El país amaneció sin Función Legislativa tras la decisión, tomada esta madrugada, por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional, en aplicación del artículo 148 de la Constitución. Carondelet publicó antes de las 07:00 el decreto 741 que disuelve la Asamblea y convoca a elecciones para completar los periodos tanto de los legisladores cuanto del propio presidente. 

La medida significó el cese inmediato de los 137 legisladores y de todo el personal ocasional que laboraba en la Asamblea, así como también la terminación anticipada del periodo de Lasso, quien ha notificado al Consejo Nacional Electoral para una inmediata convocatoria a elecciones tanto de presidente y vicepresidente de la República, cuanto de los integrantes de la Asamblea Nacional. 

La decisión de Lasso se tomó esta madrugada, luego de que la Asamblea Nacional llevara adelante el juicio político en su contra, alegando una "crisis política grave" y antes de que en la mañana de hoy se reanudara el debate y la posible votación de una moción de censura y destitución del mandatario, que al parecer contaba con los por lo menos 92 votos requeridos para aprobarla.

Desde la madrugada de hoy, el Palacio Legislativo, en el centro de Quito, fue cerrado al público y en las primeras horas de la mañana acordonado por el Ejército y la Policía.

A las 07:00 de la mañana, el presidente Lasso emitió un mensaje a la nación desde Palacio de Carondelet, acompañado de miembros de su Gabinete, como los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, el secretario de la Administración y el secretario Jurídico, con la notoria ausencia en la cadena del vicepresidente Alfredo Borrero.

En su mensaje, Lasso dijo que ante el constante enfrentamiento con la Asamblea disuelta, en la que el Gobierno contaba con cerca de 25 de los 137 votos, que obstruía sus acciones y no aprobaba sus leyes, además de intentar desestabilizarlo, tomó la decisión de aplicar el artículo 148, con la clara intención, según anticipó, de avanzar en sus reformas durante el próximo semestre.

Según la Constitución, todas las funciones y atribuciones de la Asamblea han quedado suspendidas hasta que se posesione una nueva legislatura, y el Gobierno puede emitir decretos-leyes que deberán obtener un dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Con decreto 742, el Gobierno ha promulgado esta mañana la reforma económica que había anunciado, que reduciría la tributación a la renta para cerca de 400 mil familias en relación de dependencia, con criterios como el número de cargas familiares y la canasta básica. La nueva ley establece impuestos a las apuestas deportivas y la reducción de tributos para quienes están en el régimen de economía popular y solidaria y deberá ser declarada constitucional por la Corte, que podría anularla en todo o en parte. 

Lea aquí el Decreto 742

Pero la propia Constitución establece que no será posible que haya legislación en otras materias que no sean las económicas hasta que no se posesione una nueva Asamblea, y tampoco podría haber posesiones de autoridades o tareas de fiscalización, ni la ratificación de tratados internacionales (como el reciente acuerdo comercial con China) ni ninguna otra de las tareas que cumple el Poder Legislativo.

El decreto de la "muerte cruzada"

Lea aquí el Decreto 741

Establecida en la Constitución de Montecristi de 2008, la llamada "muerte cruzada" consiste en un híbrido del presidencialismo latinoamericano con instituciones del parlamentarismo europeo, en donde es posible disolver la Cámara legislativa y convocar a nuevas elecciones, y en donde el jefe del Gobierno depende de la confianza del Legislativo. En ese tipo de sistemas, inspirados en las monarquías constitucionales, otra persona ejerce la jefatura del Estado, como es el caso de los reyes de España o Gran Bretaña, o de los presidentes de Italia y Alemania.

Pero en América Latina, que en general ha seguido la tradición del presidencialismo norteamericano, en donde el periodo del Congreso y del presidente son fijos, tal posibilidad no es común. 

