Back to top
7 de Septiembre del 2022
Historias
Lectura: 33 minutos
7 de Septiembre del 2022
Redacción Plan V
El ABC del juicio a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura
0

Sesión 797 del Pleno de la Asamblea Nacional, 31 de agosto de 2022. Los vocales del CNJ: Fausto Murillo Fierro, Ruth Maribel Barreno y Juan José Morillo asisten presencialmente al inicio del juicio político en su contra, auspiciado por el correísmo.

Tras once horas de interpelación, la Asamblea Nacional no pudo destituir en una primera votación (que falta por ratificarse) a tres vocales del Consejo Nacional de la Judicatura y a su expresidenta. Los argumentos esgrimidos del lado de los interpelantes y de los funcionarios judiciales se refieren al proceso por el cual el Consejo de la Judicatura destituyó a 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Este proceso fue cuestionado por la Corte Constitucional, la cual, aunque no revirtió el proceso, sentenció que los miembros de la judicatura se habían extralimitado en sus funciones y violado el debido proceso.


El juicio político realizado en contra de tres de los cuatro vocales (son cinco, pero una vocalía no ha sido completada) y la expresidenta del Consejo Nacional de la Judicatura fue por el proceso de evaluación y renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Para los vocales juzgados, la intención de los interpelantes, del correísmo y el PSC básicamente, la intención tiene dos objetivos estratégicos: el copamiento de las vocalías del Consejo de la Judicatura y la deslegitimación del proceso de evaluación de los jueces, en el 2019, y la conformación posterior de una Corte Nacional cuyos miembros sentenciaron al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glas. 

Tras el proceso de evaluación, el 15 de octubre del 2019 el Consejo de la Judicatura confirmó la destitución de 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 

I. VIDA Y PASIÓN DE LOS JUECES NACIONALES

Los jueces que fueron removidos fruto de esta evaluación desfilaron por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. En calidad de víctimas de un proceso que fuera ordenado por el Consejo de Particiación Ciudadana y Control Social, CPCCS, fruto a su vez de una consulta popular que aprobó las acciones del Consejo de Participación Transitorio. Estos jueces nacionales, según registros que constan en el CNJ y al que este medio tuvo acceso, realizaron las siguientes acciones. 

Miguel J. F. se negó a levantar el sigilo bancario de sus cuentas para la evaluación, pero entre enero del 2015 y el 2019 tuvo fallos como la ratificación, en diciembre del 2016, de la sentencia de un año para los veedores Pablo Chambers y Gerardo Portillo, en el caso relacionado con los contratos que Fabricio Correa mantuvo con el Estado. Los sentenciados, miembros de la Veeduría Ciudadana para los contratos de empresas vinculadas al hermano del presidente Correa con su gobierno, emitieron un informe en el 2010, que no solo ratificó y amplió las denuncias periodísticas del 2009, sino que aseguraron que el Presidente conocía de las acciones de su hermano. El presidente Correa los demandó por falsedad ideológica. También como miembro de una Sala de la CNJ, condenó, en septiembre del 2015, a los ciudadanos Francisco Endara, Víctor Hugo Erazo, Patricio Fajardo, Max Marín y Galo Monteverde por ingresar a Ecuador en el 30-S. Un fallo cuestionado en básicamente porque se les sentenció por "aplaudir", literalmente, la rebelión policial y militar de septiembre del 2010. También, en su ejercicio como fiscal de la Unidad de Administración Pública, acusó en el 2011 al exjefe de la escolta legislativa, Rolando Tapia, como autor del delito de atentar contra la seguridad del Estado por el 30-S, por declaraciones que dio el coronel de la Policía apoyando a sus compañeros. Esta acusación destruyó su carrera y lo mantuvo en prisión varios meses. Además, en julio del 2017 actúo en contra del pedido de hábeas corpus para Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez. El entonces periodista y legislador, respectivamente sufrieron persecución judicial y acoso estatal, debieron buscar refugio y finalmente fueron obligados a usasr grilletes y otras medidas a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos humanos había emitido medidas cautelares de protección para ellos. Antes de ser juez, fue asesor del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.


Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo Nacional de la Judicatura, durante el juicio en la Asamblea Nacional.

De su parte, otro juez  Luis E., como fiscal emitió un dictamen en contra del coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, y de los agentes Jaime Paucar, Luis Martínez y Luis Bahamonde. Carrión fue condenado con pruebas cuestionas,  presentadas por la Fiscalía.

Edgar F. en calida de juez de la CNJ condenó a Galo Lara a 10 años de prisión por el caso Quinsaloma como cómplice tras el testimonio verbal de un solo testigo, por la Sala Especializada que estuvo conformada por otros dos jueces de la Corte Nacional, Ximena Vintimilla. Lara fue condenado con pruebas forjadas. Se conoció que un video que fue subido a YouTube el 3 de julio del 2012 y que la Fiscalía General lo usó como prueba para acusar a Lara habría sido grabado por personal de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) y otros dos miembros de la Policía Nacional, según el documento reservado de la Secretaría de Inteligencia (Senain), que fue desclasificado por orden del presidente Lenín Moreno. Luego de pasar cuatro años en prisión, un tribunal de la Corte Nacional ratificó la inoccencia del exlegislador. También tramitó el caso de Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, procesados por atentado a la intimidad por publicación de reportaje sobre caso Chevron y como parte de un tribunal penal condenó al exvicepresidente Jorge Glas a sies años de prisión.

De su parte, otro juez  Luis E., como fiscal emitió un dictamen en contra del coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, y de los agentes Jaime Paucar, Luis Martínez y Luis Bahamonde. Carrión fue condenado con pruebas falsas presentadas por la Fiscalía. De esta forma  fueron a llamados a juicio por el supuesto intento de asesinato en contra del presidente Rafael Correa, durante la revuelta del 30 de septiembre. Fue destituido por el Pleno del Consejo de la Judicatura luego de tramitarse un expediente disciplinario abierto en su contra con base en una queja presentada por la Fiscalía, la Contraloría, y la Procuraduría General del Estado, que cuestionaron la actuación administrativa de los servidores dentro de la audiencia de un proceso en el que estaba involucrado Alexis Mera, exsecretario jurídico de Rafael Correa. Fue parte del Tribunal Penal de la Corte Nacional que declaró inocentes a Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez por el delito de violación a la intimidad y dispuso el retiro de todas las medidas cautelares.  Integró el Tribunal de la CNJ que ratificó la prisión preventiva contra Jorge Glas, dentro del caso Odebrecht /asociación ilícita. Declaró prescrita la pena de un año de prisión preventiva para Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa por injurias a Rafael Correa.  Emitió orden de prisión contra Walter Solís, exministro de Transporte por peculado.

Solo en estos tres administradores de justicia, que actuaron algunos como fiscales y luego como jueces se mostraron actuaciones reñidas con el debido proceso, según denunciaron en el CNJ. Otros jueces y juezas que fueron removidos se negaron a abrir sus cuentas y cuestionaron públicamente los procesos de evaluación.


Durante el juicio político los votos por la censura de los miembros del CJN no llegaron a los 92 (de 137 legisladores) requeridos. 

II. EL FACTOR CORREA

La teoría de los vocales del CNJ cuestionados es que con su juzgamiento y  destituición se busca poner en cuestionamiento los fallos de los Jueces de la Corte Nacional de Justicia, que fueron ratificados tras el procesos de evaluación, que sentenciaron a Correa y Glas. Basaron sus argumentos en que el 8 de septiembre del 2020 se emitió la sentencia de casación sobre el caso No. 17721-2019—0029G denominado como Caso Sobornos con la cual se condenó al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, por la comisión del delito de Cohecho.

