En medio de una crisis de confianza, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene a su cargo cinco concursos públicos para elegir las primeras autoridades de organismos como la Defensoría Pública, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo; y la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral. Los tres primeros concursos están en marcha y los dos últimos serán convocados en los próximos meses. 

Para llevar adelante estos concursos, el Pleno del CPCCS ha aprobado los siguientes Reglamentos: Reglamento de comisiones ciudadanas de selección, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-026-08-12-2015; Reglamento para la renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante concurso público de méritos y oposición con postulación, veeduría e impugnación ciudadana, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-058-E-2021-717; Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-047-E-2021-628; y el Reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-035-2020-187.

Los concursos del CPCCS contemplan diez pasos: conformación de veeduría ciudadana, conformación de comisiones de selección, convocatoria a la ciudadanía, postulación de los ciudadanos, admisibilidad, impugnación ciudadana, calificación de méritos, oposición, informe final y designación.

En los tres concursos que se dan este momento, se ha llegado hasta la conformación de comisiones de selección. 

Las etapas del concurso según la norma vigente son las siguientes:

Postulación: solo se tiene 10 días para presentar los candidatos, una vez hecha la convocatoria; por lo cual, los candidatos deberían comenzar a obtener los documentos necesarios pronto.

Admisibilidad: la Comisión Ciudadana de Selección, CCS, tiene ocho días para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Impugnación ciudadana: se tiene cinco días desde que se conoce los concursantes que superan la fase de admisibilidad, para que los ciudadanos
presenten sus impugnaciones.

Verificación de requisitos: La CCS tiene un término de ocho días para verificar el cumplimiento de requisitos.

Calificación de méritos: se encuentran calificados por 50 puntos.

Calificación de oposición: se encuentran calificados por 50 puntos. Constituye una prueba escrita de conocimientos.

a. Académicos: se solicitan candidatos de las universidades y se eligen a 12 académicos; se sortean los nombres para elegir.
b. Banco de preguntas: se revelan las 2.000 preguntas 48 horas antes de la prueba. Los académicos tienen 5 días para elaborarlas.

El  20 de diciembre del 2021, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, presentó a los miembros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana una serie de propuestas para reformar los términos del reglamento de selección, ya que según la entidad de la sociedad civil hay varios riesgos aplicables a todos los concursos en general. Pero la Fundación especifica que estos riesgos se evidencian en el  reglamento para el concurso para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, los cuales son:

La normativa vigente da un peso irracionalmente bajo a logros académicos o docencia y da un peso extremadamente alto a certificaciones y experiencia; en vulneración con el principio de proporcionalidad. Un buen ejemplo de esto ocurre en el caso del concurso para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado en el que, aplicando las regulaciones actuales, si un candidato tiene PhD y ha dedicado 14 años a la docencia, lo máximo que podría tener es 17/30. Mientras que, un candidato que tenga una Maestría y se haya dedicado a trabajar en el sector público -en cualquier cargo- por 14 años (el mismo tiempo), tendría 30/30.

Con los Reglamentos actuales, se valora dos veces a la experiencia: porque hay un acápite para experiencia y otro para experiencia específica; y a la experiencia en docencia se le atribuye un peso menor, sin ninguna justificación. Esto resulta absolutamente discriminatorio para quienes se han dedicado a la academia.

Oposición (prueba escrita): 50 puntos. Se permite que los concursantes accedan al banco de preguntas antes del examen, como en los criticados concursos del CPCCS cesado. Esta es una práctica que reduce la credibilidad del concurso, porque los postulantes no deberían conocer ni las preguntas, ni las respuestas antes de rendirlo. La oposición debería ser una fase en la que realmente se valore el conocimiento de los postulantes respecto del cargo que va a ejercer.

En el caso del Reglamento relativo al concurso para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, se incluyen para evaluación materias fuera del ámbito respectivo, como Administración e Ingeniería comercial. Una vez revisadas las mallas curriculares de ambas carreras, en varias universidades del país, es fácil concluir que no deberían ser valoradas para el proceso.

Estas reformas al Reglamento para elegir Contralor, planteadas al CPCCS es aplicable para las normas similares relativas a los demás concursos, consideró el FCD. Esto incluso permitirá que haya armonía, coherencia e igualdad entre todos los procesos de este tipo realizados por el CPCCS, dijo la organización al remitir su propuesta a los siete consejeros. 

