El domingo 21 de febrero de 2021, mientras el país aún digería el impulso de la Fiscal General, Diana Salazar, para que los peritos de la entidad hicieran una copia del sistema informático del CNE, los miembros del Consejo Nacional Electoral decidieron de manera unánime entregar toda la información solicitada por la Fiscalía General del Estado en relación con el sistema informático. Esto, dijeron en la reunión, se hacía bajo la necesidad de preservar tanto la legalidad y legitimidad del proceso electoral como de respetar el debido proceso, según se decidió. También necesitaba dar al país tranquilidad y certezas en la pureza del proceso. Sobre todo, de confianza en el sistema informático, respecto del cual, los consejeros dijeron que  habían efectuado "severos controles con acompañamiento nacional e internacional".

Acordaron realizar dos copias certificadas por notario público, las que debían ser entregadas a las 8.30 del día de hoy a la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, a la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, dice el consejero Luis Verdesoto, en una carta dirigida a Diana Atamaint, "en una arbitraria decisión, usted, suspendió la realización de las copias y canceló la entrega planificada, sin ningún tipo de consulta conmigo, ni peor aún, autorización para romper lo concertado".

Aquella acción planificada y concertada por los consejeros tuvo plena concordancia con el sistema legal, según Verdesto; "tanto en base a los principios consagrados en la Constitución y las leyes, como en base a las competencias y obligaciones aplicables en nuestra calidad de consejeros. En específico, la Constitución recoge el principio de Transparencia de la Información en su artículo 18 y que es desarrollado en los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Adicionalmente, hay que recalcar que la Constitución en su artículo 217 señala que el Consejo Nacional Electoral se regirá por – entre otros – el principio de transparencia. Adicionalmente, el artículo 25, numerales 1 y 16, del Código de la Democracia determinan que es una función del Consejo Nacional Electoral con proporcionar información que transparente los procesos electorales".

La Fiscalía general, al igual que otras instituciones públicas, permanecen protegidas por anillos de seguridad luego de la presencia de manifestantes de PK reclamando transparencia. Foto: Luis Argüello. PlanV

"Además de expresar mi protesta ante el país y la comunidad internacional por el atropello contra los procedimientos institucionales y la transparencia en los procedimientos públicos", dijo Verdesoto" y exigió la inmediata entrega de los archivos de datos solicitados por la Fiscalía.

Solicitó también a la Fiscalía que procese esa información, de inmediato, y que en ningún caso se contamine la acción autorizada por un juez competente con el inicio de la campaña electoral.

Esta decisión del Pleno del CNE, excepto la consejera Acero, que está con permiso médico, fue "una conversación informal", según replicó el consejero afín del PSC, José Cabrera. Esta conversación la tuvimos pero no se llegó a una resolución formal, dijo la mañana del 25 de febrero a una radio de la capital de la república. "El consejero Verdesoto lanzó luego un boletín de prensa con las supuestas resoluciones, pero no fue así; él hace esas cosas", dijo. Sin embargo, según Verdesoto, lo que hubo fue la decisión de la presidenta del CNE de entregar a la Fiscalía lo pedido, incluso se había ordenado ya la compra del disco duro para almecenar la información, pero al parecer algo pasó, que la presidente detuvo el proceso. 

Luego de eso apareció la amenaza de juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar, por parte del Partido Social Cristiano, en un comunicado del asambleísta Rohon, pero que tendría el aval de Jaime Nebot. Guillermo Lasso, aliado electoral del PSC enseguida puso distancia a esa amenaza y respaldó a la fiscal Salazar, que en esos precisos días recibió un reconocimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre 12 personas de todo el mundo en la lucha contra la corrupción. Ella fue la única nominada de Sudamérica. 

La polémica sobre este tema empezó cuando Luis Bruno Segovia, en representación de Pachakutik, presentó una denuncia penal por presunto fraude electoral, delito penado en el Código Integral Penal, COIP, artículo 334, por supuestas anomalías en el almacenamiento de la información digitalizada, según información oficial de la Fiscalía General. El 18 de febrero, la fiscal general Diana Salazar inició una investigación previa y solicitó a la Corte Nacional de Justicia que "autorice el registro y la retención de información". No se trataba de incautar la base de datos, como cuentas en redes sociales del correismo difundieron, que se encuentra en los servidores de la institución.

