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ada menos que 95 nombres para que sean investigados entregaron a la Fiscalía General del Estado el director de Patrocinio del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Pedro Crespo Crespo, y su abogado, también funcionario de Patrocinio, Santiago Peñaherrera Navas. El CNJ pidió al Ministerio Público que se investiguen estos nombres porque se presume la existencia del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.

Este artículo señala:

Tráfico de influencias.- Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

El máximo de la pena prevista será aplicable cuando las personas descritas en el primer inciso, aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercen, se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público.

Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales o miembros de los organismos administradores del Estado o del sector público en general, que, con su voto, cooperen a la comisión de este delito.

Los nombres mencionados por los abogados de la Judicatura en su demanda constan en el contenido de tres pericias judiciales en el Caso Sobornos 2012-2016 (o Arroz Verde) que lleva adelante la fiscal Ruth Amoroso de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada No. 1. Estas pericias corresponden a la extracción de información del celular Blackberry 9780 Bold, de Pamela Martínez Loayza; a los correos electrónicos de Pamela Martínez, Laura Terán y Cristian Paredes y a los cuadernos personales de Pamela Martínez.

Los demandantes piden investigar los nombres de funcionarios públicos y particulares que "han requerido favores en el ámbito del ejercicio del poder público y especialmente al de la Función Judicial" y que "del análisis de las pericias que forman parte de la instrucción fiscal, presumiblemente se evidencia cómo es que por órdenes emanadas de las más altas esferas del Gobierno se ha solicitado, por intermedio de mensajes de telefonía celular y messenger", varios requerimientos de favores e intervención en la administración de justicia.

El Consejo de la Judicatura denunció ante la Fiscalía a varios funcionarios judiciales.

Los juicios de "interés" del correato

Por ejemplo, aparecen correos sobre juicios que estaban dentro del interés del Ejecutivo. Uno de ellos sobre la situación del mayor (r) del Ejército ecuatoriano, Fidel Araujo, quien fue acusado de intento de magnicidio por los sucesos del 30S y estuvo en prisión por seis meses, para luego ser indultado. Él y su defensa siempre sostuvieron que su vinculación fiscal fue fruto de un montaje y manipulación de pruebas y testigos falsos, pero no habían evidencias -hasta ahora- de quu hubo intervención directa del Gobierno para su encarcelamiento y condena.

Ahora, a partir de los cuadernos, correos y mensajes del caso Sobornos, aparecieron estos mensajes. Por ejemplo, un correo  electrónico de Pamela Martínez, dirigido a Roberth Fernando del Hierro,  y Laura Terán que dice: "Se indica que por gestiones realizadas en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial, y debido a la insistencia, dentro del expediente No. 219-2011-SM, el día de hoy se va a  notificar la resolución de la sala negando la aclaración solicitada por el Cap. (sic) Fidel Araujo; esto es, se ratifica la nulidad del juicio, ya que por tratarse de un delito de atentado contra la seguridad del estado, la audiencia de juzgamiento en el tribunal penal debió ser reservada". Araujo, se explica en el mismo correo, había sido absuelto en el 2011, pero el juicio fue anulado y se reinició en al Tribunal Quinto, que, en cambio, lo condenó. El ex presidente Correa lo indultó el 30 de enero del 2016.

Además, hay un correo de Pamela Martínez a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura,  que dice: "Bosco Wisuma supervisión del caso y recomendación de jueces para sustanciar la audiencia de juzgamiento". También Martínez, en otro mensaje se dirige a Adrián Goetschel, "Pamela M. conversa con el fiscal Toainga (Wilson, actual fiscal general subrogante. Ndlr.) para que despache el caso de Adrián Goetschel, manifestando el fiscal que el dictamen es ratificatorio abstentivo, es decir favorable, y que le ofrece para la segunda quincena de agosto". El mencionado Goetschel estaba involucrado en presunto tráfico de drogas dentro del caso de Jorge Hugo Reyes, acusado también del mismo delito.

