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4 de Abril del 2016
Historias
Lectura: 9 minutos
4 de Abril del 2016
María Fernanda Solíz

Psicóloga por la Universidad del Azuay y PhD en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es investigadora y académica. 

El correísmo: de Dayuma a la Universidad Andina

La represión en Dayuma fue reportada en exclusiva por diario Expreso.

 

No es extraño que los gobiernos de turno, además de negar las violaciones de derechos humanos ocurridas en sus mandatos, trasladen las responsabilidades a las víctimas, la víctima es acusada por su conducta, se intenta legitimar la violencia contra ella utilizando marcas o estigmas morales y políticos. Este es un análisis de los métodos psicosociales del correísmo. De las estrategias de represión desde la psicología social.

En el año 2007, conocimos los primeros alcances del Correismo. Dayuma, una parroquia rural del cantón Orellana, duramente afectada por la extracción de hidrocarburos en la zona, fue la primera en vivir la militarización, la represión y el acoso de un régimen que se autodenominaba de izquierda y revolucionario.

Con el argumento de “una grave conmoción interna” el gobierno declaró el Estado de Emergencia en toda la Provincia de Orellana, militarizando la zona y agrediendo a la población con brutalidad, los informes de acompañamiento a las víctimas, reportan tortura, amenazas de violación sexual y detenciones arbitrarias. En la práctica, la “grave conmoción interna” se limitó al cierre de la Vía Auca, que conduce al pozo petrolero del mismo nombre, en ningún momento se dinamitó pozo alguno ni se atentó contra las instalaciones petroleras .

Para justificar el vergonzoso proceder, se generaron falsos informes que aseguraban  que la población se tomó los pozos petroleros y que se dieron actos de sabotaje contra los mismos. Es bien conocido que las violaciones de derechos humanos siempre van acompañadas de la construcción de un estigma moral, que además del hecho traumático, supone un cuestionamiento de la dignidad de la víctima y las responsabiliza de las violaciones de derechos humanos de las que fueron objeto.

No es extraño que los gobiernos de turno, además de negar las violaciones de derechos humanos ocurridas en sus mandatos, trasladen las responsabilidades a las víctimas, la víctima es acusada por su conducta, se intenta legitimar la violencia contra ella utilizando marcas o estigmas morales y políticos como “terrorista”, “delincuente”, “subversivo” y en el caso de la violencia sexual y de género: “mujerzuela”, “provocadora”, "malcriada" y el más reciente “ofrecida”. 

Recordemos que las dictaduras de los 70 justificaron la tortura, las desapariciones y los asesinatos utilizando exactamente los mismos estigmas.

Recordemos que las dictaduras de los 70 justificaron la tortura, las desapariciones y los asesinatos utilizando exactamente los mismos estigmas. No podemos borrar de la memoria colectiva el histórico “por algo habrá sido”.

A Dayuma le siguieron tantas otras comunidades, colectivos, defensores y defensoras de los derechos humanos, de la naturaleza, de la vida y la dignidad de los pueblos. No podemos dejar de mencionar algunos: Río Grande, San Pablo de Amalí, Intag, los 17 de Shaglly, los 10 de Luluncoto, los estudiantes del Central Técnico, los estudiantes del Mejía, del Montúfar, los 29 de Saraguro, las Fundaciones Acción Ecológica y Pachamama, el colectivo Yasunidos, la Ecuarunari, la Conaie y tantos otros, muchas veces incluso a nivel de ataques personales, de Estado a ciudadano.

Tampoco podemos olvidar los compañeros asesinados por reivindicar el legítimo derecho de sus pueblos a decidir sobre territorios ancestrales. Bosco Wisum, Fredy Taish y José Tendetza quedarán en la memoria colectiva del pueblo shuar como históricos dirigentes asesinados en medio de la embestida mega minera intensificada por este gobierno y por sus políticas represivas y fascistas.

