El control del gasto electoral de las campañas nacionales sigue siendo todavía deficiente y carente de datos precisos que permitan identificar claramente el origen de los ingresos y el destino de los gastos. Esta es una de las conclusiones de un reciente informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) que en un reciente estudio analizó los documentos disponibles al momento que han sido entregados al Consejo Nacional Electoral por parte de las dos campañas finalistas, la de Guillermo Lasso (CREO) y la de Andrés Arauz (UNES). 

Actualmente, las campañas en el país se financian por medio de aportes del Estado y de particulares. Mientras la publicidad en televisión, prensa escrita, medios digitales, radio y vallas publicitarias se financia con el Fondo de Promoción Electoral del Estado, pagado por el CNE que contrata directamente a los medios de comunicación, todo lo demás, desde las camisetas, las gorras, las tarimas, el combustible de los carros, los equipos de sonido y la pauta en internet deben ser de aportes privados. 

Está prohibido, según la normativa vigente, que se aporten a las campañas recursos de origen ilícito, así como personas naturales nacionales contratantes del Estado para ejecución de obra pública, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales. Los candidatos no pueden recibir dinero de personas naturales que mantengan litigios con el Estado por contratos de obras o servicios públicos. Y está prohibido usar recursos y bienes públicos, pedir aportes obligatorios en instituciones del Estado. Tampoco pueden aportar las empresas privadas, no debe haber donaciones anónimas y no pueden aportar a las campañas ecuatorianas empresas, instituciones o Estados extranjeros.

¿En qué y cuánto gastaron los finalistas?

El CNE ha fijado límites de los aportes a fuentes tales como donaciones del propio candidato, préstamos bancarios, donativos en especie, entre otros. Según los presupuestos de campaña para la segunda vuelta que presentaron ante el CNE, la campaña que tenía previsto gastar más dinero fue la de UNES, con USD 2.095.864 seguida de la de CREO con USD 499.190. 

Entre el 16 de marzo y el 8 de abril, la campaña de Andrés Arauz recibió aportes por USD 489.553,45 mientras que la de Lasso obtuvo USD 403.330. Por lo menos 312 aportantes declaró Arauz frente a 16 de Lasso. La campaña de Arauz declaró 313 aportes en numerario y 18 en especie, frente a 19 de la campaña de Guillermo Lasso. 

Tres particulares lideran los aportes de campaña de UNES: Jimmy Cortéz con cerca de USD 40 mil, Carlos Castillo con 15 mil y Carlos Zuloaga con 10 mil.

En la campaña de CREO, en cambio, Carlos Lasso Mendoza, aportó USD 100.000 junto con otros aportes pequeños de cerca de USD 10.000.

Las cuentas de campaña revelan que Andrés Arauz no aportó un centavo como candidato a su campaña, que fue financiada en su totalidad por particulares, mientras que el presidente electo Guillermo Lasso contribuyó con el 49.6% de su postulación.

Las dos campañas distribuyeron de manera muy distinta sus recursos. El grueso del gasto de UNES en personal, mientras que en la campaña de Lasso la mayoría se orientó a propaganda electoral, mucha de ella en internet. 

Entre marzo y abril, las páginas en Facebook de Guillermo Lasso pautaron USD 195.858, mientras que las páginas cercanas a Arauz registraron USD 188.157.

Además, ambas campañas recibieron recursos del Estado para pauta estimados en USD 1.124.389,12.

Tras la revisión de la documentación existente, la FCD realizó algunas recomendaciones sobre el control del gasto electoral. Entre las conclusiones del estudio están que "se sugiere revisar el límite de aportes a las fuentes permitidas, especialmente a las personas naturales, puesto que en la segunda vuelta ambas candidaturas superaron este techo y en primera vuelta la Alianza UNES rebasó ampliamente este límite".

Además, la FCD recomienda "la incorporación, en la normativa correspondiente, de la obligatoriedad para que el Consejo Nacional Electoral publique los detalles sobre el uso del Fondo de Promoción Electoral por parte de las organizaciones políticas o alianzas". En ese marco, sostuvo que es necesario "incorporar una sección de monitoreo ciudadano al Sistema de Promoción Electoral que actualmente utiliza el CNE". El estudio sugiere también "determinar un plazo para el desarrollo oportuno del Sistema Contable del Financiamiento de la Política y su funcionamiento pleno, ya que el Código de la Democracia únicamente lo establece para el Sistema de Interconexión de Datos".

El Consejo Nacional Electoral recibe reportes de gasto de los sujetos políticos. Foto: PlanV

Documentos ilegibles, en abundancia 

De la revisión de los documentos presentados hasta el momento por Arauz y Lasso, FCD concluyó que "la implementación del uso de un sistema automático para el reporte de los planes de cuenta de las candidaturas permitiría mayor celeridad en el acceso ciudadano a la información, el cual podría ser en tiempo real". Curiosamente, los investigadores encontraron documentos ilegibles entre los justificativos presentados en la pasada segunda vuelta, que los funcionarios del CNE a cargo de la revisión no han podido interpretar. El sistema recomendado "eliminaría la posibilidad de que las organizaciones políticas o alianzas presenten documentos ilegibles" y también "permitiría que la ciudadanía acceda a la información en datos abiertos, facilitando el oportuno control ciudadano". La organización hizo un llamado a utilizar ejemplos de otros países y herramientas en código abierto. 