Acá se hace necesario una explicación política. Hasta la segunda semana de enero del 2022, el Consejo se dividía políticamente por una mayoría conformada por los consejeros

Sofía Yvette Almeida Fuentes, presidenta; David Alejandro Rosero Miranda, vicepresidente; Gabriela Ibeth Estupiñán Gómez y Juan Javier Dávalos Benítez. Y una minoría conformada por Hernán Stalin Ulloa Ordoñez, María Fernanda Rivadeneira Cuzco y Francisco Lorenzo Bravo Macías. La mayoría era parte de pacto entre socialcristianos, correístas, MPD e independientes. Esta mayoría aprobó el Reglamento para al elección del Contralor. 

Pero esa mayoría cambió con la defección de Gabriela Estupiñan, quien pasó a integrar una nueva mayoría formada por Bravo, Ulloa, Estupiñan y Rivadeira. 

En ese contexto de disputa política fue cuando FCD envió la propuesta de reformas.

Uno de los temas principales de la reforma es que, según el reglamento aprobado por la mayoría de cuatro consejeros de la anterior mayoría, el secretario (a) de la Comisión Ciudadana de Selección debía ser nombrado por una terna enviada por la Presidencia del CPCCS, "la misma que estará integrada en forma paritaria por funcionarios/as de la nómina institucional y que acrediten formación profesional en Derecho. A la terna se adjuntará la hoja de vida de cada uno de sus integrantes".

Eso está en vigencia y lo de fondo es que el resultado será un funcionario del mismo Consejo, de "confianza" y atado laboralmente a la Presidencia del Consejo. Pero la reforma plantea que el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección debe ser electo por sus miembros, ya que, además, "el Pleno del CPCCS no debería interferir en el manejo interno de la Comisión; se debe cuidar la credibilidad del proceso". 

Sobre las prohibiciones e inhabilidades para ser contralor, el Art. 16 del Reglamento señala que además de las determinadas en el artículo 232 de la Constitución de la República del Ecuador, y de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, no podrá postularse para ejercer el cargo de primera autoridad de la Contraloría General del Estado quien no acredite no estar incurso en las prohibiciones señaladas, mediante una declaración juramentada en el formato único, otorgada mediante escritura pública ante Notario Público. Para el FCD esto no es suficiente, pues este único formalismo de la declaración juramentada permitió que en el pasado se designara a autoridades inhabilitadas, sin que se verifique en los sistemas de información pública dentro del mismo concurso. Ahora se plantea que, adicionalmente, los postulantes deberán acreditar los documentos públicos correspondientes solicitados en la convocatoria para demostrar que no se encuentran inhabilitados. Y que, sin perjuicio de lo anterior, los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección estarán obligados a verificar que el postulante no esté incurso en ninguna de las inhabilidades.

Otro artículo del reglamento que se cuestiona es el 21, que obliga a los postulantes a presentar obligatoriamente documentos, entre los cuales está "un certificado de test psicológico de habilidades y/o aptitudes para desempeñarse con solvencia profesional en calidad de autoridad del Estado, emitido con un tiempo no mayor a treinta (30) días antes de la postulación. Este certificado será otorgado por un o una Psicóloga Industrial, Psiquiatra o ramas afines, que Psicóloga Industrial, Psiquiatra o ramas afines, que ejerza su profesión por más de cinco años". 

El FCD propone la eliminación de este requisito, pues, de acuerdo con la normativa actual, los postulantes pueden manipular los resultados del examen psicológico, ya que son ellos mismos quienes presentan el “certificado”.

Además, dentro de las recomendaciones internacionales de los “test psicológicos” se indica que, en caso de que estos se efectúen, todos los candidatos deben ser sometidos al mismo examen para que la metodología e interpretación de resultados sea la misma. De otra forma, se vulnera el principio de igualdad.

Este requisito es nuevo para este tipo de concursos. Nunca antes el CPCCS había impuesto como requisito un test psicológico. Aunque en el país hay antecedentes en la Fuerza Pública, y el realizado para designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, requisito que fue observado por organizaciones, organismos y relatores internacionales. En otros países las compañías privadas utilizan este tipo de mecanismos para reclutar personal.

La propuesta de reformas pregunta: ¿Cómo se valoraría el test psicológico? En caso de que este refleje alguna alerta, ¿cuál es el resultado? ¿Se descalifica al postulante? ¿Existe en el Ecuador suficiente especialización de test psicológicos laborales que reflejen realmente un riesgo que pueda justificar la descalificación? El FCD sugiere que la valoración de aptitud de los candidatos se de en la etapa de impugnación ciudadana; no mediante una prueba subjetiva.