La mano del Gobierno llegó también al caso Mazoyer, la muerte  de una joven francesa que, tras ser herida en un asalto, no recibió atención médica oportuna en una clínica de Quito, que a la postre desapareció. El caso de la joven francesa también se trató en los cuadernos y emails del Caso Sobornos. Aquí hay un cruce de quejas y recomendaciones entre el abogado de la supuesta víctima de la mala práctica médica en la Clínica Pichincha y Pamela Martínez en torno a la actuación de los jueces en este caso. "Maximiliano Donoso le cuenta a Pamela Martínez su preocupación porque el doctor Aylu, junto a Paúl Íñiguez en la Corte Nacional han hecho grupo para favorecer a la Clínica Pichincha a cambio de $3000".

Más adelante: "Emiliano D. le cuenta a Pamela Martínez que el Presidente dio luz verde para que el doctor Íñiguez los ayude y que no se tuerza, de esta conversación, Pamela Martínez a foja 41658 indica que Paúl Íñiguez se juega el puesto". En otra indicación: "Emiliano D. le consulta a Pamela M. si logró hablar con Paúl Íñiguez porque tiene la audiencia a las 15H30, Pamela M. le contestó que había insistido en que va a fallar apegado a derecho (...) pero que es bueno porque no cree que corra riesgos, ya que el verdadero riesgo es que haga equipo con Ayluardo que sabe que debe irse, Emiliano le contesta que Ayluardo se vaya, pero sin cargarle a Paúl y Robalino". "Emiliano D. le cuenta a Pamela M. que no se realizó la audiencia porque los jueces tenían dos peticiones que no habían despachado, pero que es bueno porque vendrán jueces más sanos".

Más adelante: "Pamela M. le comenta a Laura T. que Paúl Íñiguez le va a enviar su hoja de vida a su correo para que lo prepare de manera confidencial y en privado al ministro Patiño, para que le den un consulado a Cuba y Chile".

Íñiguez fue uno de los jueces que salieron de la Corte Nacional que debieron dejar sus funciones en el último proceso de evaluación y renovación parcial de la CNJ.

Los juicios que "apalancaban" en Guayas

En otro punto señalado en la demanda del Consejo de la Judicatura, "Pilar de Grunauer le comenta a Pamela M. que pidió sancionar a los jueces que actuaron contra derecho en el caso Bomberos, que luego conoció la CC. en la causa 283-2014-EP por lo que Pamela M. le conmina a hablar con Pablo Martínez y Bolívar González de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura del Guayas, para que se apalanque". Pilar de Grunauer es María del Pilar Cornejo de Grunauer (así firmaba) por entonces secretaria nacional de Gestión de Riesgos.

El Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh, siempre negó ingerencia del Ejecutivo, pero un correo de Pamela Troya al vocal de ese Consejo, Néstor Arbito, señala lo contrario, pues en los papeles del caso Sobornos aparece un correo donde Pamela Martínez le pide a Arbito que retrase los exámenes para la Corte Nacional de Justicia y que le explique el proceso de los 700 jueces. Más adelante, Martínez menciona "que ha hablado con el jefe y quiere meter amigos al proceso de los 700 jueces, además de ampliar el plazo". Y luego, "Nes, quedo en enviarle el listado de las personas para el proceso de los 700 jueces el lunes a Pamela M."

Los chats con "Nes" Arbito

Los contactos de Pamela Martínez con Néstor Arbito, según consta en el documento entregado por el CNJ a la Fiscalía del Estado para su investigación, incluían instrucciones del "Jefe", quien sería el ex presidente Rafael Correa sobre las acciones que tomaba el CNJ. Así, Martínez le escribe a Arbito que el Jefe ha dispuesto "dar celeridad" a las quejas presentadas ante el CNJ por sus abogados personales, Guttembert y Allembert Vera", contra los jueces Fabila Gallardo, José Vinicio López, Wilson Castillo y Madelaine Pinargote.

El Jefe dispuso a Arbito que también tome nota de un proceso en contra de Leonardo Carvajal Santos, quien es padre de la ex ministra Paola Carvajal, en donde el padre de la ministra pedía que se la conceda un recurso de revisión. Para ello, le explicaba Martínez a Arbito, "se ha mandado mensaje" a los jueces Lucio Blacio, Káiser Arévalo y Edgar Flores.

