La salida de Freddy Carrión, tras un escándalo sexual y la censura en la Asamblea Nacional significó que el Consejo de Participación Ciudadana, presidido en ese momento por Sofía Almeida, designara el 18 de septiembre de 2021 a César Córdova, un abogado del ámbito aduanero, como defensor del pueblo encargado. 

La salida de Carrión dio paso a varias semanas de inestabilidad en las que la institución, fundada hace 26 años para la defensa de los derechos humanos en el país, se convirtió en el escenario de enfrentamientos entre funcionarios y disputas de cargos. Durante las casi tres décadas que ha funciona, la Defensoría ha tenido algunos altibajos, como las sospechas de politización y los sesgos que habrían tenido las acciones de algunos de sus funcionarios. 

Una reunión social en pleno confinamiento terminó con una acusación por abuso sexual contra Carrión. Archivo

El encargo de César Córdova se prolonga hasta hoy, pero ya se han tomado algunas medidas para iniciar el concurso, con pasos previos como la conformación de una comisión técnica y la designación de veedores.

En septiembre de 2021, en una comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, los consejeros de Participación habían señalado que el proceso para designar al nuevo defensor del pueblo podría tomar entre seis y siete meses, es decir, hasta abril de este año. Los concursos para designación de autoridades tenían un costo estimado de 1.7 millones de dólares y solo el de defensor del pueblo no menos de $300 mil. Pero hasta este 27 de mayo no hay más que avances muy preliminares en esta designación. 

El último concurso

Los dos últimos defensores titulares fueron designados por concurso. Entre 2011 y 2018 ejerció el cargo Ramiro Rivadeneira, quien fue cesado por el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, pero que había llegado al cargo con 94/100 puntos posibles.

Ramiro Rivadeneira fue cesado por el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo. Foto: Ecuador en Vivo. Archivo

En septiembre del año pasado, los consejeros de Participación ofrecieron en la Comisión de Fiscalización concluir los concursos en seis o siete meses.  Foto: El Universo

Luego, entre 2018 y 2019, se realizó otro concurso para nombrar a ese funcionario, que fue organizado por el Consejo Transitorio. En ese proceso resultó ganador Freddy Carrión. Este fue el último concurso organizado para designar defensor del pueblo.

Según un informe de veeduría del Observatorio Judicial de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, este concurso realizó su convocatoria entre diciembre de 2018 y enero de 2019. El  nueve de enero de 2019 se confirmó la inscripción de 13 personas, cinco mujeres y ocho hombres, de los que solo cinco participantes pasaron a la siguiente fase, la de valoración.

Dos nombres que serían clave en los sucesos de los años siguientes aparecieron en esa lista: Freddy Carrión y Zaida Rovira. El defensor cesado por la Asamblea y la vicedefensora que lo sucedió y que se convirtió en su principal detractora. 

En el concurso de 2019, los méritos valieron 50 de 100 puntos posibles. La formación profesional fue calificada con 22.5 puntos, la experiencia profesional con otra cantidad similar y los cinco puntos restantes estuvieron relacionados con la producción académica. Freddy Carrión fue el mejor puntuado entonces, alcanzando 48/50. Rovira logró en esa etapa 27.5. 

La siguiente etapa fueron dos pruebas: una oral y otra escrita valoradas en 50 puntos, a razón de 20 la escrita y 30 la oral. Ahí no le fue tan bien a Carrión: sacó 12 en la escrita y 24 en la oral, mientras Rovira empató con Carrión en la escrita con 12 puntos mientras sacó 22 en la evaluación oral. 

Freddy Carrión y Zaida Rovira serían figuras clave en la situación actual de la Defensoría.  Fotos: El Universo y Mil Hojas

Al final,  y luego de pedidos de recalificación, Carrión ganó el concurso con una amplia ventaja: acumuló 86.5/100 mientras Rovira logró 61.33/100.

Para marzo, el concurso había entrado en la etapa de las impugnaciones ciudadanas. Dos impugnaciones contra Freddy Carrión fueron rechazadas, entre ella, una que hacía referencia a la denuncia que por maltrato le puso su esposa. 

Carrión fue finalmente designado como defensor del Pueblo y su periodo debía concluir en 2024, pero la denuncia de abuso sexual en su contra significó el fin de su gestión.

Tras el encargo de Córdova, la ex presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, anunció en septiembre de 2021 que había pedido a los asesores jurídicos de la entidad la redacción de un nuevo reglamento para ese concurso. Pero hasta diciembre de 2021 eso no se concretaba.

De su lado, el actual presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, presentó una acción de protección contra la designación de Córdova y se declaró partidario de respetar el perfil del defensor que consta en la Constitución y que, según destacó en 2021, el defensor encargado no cumple. 

Hernán Ulloa aprobó un nuevo reglamento para el concurso en abril de este año.  Foto: PlanV

¿Cómo quedó el reglamento? 

