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26 de Junio del 2017
Historias
Lectura: 18 minutos
26 de Junio del 2017
Redacción Plan V
El debate por la Ley de Comunicación se reactiva

Foto: Luis Argüello

Para los periodistas, la Ley de Comunicación ecuatoriana se ha convertido en una herramienta con la cual los políticos se blindan del escrutinio público. 

 

Las preocupaciones de la prensa continúan intactas tras cuatro años de vigencia, mientras un nuevo debate sobre la pertinencia y los contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se inicia. La anunciada apertura del nuevo Gobierno, que preside Lenin Moreno, frente a eventuales reformas encuentran resistencias en los sectores más ortodoxos del correísmo, que cimentó buena parte de su manejo político en el discurso contra los medios.

Es un hecho casi totalmente aceptado que el correísmo carece de una ideología definida. Entre la ortodoxia católica en temas de moral y un discurso económico y social supuestamente inspirado en los postulados de la izquierda marxista tradicional, la autodenominada "Revolución ciudadana" de Rafael Correa evidenció durante una década una amalgama inverosímil de ideas contradictorias, que su jefe máximo explicaba como una nueva forma de pensamiento crítico.

Uno de los pilares de esa singular forma de ver el mundo fue el discurso contra los medios. Lo que en Europa empieza  a denominarse como "democracias no liberales" o simplemente populismos, en donde la frontera entre izquierda y derecha deja de ser importante, y el control ideológico se convierte en un tema clave.

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se convirtió en la punta de lanza del control ideológico, al establecer una entidad estatal, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) con la potestad nunca antes vista en el país de corregir titulares, imponer rectificaciones, establecer multas, y decidir la veracidad y pertinencia de las noticias. 

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se convirtió en la punta de lanza del control ideológico, al establecer una entidad estatal, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) con la potestad nunca antes vista en el país de corregir titulares, imponer rectificaciones, establecer multas, y decidir la veracidad y pertinencia de las noticias.

Pero el nuevo Gobierno, encabezado por Lenin Moreno, ha anunciado una relación "fluida y respetuosa" con la prensa, lo que enseguida motivó el rechazo del ex presidente Rafael Correa, convertido en gran contradictor del régimen, quien advirtió del "grave, gravísimo error" de "hablarle a los medios y no a la ciudadanía". 

La postura del Gobierno, en todo caso, abrió las puertas de un nuevo debate. Por un lado, están quienes defienden el esquema de control estatal de los medios ecuatorianos, una institución sui géneris en la región y en la mayoría de países occidentales, como una forma de "garantizar derechos". mientras que, desde sectores gremiales y de defensa de la libertad de expresión, se plantea una nueva Ley, que sea consensuada con los medios de comunicación, los periodistas y quienes reciben y difunden información.

La defensa del autor de la Ley

Para el abogado Rommel Jurado, quien es considerado el autor de la Ley de Comunicación, hay algunos aspectos que cabe destacar en el debate de una eventual reforma.

"Respecto a los puntos centrales que deben modificarse, están básicamente los relacionados con la publicidad de los alimentos procesados y bebidas; la forma en que se distribuye la pauta pública, pues debería ser un mecanismo de sostenibilidad de los medios privados que no son del alcance nacional, así como de los medios públicos y privados de todo alcance; la regulación sobre publicidad en medios alternativos debe ajustarse a los cánones de respeto y protección de los datos personales de los ciudadanos", dijo a PLANV desde Madrid, donde se encuentra actualmente, el jurista. 

Jurado se muestra flexible con la posibilidad de discutir algunos de los elementos de la Ley, como por ejemplo: "creo que puede y debe discutirse -no necesariamente eliminarse- sobre tres figuras que tiene la ley que no han sido adecuadamente comprendidas por las autoridades públicas, ni por los medios, ni por los ciudadanos: primero el linchamiento mediático, que fue creado para proteger a los ciudadanos de la posibilidad de que se usen los medios de comunicación de forma ilegítima  para afectar sus derecho al honra o disminuir su prestigio por razones políticas, económicas e incluso personales; en segundo lugar la figura de la censura  previa por omisión, que fue creada para proteger a las personas de la eliminación intencional de la esfera pública, es decir para evitar que una persona o sus ideas sean vetadas en un medio de comunicación con propósito de beneficiarse ilegítimamente de o de perjudicar a otra persona; y en tercer lugar la figura de la comunicación como servicio público, que fue planteada para enfatizar que todo derecho fundamental, y en este caso el derecho a la comunicación, solo puede ser cotidianamente disfrutado por los ciudadanos si existe un servicio público al que ellos puedan acceder de forma universal, ya sea que ese servicio público sea operado por actores privados, públicos o comunitarios, como sucede en los casos de los derechos y servicios a la educación, a la salud, a la libertad de tránsito (transporte)".

