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10 de Febrero del 2016
Historias
Lectura: 12 minutos
10 de Febrero del 2016
Redacción Plan V
¿El caso Sampedro, otro plato de justicia a la carta?

Foto: lalineadefuego.info

En su humilde vivienda en el Suburbio de Guayaquil, familiares de Francisco Sampedro piden la liberación del transportista.

 

El transportista Francisco Sampedro espera en la cárcel un juicio bajo acusaciones del Gobierno de transportar material explosivo, aunque su defensa afirma que solo llevaba un monigote en forma de borrego. Para el jurista Enrique Herrería el caso es una muestra de que la justicia responde a consignas políticas.

Para el jurista Enrique Herrería, no hay pruebas en contra de Francisco Sampedro. 

Francisco Sampedro es un transportista de Guayaquil que, la noche del 26 de noviembre de 2015, fue detenido con un operativo policial en su casa, en el sector del Suburbio, horas después de que se produjeran manifestaciones contra el Gobierno y la aprobación de las enmiendas constitucionales en el centro de la ciudad.

El hombre, de 53 años, está acusado de "delito flagrante" aunque su defensa ha hecho notar que la detención ocurrió varias horas después del presunto crimen, por lo que mal podría haber flagrancia, lo que en derecho significa que alguien es detenido en el instante mismo de haber cometido un delito y con la presencia oportuna de la autoridad. 

Según la Policía y la Fiscalía, el chofer, quien realiza fletes en una camioneta para ganarse la vida, sería el presunto autor del delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, tipificado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal. Por tal razón, un juez le dictó prisión preventiva, mientras el Ministerio Público adelanta en su contra una indagación por el supuesto delito. La instrucción, signada con el código 073-2015, está a cargo de la agente fiscal provincial del Guayas Laura Chacón Chacón. 

En el parte policial que consta en el proceso, se precisa que alrededor de las 18:40 de ese día un grupo de manifestantes quemó llantas y de un monigote en forma de borrego en las cercanías del Palacio de la Gobernación del Guayas, y los agentes del orden afirman que las llantas contenían también materiales explosivos, por lo que, tras identificar el vehículo del transportista, se procedió a un operativo para detenerlo, lo que tuvo lugar a las 21:00 de esa misma noche. El parte policial agrega que "en la camioneta se encontraron materiales como banderas, afiches, palos, tubos y hojas volantes de papel con manuscritos" y que el conductor supuestamente "tenía aliento a licor". Según el parte, las explosiones provocaron heridas a tres policías, por lo que, por medio de las cámaras del ECU911 se pudo tomar fotos de las placas del vehículo de Sampedro y proceder a su búsqueda y detención. Al momento del arresto y revisión del vehículo, los uniformados encontraron solamente palos, banderas y hojas volantes. 

El monigote en forma de borrego, que es el apodo despectivo que desde algunos sectores de la oposición se les ha puesto a los oficialistas, habría tenido un cartel que decía "Aprobando las enmierdas obtendré pasto para mi estómago”.

El monigote en forma de borrego, que es el apodo despectivo que desde algunos sectores de la oposición se les ha puesto a los oficialistas, habría tenido un cartel que decía "Aprobando las enmierdas obtendré pasto para mi estómago”.

Mientras su defensa no ha logrado liberarlo, el chofer guayaquileño arriesga una pena de cinco a siete años, lo que ha motivado que entidades como el Observatorio de Derechos y Justicia, que dirige el abogado Enrique Herrería, se hayan pronunciado al respecto, señalando las que, en su criterio, son una serie de falencias en el trámite de la causa contra el transportista. 

Con una carta fechada el 21 de enero de 2015, el Observatorio remitió al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh, un análisis del caso, con el objetivo de que el Estado ecuatoriano "evite incurrir en responsabilidad por detención arbitraria". 

En el informe, de 20 páginas, los integrantes del Observatorio señalan que Sampedro fue detenido en su casa luego de haber realizado su carrera al centro de Guayaquil, por la que le pagaron USD 35. Entre quienes fletaron el vehículo estuvo el ex diputado del desaparecido Movimiento Popular Democrático (MPD) Jorge Escala. 

Las falencias en el proceso 

En su análisis del parte policial y el posterior proceso, el Observatorio precisa que la Policía no pudo encontrar ningún material explosivo en posesión del acusado, ni tampoco en su vehículo. Así mismo, que el juez de flagrancia no fundamentó por qué razón la detención había sido adecuada. Presentado un recurso de Hábeas Corpus, este fue negado el 16 de diciembre de 2015.

Para el Observatorio, es evidente que no habría flagrancia en el caso de Sampedro, puesto que no fue detenido en el mismo momento, ni tampoco cuasi flagrancia, término jurídico en el que un presunto delincuente es detenido tiempo después de los hechos, pero con elementos que indiquen de manera inequívoca su participación en el delito, como sería el caso del dinero producto de un asalto a un banco.

