Este camino no empezó el 1 de febrero, pero ese día, en la comunidad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, se marcó otro hito en el largo y labrado proceso de unidad entre los movimientos sociales del Ecuador. Muchos analistas e historiadores han coincidido en que la Revolución ciudadana prácticamente captó y dividió al rico tejido social que habían construido las organizaciones en décadas de lucha contra el neoliberalismo.

El camino de reconstitución estuvo marcado el año pasado, 2014, por las marchas de septiembre y noviembre, convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores, que luego de dos lustros retomó la iniciativa de las luchas sociales que había liderado la Conaie. La unidad no ha sido presa fácil para las organizaciones sindicales. No solo que organizaciones históricas como la Ceosl, la Cedocut, la CTE y la Ugte se vieron disminuidas y divididas, sino que el gobierno armó un frente sindical paralelo, la Central Única de Trabajadores, en la oficina del propio Ministro de Relaciones Laborales, con organizaciones sindicales y gremiales del sector público básicamente.

Sin embargo, han sido las bases sindicales, los sindicalistas jóvenes, los que han presionado a tomar acciones más radicales contra el gobierno, con las marchas que resultaron exitosas. Estas mismas bases han impulsado un acercamiento más orgánico con otros movimientos sociales y gremiales más autónomos y con el movimiento indígena agrupado en la Conaie. En el proceso, que ya dura más de un año, se han dado conversaciones e integrado agendas sociales que rompieron el molde excluyente sindical e indígena. La incorporación de la UNE, de la Federación Médica, de un ala de la Fenocin y de la Red Campesina, de las organizaciones estudiantiles y hasta de los trabajadores de las empresas de telefonía celular y de los jubilados ha significado el engrosamiento de la agenda de lucha, una agenda marcada por el descontento creciente contra el régimen y la reacción de todos y cada uno de los sectores sociales que se han sentido tocados y afectados por la política corporativista y totalizante del gobierno y su partido Alianza PAIS. Para la marcha del 19 de noviembre, unas 24 organizaciones fueron las convocantes. Ahora se han consolidado en el llamado Colectivo Unitario.

A la reunión de Yantzaza del 1 de febrero del 2015 acudieron esos sectores, convocados esta vez por el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, ex legislador y uno de los dirigentes históricos de la Ecuarunari. Acudieron unas 1500 personas, la mayoría delegada por sus organizaciones y otras representándose a sí mismas. A pesar de los primeros anuncios de Quishpe, no se aceptó la presencia de partidos políticos, excepto Pachakutik, al cual pertenece el dirigente, quien días antes en Quito había pactado un diálogo abierto con todos los sectores políticos, de izquierda, derecha o centro, para recuperar –según dijo- el Estado democrático. Por la condición de ser una convocatoria hecha por dirigentes indígenas, a pesar de la presencia de delegados de organizaciones sindicales y gremiales, en Yantzaza se priorizó una agenda indígena-campesina, en temas como la defensa de la educación bilingüe, la denuncia de los impactos de las escuelas del Milenio en las comunidades campesinas, la producción agrícola familiar y la economía solidaria… Pero el tema político siguió pendiente de una definición, pues ya lo había advertido Quishpe en una reunión con periodistas en Quito, cuatro días antes, el 26 de enero: el dilema no está en la derecha o la izquierda sino entre el autoritarismo o la democracia.  Pero admitió que no era una disyuntiva fácil, pues en los movimientos sociales vinculados o con una tradición de izquierda, solo bastaba que el gobierno agitara el fantasma de "la derecha" para que empezaran a cuidarse de profundizar sobre el tema, y “sin embargo, pienso que hay que hablar con Creo, con los otros partidos, para definir algunas cosas, como cuál es su postura frente al Estado plurinacional, por ejemplo, o los acuerdos que se puedan llegar respecto a la economía de producción campesina y su vinculación al mercado nacional e internacional “, había dicho en esa ocasión. A Quishpe le llamaba mucho la atención, confesó, que los movimientos sociales y la izquierda no citaran a la libertad de expresión como una de sus reivindicaciones centrales en el proceso de sumar adhesiones para la resistencia social al gobierno.

En el coliseo de Yantzaza, del 1 de febrero, surgió un manifiesto anti extractivista y en pro de la unidad de los movimientos sociales.