Pero también son necesarias nuevas sanciones en caso de incumplimientos de las campañas, advierte el estudio: "el Consejo Nacional Electoral debería tener la facultad para imponer sanciones ante el incumplimiento de la presentación del Plan de Cuentas y de los reportes quincenales de ingresos y gastos de las campañas electorales, o ante el cumplimiento malintencionado por medio de formatos ilegibles" lo que actualmente no está considerado en la normativa.

Otro vacío que fue detectado por el estudio es que no se está transparentando en las campañas el gasto de dinero en pautaje en redes sociales como Facebook, ya que los datos de los que se dispone fueron tomados de la propia red que, en cumplimiento de leyes norteamericanas, transparentó el gasto de las campañas ecuatorianas. "Se recomienda establecer el tipo de gasto al que pertenece el pautaje en redes u otros gastos similares. Actualmente existe disparidad en el reporte de esta información, ya que algunas candidaturas lo reflejan como servicios y no como propaganda electoral", advirtió FCD tras la revisión de los datos. Aunque el CNE dispone de información, esta no es publicada en internet, por lo que "se debería incluir en la normativa, plazos para que el Consejo Nacional Electoral publique en su página web la información recibida por parte de las organizaciones políticas, ya que al momento solo existen plazos para la presentación de la información al ente de control por parte de las organizaciones políticas o alianzas".

Pero no solamente no se publican los informes en el CNE, sino que las campañas no lo hacen en sus páginas de internet, algo que debería ser obligatorio, a criterio de FCD. 

Los temas pendientes en el control electoral

El ex consejero del CNE, Luis Verdesoto, propuso una serie de reformas para el control del gasto electoral en febrero de 2019, durante las pasadas elecciones seccionales.

Según Verdesoto, la Fiscalía debía tener personal especializado pendiente del proceso electoral ante la posibilidad de que se cometa algún tipo de delito relacionado con dinero de procedencia ilícita. Además, planteó que en el portal del CNE se puedan enviar denuncias anónimas relacionadas con gastos que puedan parecer sospechosos. 

La figura de un "fiscal electoral" y de delitos electorales debe, para Verdesoto, ser debatida, pues estima que solo por medio del control de funcionarios especializados en el interior del país, que presencien cada campaña y puedan hacer estimaciones con valor legal de los verdaderos costos de sus actividades, sería posible saber si no hay fenómenos como la doble contabilidad o el subregistro de gastos. Sin embargo de estos controles, la posibilidad de que dinero en efectivo o aportes en especie no sean registrados siempre está latente.

El ex consejero Verdesoto advirtió que el actual sistema de control es ineficiente, y que podría permitir que entren a las campañas dineros irregulares y hasta ilícitos. Los ítems de control no son suficientes, por lo que si hubiera funcionarios electorales analizando cada evento, como inspectores de campo, sería más difícil que se haga pasar un evento por una fracción de su valor real. Sin embargo, su propuesta de fiscales electorales no fue acogida en el actual CNE. 

En 2019, Verdesoto presentó un informe reservado al Pleno sobre una investigación de sus asesores, realizada en localidades de la frontera norte, en Esmeraldas y pudo establecer que hay mecanismos claros en las que aparece dinero, al parecer, dudoso, en el trabajo de ciertos políticos de esas zonas.

Por ejemplo, destacó que había podido detectar la organización de rifas en las que el valor del premio no se explica por el pequeño importe de los boletos, o la realización de obras de carácter público como caminos y ciertas infraestructuras por parte de ciudadanos privados. El informe fue conocido en el pleno del CNE pero no se tomó ninguna decisión al respecto. 

Verdesoto había advertido también en 2019 que hay "formas nuevas de financiamiento electoral" que no están contempladas en la actual legislación. Hay financiamientos en donde ciertos aportantes estarían "donando" absolutamente todo, con la lógica de un "capital de riesgo", de manera que ciertos candidatos no estarían aportando ya nada a sus campañas. Por ello, propuso una reforma al Código de la Democracia, que recoja varias de las nuevas formas de financiamiento electoral. Cree que es más posible que la Fiscalía investigue casos que la Unidad de Análisis Financiero, pues la UAFE lo que hará es revisar algunas cuentas puntuales.

Para el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, hay una regulación muy precisa en las normas que se refieren al gasto electoral.

Acosta precisa que "es casi imposible" detectar si hay dinero de origen ilícito en el proceso electoral, pues la actual legislación controla básicamente dos cosas: el uso del dinero que el Estado entrega a los movimientos y fuerzas políticas, y los máximos del gasto electoral, que tienen relación con el dinero privado que ingresa. La normativa, así formulada, ha sido aplicada recientemente por el CNE en el caso de la segunda vuelta 2021. 

Acosta agregó que es necesaria la participación de entidades de control financiero, como la Unidad de Análisis Financiero y estima que se podría monitorear las cuentas de los candidatos y sus entornos en busca de dinero no declarado, en lo que también podría tener participación entidades como el Servicio de Rentas Internas, o las Superintendencias de Bancos y Compañías. Además, cree que si se han podido identificar irregularidades en el financiamiento, el caso debe ser puesto en consideración de la Fiscalía.