La renuncia fue una sorpresa, sobre todo, porque su abogado llevaba semanas negando que vaya a dejar el cargo y sosteniendo la improblable teoría de que sería liberado, volvería a su despacho y ahí sí renunciaría.

Pero la tarde del 5 de julio, la carta de renuncia de Pablo Celi, el polémico contralor subrogante de Carlos Pólit que fue ratificado en el puesto sin concurso por el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, fue entregada ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

En su carta, Celi precisó que su dimisión es de “forma irrevocable” y  para “salvaguardar los procesos institucionales de la Contraloría, ante condiciones que exceden mi capacidad de actuación, impuestas desde fuerzas interesadas en tomar el control de esta institución, que han buscado con mi arbitraria e injusta detención paralizar el organismo de control, bloqueando sus procesos, afectando a su institucionalidad y empujando al organismo a una situación de inestabilidad crítica”.

Celi agregó que su renuncia también se debe a “precautelar el funcionamiento de la Contraloría, dada la imposibilidad de acceso a información ni comunicación alguna para el desempeño de mi función de contralor”.

Consultado por El Universo, su abogado, Marcelo Ron, citó tres razones para la salida de Celi: “la primera, presenta su renuncia al cargo pensando en el país, por un principio de responsabilidad; segundo, para demostrar que él no se está aferrando a ningún cargo; y, tercero, que lo que quiere es preservar la institucionalidad de la Contraloría General de los funcionarios de la misma, porque en este último tiempo han sido expuestos a dos allanamientos, a peticiones para que rindan versiones y varias otras diligencias”.

Tras su detención en el marco del caso Las Torres, en donde la Fiscalía investiga una presunta red de sobornos que funcionaba en Carondelet, Petroecuador y la Contraloría durante el gobierno de Lenin Moreno, Celi ha pedido en varias ocasiones que se le revoque la prisión preventiva, pero esto ha sido negado por la justicia. Continúa detenido en la Cárcel 4, al norte de Quito. En esa misma cárcel, en  un aparente suicidio, perdió la vida el ex ministro de Moreno, José Agusto, quien también estaba siendo indiciado por esa misma trama. 

Celi había designado como contralora subrogante a Valentina Zárate, pero la funcionaria renunció luego de que la Contraloría fuera allanada por la Policía y la Fiscalía con la única intención de incautar su computadora y su hoja de vida, ante una denuncia de una supuesta usurpación de funciones. 

El pasado 25 de junio, desde la cárcel, el todavía contralor Pablo Celi nombró subcontralor a Carlos Alberto Riofrío, un funcionario de carrera de la Contraloría, que actualmente está al frente del despacho.

Juicio político y cuestionamientos a las acciones de Pólit y Celi

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció el inicio de un juicio político en contra de Celi, quien, en su renuncia, se mostró dispuesto a concurrir a explicarse ante la Asamblea Nacional. El asambleísta Villavicencio ha investigado el desempeño de la Contraloría durante las gestiones de Celi y de su antecesor, Carlos Pólit, en donde ha encontrado algunos hechos que le llaman la atención.

Villavicencio reveló que, según información de la propia Contraloría,  por lo menos 4.170 glosas, generadas entre 2007 y mayo del 2021, fueron desvanecidas en los periodos de Pólit y Celi.  El total en dinero de las glosas desvanecidas es de  USD 844′844.527,40. Según el informe, USD 666′163.564,09 millones fueron desvanecidos en 19 empresas, la mayoría estatales, como es el caso de Petroecuador, con USD 122,1 millones.

Otras entidades del Estado en donde se desvanecieron las glosas fueron  Arcotel con dos desvanecidas en 2019 por USD 115,40 millones, la Dirección Distrital de Salud  de Lago Agrio con USD  94,33 millones, la Procuraduría General del Estado con USD 5′849.995, el Municipio de Guaranda con USD  18.468,64; el Municipio de Buena Fe con USD  2.493,74 y el Municipio de Pastaza con USD 1.589, entre otros.

