneris

Para la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Función de Transparencia y el Consejo de Participación se convirtieron en un instrumento por medio del cual el Estado correísta instrumentó un auténtico secuestro de la participación ciudadana en el Ecuador.  Para la Fundación, "el proceso de designación de los consejeros fue ampliamente cuestionado: se presentaron varias impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Así mismo, el Observatorio Electoral, a través de su director, Fausto Camacho, presentó denuncias por supuestas falsedades en los documentos presentados por los consejeros. El pasado 19 de enero, Xavier Burbano renunció a su cargo como consejero por estar en desacuerdo con la pregunta 3 de la consulta popular, en la que se plantea la terminación anticipada de los cargos de los consejeros actuales para dar paso a un Consejo transitorio. Lo reemplazó en su cargo Sonia Vera. Los miembros del actual CPCCS han sido ampliamente cuestionados por su cercanía al Régimen de Rafael Correa. Según la plataforma web de la Contraloría General del Estado y las hojas de vida de los mismos consejeros, todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control social han ocupado cargos en el sector público durante el Gobierno de Rafael Correa".

En 2015, cuando tuvo lugar la conformación del Consejo que ha sido defenestrado por la Consulta Popular, varios de los postulantes para integrarlo que no fueron calificados, como Solanda Goyes, María del Pilar Troya, Aquiles Hervas y Raúl Buendía, presentaron recursos contra el concurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero estos fueron negados de plano. Hervas y los otros postulantes aseguraron en su momento que el concurso no valoró de manera adecuada los méritos de los postulantes y que se pretendió favorecer a los militantes de Alianza PAÍS, en desmedro de personas de otras vertientes políticas y sociales. 

Mecanismos sin acogida

Varios mecanismos fueron implementados por el Consejo para la participación social. Así, se organizaron veedurías, que, según datos recabados por la Fundación "en el 2016 se conformaron 214 veedurías: siete por iniciativa del Pleno del Consejo, 73 por iniciativa de autoridades, y 134 de iniciativa ciudadana. Según los informes de rendición de cuentas de años anteriores, en el año 2015 se realizaron 125 procesos de veedurías, en el año 2014 se dieron 108 procesos, en el año 2013, 92 procesos, durante el 2012 se dieron 46 veedurías y durante el 2010 se dieron 36 procesos". Las veedurías estuvieron plagadas de incidentes, como la persecusión judicial a los veedores del caso de El Gran Hermano, que terminaron demandados por el ex presidente Correa y sentenciados a un año de prisión; la prohibición que tuvieron algunos veedores de hablar de manera pública, la falta de acogida para las propuestas de los veedores, entre otros incidentes. 

Los observatorios, defensorías comunitarias y comités de usuarios,  fueron, también otros mecanismos  de la participación ciudadana institucionalizada en el Consejo, con muy poca acogida entre el público.