En esa reunión, el prefecto de Zamora Chinchipe trazó la senda a recorrer para el movimiento social ecuatoriano opuesto al correísmo, un proceso escalonado: la reunión de Yantzaza del 1 de febrero; la convención nacional sindical el 7 de febrero; el 5 y 6 de marzo la llamada Cumbre de los Pueblos, el 19 de marzo la primera marcha del año; el 26 de marzo la convención del Seguro Social Campesino y en ese camino definir la posibilidad de un paro nacional a mediados de año. Al final de esa reunión, que se dio en un hotel de Quito, Quishpe insistió en la necesidad de abrir el abanico ideológico y sentenció: “la pelota está ahora en manos de la clase política”.

La pelota le rebotó a Quishpe en Yantzaza cuando se planteó entre las resoluciones de la Asamblea de Zamora un mensaje descafeinado sobre la unidad: “La Asamblea recoge el pedido de unidad expresado por diferentes actores y sectores sociales y considera urgente plantear estrategias de unidad, en este sentido, la Asamblea aprueba la asistencia a estos eventos de unidad…”. Cuando Quishpe planteó abiertamente la unidad con otros sectores políticos y vislumbró la necesidad de hablar del tema electoral, ardió Troya entre las organizaciones, sobre todo sindicales, que no querían tratar aún abiertamente el tema, especialmente la Ceols.

Fue precisamente una de sus dirigentes, la que arrancó un con jalón de orejas público a Quishpe en el teatro Quito, del colegio La Salle, el 7 de febrero durante la siguiente convención nacional convocada por el FUT.  Las organizaciones sindicales estaban en buena racha, pues venían de participar de lo que consideraban un triunfo histórico: el 28 de enero se habían reunido con la delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la entidad mundial que supervisa y da pautas para el cumplimiento de los derechos laborales y la relación entre trabajadores, empleadores y gobiernos. La llegada de la OIT al Ecuador había sido fruto de cinco largo años de petitorios y lucha de los sindicatos desencantados o traicionados por el correísmo, especialmente la Internacional de Servicios Públicos. La OIT envió su delegación a pesar del gobierno, aunque como parte de sus obligaciones se reunión con el ministro de Relaciones Laborales. Pero esa tarde y noche, en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, decenas de delegados de sindicatos de trabajadores presentaron su larga lista de atropellos del régimen, principalmente el hecho de que el gobierno ha impedido y perseguido la organización sindical de los trabajadores públicos y la contratación colectiva, ha creado sindicatos paralelos dividiendo a las organizaciones, ha criminalizado la protesta sindical y social y pretende, con las reformas a la Constitución, acabar con el derecho constitucional de los trabajadores públicos a formar sindicatos y a organizarse con autonomía del Estado: esa fue la acusación fundamental al Estado ante la OIT, que el gobierno ha violado los Convenios 87 y 98 de la OIT.

La vocera del Comité de Expertos, luego de felicitar a los trabajadores por el conocimiento minucioso de la legalidad y de sus derechos, dijo que “estamos aquí para escuchar, pero también para escuchar soluciones. No es posible que no se puedan sentar a discutir (con el gobierno) ciertos temas y buscar soluciones y fomentar el diálogo social”.

Pues no, no era posible ese diálogo, opinó un dirigente luego de esas palabras,  desde que el gobierno había decidido romper y reemplazar al movimiento sindical ecuatoriano como lo ha querido hacer con el movimiento indígena. Tal como lo ha hecho con la Conaie y el gremio de los maestros.

La reunión de la Cuarta Convención Nacional del Colectivo Unitario agregó un eslabón más a la cadena de la unidad que forjan las organizaciones sindicales, indígenas y sociales del Ecuador.

Esa mañana y tarde en el teatro Quito, en la Cuarta Convención los dirigentes sindicales, jugando de locales, lanzaron las puyas contra Quishpe, quien, en un acto contrición pública se vio obligado a ofrecer disculpas a los movimientos sindicales presentes por si se había equivocado o se le había malinterpretado en su intención de abrir el paraguas ideológico y discutir -por anticipado- sobre las opciones electorales de la izquierda no correísta para el 2017.