Los funcionarios de la Contraloría dijeron algunos de los documentos de respaldo de estos desvanecimientos pueden haberse destruido con el incendio en los edificios de la Contraloría, en donde se quemaron los archivos físicos, muchos de los cuales no tenían respaldo digital. Villavicencio ha manifestado sus dudas sobre la forma en la que se produjo el incendio, oficialmente atribuido a un grupo de jóvenes manifestantes indígenas a quienes capturó la Policía dentro del complejo. 

El juicio político está en su etapa inicial: apenas se notificó a Celi del proceso en su contra y este deberá sustanciarse en la Comisión de Fiscalización. Las fuerzas políticas como el PSC y la alianza UNES, se cree, estarían interesados en la censura, aunque la renuncia de Celi enfoca el tema más que en sacarlo del cargo, en quién terminará el periodo hasta 2022 y mientras el Consejo de Participación realiza un  nuevo concurso. 

Celi, el alfil de la descorreízación

En círculos políticos capitalinos, se considera que Celi fue uno de los pilares del régimen de Lenin Moreno. Tan pronto asumió el poder Moreno, Carlos Pólit, quien fue contralor durante todo el gobierno de Rafael Correa, abandonó el país en el marco de las indagatorias por el caso de Odebrecht, en donde se le acusó y se le sentenció por haber recibido sobornos de la constructora brasileña a cambio de desvanecer glosas.

Celi, quien a pesar de su afición por el metalenguaje jurídico no es abogado, sino doctor en Ciencias Internacionales y doctor en Filosofía,  había estado cercano al proceso político del correísmo: por lo menos desde 2010 como asesor de Pólit fue asesor de Pólit y luego, en 2011, fue nombrado embajador del Ecuador en Argentina, mientras que entre el 2014 y 2015 fue delegado nacional ante el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de la Unasur. En 2014 fue nombrado subcontralor y en 2016 contralor subrogante.

La llegada de Pablo Celi a la Contraloría se produjo como mano derecha de Carlos Pólit. Foto: Archivo Diario la Hora

El Consejo Transitorio evitó en su caso hacer el concurso que sí hizo en otras instancias, como la Fiscalía General, y en su lugar, le ratificó en el puesto hasta 2022, cuando concluía el periodo de Carlos Pólit. En el Consejo Transitorio también se promovía la idea de convertir la Contraloría en un "tribunal de cuentas" propuesta que no tuvo apoyo político, pues se estimó que requería de una reforma constitucional. Para Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, "blindar" de esa manera a Celi fue abrir la puerta a la impunidad. Dejar a Celi en el cargo, estima Alarcón, no solo fue inconstitucional, sino el punto de partida de la actual crisis en la Contraloría. Alarcón destacó que las normas vigentes impiden nombrar otro encargado, pero se debe respetar el artículo 33 de la Ley de la Contraloría. "Lamentablemente la contraloría está en acefalia, pero no hay norma que interpretar ni vacío legal que llenar. Debe iniciarse el concurso de manera inmediata", explicó Alarcón. 

Pero en el cargo, Celi se aplicó a fondo en investigar temas que se consideraban claves de la descorreización, como los vuelos de los aviones presidenciales en tiempos de Correa (se dijo que lo que se presentaba como escalas técnicas eran en realidad viajes encubiertos para transportar algunos objetos a paraísos fiscales) mientras que capitalizó a fondo el incendio del edificio de la Contraloría, durante los disturbios de octubre de 2019, cuando los manifestantes que asediaban el Palacio Legislativo ingresaron a los edificios vecinos de la Contraloría y generaron un incendio.

Celi llegó a decir que se buscaba "destruir documentos" probablemente para lograr la impunidad del correato, aunque ahora la lupa está puesta más bien en cómo es que Celi disponía desvanecer glosas en el marco de la red de sobornos que se investiga.