Con el fin de fomentar la transparencia en los procesos, también se propone, que en el mismo artículo se adjunte este texto: "Con la finalidad de garantizar la publicidad y facilitar la impugnación, el expediente será escaneado por completo y será subido a la página web institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, protegiendo los datos personales de los postulantes. La publicación del expediente deberá hacerse en el término de un día después de aprobarse la admisibilidad del candidato al concurso".

En la carta al Consejo hay, además, una detallada propuesta de reformas a la forma en cómo se califica a los postulantes y la disribución de los puntajes de acuerdo a los requisitos del cargo. 

La sesión ordinaria del Consejo de Participación iba a tratar este pedido de reformas. Sin embargo esto no se dio. Cuando el consejero Hernán Ulloa pidió cambio del orden del día para discutir como primer punto la lectura y discusión de la carta enviada por FCD la respuestas fueron disímiles. El consejero Dávalos se opuso con el argumento de que este era un intento gobiernista de meterle la mano al concurso para designar a sus candidatos, luego la presidenta del Consejo clausuró la sesión con el argumento de que no sabía de qué se trataba el tema.

El Consejo de Participación sigue funcionando políticamente, y lo que ha hecho en todos los concursos, que además están rezagados, es intentar, una vez más, manipular la designación de autoridades, dice Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la FCD. Esto, aclara, parte de la reforma a los reglamentos de elección de autoridades, en función de una mayoría que estuvo vigente hasta la primera semana de enero del 2021. Con el cambio de mayoría, lo que va a pasar es la obstaculización de los procesos, generando una inestabilidad institucional en el país, advirtió.

Una muestra de ello es cuando en la primera sesión del año 2022, la presidenta suspendió la sesión para evitar que la nueva mayoría votara en contra en la aprobación de un cambio en el reglamento para la elección del nuevo Superintendente de Compañías.  Ese cambio pretendía imponer que si un miembro de la terna enviada por el Ejecutivo no cumplía los requisitos impuestos por el Consejo, se anulaba toda la terna. Lo cual, políticamente equivalía a que no se volviera casi imposible nombrar nuevo Superintendente. El reglamento para la elección de esta autoridad finalmente fue aprobado por la nueva mayoría, con las reformas que, a criterio de este sector, eran necesarias para viabilizar la elección de un nuevo superintendente.

En una reacción frente a la nueva mayoría y a las primeras dificultades de la antigua mayoría para imponer sus decisiones, el consejero Juan Javier Dávalos, afiliado al correísmo, dijo en un comunicado público que la estrategia tanto de "sectores particulares, como del presidente Guillermo Lasso" es destruir el Consejo por dentro,  "e impedir con ello que reemplacemos a muchas de las autoridades elegidas en el Trujillato,  y para este fin han logrado hasta el momento coptar tres consejeros", denunció Dávalos aunque no mencionó sus nombres.

El "Trujillato" es un término acuñado por los seguidores del expresidente Rafael Correa referido a la etapa en que el ya fallecido Julio César Trujillo presidió un Consejo de Participación Transitorio, fruto de una consulta popular impulsada por el gobierno de Lenín Moreno, en febrero del 2018. Este Consejo desmontó la institucionalidad heredada de los diez años de gobierno de Correa en entidades como la Fiscalía General, la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional y nombró nuevas autoridades.

La misión de estos tres consejeros, dijo Dávalos, es romper la mayoría que ha logrado "avanzar en procesos de designación transparentes". Dávalos denunció que el Consejo ha tenido que trabajar sin presupuesto, ha sido sometido a campañas mediáticas de desprestigio y han enfrentado "el uso ilegítimo de al adminstración de justicia para desestabilizarnos".

Para este consejero dijo que el futuro institucional del país depende de la independencia y transparencia con las que avancen los concursos pendientes para desingar nuevas autoridades.

El Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de ser, dice Alarcón-Salvador al respecto. Debiera desaparecer, pero si el camino más fácil es limitar las atribuciones del Consejo en cuanto a los concursos de autoridades y trasladar esas atribuciones a otra institución que se lo haga rápido, dice el director de la Fundación. ¿Cómo hacerlo? Según la Corte Constitucional no se puede desaparecer el Consejo de Participación, pero sí limitar sus funciones por la vía de la enmienda, la cual ya fue planteada a la Asamblea Nacional, para llegar a un referendo ciudadano. 