Como último recurso para dar de baja al referido proceso, el expresidente Correa interpuso una Acción Extraordinaria de Protección, AEP, ante la Corte Constitucional que habría sido signado con el Caso No. 1903-20-EP. El abogado que impulsó la AEP fue Fausto Jarrín Terán, procurador judicial del expresidente y luego asambleísta por UNES. Jarrín renunció a su curul para dedicarse a la defensa legal del expresidente. El argumento presentado en la Acción Extraordinaria fue que las sentencias fueron causa a una violación a los principios de independencia e inamovilidad judicial. Es decir, que se habría realizado el proceso de renovación de la Corte Nacional para que los jueces ratificados formaran parte de los tribunales que emitieron y ratificaron la sentencia.

El fundamento de esta violación a los principios previamente mencionados se fundamentaría  en un proceso de evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justica; argumentando que el mismo fue resultado de una actuación arbitraria del Consejo de la Judicatura para presionar la decisión judicial que se emitiría en contra del expresidente. El abogado Fausto Jarrín alegó que los jueces que conocieron el  Caso Sobornos eran "incompetentes" por haber sido nombrados de manera ilegal sin cumplir los parámetros establecidos en los artículos 40 y 200 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cómo parte de este instrumento se argumentó que en resolución No. 197-2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura se nombró a los jueces que fallaron en contra del expresidente Correa, como fueron: Iván León Rodríguez, David Jacho, Wilman Terán, Dilza Muñoz, Milton Ávila, Lauro De la Cadena y José Leyedra.

El Consejo de la Judicatura declaró al respecto que el organismo colegiado —de control disciplinario y administrativo de la Función Judicial— actuó sobre la base de un exhorto del Consejo de Participación Transitorio.

De igual manera se instrumentó el entonces caso 37-2019-IN-21 que no se encontraba resuelto por la Corte Constitucional, a fin de legitimar la acción que podría dar fin al proceso de evaluación y nombramiento de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En diciembre del 2021, la Corte Constitucional sentenció que el reglamento en que se basó la evaluación y luego la destitución era inconstitucional, porque no se enmarcó en el plazo legal que establece la evaluación y renovación parcial de la Corte Nacional, que es de tres años, según la Constitución. Dijo también que la Resolución con la que se puso en marcha la evaluación de los jueces fue "contraria a la seguridad jurídica". Sin embargo, la Corte Constitucional dijo también en la sentencia reconoce que no existió una violación a la independencia e inamovilidad judicial dentro de la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

El Consejo de la Judicatura declaró al respecto que el organismo colegiado —de control disciplinario y administrativo de la Función Judicial— actuó sobre la base de un exhorto del Consejo de Participación Transitorio. 

En su recurso de ampliación y aclaración a la sentencia de la Corte Constitucional, el Consejo dijo que en su sentencia la CC no consideró que el CJ desarrolló la evaluación de jueces y conjueces de la CNJ con base en el exhorto formulado el 23 de enero de 2019, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, instancia que señaló que ese proceso debía ser inmediato. También dijo que el origen de la evaluación de la CNJ se encuentra en la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio N° PLE-CPCCS-T-O-037-04-06-2018, del 4 de junio de 2018, que cesó en sus funciones a los integrantes del Pleno del CJ de ese entonces. La Resolución para la evaluación, dijo el CJ, denunció las anomalías ocurridas en los procesos de designación y evaluación de las y los jueces de la CNJ, que estuvieron a cargo del CJ cesado en junio de 2018.

Señaló finalmente que el CJ "en ningún momento vulneró el derecho a la seguridad jurídica de los exjueces y exconjueces evaluados, pues actuó de conformidad con los artículos 187 de la Constitución de la República y 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como con el Dictamen 2-19-IC/19 de la propia Corte Constitucional que protege las actuaciones y decisiones del CPCCS-T, mismas que resultaron de la consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018".

Los argumentos que utilizó el exasambleísta Jarrín y su homóloga coincidían con los argumentos utilizados en la Acción de Protección denominado en el caso No. 1903-20-EP, es decir violación a los principios de independencia e inamovilidad judicial.

