Ecuador nuevamente tiene bajas calificaciones en su lucha contra la corrupción. Esta vez, el país alcanzó puntajes mínimos respecto a los compromisos que suscribió en esta materia en la VIII Cumbre de las Américas de Lima, celebrada en abril de 2018 en Lima, Perú. Así lo revelaron diez organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), capítulo Ecuador, cuyo informe lo publicaron la semana pasada.

Este grupo investigador analizó la normativa y las acciones del Estado ecuatoriano para cumplir estas metas relacionadas con acciones que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y reduzcan el impacto negativo de la corrupción en los derechos humanos y en el desarrollo sostenible de las poblaciones.

En el caso de Ecuador, el OCC analizó 19 de los 57 compromisos que se suscribieron bajo el título “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Estos compromisos fueron clasificados a su vez en cinco temas, en tres de los cuales Ecuador registró bajo cumplimiento, en uno no tuvo ningún avance y solo en uno alcanzó un nivel medio.

Gobernabilidad, el indicador peor evaluado

Este fue el tema con la puntuación más baja. De acuerdo al informe, “esto se debe principalmente a las debilidades mostradas por el Estado ecuatoriano en la inclusión de mujeres y grupos vulnerables en la lucha anticorrupción. Actualmente no existe normativa, ni instituciones encargadas de promover y garantizar la participación de estos grupos en la construcción, implementación y evaluación de políticas de integridad y anticorrupción. En esta área también se identifican debilidades en la normativa y en la gestión de los conflictos de interés”.

Corporación Participación Ciudadana, una de las organizaciones participantes, ha dicho que aunque existen avances en temas electorales, sobre todo en paridad de género, “estas medidas no son una garantía de una participación paritaria en los procesos de toma de decisión respecto a la formulación de políticas anticorrupción”.

Dentro de este tema, otro compromiso que recibió una baja evaluación fue el relacionado con promover códigos de conducta para los servidores públicos. Humanamente, otra de las participantes, afirma que Ecuador sigue sin un formato unificado de código de conducta. En su opinión, la Contraloría debería emitir este código que rija para todas las instituciones públicas. Dentro de este punto, el Grupo Rescate Escolar exaltó las mejoras para el reporte de las declaraciones patrimoniales y de renta, sin embargo no existe un sistema interconectado entre ambas que permita analizarlas.

La VIII Cumbre de las Américas de Lima se realizó en abril de 2018 en Lima, Perú. En la foto final no estuvo  Lenín Moreno, quien regresó a Ecuador ante la crisis por el secuestro y asesinato de tres periodistas de El Comercio. Foto: AP

Pero medios y organizaciones han cuestionado también la posición de la Contraloría por bloquear el acceso a esa información. El 24 de septiembre pasado, la Contraloría respondió a El Universo que las declaraciones juramentadas de los funcionarios son información confidencial, aunque la ley determina todo lo contrario. El medio guayaquileño solicitó estos documentos de varios funcionarios, pero les fue negado. Aunque parte de la información está colgada en la web de la Contraloría, pero en esa plataforma, publicó el diario, “solo se pueden consultar valores generales, pero no en qué sociedades, instituciones financieras y fideicomisos un funcionario ha hecho inversiones o qué propiedades tiene”.

Uno de los mayores retrocesos que identifica el reporte es lo sucedido en mayo de 2021, cuando la Contraloría “limitó la capacidad de búsqueda de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos mediante la inclusión de nuevos parámetros en el buscador, incorporó restricciones ilegales a la difusión de la información de las declaraciones, violentando los derechos a la libertad de expresión, prensa y control social, e implementó mecanismos de exposición de los datos personales de la ciudadanía que accede a las declaraciones”.

Asimismo existen deficiencias en cuanto a la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos y en la adopción de medidas que prevengan conflictos de interés.

En una escala de 0 a 3, las acciones encaminadas a fortalecer la autonomía e independencia judicial alcanzó un puntaje de 1.7, que fue el único aspecto mejor puntuado en esta categoría. “Esto se debe principalmente a que la constitución ecuatoriana establece taxativamente la independencia de todos los órganos de control y la separación de poderes. Sin embargo, en la práctica la independencia se pone en entredicho debido a las reiteradas injerencias del poder ejecutivo lo que se ha visto reflejado en los preocupantes resultados del país en rankings internacionales”, refiere el informe.

Uno de ellos es el Índice de Integridad Pública, que ubicó a Ecuador en el lugar 107 de 177 países en relación a independencia judicial, ítem que obtuvo una puntuación de 3/10. Lo mismo sucedió en justicia criminal, donde el país obtuvo una calificación de 0.36/1 en Índice de Estado de Derecho, ubicándose por debajo del promedio regional (0.42/1) y global (0.46/1), recuerda el reporte.