Hemos acompañado  este recorrido a lo largo de ya 9 años, y en el camino hemos tejido reflexiones del proceder correista, las miramos ahora en su amplitud cuando todo el aparato estatal intenta tomarse la Universidad Andina Simón Bolívar:

• La creación del estigma social y político (Berestain, 2002): La Universidad Andina, acreditada por segunda vez internacionalmente y con calificación A en los estándares nacionales, debe ser desacreditada. Para ello se organizan pesquisas, revisiones maliciosas desde SRI, IESS, Contraloría y se utiliza cualquier error u omisión magnificado para justificar la intervención, con ello, la Universidad Andina es la culpable de su situación de acoso político. De pronto, la Universidad categoría A, es limitada a calificativos peyorativos: elitista, ineficiente, tramposa, regionalista, está politizada, etc.

• La creación de privilegios (Primo Levi 2005): la mejor forma de coptar colectivos cohesivos, es crear privilegios desde dentro para generar enemistad, rupturas, posturas irreconciliables (se atribuye en gran medida el éxito del fascismo a los kapos, judíos que recibían más privilegios que los presos normales a cambio de cumplir labores de denuncia,  control y vigilancia, conocidos también como la policía judía).

El correismo tiene un histórico de asignar prebendas, bonos, subsidios, puestos de trabajo, y cargos directivos. Ha sido un estratega en premiar y recompensar la obediencia ciega y la fidelidad absoluta. Hemos mirado con horror, el intento del gobierno de condicionar los puestos de trabajo de los y las estudiantes de la Universidad Andina, servidores públicos en su mayoría, a la toma de parte por el candidato gobiernista. La construcción de estas estructuras de privilegios, permiten lo que  Levi (2005) denominó en los campos de exterminio como “la franja gris”, caracterizada como el espacio “donde los funcionarios se unen en la voluntad de conservar y consolidar sus privilegios”.

Tenemos aquí la respuesta a la pregunta que nos ha causado insomnio a más de uno, ¿por qué no hablan, denuncian, gritan o cuestionan  las brutales injusticias arbitrarias de este régimen, los colegas de la vieja izquierda? Cabe también entonces la frase de Burke: para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada.

• La instrumentalización de la participación: La institucionalización de la participación con la creación de un quinto poder coaptado y controlado por el gobierno-partido político, sumada a la creación de una figura de consultas no vinculantes, permite un control totalitario y fascista desde el ejecutivo. Las comunidades que se han negado a participar en el circo de las consultas no vinculantes (décimo primera ronda petrolera, concesiones megamineras, etc), han sido las más golpeadas.

En esa línea, la Universidad vive la imposición de una serie de medidas construidas sobre la visceralidad y autoritarismo del ejecutivo. La Universidad no ha podido tener parte, ser parte ni tomar parte en las definiciones presupuestarias, en los análisis de su oferta académica, de su rol en la colectividad. Todos los análisis han sido externos y ajenos.

• La negación de los derechos políticos: Quizás uno de los temas que más indignación ha causado, ha sido la asunción de que el único actor político legítimo es el gobierno actual y su partido. A cualquier colectivo, comunidad, ciudadano que ejerce sus derechos políticos de participación, propuesta, oposición, organización, resistencia, se lo acusa de “politiquero”, de “politizar”. A la Universidad Andina se la ha acusado de estar “politizada” de permitir el encuentro de colectivos, organizaciones sociales e instituciones que ejercen acción política.

Vale la pena recordar a Bertolt Brecht y su denuncia sobre el analfabeto político, aquel que no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, aquel que no sabe que el costo de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas, aquel que es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política.  Nosotros reivindicamos el legítimo derecho de la acción política, de real participación, organización y resistencia.

Por último es importante mencionar que lo más grave de la violencia política es que al ser ejercida por el Estado, quien debería ser el garante de derechos, corremos el riesgo de caer en impunidad. Afortunadamente, las violaciones de derechos humanos no prescriben y si no son juzgadas en este gobierno, el abuso de poder y el totalitarismo ciegos serán juzgados en otros gobiernos.

María Fernanda Solíz: 
Es doctora en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad (PhD). 
Docente del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Investigación Acción Participativa con comunidades afectadas por conflictos socio-ambientales, acompañamiento a comunidades víctimas de violencia política y violaciones de derechos humanos.

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