El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acelera su ritmo para designar al contralos general del Estado. Al momento permanece en el cargo un contralor subrogante, Carlos Riofrío González, que fue designado luego de la detención y enjuicimiento del también encargado Pablo Celi, que a su vez reemplazó al sentenciado por cohecho, y hoy procesado en EE.UU. Carlos Pólit F.

La aceleración del Consejo de Participación deviene de la coyuntura política: la mayoría conformada por el correísmo (UNES), el PSC y otros, logró la caída de la presidenta de la Asamblea gracias al informe favorable para la destitución de Guadalupe Llori aprobado por una cuestionada comisión ad-hoc que, con mayoría correísta, es la puerta por la cual el Pleno de la Asamblea pretende reorganizar por completo la Función Legislativa, incluidas las comisiones permanentes.

Carlos Riofrío, contralor general encargado, tiene en marcha un proceso de juicio político. La designación del titular está en manos del CPCCS. Foto: Luis Argüello. PlanV

La decisión estaba estancada gracias a un recurso de amparo constitucional en contra del Pleno, mediante el cual un juez de primera instancia otorgó medidas cautelares a Llori. Pero la tarde del 31 de mayo, la mayoría opositora obtuvo 81 votos para aprobar una resolución que desconoció la decisión judicial y asi se dio paso para que el Pleno conozca el informe de la comisión ad-hoc.

Sin embargo, la Asamblea había intentado un camino alternativo cuando aprobó, con una mayoría de 126 votos de 137 legisladores, un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría. El Parlamento remitió las reformas para el veto del presidente Guillermo Lasso, el 25 de abril del 2022.  Para su reforma, la Asamblea partió del supuesto de que la Ley Orgánica de la Contraloría no prescribe un régimen de ausencia temporal ni definitiva de la máxima autoridad, ni un mecanismo de sucesión en esos escenarios. Por lo tanto planteó una reforma al Art. 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría en la cual, en caso de ausencia temporal lo reemplazará el contralor subrogante, y por ausencia definitiva lo reemplazará el segundo mejor puntuado en el concurso público de oposición previo en el que el Consejo de Participación Ciudadan designó al contralor titular. 

La reforma suprimía del Art. 33  la frase "subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular". Dejando, de esa manera, sin sustento legal al actual titular encargado de la Contraloría para poner una nueva autoridad hasta que esta sea reemplazada por el concurso. Esto fue en abril, cuando el proceso de designación en el CPCCS se había estancado tras la larga y onerosa disputa por la presidencia del Consejo y la consolidación de una nueva administración. El presidente Lasso vetó totalmente el proyecto de Ley y este intento fue archivado.

Una reunión del pleno del CPCCS, presidida por Hernán Ulloa. Participan solo cuatro consejeros de la mayoría. Foto Twitter Participa Ecuador

Tras cerrarse el camino reformatorio, la mayoría de oposición apretó el acelerador para generar la toma de la administración de la Asamblea. Cumplido este propósito, es también probable  que la Comisión de Fiscalización, presidida por ahora por el legislador independiente y progobiernista, Fernando Villavicencio, sea reestructurada y su reemplazo o nueva mayoría dé paso al juicio político a los cuatro vocales del CPCCS que no son de filiación correísta ni de gusto de los socialcristianos y Pachakutik. El martes 2 de junio ya hubo el intento de cambiar el orden del día de la Comisión para tratar el cambio del orden del los juicios políticos.

El 9 de mayo se habían cumplido tres meses de la presidencia de Hernán Ulloa en el CPCCS luego de la crisis con la entonces presidenta Sofía Almeida. Y el concurso para designar contralor no había pasado de la fase de admisibilidad de 102 candidatos a integrar la Comisión Ciudadana de Selección, CCS, conformada por cinco miembros de las funciones del Estado y cinco ciudadanos comunes y que designará al nuevo contralor por un periodo constitucional de cinco años.

Ante la posibilidad de agravar aún más crisis política e institucional con la salida de Llori y el juicio político y destitución de los vocales del CPCCS —Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo— el concurso de contralor quedaría en manos de la oposición política. Y no solo el concurso del contralor, sino que la Asamblea podría destituir al Consejo de la Judicatura y a través del organismo reestructurar la Corte Nacional, podría destituir a la Fiscal General y designar otra... La lista es grande.

El Ejecutivo no se quedó quieto. En una reunión con el presidente Lasso, los vocales de la mayoría del Consejo obtuvieron el compromiso para asignar recursos económicos pendientes para acelerar el concurso de contralor y la renovación parcial de los vocales del CNE. Además del defensor público y otras cinco autoridades más que no pasan del proceso para integrar las veedurías ciudadanas.

Un proceso largo e intrincado

Hasta hoy, ninguno de los nueve concursos públicos tiene conformada la Comisión Ciudadana de Selección. Pero el 4 de mayo pasado en la sesión del Pleno del Consejo de Participación, previa moción, se conoció un informe de nueve reconsideraciones solicitadas por los postulantes de la CCS, de los que cuatro que habían sido aceptados. Ahora hay 102 postulantes que entran a concurso.

El concurso consiste en que el Consejo califica los méritos de los postulantes. Los 30 mejor puntuados sobre 50 puntos (15 hombres y 15 mujeres) entrarán a un sorteo público de los que salen los cinco comisionados principales y suplentes. Este proceso lo llevan dos comisiones técnicas conformadas en el Consejo y que fueron reconfiguradas luego del cambio en la presidencia del organismo colegiado. Están integradas por ocho funcionarios del CPCCS.

La Comisión Ciudadana de Selección, es la mitad ciudadan, el resto son delegados de cinco funciones del Estado, lo cual tiene un origen político. La CCS se integra por diez personas. Cinco son representantes de la ciudadanía, los cuales s postulan individualmento o con el auspicio de organizaciones sociales. Los otros cinco personas son escogidas por duetos enviados por los titulares de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Judicial, Electoral, Legislativa y de Transparencia y Control Social. Estos también pasan por la fase de impugnación ciudadana.

En cuanto al concurso para designar Contralor, los candidatos están admitidos y entran a concurso para escoger cinco de ellos.

Al concurso para designar la Comisión Ciudadana de Selección le falta el proceso de impugnación ciudadana y los sortes para reducir el número a los diez que la conforman. Luego, la Comisión deberá instalarse y realizar la fase del concurso de oposición y méritos, una vez que se hayan recibido las pustulaciones para contralor de acuerdo a los requisitos contemplados en la Constitución y al reglamento que, para el efecto aprobó el Pleno del CPCCS en la presidente de Sofía Almeida, y luego de su salida, que ella calificó como ilegal e irregular, reestructuró la nueva mayoría bajo la presidencia de Hernán Ulloa. Este reglamento para elegir contralor, que detonó la crisis en el Consejo de Participación también fue reformado.