El propio Jurado, sin embargo, advierte que "estas tres figuras ha resultado problemáticas en su aplicación y han generado ciertos temores, especialmente en los actores mediáticos, y ello me hace pensar que deben ser discutidas para decidir, como sociedad, si las mantenemos como están, si las modificamos para afinar su aplicación y evitar cualquier discrecionalidad, y/o si las eliminamos de la Ley".

Rommel Jurado cree que hay figuras en la LOC que "deben ser discutidas para decidir, como sociedad, si las mantenemos como están, si las modificamos para afinar su aplicación y evitar cualquier discrecionalidad, y/o si las eliminamos de la Ley".

El jurista, sin embargo, defiende la existencia de la Supercom, y ataja las críticas a sus procedimientos sancionatorios, que han sido criticados por medios y periodistas. "Se acaba de aprobar el Código Orgánico Administrativo que, entre otras cosas, establece que existirá un procedimiento administrativo único para que todas las Superintendencias (con excepción me parece que de la de Poder Mercado) procesen los reclamos y quejas de los ciudadanos de la misma manera. Pero además, hay que recordar que la Supercom solo puede establecer resoluciones administrativas, las cuales son impugnables en las cortes de justicia ordinarias. En síntesis, si hubo algún riesgo en el procedimiento específico que tenía la Supercom éste ya no existe por la unificación del proceso administrativo, y siempre se pudo impugnar cualquier resolución de esta entidad, lo cual implica que los ciudadanos siempre pudieron declarar jurídicamente invalidas las resoluciones de la Supercom si probaban que en ellas se vulneró el debido proceso".

Es decir, según el abogado Jurado, el actual procedimiento de la Supercom, que muchos periodistas han calificado como inquisitorial, sería reemplazado por un procedimiento que deben aplicar todas las superintendencias, sea de la naturaleza que sean. 

Para Jurado, la LOC respeta los derechos de los periodistas: "soy un firme partidario de mantenerlos, creo que sería una pérdida sensible para todos y para la democracia si se sacrifican, en una eventual reforma, los derechos de rectificación, de réplica, de verificación, de no ser censurados por ningún actor público o privado, de que los niños, niñas y adolescentes tengan programación adecuada para ellos en horarios y franjas horarias adecuadas, que se preserve el secreto profesional y la reserva de la fuente, que las frecuencias sean distribuidas de forma equitativa entre los actores públicos, privados y comunitarios para garantizar la pluralidad de voces y la democratización de la palabra, que los pueblos y nacionalidades indígenas tengan una presencia de al menos 5% en todos los medios a través de la publicación de contenidos interculturales; que se proteja a los artistas estableciendo una cuota de musica nacional en todas las radios", aspectos que considera son positivos. 

Para Jurado, sin embargo, la LOC no es un instrumento de control político o ideológico. Al respecto, cree que "el control ideológico de los medios de comunicación tiene una larga tradición en nuestro país y en los países de la región. Pero, desde mis perspectiva, el problema real e importante no reside en que los medios de comunicación públicos, comunitarios o privados tengan propietarios, directivos o periodistas que tienen una ideología o responden a una ideología, el gran problema es que la ocultan y pretenden hacernos pensar que son inmaculados narradores de los hechos sociales más importantes, narradores que supuestamente no tienen una posición política, ni ideas políticas, que su relato es aséptico, totalmente imparcial y además objetivo. Ese es un acto de demagogia en el que los ciudadanos no creemos, preferimos que nos digan la verdad, y preferimos que los medios de comunicación muestren y sean consecuentes con la ideología o posición política que tienen".

Jurado, además, rechaza la idea de que la LOC, tal como está planteada, sea un blindaje que favorece a las clases políticas: "creo que no están ni más ni mejor protegidos los políticos y/o los funcionarios públicos que el resto de los ciudadanos, pero considero que es verdad que los ciudadanos que son al mismo tiempo funcionarios públicos son más proactivos en el uso de la Ley por dos razones: en primer lugar porque algunos de ellos conocen más la ley que otros ciudadanos,  y en segundo lugar, porque están más expuestos a ser objeto de la atención de los medios de comunicación".

"La Ley debe servir exclusivamente para proteger los derechos que ella ha establecido para todos, y que cualquier arbitrariedad en su aplicación para favorecer a un funcionarios públicos debe ser investigada y sancionada con todo rigor", dice Rommel Jurado.

"En todo caso, creo que la Ley debe servir exclusivamente para proteger los derechos que ella ha establecido para todos, y que cualquier arbitrariedad en su aplicación para favorecer a un funcionarios públicos debe ser investigada y sancionada con todo rigor" finalizó Jurado.

La versión de los gremios

Menos optimista sobre las bondades de la LOC es el director de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), Francisco Rocha. 

Rocha destacó que el presidente Moreno ha dicho que la libertad de expresión es consustancial a la democracia, lo que implica la posibilidad de informar, se informarse, y de decir cosas sin temor. Para Rocha, la LOC debe ser cambiada, aunque su postura es que debe haber una ley sustitutiva, que "promueva los derechos y no que establezca sanciones".