El Consejo enfrenta una nueva crisis política a partir de la conformación de la nueva mayoría. Pero antes ha pasado por acusaciones de injerencia política, supuestamente por la condición de sobrina del asambleísta Luis Almeida, del Partido Social Cristiano e hija de su hermano Pedro Almeida, quien tendría influencia directa en la administración y actuaciones del Consejo según denunció a varias autoridades de control el exdirector jurídico del organismo, lo cual fue desmentido por Luis Almeida Morán. Pedro Ameida fue funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez y ha sido también legislador y recientemente subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

No es la primera crisis del Consejo de Participación. Su primer presidente luego del referendum fue el sacerdote José Tuárez, quien fuera electo al Consejo, como los demás vocales, por voto popular. Tuárez fue nombrado presidente del Consejo por sus miembros y haber alcanzado la mayor votación, pero fue destituido dos meses después, junto a otros tres consejeros, tras un juicio político en la Asamblea Nacional, acusado de incumplimiento de funciones, sobre todo para evitar que echara abajo los nombramientos del CPCCS presidido por Trujillo. Pero el 28 de noviembre del 2019 fue detenido y sentenciado a cinco años de prisión, luego de un juicio en el cual se lo sentenció de asociación ilícita por formar parte de  una red que cobrarba dinero para ingresar a instituciones públicas. 

Tuárez fue reemplazado en la presidencia del Consejo por Carlos Cruz, quien también fue destituido un año después, en octubre del 2020, por la Asamblea Nacional, acusado de haber obtenido de modo fraudulento un carnet de discapacidad, presentación de documentos falsos en el concursos para ser parte del Consejo de Participación y arrogación de funciones en su presidencia del organismo al aprobar reglamentos sin la participación del Pleno del CPCCS.

El actual consejero, Hernán Ulloa, un abogado guayaquileño que forma parte ahora de la mayoría de cuatro consejeros en el CPCCS dice que, nada para la anterior mayoría estaba mal, porque habían los cuatro votos de por medio para la Presidenta. Ella es la única autoridad que puede convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. Ante las afirmaciones de que la nueva mayoría está creando un boicot, "es es incorrecto y mal intencionado", porque ella puede convocar a estas sesiones, suspenderlas y no reanudarlas "que es lo que ha estado ocurriendo". 

En el tema del no tratamiento de la propuesta de reformas de FCD, Ulloa dice que la Presidenta usó como pretexto un cruce de palabras entre él y el consejero Dávalos para suspender la sesión, porque había los votos para tratar esas reformas y posiblemente aprobarlas. Dice Ulloa que a la Presidenta Almeida no le conviene que reformen el reglamento ni que se transparente la información: "en esto se encuentra desde que es Presidenta, en el bloqueo de la información a los consejeros en la reforma a los reglamentos, para impedir que tengamos un delegado en los equipos técnicos y esto conlleva  que en cada sesión nos abstengamos de votar, porque solamente remite informes sin los documentos de soportes".

Esto provocó que la consejera Rivadeneira presentó una acción de acceso a la información pública ante la justicia constitucional, para que un juez disponga la entrega de la información. 

El artículo 4 del reglamento de las Comsiones Ciudadanas de Selección determina que se debe publicar en la web institucional todos los detalles del concurso, lo cual no se cumple en cuanto a las hojas de vida, los debates del equipo técnico, las sesiones... "Ellos están pasando como un caza furtivo por encima del radar, para que ni la ciudadanía ni los consejeros podamos conocer la información", dice Ulloa.

Con un dato básico, como es el número de la cédula de indentidad, el consejero Ulloa y sus colegas descubrieron que dos de los postulantes a las CCS, para el concurso de defensor público, tenían deudas por pensiones alimenticias y en otros casos tenían deudas con el Estado. "Pero se quería hacer pasar a estas personas, que tenían prohibiciones", dice Ulloa.

El consejero cree que la Presidenta, como no tiene mayoría en el Pleno del Consejo, "va a tratar de continuar con su esquema pernicioso y falta de transparencia y lo va a hacer a través de sesiones extraordinarias", porque solo en las sesiones ordinarias se puede modificar el orden del día, no así en las sesiones extraordinarias, cuyo orden del día es potestad única de la Presidenta del CPCCS. "Esto es el peligro en el que se encuentra el Consejo de Participación".

Ulloa advierte que si la nueva mayoría no aprueba los informes que se dan con relación a los concursos, la Presidenta va a decir que están boicoteando los procesos de selección. Podemos no aprobar los informes, pero eso tiene un costo político; pero el bloqueo proviene de ella.