Los nombramientos en la Función Judicial y hasta los cargos de notarios también estaban en la agenda del Jefe. Así, ordenó preguntar a Arbito por qué razón quedó fuera del concurso para una notaría Helen Mantilla. La respuesta de Arbito fue que "reprobó el examen pero puede volver a postular".

En las gestiones también aparece la actual secretaria jurídica de la Presidencia de la República y ex ministra del correato, Johanna Pesántez. Se trata de un juicio por daño moral en contra de la Clínica Internacional y Ecuasanitas.

Si alguien quería ser notario en el interior del país, al parecer, solo debía contactar con Pamela Martínez y Laura Terán. En un correo adjunto a la denuncia se recomienda la carpeta de Elvis Sánchez, un notario de Quevedo que quería serlo en Quinsaloma o en Buena Fe. También en Los Ríos, se mencionan en otro correos los nombres de jueces y secretarios de varias judicaturas de esa provincia, a los que se define como "responsables y que han apoyado al proyecto". Con nombres y apellidos, Laura Terán reportó en otro correo a Pamela Martínez los nombres de abogados que querían ser jueces y notarios en Guayas, Santa Elena y Pichincha.

Por los correos de ambas funcionarias pasaban también "proyectos de sentencia" para que los hagan llegar a los jueces. "Proyectos" redactados de acuerdo con la conveniencia de alguna de las partes, se entiende. Es el caso de un mensaje de Bernando Morán a Laura Terán, en donde le remitió un "proyecto de sentencia" para "la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional en el cual se casa la sentencia y se declara que Nestlé incurrió en competencia desleal" y debía ser condenada a pagar "seis millones de dólares".

En el caso de las demandas del ex presidente contra el actual prefecto Cléver Jiménez, un funcionario de la Fiscalía, llamado Robert del Hierro, le informó a Pamela Martínez, Caupolicán Ochoa (abogado de Correa) y Laura Terán que ya se había calificado la demanda y que se iba a citar a Jiménez. Del Hierro informaba también a la operadora correísta que, en el caso del "plagio de Rafael Correa", recomendaba "cambiar de fiscal".

También hay contactos con el ex presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, quien según la comenta Pamela Martínez a Laura Terán, intercedió para una consulado para Roberto Bruhis, un contrato de dos millones para una hija de la ex jueza Ruth Seni, ambos temas relacionados con un fallo en la Corte Constitucional.

En otra parte de la denuncia del CNJ ante la Fiscalía, se explica que las dos mujeres, que operaban tanto en el Palacio de Gobierno cuanto en una oficina en el norte de Quito, relataban que habían recibido llamadas de Gustavo Jalkh, Francisco Vergara y Antonio Gagliardo, quienes estaban "asombrados de que se hubiera excluido uno de los hombres dispuestos por el señor presidente".

Los datos de los cuadernos

Pamela Martínez también consignó en sus "cuadernos" varios nombre de empleados judiciales que, al parecer, trabajaban a órdenes del Palacio presidencial. En los cuadernos aparecen mencionados decenas de juicios en los que la alta asesora del presidente canalizó "requerimientos particulares". La ex jueza constitucional anotaba los números de cada proceso y junto a ellos los nombres de los jueces, secretarios y otros funcionarios judiciales que, al parecer, cumplían sus consignas y las del Gobierno.

La larga mano de la asesora presidencial llegaba a todas las provincias del país y no tenía ningún problema para tratar las distintas materias del derecho: sean civiles, penales, laborales, de inquilinato, cobros de dineros o de cualquier otra índole. En cada "requerimiento particular" anotaba qué se debía hacer: si negar, si conceder, si archivar... La influencia de la funcionaria llegaba a todas las instancias de la justicia: desde un juzgado de provincia hasta la Corte Nacional, alcanzaba a la Fiscalía (aparecen nombres de fiscales a quienes darán instrucciones precisas) y no dejaba de lado a los peritos, los nombres de algunos de los cuales aparecen escritos en código junto a los números de los casos en los que actuaban. La Fiscalía, tras haber recibido la denuncia, investiga el caso, toda vez que el actual CNJ ha pedido que se analice, en particular, qué hacían los funcionarios judiciales al parecer vinculados a la receta de arroz verde en los juzgados.