Otros de los temas que la Contraloría investigó en la gestión de Celi fueron la adjudicación del bloque Singue, en la que se emitieron glosas por USD 5,2 millones; la deuda pública que encontó glosas por USD  75 millones, o las obras de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de abril del 2016, así como la construcción de la Refinería del Pacífico, las preventas petroleras, la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, los proyectos  Manduriacu, Toachi Pilatón, Coca Codo Sinclair, Pascuales Cuenca, entre otras polémicas obras del correato. 

Si en octubre de 2019 Celi parecía ser la víctima de una conspiración pirómana, las sospechas apuntan en 2021 a sino era él más bien el beneficiario de la destrucción de miles de documentos sobre su gestión y la de su ex amigo, Carlos Polit.

La discusión en el Consejo de Participación

Pablo Celi renunció ante su autoridad nominadora, en este caso, el Consejo de Participación, en donde ya se había tomado una postura sobre qué hacer con el caso de la Contraloría y a quién dejar en el cargo. 

La semana pasada, los consejeros de Participación tuvieron una reunión virtual. Una mayoría de cuatro de los siete vocales decidió solicitar a la Asamblea Nacional que interprete el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de manera de permitir al Consejo de Participación que, como autoridad nominadora, nombre un  encargado de la Contraloría, tomando en cuenta que ni Celi no la ex contralora subrogante Valentina Zárate están al frente de la entidad de control. 

Este artículo establece que es el contralor quien nombra al subcontralor y que este funcionario debe reemplazarlo en caso de ausencia temporal o definitiva. Según la moción de Sofía Almeida, aprobada por los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán, la Asamblea podría interpretar la norma y permitir que sea el Consejo de Participación el que realice un nuevo encargo. 

Esto ha motivado ya que empiecen a circular nombres de personas propuestas por organizaciones sociales que podrían ocupar la Contraloría hasta el fin del periodo en 2022 y hasta la realización de un nuevo concurso. En declaraciones a El Universo, el consejero Francisco Bravo reveló que ya suenan nombres: “Ya se barajan muchos nombres, por ahí escuchábamos de un exfuncionario de la Contraloría que estuvo delegado en la provincia de Esmeraldas, se habla de encargar a una señora que fue excontralora general del Estado en la época de Carlos Pólit, se habla de encargar a otro funcionario de esta época de Celi”. Si la consulta es absuelta rápido por la Asamblea y se faculta al Consejo la designación de un  nuevo encargado, sería posible que en esa instancia se nombre a otra persona para el cargo de contralor subrogante.

CNA: hay que desmantelar las redes en la Contraloría

En organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Nacional Anticorrupción, se sigue de cerca la situación de la Contraloría. En diálogo con este portal, el coordinador de la Comisión, Germán Rodas, sostuvo que es necesario enfrentar las redes internas de corrupción dentro del organismo de control, pues solo así se podrá evitar que continúen las sospechas sobre procederes irregulares en los informes y las glosas.

Rodas dijo también que la Comisión no tiene una postura sobre si se debe o no realizar otro encargo, pero anticipó que su posición personal es que la persona que está ya en el despacho debe continuar al frente de la institución, mientras el Consejo de Participación y Control Social lleva adelante el concurso respectivo. También destacó la decisión de Celi de renunciar pues consideró como un absurdo al que siguiera en el cargo desde la cárcel 4. 

La Comisión dijo el pasado 30 de junio que el juicio político anunciado contra Celi debe contribuir a desarticular las redes al interior de la Contraloría en la capital y en algunas provincias, que ha facilitado la desaparición de glosas, el encubrimiento de la corrupción en algunos sectores públicos y privados y en ciertas esferas del poder. 

Mientras tanto, el despacho sigue ocupado por Carlos Riofrío, el funcionario de carrera al que Celi, en su último acto como contralor, nombró subcontralor.