Pero los planes de Almeida quedaron truncos cuando perdió la mayoría y fue destituida del cargo de presidenta del Consejo. Ulloa fue electo presidente y para el 18 de marzo de 2022 la nueva mayoría del Consejo aprobó el reglamento para la elección de defensor del pueblo. 

El nuevo reglamento, que servirá para el concurso para elegir defensor del pueblo, derogó las reglas de juego que había aprobado el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo por medio de un mandato, y que fueron las que se usaron para designar a Freddy Carrión.

El nuevo reglamento tiene 63 artículos y se basa en buena parte en el mandato que usó el Consejo Transitorio. En sus primeros artículos establece que la primera etapa del concurso es la conformación de una veeduría ciudadana. 

El Consejo Transitorio organizó el último concurso para nombrar defensor del Pueblo. Archivo

Al igual que en otros concursos, no será el pleno del Consejo el que lleve adelante el proceso, sino una comisión ciudadana de selección. Además, deber haber un equipo técnico, conformado por funcionarios del Consejo y un equipo de apoyo para la Comisión Ciudadana. 

Los requisitos, que también consigna el reglamento aprobado, son los que están previstos en la Constitución: Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país; haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años; y acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Hay 18 inhabilidades establecidas en la norma, entre ellas, deber pensiones de alimentos o haber sido sancionado por delitos de violencia contra la mujer. La mayoría de ellas ya constaban en el mandato que usó el Consejo Transitorio. 

Al igual que en el mandato que se usó en tiempos de Trujillo, el nuevo reglamento establece una calificación sobre 100 puntos. A la oposición se le asignan 50 y a los méritos otros 50.

En el caso de los méritos, el reglamento precisa que la educación formal podrá valer hasta 20 puntos, la experiencia laboral 20 puntos y la específica cinco puntos.

Al igual que en el mandato del Consejo Transitorio, hay la posibilidad de obtener un punto por acción afirmativa, exclusivamente para miembros de pueblos y nacionalidades, para quienes tengan suficiencia en idiomas indígenas como kichwa o shuar; para personas en situación de movilidad humana o residentes en zonas rurales, provenir de los quintiles más bajos o ser héroes o heroínas nacionales. Otros motivos de acción afirmativa, como la orientación sexual, no han sido tomados en cuenta. 

Los 50 puntos de la oposición tendrán un examen escrito de hasta 30 puntos y uno práctico de 20. Para los exámenes se reclutará a un equipo de siete catedráticos de derecho, que prepararán las preguntas, y además habrán equipo de seguridad informática para proteger el proceso de supuestos ataques en internet.

Luego de las pruebas se podrá pasar a la etapa de impugnaciones, en la constan algunas de las causales habituales en este tipo de concursos, como la "falta de probidad". 

El concurso concluirá con un informe final, en donde se consignarán los puntajes. Y tomando en cuenta esos resultados, el pleno del Consejo de Participación nombrará al nuevo defensor del pueblo. No está claro cuándo podría ocurrir eso. 

¿En qué estado está el proceso?

Pero de momento, se han dado solo los primeros pasos. Tal como dice el reglamento, se ha empezado por la conformación de la veeduría ciudadana. Entre el 8 y el 18 de abril se receptaron las inscripciones en todo el país. Los requisitos fueron solos dos: ser ecuatoriano y estar en ejercicio de los derechos de participación.

El pasado 27 de abril de 2022, el pleno del Consejo conoció el informe sobre las personas que se presentaron para las veedurías, en donde se determinó quienes fueron aceptados y quienes no.

En total, 54 personas, la mayoría a título personal, se inscribieron. Solo 39 de ellos fueron admitidos a la veeduría ciudadana.

Pero hay algunas dudas. Gabriela Alvear, activista de derechos humanos, aparece en la lista de los admitidos, pero asegura que el Consejo nunca se contactó con ella ni la invitaron a la capacitación que tuvo lugar con el resto de veedores aceptados. En la lista de los nombres rechazados, hay otras 16 personas.

El Pleno del Consejo aún debe conocer un informe sobre inducción y admisión de postulantes a la veeduría, que aún no se presenta. 

En otra resolución, del 23 de marzo, el pleno del Consejo de Participación conformó el Equipo Técnico, con funcionarios de la institución.

El Equipo está conformado por Julio Senefélder Pimentel, Patricia Pozo, Luis Ureña, Eduardo  Bustamante, Nelson Silva, Neicer Ninabanda, Silvana Gordón Correa y Pamela Troya. Además de este equipo técnico, hace falta designar un notario, lo que aún no se concreta. 

Estos son los dos avances del concurso hasta este momento. La siguiente etapa será la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, para lo cual hay un reglamento, en donde también hay otro concurso de méritos con prácticamente el mismo mecanismo y las mismas etapas que en el caso del concurso para defensor. Cuando esta Comisión esté seleccionada, recién se podrán considerar que hay luz verde para empezar el concurso propiamente tal. 

Según se sostiene en el Consejo, estos procesos deberían tomar por lo menos otros seis meses, tomando en cuenta que están retrasados. Mientras tanto, el encargo de César Córdova en la Defensoría del Pueblo continúa.