Dos años después, tras ser nombrado asambleísta y amparado por la misma sentencia No  37-19-IN-21, que finamente habría sido emitida, junto a su compañera de la bancada de UNES, Viviana Veloz Ramírez,  Fausto Jarrín solicitó el inicio del juicio político en contra del Consejo de la Judicatura que dio paso al mismo proceso de evaluación de jueces que nominó finalmente a los jueces que conocieron el Caso Sobornos.

Los argumentos que utilizó el exasambleísta Jarrín y su homóloga coincidían con los argumentos utilizados en la Acción de Protección denominado en el caso No. 1903-20-EP, es decir violación a los principios de independencia e inamovilidad judicial, un arbitrario incumplimiento a los artículos 40 y 200 del Código Orgánico de la Función Judicial que dieron paso a la resolución 197-2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura donde se nombra a los Jueces y conjueces de la Corte Nacional que el Ab. Jarrín y su cliente denominan como incompetentes en sus sentencias emitidas dentro del caso sobornos.

A diferencia del momento en que se presentó la AEP contra las sentencias del caso Sobornos la sentencia de la Corte Constitucional 37-19-IN/21 de 21 de diciembre del 2021 ya se había pronunciado, estableciendo una inconstitucionalidad parcial en los puntos que no favorecían a la causa del Ab. Jarrín y del ex Presidente Correa. Sin embargo la misma ha sido manipulada y expuesta de cierta forma que supuestamente respalda la ilegitimidad dentro de la evaluación nombramiento de los Jueces que sentenciaron el caso Sobornos.


El bloque del correísmo, UNES, durante el juicio colocó letreros en cada uno de sus curules.

III. LOS ARGUMENTOS DEL JUICIO

Los interpelantes presentaron varias acusaciones en contra del proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional: que el período en el que fueron evaluados los jueces y conjueces nacionales  no fue constitucional, pues debía hacerse cada tres años, fue uno de ellos. Al respecto, los miembros del Consejo de la Judicatura respondieron que  "tras evidenciarse claras irregularidades, una falta de aplicación de mecanismos para la selección de servidores judiciales por parte de los antiguos Plenos del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio exhortó al Consejo de la Judicatura para que se evalúe de manera inmediata a los Jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia para garantizar un adecuado servicio judicial a la ciudadanía". También dijo que "las evaluaciones llevadas a cabo a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia no solo que responde  a las disposiciones legales y constitucionales que le han sido atribuidas al Consejo de la Judicatura sino que también debe a una orden expresa de la Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019 del CPCCS transitorio, organismo dotado con facultades extraordinarias". Los interpelados señalaron también que "el Consejo de la Judicatura cuenta con la facultad evaluadora para todos los servidores judiciales entre los cuales también se encuentran los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia".

No existió delegación de facultades al comité de expertos ni al comité evaluador por parte del Consejo de la Judicatura, fue otro de los señalamientos. Los vocales enjuciados respondieron que "para llevar a cabo estas evaluaciones, el Pleno del Consejo de la Judicatura cuenta con la prerrogativa reglamentaria para contar con los comités de apoyo que considere necesarios, puesto que el fin de estos no es la toma de decisiones sino únicamente aportar al cumplimiento de metas institucionales de la Función Judicial". También que los comités asignados "únicamente cumplían con un encargo basado en elaborar una metodología técnica que iba a ser utilizada para el proceso de evaluación; mas no tenían potestades de evaluar de forma directa; su participación justamente es muestra de respetar la independencia e imparcialidad respecto de los métodos de evaluación". También que "los comités evaluadores nunca pudieron ni manifestaron autoridad alguna dentro de las evaluaciones que fueron objeto del juicio político". Dijeron finalmente sobre este tema que "a pesar de mantener todas las resoluciones y fases de la evaluación como públicas los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia nunca los impugnaron".

