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15 de Febrero del 2016
Historias
Lectura: 13 minutos
15 de Febrero del 2016
Redacción Plan V
El "cruce de cuentas" que agita el clima político

El coronel (r) Alberto Molina (centro) conversa con algunos activistas civiles antes de la reunión en el ISSFA. No se permitió el ingreso de la prensa ni de personas ajenas al ISSFA. 

 

El cruce de cuentas entre el Gobierno y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) pone en evidencia las tensiones entre el poder civil y los militares, que aseguran estar defiendo los intereses de su institución frente a una acción posiblemente ilegal del Ejecutivo. El régimen, de su lado, no descarta que se busque desestabilizarlo.

Poco después de las 16:00 del 11 de febrero de 2016, en las cercanías del Mercado de Iñaquito, al norte de Quito, hay movimiento.

Van llegando al edificio matriz del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) una moderna torre de color gris, ubicada junto al mercado, un nutrido grupo de militares, en su mayoría, retirados y de la tercera edad, que han acudido a la convocatoria para una asamblea para analizar el conflicto entre el Gobierno y la entidad, por el presunto sobreprecio pagado por 66 lotes del ISSFA ubicados en Guayaquil y en los que el Gobierno construyó el Parque Samanes. 

Los ex militares se concentran en el ingreso del Edificio, mientras se espera que sean las 17:00, hora fijada para la cita, y se les permita ingresar a los salones de reunión, ubicados en los pisos altos. Los ex militares saludan entre sí amistosamente. Algunos fueron, durante su paso por el Ejército, oficiales. Otros estaban en los rangos subalternos. Aunque ya no visten el uniforme, las jerarquías siguen presentes. Se siguen saludando entre sí como cuando servían en las Fuerzas Armadas: "mi coronel", "mi mayor"...


El general (r) Ernesto González, conversa con los asistentes a la cita convocada por los pensionistas del ISSFA

El grupo, que es de unas 80 personas, se confunde con los funcionarios del ISSFA, que salen a esa hora de su jornada de trabajo y abordan los buses de sus recorridos, estacionados en la calle. 

El grupo, que es de unas 80 personas, se confunde con los funcionarios del ISSFA, que salen a esa hora de su jornada de trabajo y abordan los buses de sus recorridos, estacionados en la calle.

Los ex militares comentan los recientes sucesos, cuando el presidente Rafael Correa decidió cesar anticipadamente al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, Marina y Aviación, luego de que estos se pronunciaran en el Ministerio de Defensa en contra del cruce de cuentas anunciado por el Gobierno: el descuento de USD 41 millones de los pendientes de USD 260 millones que el Gobierno tiene con la seguridad social militar.

El grupo crece rápidamente, mientras se le suman algunos de los ex oficiales más conocidos. Llega, por ejemplo, el general (r) René Yandún, quien fue cesado en la década de los 90 luego de hacer declaraciones políticas, siendo comandante militar en Cuenca, y quien luego ganó varias elecciones para diputado, prefecto de la Provincia del Carchi y, actualmente, asambleísta por esa misma provincia. Yandún había hablado esa misma mañana en el Pleno legislativo, cuestionando las declaraciones del presidente Correa en las que llama a los soldados, en su opinión, a desconocer a sus comandantes. 


El general (r) René Yandún, quien actualmente es asambleísta por Carchi, llegó a la reunión. 

Se hace presente en el sitio el ex coronel Mario Pazmiño, quien luce unas grandes gafas de sol. Pazmiño fue cesado por el régimen correísta, en marzo de 2008, que lo acusó de ser informante de los Estados Unidos desde su cargo de jefe de la Inteligencia Militar, a raíz del bombardeo de las Fuerzas Militares de Colombia al comandante de las FARC Raúl Reyes, en un inhóspito paraje fronterizo de la provincia de Sucumbíos.