Tampoco se había aplicado en nuestro país, a pesar de estar vigente desde 2008. La curiosa institución fue creada por el correísmo con la intención de blindar al régimen de Correa en caso de una eventual mayoría legislativa de oposición, que nunca se concretó por la falta de votos de los opositores durante la década correísta. De ahí que nunca se había implementado hasta hoy.

Según el decreto 741 publicado esta mañana, un documento que tiene 12 páginas, buena parte de la reglamentación de la "muerte cruzada" consta, además de en la Constitución de 2008, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y, sobre todo, en una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional de 2010, que entonces tenía mayoría correísta, en donde se establece que la disolución de la Asamblea y la terminación del periodo del presidente es una muestra del sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.

En cursiva, el decreto del Gobierno destaca que no se trata de un nuevo periodo, imputable para el caso de la reelección (que es por una sola vez) sino solamente un periodo para completar lo que falta de los cuatro años. 

Tras estos antecedentes, el Gobierno argumenta sobre la crisis política que utilizó como causal para la disolución. Para Lasso, que la Asamblea haya activado 14 juicios políticos y realizado 1300 pedidos de información, más que una muestra de fiscalización, era una señal de "desestabilización" e "inestabilidad administrativa".

Según el régimen, la "grave crisis política" se ha configurado por una situación de incertidumbre y desconfianza, así como una crisis de legitimidad.  El Gobierno destacó también en el decreto que según encuestas, la popularidad y la calificación de la gestión de la Asamblea son muy malas.

El decreto reseña también que desde 2021, en la Asamblea se han formulado dos pedidos de destitución y dos pedidos de revocatoria del mandato contra Lasso, así como menciona el archivo y devolución de por lo menos tres leyes que considera de importancia que no fueron atendidas por la mayoría legislativa. 

Las siguientes párrafos del decreto se refieren a los reparos legales y políticos que Lasso había formulado sobre el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional. Se califica como "despropósitos" de los ex legisladores el haberse apartado del dictamen de la Corte Constitucional y no haber tomado en cuenta jurisprudencia interamericana sobre los procesos políticos. 

Tras los considerandos, el decreto tiene tres artículos: el primero dispone la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, el segundo notifica al Consejo Nacional Electoral para que en siete días convoque a elecciones de presidente, vicepresidente y legisladores y el tercero precisa que han terminado los periodos de los ex legisladores, así como los contratos de sus empleados, sin que tengan derecho a ningún tipo de indemnización. 

De su lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado indicando su respaldo a la Constitución y su rechazo a actos de violencia. 

Para el analista Luis Córdova, el rol de las fuerzas militares en los próximos meses será clave y más que intentar reelegirse, Lasso le apostaría a un agenda extractivista y represiva de los movimientos sociales. Córdova conversó con PLANV en nuestra cobertura especial de esta mañana.

El debate que quedó inconcluso

Este 16 de mayo, la Asamblea se instaló para el juicio político contra Guillermo Lasso. Tras las intervenciones de los legisladores Esteban Torres (PSC) y Viviana Bonilla (UNES) se dio paso a la defensa de Guillermo Lasso, quien sostuvo que era él quien acusaba a los legisladores de intentar hacerse con el poder sin haber justificado los cargos en el juicio político. En las tres intervenciones, se reiteraron algunos de los tópicos y argumentos que ya se habían planteado desde el inicio del proceso. En su discurso, Lasso hizo un llamado a los legisladores a un nuevo acuerdo nacional, pero este ya no podrá concretarse tras el cierre de la Asamblea.