Los interpelantes presentaron varias acusaciones en contra del proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional: que el período en el que fueron evaluados los jueces y conjueces nacionales  no fue constitucional, pues debía hacerse cada tres años, fue uno de ellos.

También se cuestionó la remoción de los jueces y conjueces por efecto del proceso de evaluación. Este no es un proceso administrativo sancionador. Los interpelados señalaron al respecto que "los interpelantes se confundieron entre un proceso administrativo evaluador y un proceso administrativo sancionador, lo cual quita legitimidad a su solicitud pues al confundir la terminología tampoco se puede alegar incumplimiento alguno. Dentro del procedimiento evaluador llevado a cabo se determinaron parámetros para medir el cumplimiento de metas institucionales de la Función Judicial entre las que se encontraban parámetros cualitativos, cuantitativos, de transparencia y legalidad conforme establece la constitución y las leyes. En cualquiera de los dos procedimientos administrativos se puede establecer una remoción del cargo del servidor judicial siempre y cuando el origen de dicha separación se justifique debidamente conforme lo dispone la constitución y leyes del Ordenamiento Jurídico ecuatoriano", fue la respuesta.

Los vocales interpelados también señalaron al respecto que  la separación del servidor judicial por no cumplir con parámetros mínimos que se han establecidos dentro de la ley corresponde a una consecuencia de la incumplimiento en sus obligaciones como servidor público mas no a la comisión de una infracción. También que la investigación por indicios de faltas disciplinarias corresponde al cumplimiento del parámetro relacionado con transparencia y el mismo solo refleja la obligación que mantiene el Consejo de la Judicatura para sancionar conductas que trasgreden los principios del servicio judicial. Y Finalmente que "la remoción de los jueces no corresponde a una sanción sino al cumplimiento de una norma Constitucional (Art. 187) que busca el cumplir con las metas institucionales de la Función Judicial: no existe afectación a potestad protegida por reserva legal, pues el juicio político al haber sido planteado de forma contradictoria, no puede entonces existir reglamento alguno vulnerado".

También se les cuestionó que se vulneró la garantía de inamovilidad de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia con un procedimieto administrativo de evaluación. Al respecto, los interpelados señalaron que no fue así porque: "si bien los jueces y conjueces no son funcionarios de carrera los mismos tienen un carácter de servidores públicos y por lo tanto deben estar sometidos a ser evaluados por mandato constitucional". Los interpelados argumentaron que "la inamovilidad de un juez no significa la perpetuación en el cargo ni la ausencia de responsabilidad o permisión indiscriminada por sus actuaciones. Que "la inamovilidad fue respetada ya que se garantizó que los jueces sean removidos únicamente en caso de no cumplir con los parámetros legales pertinentes establecidos en la Ley y la Constitución". Y que "la remoción únicamente se origina por una incompetencia de ejercer el cargo evaluado. Advirtieron que la misma sentencia de la Corte Constitucional "ha dado la razón al Consejo de la Judicatura estableciendo los puntos previamente señalados de acuerdo al párrafo 139 de la Sentencia 37-19-IN/2021".


Legisladores durante el jucio político a los tres vocales de la Judicatura.

Otro de los argumentos de los interpelantes para el juicio fue que con el procedimiento administrativo de evaluación se vulneró la independiencia judicial de los jueces y conjueces de la Corte Nacional. La respuesta de los interpelados fue que "en ningún momento se presionó a los jueces para la toma de sus decisiones.

Otro de los cuestionamientos de los interpelantes fue que se vulneró la independencia judicial de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia con un procedimiento administrativo de evaluación.  La respuesta fue que "en ningún momento se presionó a los jueces para la toma de sus decisiones, únicamente se evaluó la cantidad y calidad de autos y sentencias emitidas en virtud de las disposiciones legales de evaluación que fueron previamente establecidas". Además, "nunca se llevó una evaluación sobre procesos activos, únicamente se evaluaron resoluciones y sentencias ejecutoriadas por lo que se respetó la independencia Judicial en todas las etapas de evaluación. La Corte Constitucional ya se pronunció respecto este punto y estableció que no se violó bajo ningún parámetro la independencia judicial dentro de los párrafos 119 y122 de la sentencia 37-19-IN/21", dijeron los interpelados.

