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20 de Julio del 2015
Historias
Lectura: 11 minutos
20 de Julio del 2015
Redacción Plan V
El curso que tomó la justicia en dos casos antiminería

Foto: Luis Argüello

Activistas contra la minería se manifestaron en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, al norte de Quito, durante la audiencia de un recurso presentado por la defensa de Javier Ramírez. 

 

Esta semana la justicia se ha pronunciado en los casos emblemáticos que atañen a dirigentes antimineros. A Javier Ramirez, tras diez meses de prisión, se le ha declarado nula la sentencia que lo condenó. A los asesinos de José Tendetza, dirigente shuar antiminero, se les ha dictado medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que quedan, provisionalmente, libres.

Tras diez meses de reclusión, el dirigente antiminería de la comunidad de Junín,  Javier Ramírez, salió libre. Al otro lado del país, en el Oriente, se ha dictado medidas sustitutivas a los presuntos asesinos del dirigente shuar, José Tendetza. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean la resolución de estos casos?

José Tendetza desapareció el 28 de noviembre del año pasado, días antes de llegar a la cumbre en Lima por el cambio climático, en la que planeaba manifestarse. Su cadáver fue hallado enterrado en una tumba sin nombre, luego de que mineros de la zona lo hallaran flotando en un río. De no haber sido por el pedido de exhumación de parientes, el caso habría quedado cerrado tras una autopsia que determinó una muerte no violenta.

LEA: ¿Quién mató a José Tendentza? 

Javier Ramírez, tras una reunión planeada con el ministro del Interior, José Serrano, antiguo abogado de la comunidad, fue detenido el 10 de abril del año pasado y, hasta hace poco, había permanecido recluido en la cárcel de Ibarra. 

LEA: Íntag, zona minera sitiada

La semana pasada, la justicia tomó decisiones, en cada uno de los casos, que insinúan un trasfondo político; que Ramírez esté libre, con la sentencia caducada, y de vuelta a su comunidad, no descuenta el tiempo que estuvo detenido ni el mensaje a la comunidad. Por otra parte, que el juez Mallaguari no haya ordenado la prisión preventiva contra los presuntos asesinos de Tendetza, deja interrogantes abiertas.

El miércoles de la semana pasada se realizó, a las 15:30, la audiencia de casación de la sentencia de Ramírez. Inicialmente declarada privada, se permitió la entrada de un pequeño grupo de personas a la sala de la Corte Nacional de Justicia donde se celebraba la audiencia. Las partes acusadoras fueron los abogados de la Empresa Nacional Minera, ENAMI, y el fiscal del caso, mientras que el abogado Ramiro Román representaba a Ramírez, quien no asistió a la audiencia, por consejo de su abogado.

La semana pasada, la justicia tomó decisiones, en cada uno de los casos, que insinúan un trasfondo político; que Ramírez esté libre, con la sentencia caducada, y de vuelta a su comunidad, no descuenta el tiempo que estuvo detenido ni el mensaje a la comunidad. Por otra parte, que el juez Mallaguari no haya ordenado la prisión preventiva contra los presuntos asesinos de Tendetza, deja interrogantes abiertas.

El lunes, en la ciudad de Yantzatza, Zamora Chinchipe, el juez Julio Mallaguari dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva contra los dos acusados del asesinato de José Tendetza. El abogado de la familia de Tendetza, Bruno Segovia y el fiscal, Galo Rodríguez, presentaron información que demostraba la presencia física de los acusados en las cercanías del lugar donde se encontró el cuerpo, gracias a la técnica de triangulación que permiten los teléfonos celulares. Pero,una prueba aún más concluyente, demostraba que el chip del celular de Tendetza fue colocado en el teléfono de uno de los acusados en marzo del 2015, cuatro meses después del asesinato. Por ahora, los presuntos culpables se hallan libres, aunque con prohibición de salida del país.

Durante la audiencia de casación del caso por rebelión de Ramírez, los argumentos se desenvolvieron sobre la sentencia de la corte de Imbabura. En febrero de este año, la corte declaró una sentencia por diez meses, el tiempo que Ramírez había estado detenido, por lo que fue puesto en libertad al mismo tiempo; es decir, la detención se hacía legal. El abogado de la ENAMI, David Jaramillo, insistía sobre los agravantes para declarar culpable a Ramírez del delito de rebelión, que debería ser castigada con prisión de tres a seis años. Tras horas de deliberación a puerta cerrada, los jueces de Corte Nacional, decidieron favorecer la tesis del abogado defensor de Ramírez, declarando nula la sentencia de la Corte de Imbabura, por principio de favorabilidad para el acusado. Ramírez está finalmente libre.

Durante la audiencia contra los acusados por el caso Tendetza, los presuntos asesinos se acogieron al derecho al silencio. Según el juez, el Fiscal no ha presentado suficientes motivos para ordenar la prisión preventiva de los acusados. El juez ha dispuesto la prohibición de salida del país, el uso obligatorio de un dispositivo de rastreo, y presentarse cada dos semanas ante las autoridades. Los acusados que pertenecen también a la etnia Shuar, eran conocidos de la familia Tendetza y, por lo que se sabe, no tenían ninguna rencilla personal contra José.