Acceso a la información y el combate al crimen, con pendientes

Los compromisos sobre transparencia y acceso a la información tuvieron una mejor puntuación, aunque un solo aspecto llega a una calificación de 2/3. La mejor evaluación fue la relacionada con la implementación de políticas y planes de gobierno abierto. Entre los avances que resaltan las organizaciones está la implementación del Primer Plan de Gobierno Abierto en Ecuador, la adhesión de Ecuador a la Iniciativa de Transparencia en la Construcción (CoST), enfocada en el fortalecimiento de la transparencia y de la rendición de cuentas en la ejecución de obras públicas; y a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI), un estándar internacional para el adecuado manejo y gobernanza de los recursos petroleros, gasíferos y mineros. Sin embargo, el fortalecimiento de órganos de transparencia y acceso a la información pública llegó solo a 1,7/3.

En este tema, la protección a denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción así como la tipificación penal de actos de corrupción están a medio camino: 1.63/3.

El compromiso peor valorado está relacionado con la elaboración de estadísticas e indicadores que evalúen el impacto de las políticas anticorrupción; este obtuvo un puntaje de 0.93/3.0. Las organizaciones señalaron la falta de una entidad encargada a esa tarea y de un sistema que permita dar seguimiento a las políticas que plantee la Función de Transparencia y Control Social, encargada del Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción.

Otro tema analizado fue la prevención de la corrupción en obras y contrataciones públicas. En este caso, Ecuador se comprometió a promover el uso de sistemas electrónicos para esos procesos. Este aspecto tuvo una calificación de 2.15/3, uno de los mejores puntajes que hay en reporte. Aquí se resalta la obligación legal de publicar los procesos de contratación pública de forma digital en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) y la existencia del Registro Único de Proveedores donde se puede encontrar la información básica de todos los oferentes. La investigación señala que además existen avances recientes como la implementación de la firma electrónica que permite que la información subida al SOCE esté en un formato legible por máquina y la implementación de estándares de datos abiertos en contratación pública.

“Sin embargo, aún son necesarios avances normativos, principalmente, con la aprobación de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública e instrumentos que hagan obligatorio la inclusión de cláusulas anticorrupción”, mencionan las organizaciones. Justamente, este último aspecto obtuvo una calificación de apenas 0,07/3, siendo de la misma manera de las más bajas en todo el análisis. “No existe obligación legal, ni un apartado explícito dentro los contratos modelo del SERCOP, de incluir cláusulas anticorrupción en los procesos de contratación pública. Esto se suma a la inexistencia de un registro de compañías y personas relacionadas al lavado de activos y corrupción lo que ha causado que compañías ya sentenciadas por dichos delitos puedan seguir contratando con el Estado”.

Sobre el combate al crimen organizado, cohecho y lavado de activos, Ecuador apenas logró un puntaje de 0.7/3 en su compromiso para impulsar medidas para el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de bienes producto de la corrupción. El informe explica que entre 2018 y 2021 se aprobaron normativas como la Ley de Extinción de Dominio, pero su reciente aprobación no permitió incluirla en la evaluación. “Por otra parte, los mecanismos internos de cooperación, que han incluido fuerzas de tarea, secretarías adscritas a la presidencia y comisiones de expertos internacionales, tampoco han mostrado resultados concretos”.

Las organizaciones, sin embargo, reconocen que hay avances sobre la cooperación entre las autoridades en las investigaciones acerca de delitos de corrupción, por ejemplo con la implementación de las fuerzas de tarea conjuntas que operaron sobre todo en la pandemia. Este aspecto obtuvo una calificación de 1,37/3.

El último punto analizado se refiere a medidas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas en las campañas electorales. Este eje tuvo un puntaje de 2.04/3 gracias a las reformas al Código de la Democracia realizadas en 2020, que crean un sistema interconectado de datos y un sistema contable para el control del financiamiento de las organizaciones políticas.

Para llegar a estas conclusiones, las organizaciones construyeron 64 preguntas, que fueron respondidas mediante solicitudes de información, entrevistas, consulta a reportes de medios de comunicación, informes e investigaciones adelantadas en la materia, entre otros. De las ocho solicitudes de acceso a la información presentada, únicamente cuatro fueron respondidas, en su mayoría incumpliendo los plazos legales de respuesta, explicaron.

El OCC Ecuador lo conformaron la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, la Corporación Diálogos por la Democracia, la Corporación Participación Ciudadana, Diálogo Diverso, la Fundación Ecuatoriana Equidad, la Fundación Haciendo Ecuador, Grupo Rescate Escolar, Humanamente y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Forman parte de la coalición de organizaciones de sociedad civil y actores sociales del continente, creada con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por los gobiernos del hemisferio en la VIII Cumbre de las Américas.