Otro de los argumentos de los interpelantes para el juicio fue que con el procedimiento administrativo de evaluación se vulneró la independiencia judicial de los jueces y conjueces de la Corte Nacional. La respuesta de los interpelados fue que "en ningún momento se presionó a los jueces para la toma de sus decisiones, únicamente se evaluó la cantidad y calidad de autos y sentencias emitidas en virtud de las disposiciones legales de evaluación que fueron previamente establecidas. Además, "Nunca se llevó una evaluación sobre procesos activos, únicamente se evaluaron resoluciones y sentencias ejecutoriadas por lo que se respetó la independencia Judicial en todas las etapas de evaluación". Y "la Corte Constitucional ya se pronunció respecto este punto y estableció que no se violó bajo ningún parámetro la independencia judicial dentro de los párrafos 119 y122 de la sentencia 37-19-IN/21".

Los interpelantes también cuestionaron el proceso y la oportunidad del nombramiento de de conjueces temporales. La respuesta de los interpelados fue que "conforme consta de los informes y documentación interna del Consejo de la Judicatura, el banco de elegibles para Conjueces de la Corte Nacional de Justicia se agotó en el 2018, además de agotarse los jueces de categoría 8, es decir la categoría de jueces necesaria para ser nombrados conjueces de la Corte Nacional de Justicia conforme el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial". Además que "conforme establecen las normas del Ordenamiento Jurídico ecuatoriano, el Consejo de la Judicatura tiene la capacidad de declarar una necesidad extraordinaria o emergente al servicio de justicia para resolver el reemplazo de los referidos Conjueces a fin de precautelar la integridad del servicio judicial". Como consecuencia de esta situación extraordinaria, dijeron los funcionarios interpelados, "el Consejo del Judicatura elevó a consulta a la Procuraduría General del Estado la posibilidad de nombrar de manera extraordinaria Conjueces de la Corte Nacional  por lo que se obtuvo una respuesta afirmativa y fundamentada en virtud de la situación que se ocurría dentro de la Función Judicial. Al removerse a los Jueces y Conjueces que no cumplieron con el parámetro mínimo de evaluación el Consejo de la Judicatura se vio con la necesidad extraordinaria de nombrar nuevos Conjueces para la Corte Nacional de Justicia a fin de que se mantenga un correcto servicio judicial a la ciudadanía por lo que se seleccionó a los jueces Provinciales mejor puntuados como Conjueces Temporales de la Corte Nacional de Justicia".

Los interpelantes también cuestionaron el concurso para la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en el 2020, y se acusó a los vocales del CNJ de haber modificado los parámetros para la calificación de méritos un día después del inicio de la etapa de méritos.

Los interpelantes también cuestionaron el concurso para la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en el 2020, y se acusó a los vocales del CNJ de haber modificado los parámetros para la calificación de méritos un día después del inicio de la etapa de méritos. La respuesta de los vocales interpelados fue que  "dentro del Reglamento para la selección de Jueces de la Corte Nacional de justicia se estableció como parte de los requisitos la entrega de tres documentos relativos a actuaciones escritas para cada participante, señalando con precisión cada causa llevada. Por cada documento subido se estableció una puntuación máxima de 0.5 puntos y una puntuación máxima de 2 puntos por los tres documentos. Sin embargo el Consejo de la Judicatura se percató que dicho cálculo se encontraba con una falta de precisión en virtud de que dentro del sistema solo se podrían subir 3 documentos y consecuentemente para que los mismos pueda cumplir con la puntuación máxima se debía valorar a cada documento con un valor de 0.66 puntos en vez de los referidos 0.5 puntos".