Durante la audiencia de casación, David Jaramillo usaba como argumentos agravantes para imputar el caso de rebelión contra Ramírez, que se usó un arma: la piedra que abolló la camioneta en al que se movilizaban los funcionarios de la ENAMI. Otro supuesto agravante es que los agredidos eran funcionarios públicos, por ser empleados de una empresa pública. Sumado a los dos, se expuso que el delito se cometió como pandilla; en medio de una laguna legal, entre la caducidad del antiguo Código Integral Penal (COIP) y el nuevo, Ramírez debía ser juzgado por el anterior. Según el anterior código penal, pandilla es “ la asociación de dos o más personas que se reúnen con fines de cometer delitos.”

Hasta la actualidad, uno de los acusados del asesinato de José Tendetza, es empleado de Ecuacorrientes (ECSA), empresa minera de capital chino que opera en la zona. La defensa de Tendetza continuará con sus investigaciones durante los próximos noventa días de instrucción fiscal. Los hechos apuntan a que existen autores intelectuales del crimen. Además se presume la participación de otros tres autores materiales del homicidio.

La audiencia de casación de Ramírez probó elementos de un juicio dudoso: Mientras la defensa demostraba, por el testimonio  de testigos, que Ramírez no estuvo presente en el ataque a la camioneta de la ENAMI, la única prueba que se acogió para sentenciar al acusado fue la identificación que hicieran los agredidos del rostro de Ramírez por medio de vídeos ajenos al delito.    

La fiscalía y la defensa de Tendetza tiene noventa días para prosperar con su investigación, en le que le queda por probar la participación de los autores intelectuales del delito. Noventa días que parecen ser cruciales, pues los detenidos tienen medidas alternativas a la prisión, lo que sugiere la posibilidad de un sobreseimiento eventual. Con ello, no quedarían solamente libres los autores materiales, sino que las investigaciones de los autores intelectuales quedarían truncas. Queda, en todo caso, aún el beneficio de la duda, además de la posibilidad de llevar este juicio a otras jurisdicciones.

Al hablar con Javier Ramírez se descubre la desconfianza que le inspiran las autoridades gubernamentales, así como su humildad y el alivio de estar de nuevo libre, en su hogar. Difícil de ubicar, Ramírez no podía atender al teléfono porque estaba arreglando el paso del agua de su comunidad, Junín, en la zona de Íntag. Aunque ya no es el presidente de su comunidad, sigue vigilante de las inmediaciones. Ahora una empresa contratada por CODELCO (la empresa a la que se le ha dado la concesión) está en labores de perforación.

Las relaciones entre la justicia ecuatoriana, los conflictos mineros, y la influencia del gobierno deben aclararse. Los casos de Ramírez y Tendetza, lejos de afirmar independencia y justicia, enredan más los conflictos de intereses políticos y económicos.

ECSA continúa laborando con absoluta regularidad. El patrocinio para la defensa de los acusados del asesinato de José Tendetza es otra de las preguntas que flota en el aire.

Los campesinos de Íntag siguen con mucho celo las operaciones que rodean a la minería; conocen el estudio de impactos ambientales y están prestos a denunciar los incumplimientos.

¿Cuál es el contraste que existe entre ambos casos? Dos dirigentes sociales, campesino el uno, indígena el otro, se manifiestan contra proyectos extractivistas; a Ramírez, tras su abrupta detención, se lo mantuvo con prisión preventiva mientras las indagaciones continuaban por cargos de rebeldía. A los presuntos atacantes de Tendetza, con pruebas de convicción patentes, se les dicta medidas alternativas a la prisión en una caso de asesinato.

Otra pregunta, que topa esferas del poder más altas, es ¿qué beneficio otendría el gobierno de estos casos?


En el de Ramírez todo apunta a insinuar que se le ha otorgado perdón por medio de una sentencia irregular, finalmente declarada nula, pero, ¿no es esta una demostración de poder? ¿No era el ministro Serrano un antiguo aliado de la comunidad de Junín en sus denuncias contra empresas mineras? ¿Ha jugado algún papel en esta resolución ramas del ejecutivo?

El caso de Tendetza despierta aún más ardides: Tras la aprehensión de dos de los presuntos asesinos, el juez ordenó la libertad de los detenidos y pospuso la audiencia por no tratarse de un delito flagrante. Pero en casos que implican penas menores, como estafas o actos de corrupción, los acusados han sido puesto inmediatamente privados de su libertad (tal como el caso del mismo Ramírez). Se requirió de dos autopsias para dar consecución a la investigación del asesinato de Tendetza; se ofreció incluso recompensa a quien diera información del caso; con suma premura el ministro Serrano informó en rueda de prensa el informe de la segunda autopsia. Poco tiempo después se hallaron a dos culpables sin móviles aparentes.

 Los casos de Ramírez y Tendetza enredan más los conflictos de intereses políticos y económicos.

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