"Así, un delito flagrante debe comprobarse in situ y de manera indudable y tangible, de tal suerte que no exista duda acerca del cometimiento del mismo. Además, para que se configure la flagrancia los hechos deben encuadrarse con el tipo penal del que se acusa a la persona. En este sentido, la aplicación de analogía o la caracterización equivocada de los hechos constituyen violaciones al principio de legalidad, y configuran posibles situaciones de privación arbitraria de la libertad", señala el documento. 

Para el Observatorio no solo es una detención ilegal, sino un abuso de poder, pues Sampedro habría transportado únicamente un monigote hecho de papel con el que se realizó una protesta. 

Para el Observatorio de Derechos y Justicia no solo es una detención ilegal, sino un abuso de poder, pues Sampedro habría transportado únicamente un monigote hecho de papel con el que se realizó una protesta.

El Observatorio estimó también que se estaría violando la libertad de expresión del transportista, al utilizar de manera desproporcionada el derecho penal en su contra: "La incompatibilidad de las sanciones penales para castigar la emisión de expresiones es particularmente violatoria cuando penaliza discursos y opiniones sobre asuntos de interés público", recuerda el informe.

Agrega además que "la manifestación en la vía pública que denota protesta, rechazo y repudio a ciertos actos oficiales, configuran un discurso especialmente protegido por el derecho a la libre expresión", y, en el caso específico del monigote, "el monigote en sí mismo, y su exhibición en la vía pública constituía un mecanismo de opinión crítica a las actuaciones del gobierno y a asuntos de claro interés público. No era, bajo ningún concepto, un estándar que podría siquiera ser mencionado por las autoridades de policia".

Finalmente, el documento del Observatorio precisa que se debe proceder a la inmediata libertad del transportista, debido a la serie de violaciones legales que se habría cometido.

Justicia a la carta 

Pero este no sería el primer caso en el que, ante declaraciones de miembros del Ejecutivo, la Justicia reacciona con prisión y condenas, recuerda Herrería.

Los casos del ex conviviente de la fallecida cantante Sharon, a quién el ministro del Interior, José Serrano, sindicó via Twitter de un femicidio, criterio con el que luego coincidió la justicia de la provincia de Santa Elena, o de la concejala de Loja Jeannine Cruz Vaca, procesada y condena también por denuncia del alcalde de esa ciudad, José Bolívar Castillo, llaman la atención de Herrería.

En el caso de Sharon, Herrería recuerda que el ministro del Interior ni fue testigo ni tenía elementos, para establecer como lo hizo la culpabilidad del conviviente de un delito con una pena elevada.

En el caso de Sharon, Herrería recuerda que el ministro del Interior ni fue testigo del hecho ni tenía elementos, para establecer como lo hizo la culpabilidad del conviviente de un delito con una pena elevada. En el caso de Cruz, se produjo la sustitución de varios jueces en Loja, lo que para Herrería, evidenciaría que se remueve a jueces que no están de acuerdo con condenas politicas. 

En el caso de Sampedro, tanto el gobernador de la Provincia del Guayas, Julio César Quiñonez, cuanto el propio presidente Rafael Correa pidieron una sanción en contra del transportista, lo que en criterio de Herrería es "una grosera intromisión de la Función Ejecutiva en el sistema de justicia, al que ya en el Ecuador nos hemos acostumbrado. El presidente señala a quién se debe juzgar, la prontitud y hasta la gravedad de las supuestas infracciones. Esto repugna al principio de la división de poderes", dice.

"Hay una actitud irresponsable para señalar culpabilidades, esto tiene al sistema de justicia ecuatoriana en un mal predicamento". El origen de esta situación estaría en la potestad discresional del Consejo de la Judicatura de calificar un "error inexcusable" del juez en caso de que no dictamine de acuerdo con las consignas políticas del Gobierno, lo que inclusive podría llevar a un juicio por prevaricato en contra de los togados. 

El jurista sostiene que se está reprimiendo a Sampedro por expresar su inconformidad con las acciones del Gobierno, pues no se han aportado elementos, desde el Gobierno, ni de la flagrancia ni de la cuasi flagrancia, pues "no tenía en su poder explosivos ni armas nucleares". Herrería cree que se busca atemorizar e intimidar a quienes protestan en las calles, y Sampedro sería "un chivo expiatorio" para "escarmentar a los ecuatorianos que salgan a protestar". 

A Herrería le llama la atención que se aplique a Sampedro un delito que se encuentra en el capítulo del Código Penal entre los más graves crímines contra el Estado, como la traición a la Patria, cuando realmente tiene "una camioneta vieja con la que se dedicaba a realizar fletes. Es un hombre pobre que se gana la vida con su camioneta y se lo quiere condenar como si fuera un criminal de alta peligrosidad". También cuestionó que se haya aplicado una figura llamada "peculado atenuado" al ex ministro del Deporte Raúl Carrión, mientras se pretende sentenciar con severidad al transportista.

Frente a esta situación, Herrería cree que es necesario que la sociedad civil presente informes sobre los abusos que se están cometiendo, en la intención de lograr que se rectifiquen esos actos y para dejar a futuro una constancia de los abusos perpetrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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