Poco después llega el coronel (r) Alberto Molina, quien tras su retiro se ha desempeñado como catedrático universitario y analista de temas militares. Mientras van llegando los ex oficiales, los camarógrafos de los canales de televisión presentes en el lugar empiezan a agitarse. Ha llegado el general (r) Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto, quien escribió un libro sobre el 30S que no fue del agrado del Gobierno.

González entra al Edificio del ISSFA por una puerta lateral. Al parecer, se encuentra coordinando los detalles de la reunión. Luego, sale hacia donde está otro grupo de ex altos oficiales y los camarógrafos corren tras de él. Un voz anónima dice: "a mi también entrevístenme". Pero el general no tiene nada que decir, por el momento, y el esfuerzo de los camarógrafos es inútil. 

Poco después de las 17:00, se anuncia que los ex militares van a poder ingresar al edificio. Entre el grupo hay algunos activistas civiles, como Andrés Valdivieso, de la Asamblea de Quito. Valdivieso, ex asesor de Gustavo Larrea en el Ministerio de Gobierno, es la cara visible de la Asamblea, que agrupa a colectivos que se oponen el régimen correísta. Varias mujeres también se acercan al grupo de ex militares para darles su apoyo. Luego, los militares que custodian el edificio anuncian que van a dejar pasar: se forma una larga fila para ingresar por la puerta lateral. Se pide que quienes van a ingresar al ISSFA presenten su credencial de ex militares, y, de plano, se anuncia que no va a permitirse el acceso de la prensa. 

Los oficiales a cargo del ingreso cumplen con su palabra: ni un solo periodista logra ingresar al edificio del ISSFA. Tampoco las mujeres que habían ido a expresar su apoyo. En medio del tumulto, Andrés Valdivieso logra pasar hacia el interior. 

Los oficiales a cargo del ingreso cumplen con su palabra: ni un solo periodista logra ingresar al edificio del ISSFA. Tampoco las mujeres que habían ido a expresar su apoyo. En medio del tumulto, Andrés Valdivieso logra pasar hacia el interior.

Hay grupos que saludan la medida: no quieren ni periodistas ni "infiltrados" en su reunión. Para algunos, parece, ambos términos son sinónimos. Cerca de 200 pensionistas militares ingresan al Edificio y toman por turnos los ascensores. En la puerta, un ex militar pide a los organizadores que no se olviden de tocar el Himno Nacional al iniciar la cita. Afuera quedan solamente algunos activistas civiles y los periodistas, a la espera de que la reunión termine. 

Mientras tanto, en Guayaquil, ese mismo día, una cita similar tuvo lugar en los salones del Círculo Militar, con la diferencia de que sí se permitió el acceso de los canales de televisión. En la reunión, el ex director del ISSFA y almirante retirado José Noritz, dijo que, “Dentro del ámbito jurídico hay que determinar si este contrato es válido o ya caducó. (…) Hay que sentarse a conversar y no esperar a que venga la Contraloría en 45 días a dar una solución”, mientras explicó que, en su opinión, el cruce de cuentas dispuesto por el Gobierno no podría hacerse sin orden judicial.

Ese mismo día, el director del ISSFA, el contralmirante de la Armada Freddy García, quien, según el ministro de Defensa, Fernando Cordero, "no había hecho nada" en la polémica, fue sustuido en su cargo, siendo reemplazado por el brigadier general Francisco Vivero, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

La tarde anterior, un pequeño grupo de ex militares y algunos activistas civiles protestó en la avenida de Los Shirys, al norte de Quito, sin lograr interrumpir el tráfico y con una fuerte presencia policial. A esa misma hora, una concentración de respaldo al Gobierno se produjo en la Plaza de la Independencia, y motivó un discurso del presidente Correa desde el balcón del Palacio de Gobierno. En su discurso, el presidente defendió nuevamente su decisión y minimizó los reclamos de los militares. 

