La indagatoria abierta en España por una Fiscalía Anticorrupción, que investiga supuestos sobornos en el contrato de gerencia del Metro de Quito, que habría ocurrido en 2013, tiene una lectura propia de la actual administración del  Metro  que calificó a los hechos como intentos para deslegitimar el proceso de selección del operador del sistema, que trata de adelantar la actual Alcaldía de Santiago Guarderas.

Según el gerente del Metro de Quito, Efraín Bastidas, la denuncia sale a la luz “coincidencialmente” luego de 10 años de la existencia de una supuesta red de sobornos. “Justamente cuando hay búsqueda de operador se trata de involucrar a la empresa pública y a mi persona”, explicó. El supuesto intento de “perjudicar” al funcionario tiene relación con que en 2013 fue asesor del Metro y participó en reuniones iniciales sobre la contratación de los consultores españoles, pero asegura que él no tenía capacidad de decisión como para favorecerlos y que no firmó ningúna recomendación sobre el contrato indagado. 

En un comunicado, el Metro informó que entregaron los requerimientos de información a la Fiscalía y que están abiertos a cooperar con la justicia de ambos países. También se confirmó que abrirán las puertas a Quito Honesto, la comisión metropolitana contra la corrupción, que ha anunciado su propia investigación sobre los hechos.

En una rueda de prensa, el gerente actual del Metro negó toda implicación con los hechos sucedidos en la época. La declaración sonaría obvia sino es porque en 2013 Bastidas era miembro de las comisiones técnicas que asesoraban al proyecto, aunque aseguró que solo fue parte de las fases iniciales. Según la Fiscalía española, los términos del contrato para la gerencia pudieron haber sido manipulados desde el principio por medio de sobornos por el entorno del empresario Jesús Trabada.

“Es llamativo pensar que se esté hablando de que un técnico en el cuarto nivel puede hacer una manipulación al respecto. En ese año yo no era parte de la empresa”, explicó el actual gerente del Metro. Bastidas aseguró que en esa época se encontraba preparando un viaje para viajar a estudiar una maestría en España.

“No participé del informe de recomendación para la adjudicación. Participé en las primeras etapas”, admitió  Bastidas. “No he recibido ninguna suma, mis cuentas están abiertas. He llevado una vida sin lujos ni adquisiciones fuera de lugar”. Bastidas, que en esa época era un técnico asesor del Metro de Quito,  aseguró que “no tenía conocimiento de lo que estuviera sucediendo en niveles superiores”.

El actual gerente  mostró el acta de recomendación para el contrato con los españoles en donde no consta su firma. Sería el documento más importante donde la comisión técnica recomienda al gerente la respectiva contratación con el consorcio conformado por Bustren y otras firmas ibéricas. Sobre una comisión existen tres niveles generales, la gerencia general, la Alcaldía y el directorio de la empresa Metro, dijo el ex asesor y reiteró que la decisión final la tendría el gerente del Metro, que en esa época era Edgar Jácome, quien efectivamente firmó el contrato con los consultores españoles.
Consultado sobre si habría más indagatorias sobre la gestión del Metro en la Fiscalía, el gerente se negó a confirmar, de manera cortante, cuántas más habrían, por consejo de su abogado, presente en la sala.

El Metro informó que hay varias investigaciones en contra de la firma española Bustren, una de las empresas implicadas en el caso, y que surge “ahora que el Metro va a operar”. En 2013 la alcaldía de Barrera firmó el contrato para la asesoría técnica de gerenciamiento del proyecto con el consorcio GMQ que estaba integrado por Prointec y KV Consultores. Además del contrato original en la administración de Barrera, en la de Rodas se firmó otro con los mismos empresarios españoles, para realizar ajustes al diseño del Metro por más de cuatro millones de dólares, por lo que ambos contratos se acercan a los USD 20 millones.