"No podemos estar en una etapa en la que todo debe estar legislado para sancionar", dice Rocha, quien destaca que más allá de reformas puntuales relacionadas con las cuestionadas atribuciones del superintendente, se debe realizar, por medio de un decreto ejectuvo, la derogatoria del Reglamento de la Ley. Una vez que se haga eso, es partidario de abrir el diálogo para una nueva ley, que "no de a todos, pero sobre todo a quienes somos gestores de la comunicación, la libertad de realizar nuestras tareas". Rocha cree que las denuncias que se han publicado en los medios han sido verídicas, en especial de casos de corrupción, y señala que contrastar las versiones oficiales se ha vuelto imposible en el país porque se han llegado a dar órdenes por escrito a funcionarios públicos para que no se entreguen dichas versiones. "La Ley de Transparencia no se cumple", dice Rocha, quien cree que la Ley debe promover derechos, pues aunque admite la potestad del Estado para regular, recuerda que en una democracia no se puede coartar la expresión de los ciudadanos.

Rocha cree que la Supercom "solo sirve para juzgar y para nada más" y asegura que el superintendente Carlos Ochoa ha sancionado más de 200 casos, muchos de ellos iniciados de oficio por la propia Supercom.

Rocha cree que la Supercom "solo sirve para juzgar y para nada más" y asegura que el superintendente Carlos Ochoa ha sancionado más de 200 casos, muchos de ellos iniciados de oficio por la propia Supercom. También cree que la existencia de la Supercom puede ser considerada inconstitucional, pues en el trámite legislativo se omitieron formalidades. "Desaparecer la Supercom sería un gran mensaje", dice Rocha, aunque admite que el tratamiento de las eventuales reformas obligará a Lenin Moreno a buscar un acuerdo al interior de la bancada de Alianza PAÍS. El margen de maniobra de Moreno es una de las preocupaciones de Rocha. 

Sobre el impacto en la gente común del aparataje de control mediático en el Ecuador, Rocha sostiene que la ciudadanía no es la que ha usado la LOC, sino funcionarios públicos, militantes del Gobierno o colectivos satélites del oficialismo. Al respecto, recuerda la reciente sanción contra medios ecuatorianos por no replicar un reportaje de un medio argentino que afectaba al candidato opositor Guillermo Lasso. Defendió el derecho de cada medio a tener una política editorial y un enfoque propio. "Hay fuentes oficiales que recibieron por escrito la orden de no entregar información, pero los medios han resistido". No obstante, destaca que han desaparecido las unidades de investigación de los medios y el recelo y la autocensura que han empezado a afectar a los periodistas. "Se ha debilitado el ejercicio de los periodistas, pero en diez años se ha resistido al llegar a la ciudadanía sin callar. No lograron callar a la prensa y a los periodistas", dice Rocha. 

Rocha cree que el argumento de que se deben conservar aspectos como el control horario de ciertos contenidos, y que se deben imponer réplicas prediseñadas por el Gobierno, no pueden convertirse en argumentos para defender la Ley tal como está. Por ejemplo, con relación a los contenidos no aptos para ciertas edades, recuerda que tales controles siempre existieron en el país, pero estos no habían incluido el control de contenidos, que es claramente subjetivo. 

Para el director de AEDEP, hay una posición "vigilante" de Rafael Correa sobre qué hace el Gobierno. "Correa se acostumbró a ser el dueño del país, cree ser la última palabra en todo. Moreno tendrá que chocar con Correa y tener una mayoría propia y esperamos que le haga caso al diálogo nacional y no al expresidente".

"Correa se acostumbró a ser el dueño del país, cree ser la última palabra en todo. Moreno tendrá que chocar con Correa y tener una mayoría propia", dice Rocha.

Rocha defiende el derecho de los periodistas a una posición política, pero asegura que se debe buscar la objetividad, y destaca que los medios en otros países declaran su tendencia abiertamente. "Los periodistas debemos tener una formación política y eso nos lleva a tener posiciones. No podemos promocionar nuestras ideas, y eso es algo que no se ha hecho en el Ecuador. Pero escribir, opinar, desde el punto de vista de la formación de uno es correcto. Se ha hablado de sesgos en la prensa, pero cuando la prensa titula en base a hechos, ¿dónde está el sesgo?"

El correísmo, afirma Rocha, se inventó un enemigo en los medios, ante el colapso de los políticos de oposición. Rechazó el "Estado de propaganda" del correísmo, que no ha tolerado ninguna discrepancia ideológica. 

Sobre el argumento de que los políticos también tienen honra, Rocha recuerda que una cosa es la vida privada de un funcionario y otra el ejercicio de una función pública, en el que las acciones puedan tener otras implicaciones y consecuencias. 

"Un ministro de Estado no puede hacer cualquier cosa y alegar que es su vida privada. Cuando le estamos pagando un salario del Estado esperamos una cierta conducta. Si es que no quieren ser escrutados no deben salir a la vida pública", finaliza. 

 

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