Un comunicado de seis puntos

Poco antes de las 20:00, la reunión terminó y los ex militares empezaron a bajar. Fue el coronel (r) Bolívar Silva quien anunció las resoluciones, la principal de ellas, declarar "persona non grata" al ministro de Defensa, el ex alcalde cuencano Fernando Cordero. 

Pero el comunicado tiene seis puntos. Encabezado como un pronunciamiento de la Asamblea de "pensionistas de las Fuerzas Armadas, las viudas y huérfanos pensionistas de montepio, dependientes, derecho habientes y beneficiarios", asegura que el presidente Rafael Correa "ha inobservado los preceptos legales establecidos en la Constitución y las Leyes, violando el debido proceso, causando una grave afectación al seguro de Retiro, Invalidez y Muerte, disponiendo que mediante un acto administrativo", se haga el cruce de cuentas, por lo que han resuelto:

"1.- Expresar su total rechazo a los procedimientos administrativos, ilegales e inconstitucionales, adoptados por el Presidente de la República.

2.- Presentar nuestro apoyo irrestricto a la posición y acciones del Alto Mando Militar y al Director del ISSFA, cesados anticipadamente en sus funciones, por su lealtad, transparencia y solidaridad en la defensa de los intereses institucionales. De igual manera, exteriorizamos nuestro respaldo, al nuevo mando militar, que a no dudarlo,  velará y hará respetar los intereses de las Fuerzas Armadas.

3.- Conformar la Veeduría Social de Pensionistas de Retiro Militar, responsable del acompañamiento a los procesos legales, que por afectación al patrimonio del ISSFA, gestionará el Concejo (SIC) Directivo, así como, al examen especial iniciado por la Contraloría General del Estado.

4.- Declarar persona no grata (SIC) al Señor Arquitecto Fernando Cordero, Ministro de Defensa Nacional, quien con sus acciones ha ofendido y atentado contra la institución armada.

5.- Declararnos en sesión y vigilia permanente,  en todo el territorio nacional, a fin de preservar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su Régimen Especial de Seguridad Social. 

6.- Aclarar a la sociedad ecuatoriana, que las Fuerzas Armadas, jamás hemos afectado ni afectaremos a los interés vitales de la nación, porque nos debemos a ella".

El comunicado circuló al día siguiente de la reunión, mientras el grupo de ex militares anunció movilizaciones en todo el país en defensa de sus derechos. 

La posición de Marcela Aguiñaga y el "error de buena fe"

El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, dijo que pudo haberse cometido un "error de buena fe" por parte de la ex ministra, al firmar el convenio con el ISSFA y pagar la millonaria suma a la entidad militar.

Mientras tanto, la ex ministra del Ambiente y actual asambleísta, Marcela Aguiñaga, se pronunció en un comunicado, y sostuvo que no se habría entregado dinero público a ninguna persona particular, sino que fue una transacción entre entidades del Estado. Dijo también que se mantendrá a la espera de que la Contraloría, que ha anunciado un examen especial al tema, se pronuncie. La ex ministra aseguró sentirse "orgullosa" de la obra del parque Samanes, construido en los lotes en los que los militares pensaban edificar un plan de vivienda para su afiliados.

De su lado, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, dijo que pudo haberse cometido un "error de buena fe" por parte de la ex ministra, al firmar el convenio con el ISSFA y pagar la millonaria suma a la entidad militar. 

Para el presidente Rafael Correa, entre tanto, el reclamo de los pensionistas militares podría convertirse en un intento de desestabilización política, según explicó a agencias internacionales el fin de semana. Correa había criticado el "espíritu de cuerpo" de los militares en noviembre pasado, cuando el Alto Mando se hizo presente en la Corte Nacional de Justicia, durante una audiencia por casos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la presidencia de León Febres Cordero, y había calificado como "mediocre" a tal conducta. 

Para esta semana se anuncian nuevas movilizaciones de los militares retirados, que se dirigirán nuevamente al Ministerio de Defensa, en el centro capitalino. 

 

 

 

 

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