Esta modificación, dijeron los interpelados,  "no alteró ni perjudicó a ningún participante en vista de que el mismo solo se llevó a cabo para pode cumplir numéricamente con la puntuación establecida, por lo tanto no existió ninguna afectación a la seguridad jurídica o al principio de igualdad".

En el tema de los fiscales, una de las preguntas de los interpelantes se refirió al concurso de fiscales provinciales a escala nacional. Esta pregunta fue respondida con abundantess quejas al ministerio de Economía, por la reducción de recursos para el sector Justicia. Los interpelados señalaron que el presupuesto necesario para el correcto desarrollo de la función judicial el mismo nunca ha sido entregado. Pusieron algunos ejemplos: En el 2019 se recortó el presupuesto requerido por el Consejo de la Judicatura en USD 16'906.140, por lo que no se pudieron ejecutar varios proyectos, entre los cuales se encontraba el concurso de méritos y oposiciones de Fiscales Provinciales a escala nacional. Por ese motivo se dio la necesidad de priorizar la evaluación de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

"En el 2020 se redujo el presupuesto establecido para la Función Judicial en USD 32'151.751 y a pesar de aquello se planificó llevar a cabo los concursos de méritos y oposiciones para fiscales. Sin embargo en ese mismo año se tuvo que declarar la emergencia sanitaria por el COVID 19 que imposibilitó continuar con los mismos.


Legisladores de varias bancadas se abstuvieron de votar.

En el tema de los fiscales, una de las preguntas de los interpelantes se refirió al concurso de fiscales provinciales a escala nacional. Esta pregunta fue respondida con abundantess quejas al ministerio de Economía, por la reducción de recursos para el sector Justicia.

"En vista del bajo presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura se ingresó una acción por incumplimiento en contra del Ministerio de Economía por la reducción de presupuesto indiscriminada que se fijó para la Función Judicial. Actualmente ese proceso se sigue ventilando en la Corte Constitucional.

"Posteriormente en el 2021 se continuó con las reducciones presupuestarias que impidieron la elaboración de un correcto desarrollo para la Función Judicial por lo que además de las elecciones presidenciales generaron una imposibilidad en la elaboración del mencionado concurso.

"El año 2022 no fue diferente y se asignó al Consejo de la Judicatura un presupuesto considerablemente más bajo al requerido para ejecutar debidamente sus funciones. Sin embargo se ha logrado llevar a  cabo el concurso referido a finales de este año para dar un complimiento a las obligaciones del Consejo de la Judicatura.

IV. ONCE HORAS DE JUICIO POLÍTICO

En dos sesiones, con un total de once horas cada una, la Asamblea Nacional dio paso al juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y a la ex presidenta del organismo: Fausto Murillo Fierro (presidente encargado), Juan José Morillo Velasco y Maribel Barreno Velín; así como a la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, quien no se presentó a la Asamblea Nacional.

Estas son las dos sesiones del juicio, cuya votación al final de la segunda sesión no logró destituir a los vocales mencionados, para lo cual se necesitan 92 votos, es decir las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Sin embargo, aún falta por completar el procedimiento que dé por cerrada la votación.

GALERÍA
El ABC del juicio a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Ecuatorianos en Argentina: migrar para estudiar
Mayra Caiza
Las claves para entender la situación de Coca Codo Sinclair
Redacción Plan V
Asesinan a Leandro Norero antes de que sea procesado por narcotráfico
Redacción Plan V
La propiedad de la antigua hacienda del INIAP provoca un conflicto social en el cantón Mejía
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Dos indicios y el rastreo de la señal del celular de Cáceres llevaron al cuerpo de María Belén Bernal
Redacción Plan V
¿Cómo escapó el policía Germán Cáceres? Y los datos oficiales inexactos sobre la desaparición de María Belén Bernal
Redacción Plan V
Disección al edificio de los oficiales, un enigma dentro de la Escuela de la Policía
Redacción Plan V
¿Crimen de estado?
Gabriel Hidalgo Andrade