Tras dar su mensaje, Lasso dejó el hemiciclo legislativo, sin realizar ninguna réplica. Y empezó el debate en donde se habían inscrito casi 60 legisladores, en donde prácticamente no hubo ningún aporte: los oficialistas se limitaron a repetir el guión del Gobierno y los opositores, el de los interpelantes. Un desafiante Esteban Torres dijo que no iba a ocurrir la muerte cruzada, pues la consideraba solo una amenaza. A las 22:00, cuando habían intervenido 39 asambleístas, Virgilio Saquicela cerró el debate y convocó para las 09:30 de hoy. Pero esa sería su última intervención como presidente de la Asamblea. La disolución de la Cámara impidió conocer si hubieran habido o no los votos para la censura y destitución de Lasso, aunque las recientes elecciones legislativas, realizadas el fin de semana, dejaron entrever que los opositores contaban con entre 94 y 100 votos. Al haber cesado la actual legislatura, el proceso político se archiva, y las atribuciones de la Función Legislativa quedarán en suspenso.

La oposición anuncia que volverá con los mismos curules y plantea demanda de inconstitucionalidad

Pero en sus primeras reacciones, los ex legisladores anunciaron que aún pueden recurrir a la Corte Constitucional. Los opositores ya habían intentado que la Corte se pronunciara sobre si se podía o no aplicar la disolución de la Cámara en pleno juicio político, pero la Corte se limitó a decir que no se iba a pronunciar sobre aquello en ese momento, lo que dejó abierta la puerta de una consulta posterior, la cual será la primera estrategia tomada por los ex asambleístas. 

En un comunicado, el PSC liderado por Jaime Nebot, Alfredo Serrano y Esteban Torres dijo que no hay una "grave crisis política y conmoción interna" por lo que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de disolución pidiendo medidas cautelares a su favor. Además, sostuvieron que lo que ocurrirá en los próximos meses que la Asamblea volverá con la misma composición opositora y que Lasso no podrá quedarse en la presidencia, lo que solamente creará un escenario de incertidumbre política que perjudicará a la economía. 

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— Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) May 17, 2023

De su lado, el ex presidente Rafael Correa se mostró satisfecho con la disolución de la Asamblea, pues el correísmo confía en que podrá imponerse en las próximas elecciones. "Es la gran oportunidad para librarnos de Lasso", sostuvo. 

Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna «conmoción interna». Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse.
En todo caso, es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria pic.twitter.com/5KETxMyN6x

— Rafael Correa (@MashiRafael) May 17, 2023

En nuestro programa Mesa de Análisis, el editorialista de PLANV y analista político, Juan Cuvi, comentó la inestabilidad e incertidumbre política que producirán las nuevas elecciones y el breve periodo de gobiernos por decretos-leyes de la actual administración.

La gestión de Virgilio Saquicela y las leyes que quedarán pendientes

Según un reporte del Observatorio Legislativo, la agenda parlamentaria Del diálogo a los hechos presentada por Virgilio Saquicela durante su casi año de gestión tuvo un cumplimiento del 64%, que es mayor al que logró la ex presidenta Guadalupe Llori (que solo alcanzó el 40%).

La agenda que planteó Saquicela tuvo tres ejes temáticos y 25 proyectos de ley priorizados. El primer eje fue la Protección de los Derechos Humanos, Colectivos, de la Naturaleza y Seguridad, en donde se priorizaron leyes como el Proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, el Proyecto de Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza o el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos. 

En el segundo eje, llamado Reactivación Económica y Generación de Empleo, se priorizaron leyes como el Proyecto de Ley que reforma a la Ley que se establece Rentas Favorables de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago por venta de Energía Eléctrica, el Proyecto de Ley Orgánica para Impulsar el Trabajo de la Mujer, Igualdad de Oportunidades y la Economía Violeta y el Proyecto de Ley Orgánica de Pagos en Plazos Justos, Primero las MIPYMES.

En el tercer eje de la agenda de Saquicela, Desarrollo Social, Salud, Educación y Cultura contó con leyes priorizadas entre las que destacaron el Proyecto de Ley orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, los Proyectos de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Proyecto de Ley Sustitutiva a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP.

En su rendición de cuentas, Saquicela reivindicó un cumplimiento de su agenda del 89%. La nueva legislatura deberá retomar el plan de gestión cuando se instale.