¿A dónde apuntaba la Fiscalía General? Según fuentes vinculadas a PK, al parecer existían evidencias de que se había intervenido en el software electoral del CNE desde el exterior. Aunque no hay detalles en la denuncia de Pachakutik, durante la noche del conteo en las elecciones, se tenía la sospecha de que un algoritmo externo, introducido mediante hackeo en el sistema, alteraba la sumatoria de votos, desviando votos de Yaku Pérez a otros candidatos y de otros candidatos, que no sacaron más del 1% a otras candidaturas. También detectaron que en el sistema, cada cierto tiempo, las actas por procesar aumentaban, lo cual era ilógico pues estas debían disminuir al tiempo que eran procesadas. 

Militantes de PK y de la Unidad Popular protestan frente al CNE por un supuesto fraude en contra de su candidato Yaku Pérez. Foto: Luis Argüello

Era lo que iba a indagar la fiscal Salazar. Para ello obtuvo la autorización del juez de la Corte Nacional Luis Rivera Velasco, para la realización del acto urgente sobre el sistema informático del CNE. La providencia del juez Rivera Velasco disponía "Autorizar, de conformidad con los artículos 475, 477, 500.2 COIP, que FGE proceda al “registro y la retención de la base de datos que reposa en el servidor (equipo informático) perteneciente al Consejo Nacional Electoral; la información se ceñirá al proceso electoral efectuado el 7 de febrero del 2021”; así como al “reconocimiento, exhibición y extracción de la información” que fuere obtenida de la antes referida diligencia; para cuyo efecto, Fiscalía, procederá acorde con lo determinado en los artículos indicados. 3.2.- Aplicar —en el presente caso y por el tiempo de la investigación previa— el principio de reserva judicial, determinado en los artículos 490 y 584 COIP; dada la connotación y el tema nuclear que estriba en el [contexto] de un proceso electoral que se halla en curso…”.-

El impulso de la fiscal Salazar ordenaba, además "Realícese la RECOLECCIÓN DEL CONTENIDO DIGITAL (sic) de la base de datos que administra el sistema informático electoral, mismo que se encuentra almacenado en los servidores del Consejo Nacional Electoral. Para el efecto, se señala para el día domingo 21 de febrero de 2021, a las 07h30, la práctica de la diligencia, en la que se contará con la presencia de los señores peritos Marco Aurelio Pazmiño, Jorge Collaguazo; y, demás señores peritos de la Sección de Informática del Laboratorio de Criminalística de Pichincha. La diligencia se llevará a cabo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, lugar donde se encuentran ubicados los servidores. Ofíciese al Jefe del Laboratorio de Criminalística de Pichincha, a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral; y, al Coordinador Nacional de Tecnologías de la Información del Consejo Nacional Electoral, a fin que brinden las facilidades del caso para la práctica de esta diligencia. La diligencia se ceñirá a la base de datos del proceso electoral efectuado el 07 de febrero de 2021, cumpliendo las técnicas digitales forenses detalladas en el artículo 500 del Código Orgánico Integral Penal.

Se disponía, finalmente "realícese la PERICIA INFORMÁTICA FORENSE (sic), la misma que tendrá como objeto: a) Preservar la base de datos que administra el sistema informático electoral con corte a la fecha de la diligencia pericial; b) Identificar los usuarios configurados en el sistema, sus perfiles y permisos asignados; c) Generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral del Guayas; d) Generar un reporte a nivel del aplicativo de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral del Guayas; e) Preservar los registros de seguridad (logs) que registra o genera el sistema informático y la base de datos. Para el efecto, designo a los señores peritos Marco Aurelio Pazmiño, Jorge Collaguazo; y, demás señores peritos de la Sección de Informática del Laboratorio de Criminalística de Pichincha. El informe deberá ser presentado en el plazo de 10 días...".

La fiscal general delegó a la fiscal Mayra Soria Escobar, fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado, la práctica de las diligencias. 

Pero, al cierre de esta nota pasaron cinco días de la emisión de este impulso y la Fiscalía General ha guardado silencio sobre el proceso penal que inició y ahora se mantiene en suspenso.  Plan V pidió una respuesta a la dirección de comunicación de la Fiscalía General sobre el tema, pero no hubo respuesta. Uno de los argumentos para la demora en llegar adelante este acto urgente es que la Policía habría pedido un tiempo, no determinado, para que sus peritos acudan a esta diligencia.