Y tras su "pasión" José Tuárez, el cura católico que incursionó en política, dejó la presidencia del Consejo de Participación y Control Social. Tras la previsible censura en la Asamblea Nacional, en donde operó una mayoría afín al Gobierno, Tuárez fue destituido, junto con Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá. 

Pero la agenda del nuevo Consejo está ya trazada. Christian Cruz, quien fue electo como nuevo presidente del Consejo, María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida, quien asumirá la vicepresidencia, son los otros tres vocales del Consejo de Participación, a los que se sumarán los alternos de los consejeros destituidos. Entre ellos está David Rosero, cuadro de la Unidad Popular (MPD) en Imbabura, quien ya fue consejero de Participación.

Los otros tres suplentes que se principalizan son Juan Javier Dávalos (correísmo), Ibeth Estupiñán (quien dejó su cargo en el Municipio de Quito) y en vez de Rosa Chalá asume Francisco Bravo.

La elección de las nuevas autoridades del Consejo tuvo lugar al mediodía del martes 20 de agosto, y tanto Cruz cuanto Almeida obtuvieron una cómoda votación de seis votos, mientras que Juan Javier Dávalos, identificado con el correísmo, se abstuvo. 

Rivadeneira tuvo su militancia en PAÍS, en donde fue candidata del oficialismo en Manabí. Cruz, de su parte, quien proviene de organizaciones sociales y algunos gobiernos autónomos, mientras Sofía Almeida fue auditora en la Contraloría. Los tres se mantuvieron al margen de las decisiones de la mayoría de Tuárez y conservaron sus cargos en el Consejo. 

En la hoja de vida del nuevo presidente del Consejo consta que es ingeniero financiero por la Universidad Central. Ha sido voluntario en la Defensa Civil, Fundación Mundo Nuevo, la Federación de Estudiantes Particulares Universitarios del Ecuador, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas,  y la Federación de Entidades Ecuatorianas Residentes en el Exterior. Tanto Cruz cuanto Almeida mantuvieron contactos cercanos con algunos de los alternos principalizados, como es el caso de David Rosero y Francisco Bravo. 

La agenda del nuevo Consejo

Se sabe que hay algunos puntos de la agenda concertada que el nuevo Consejo deberá tomar en cuenta. En primer lugar, vigilar las denuncias que el Consejo Transitorio dejó en la Fiscalía sobre hechos de corrupción deben tener un adecuado seguimiento. Se refieren a los casos que la entidad, presidida por Julio César Trujillo, investigó y denunció ante la Fiscalía. Se trata de casos como casos como Arroz Verde, Reconstrucción de Manabí, la Refinería del Pacífico, el campo Singüe, entre otros. En la agenda del nuevo Consejo no está revisar ninguna de las decisiones del Transitorio ni confrontar con la línea del actual Gobierno. 

Otro ejes sobre el que están dialogando es el fortalecimiento de las organizaciones sociales y el trabajo del Consejo en el interior del país. Y, desde luego, la nueva mayoría procederá a una reorganización del Consejo, que pasa por las designaciones en las 23 delegaciones provinciales del Consejo y en por lo menos 22 altos cargos en la entidad.

Dos altos cargos son clave: el de secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la secretaría de Participación Ciudadana, que serían designadas por el nuevo pleno en los próximos días. 

Cruz y Almeida suscribieron, cuando eran vocales de minoría, un compromiso de cinco puntos con los alternos principalizados, que se convertirá en el eje de su gestión. 

Un juicio político sin sorpresas

En la Asamblea, la semana pasada,  una mayoría de 84 votos destituyó a Tuárez y a los otros tres consejeros interpelados, quienes ensayaron su defensa desde lo político unos, desde lo jurídico otros. 

El primero en tomar la palabra fue Tuárez, quien recordó que su candidatura fue calificada por el Consejo Nacional Electoral a pesar de que se presentó como sacerdote de Jesucristo. "Ser fray es un título de fe. En mi cédula tengo un diplomado de cuarto nivel". "Primero soy ciudadano y luego cristiano", explicó. 

Luego sostuvo que no ha usado la sotana de los dominicos sino un cuello que "se puede poner cualquier persona" y después recordó a religiosos del pasado, como Tomás de Berlanga, Jodoco Ricke y Ulpiano de la Torre, frailes "que han hecho cosas muy notables".

También negó representar a la Iglesia Católica, pues no es arzobispo, obispo, nuncio o parte de la Conferencia Episcopal, sino solo un fraile predicador.

Y luego entró en materia, explicando que "nunca se conformó" una comisión en el para revisar la conformación de la Corte Constitucional, hecho por el cual fue denunciado en la Fiscalía por presunto desacato.

Tuárez habló con mansedumbre evangélica. En varias ocasiones, se dirigió a los legisladores como "señorías" y "mentes brillantes", y  pidió que se deseche el juicio político que buscaba  "sepultar al Consejo de Participación",  pues se vive en "una época de oscuridad y críticas malsanas".

