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13 de Julio del 2015
Historias
Lectura: 7 minutos
13 de Julio del 2015
Redacción Plan V
Las dudas en torno al mecanismo de venta de las empresas incautadas

Foto: Presidencia de la República

Las facilidades de compra dispuestas por el presidente Correa para los bienes de los Isaías debían beneficiar solo a los trabajadores de esas empresas, pero inversionistas privados las estarían usando.

 

El mecanismo adoptado por el Gobierno para la venta de algunas de las empresas incautadas al Grupo Isaías habría sido observado por la Contraloría General del Estado, mientras la Fiscalía abrió una indagación previa sobre cómo se vendió Producargo, una empresa licorera que formaba parte del Ingenio Ecudós.

El manejo de los bienes incautados por el Gobierno al Grupo Isaías sigue trayendo cola. Según el abogado Cristóbal Buendía, quien ha seguido el caso de la venta del ingenio azucarero Ecudós, ubicado en La Troncal, en la región tropical de la provincia del Cañar, la Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal sobre el complejo modelo de venta de varias de las empresas de los Isaías, los ex banqueros actualmente prófugos de la justicia en Estados Unidos.

Por lo menos once empresas, de distinto carácter, formaban parte del holding azucarero del Ecudós, avaluado en por lo menos USD 400 millones. 

Por lo menos once empresas, de distinto carácter, formaban parte del holding azucarero del Ecudós, avaluado en por lo menos USD 400 millones.

La Contraloría habría cuestionado la forma en la que la empresa Producargo, una productora de alcohol etílitico ubicada junto al ingenio, que procesaba la melaza para elaborar el alcohol, fue vendida al empresario cuencano Miguel Peña Valle, quien era socio de los hermanos Isaías en esa misma empresa. Peña Valle es un conocido productor de alcohol, que comercializa en el país un ron de fabricación nacional, y quien ya tenía el 33% de las acciones de esa compañía antes de que pasara al Estado. 

Peña Valle compró la totalidad de la empresa Producargo, avaluada en por lo menos 21 millones de dólares, por medio de un crédito que le otorgó la Corporación Financiera Nacional (CFN), luego de que el Fideicomiso AGD-No Más Impunidad realizara una valoración sobre los activos de esa compañía. El responsable del Fideicomiso en el momento de la transacción era el ex presidente de Banco Central y primo del presidente Rafael Correa, Pedro Delgado Campaña, quien también se encuentra prófugo en Miami. 

Según Buendía, la venta no se produjo en efectivo, sino por medio en una operación de financiamiento con condiciones especialmente ventajosas: el medio de pago fueron certificados de depósito (CPG), el plazo fue de 15 años, el interés del 5%  y la CFN cubrió el 100% de la transacción. Pero el propio Fideicomiso había establecido que el valor máximo de cobertura era hasta el 90% del valor de los bienes, mientras que el 10% restante debía ser pagado por el postor en efectivo.

En ese sentido sería la observación de la Contraloría, precisa Buendía, pues se ha emitido un informe con indicios de responsabilidad penal contra varios funcionarios de la CFN, del Fideicomiso y contra el propio comprador. La Fiscalía, de su lado, ha iniciado una indagación previa por un posible peculado, que tiene por los menos dos años de plazo para realizarse y que aún está en su etapa inicial.

No obstante de ello, Buendía destaca que la Contraloría habría anotado algunas irregularidades: en primer lugar, el hecho de que la transacción se hizo por el 100% del crédito y no por el 90%, como disponían las normas del Fideicomiso. En segundo lugar, que al recibir los papeles con los cuales hizo la transacción de compra de las acciones de la empresa Producargo, Peña Valle habría recibido un descuento de por lo menos el 20% en el valor de los papeles, lo que también significaria un posible perjuicio para el país.

Los Certificados de Pasivos Garantizados (CPG) son una suerte de papeles financieros similares a los Certificados de Depósitos de la época del feriado bancario, que son aceptados como medios de pago para ciertas transacciones, en especial, en el caso de la venta de los bienes incautados a los Isaías y manejados por el Fideicomiso No Más Impunidad. 

Según Buendía, estos papeles se volvieron medio de pago debido a que el tenedor era la CFN, pues la CFN los aceptó como pago de las acreencias de los bancos cerrados. Estos se convirtieron luego en activos improductivos de la CFN, pero para poder comercializarlos y convertirlos en dinero en efectivo, se los vendió a plazos a las personas interesadas en comprar las empresas incautadas, de manera que luego los compradores paguen en efectivo con un plazo y un interés. Es decir, una especie de crédito, en una curiosa transacción que no involucra dinero en efectivo, ni siquiera en el 10% que originalmente se había previsto. 

El abogado destaca que, en el caso de la empresa Producargo, en la transacción se hizo un descuento del 20% de los CPGs involucrados en la transacción, lo que significaría un posible prejuicio económico y habría sido observado por la Contraloría General del Estado. 

De la misma forma que se vendió Producargo, se vendió también, en este esquema de papeles y condiciones ventajosas, el propio ingenio Ecudós, que fue adquirido por un consorcio conformado por el grupo peruano Gloria y el propio Miguel Peña Valle.

Buendía dice que el comprador pagó a la CFN por los CPGS, y con esos papeles pagó al Fideicomiso por las acciones de la empresa licorera. Aunque este caso en particular está en su etapa más inicial, el abogado destaca que es de especial interés el hecho de que este curioso modelo, que se ha usado para otras transacciones, pueda ser considerado como perjudicial para el Estado.

De la misma forma que se vendió Producargo, se vendió también, en este esquema de papeles y condiciones ventajosas, el propio ingenio Ecudós, que fue adquirido por un consorcio conformado por el grupo peruano Gloria y el propio Miguel Peña Valle, en una operación similar con CPGS, intereses bajos y condiciones flexibles. Inclusive, recuerda Buendía, se aumentó el plazo de 8 a 15 años y se bajó la tasa de interés del 7,5% a solo el 5%, manejos en los que, estima el abogado, se evidencia la intención de favorecer a los compradores. 

"La Contraloría ha establecido que este modelo es contrario al interés del Estado", señala Buendía, al precisar que el hecho revelante de esta acción de la Contraloría y la Fiscalía es observar el modelo adoptado.

Por lo pronto, la Contraloría estaría por determinar responsabilidades en la venta de Ecudós, y si estas son de indicios penales, pasarían también a la Fiscalía para su trámite. 

 

 

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