Quien menos tiempo empleó en su defensa fue Rosa Chalá. "He llegado con los pies descalzos, como descendiente de cimarrones", dijo Chalá, quien no se aventuró en tecnicismos legales, sin embargo, advirtió que concurrirá a instancias internacionales por sus derechos si era destituida en el juicio político.

Por su parte, Victoria Desintonio, abogada de profesión, decidió dar cátedra jurídica y política. En primer lugar, dijo que se busca eliminar el Consejo por consigna del Gobierno y la mayoría legislativa. Luego arremetió contra Julio César Trujillo, de quien dijo fue el "sepulturero de la institucionalidad" y realizó un "reparto" de los órganos de control. Cuestionó al presidente Lenin Moreno y aseguró que hay "una persecución contra quienes disienten del poder". La ex vocal también se refirió a la Corte Constitucional, que fue designada por el Transitorio y que por ello, habría blindado sus acciones. 

Y tras la denuncia política, la ex funcionaria judicial pasó al alegato. Sostuvo que el Consejo tiene la potestad de revisar sus decisiones administrativas y las del Consejo Transitorio. Terminó su intervención acusando al Gobierno de querer "repartirse el país cual hacienda" y se sumó a la demanda internacional contra el Ecuador por su destitución. 

Walter Gómez también se decantó por el alegato jurídico. Dijo que hay "celeridad y parcialidad" en el juicio político en su contra. Denunció ser víctima de "persecución sistemática". Mencionó algunas violaciones procedimentales. Y concluyó con el anuncio de la demanda internacional, a la que también se sumó. Gómez fue el primer activista abiertamente gay que llegó a un alto cargo de elección popular, aunque su paso por la política capitalina fue fugaz. 

Tal como ocurre en el Legislativo los últimos años, interpelantes e interpelados quieren revestir el juicio político de legalidad jurídica. Citan leyes. Dan cátedra de derechos y garantías. Hacen largas alegaciones para demostrar su solvencia de abogados. Al final, sin embargo, la decisión se toma por consignas políticas y poco o nada aportan las consideraciones legales. Eso fue lo que ocurrió finalmente, cuando ya entrada la noche, simplemente se defenestró a los cuatro consejeros.

Tuárez anunció que promoverá una Asamblea Constituyente y se declaró un opositor al actual Gobierno. 

El golpe de timón en el Consejo va en la línea del actual Gobierno, y, probablemente, se enrumbe, como en otras instituciones, hacia la investigación de los casos más sonados de corrupción del Gobierno anterior. 

El futuro del Consejo

El debate jurídico se centra ahora en qué hacer con el Consejo de Participación. Modificar las atribuciones del organismo, definidas en la Constitución, requiere de cambios en la Carta Política. 

En un reciente debate organizado por la Mesa de Convergencia  y la Fundación Esquel se analizó la problemática. En el foro participaron el  politólogo Richard Ortiz, el constitucionalista Jorge Benavides y la periodista Carla Maldonado, subdirectora de diario El Telégrafo.

Para  Jorge Benavides, el Consejo generó controversia porque, con la Constitución de 2008, se atribuyeron derechos al Estado, cobrando una nueva dimensión para que las altas esferas del poder sean  las encargadas de promover los derechos, incluidos los de participación ciudadana.

La Mesa de Convergencia y Esquel promueven el debate sobre qué hacer con el Consejo de Participación. 

“Había una explicación jurídica para que sea el Estado el que promueva los derechos de participación, pero resulta un contrasentido que la participación sea estatizada”, dijo, al cuestionar que un ente estatal promueva la participación ciudadana. 

Benavides dijo también que crear el Consejo contribuyó de manera indirecta a reforzar el Poder Ejecutivo, en detrimento de la Asamblea Nacional, al trasladarse las potestades designadoras de las autoridades, al Consejo de Participación.

Se mostró partidario de devolverle al Legislativo esas atribuciones: “Habría que analizar que de darse estas modificaciones ver vías intermedias. Por ejemplo, para designar autoridades de control, que se exijan mayorías calificadas”. También recomendó eliminar el Consejo o restarle facultades. 

Para Carla Maldonado la política fue  tener consejeros afines al correísmo que anteriormente ya ocuparon cargos en ministerios o secretarías y la designación de autoridades afines en la Fiscalía o Contraloría. “Este consejo era una instancia dominada por Correa desde el Palacio de Carondelet”, dijo Maldonado. 

El catedrático de Derecho Richard Ortiz cree que no hay una solución perfecta sobre qué hacer con el Consejo de Participación, pero hay que ver que la más adecuada a nuestro contexto, tomando en cuenta los límites existentes para una reforma o una enmienda constitucional. Según el abogado,  el CPCCS  solamente sirvió para designar autoridades en concursos poco transparentes. “El balance del CPCCS es muy malo (...) Hay muy buenas razones para promover su eliminación”.

“Hay que fortalecer a la sociedad civil y a los partidos políticos. La misión es crear mantener y fortalecer su propio espacio”, concluyó.