Sin embargo, Marcela Arellano, dirigente de la Ceols, en el marco de las intervenciones de la Cuarta Convención dijo varias frases al respecto que mostraron que el tema no se cerraría con unas simples disculpas: "En este momento es necesario consolidar la unidad, cuidar lo que tenemos, pero avanzar con las organizaciones de todo tipo. No es posible que en reuniones partidarias se definan las candidaturas" y esto se quiera imponer a la unidad.

El viejo movimiento sindical se encuentra, en este plano, en un dilema. Dentro de la CUT no correísta, que la conforma las tres cuatro centrales sindicales más grandes, hay también una disputa por el liderazgo del proceso. Una de estas organizaciones, la Ceols, quiere consolidar la CUT, pero no romper las relaciones con el gobierno. Entre los pasillos del teatro Quito se hablaba de los contactos que los dirigentes seguían manteniendo con el régimen, empeños que eran aupados por la CTE. Es más, se supo que antes de la marcha del 19 de noviembre, los dirigentes sindicales había aceptado desayunar con Jorge Glas, el vicepresidente de la República, quien intentaba detener la marcha del 19 de noviembre. Pero fueron las bases de las organizaciones las que prácticamente obligaron a participar en las movilizaciones contra el gobierno. La versión de un dirigente de la Ceols que pidió el anonimato rechaza esas insinuaciones, que califica como insidiosas. Lo que buscan, dijo, es que el proceso no se vaya de las manos para que caiga en los intereses electorales de la derecha ecuatoriana...

"La participación política es un deber":
Salvador Quishpe

En el fondo, los movimientos sociales del Ecuador, conscientes del acrecentado poder que significa capitalizar el descontento cívico, quieren saber hasta dónde les va a llevar esto políticamente. Edwin Bedoya, dirigente de la Cedocut, lo dijo claramente en el Cuarta Convención: "debemos discutir el tema electoral, es ineludible, pero debemos hacerlo como trabajadores que somos, sino toda la unidad proclamada aquí se destruirá. Los partidos políticos nos han tomado como escaleras". Quishpe replicó en la Convención: todos en el correísmo están abogando para que no nos unamos, para que nos separemos; también lo esperan así las trasnacionales chinas.

En una entrevista con Plan V, el prefecto de Zamora Chinchipe dijo que "este es un tema que no se comparte plenamente entre todos los sectores, pero me parece que al final es también necesario. No creo que debemos descuidarnos de ese elemento. La participación política es un derecho, pero también es un deber. Imaginemos una Asamblea Nacional con una mayor representación de los trabajadores. Creo que es necesario hacer un trabajo escalonado de reflexión, y ojalá tengamos un criterio común, y no dejemos la cancha libre para que uno u otro llegue de repente y se repita el caso de este gobierno: Correa cosechó toda la lucha del sector obrero, de los pueblos indígenas y ahora hacen lo que hacen. No hay que desperdiciar estos procesos y hay que ver cómo complementamos la lucha por los derechos. Es un tema muy duro, es tema que nos falta poner en la agenda".

Plan V: No tanto es la participación electoral o no sino con quién se lo hace, el fantasma de la derecha que se agita, entonces, ¿parece que los trabajadores tuvieran prohibido tener una visión y participación ideológica distinta a la izquierda?

QUISHPE: Eso es evidente y hay mucha razón en eso. Quienes han impuesto las políticas laborales son los sectores empresariales alineados con la derecha, y hay mucha razón porque tengamos celo y desconfianza en esa relación, porque no sabemos qué están pensando en torno a nuestros derechos indígenas y de los trabajadores.

¿Cree que en esta coyuntura hay que escuchar a la derecha no correísta?

Llega un momento... No necesariamente a la derecha. He dicho que es necesario que se pueda instalar una diálogo nacional para un entendimiento nacional. Pero primero debemos fortalecernos aquí, al interior de nuestras organizaciones, porque debemos reconocer que hay mucha dispersión entre nosotros. Esto es evidente y estas reuniones nos fortalecen. Creo que es necesario un diálogo nacional. He planteado, respecto a mi provincia, Zamora, la necesidad de incrementar los recursos para el incremento de la producción agrícola, ese tema no depende no solo de nosotros sino de la política crediticia que debiera existir. El tema crediticio no está en manos de la Conaie, está en manos de quienes manejan el sistema financiero. Tal vez haya dos caminos: el de la lucha para seguir conquistando espacios y el otro puede decir generar un encuentro con todos los sectores donde se hable con los temas claros; no es malo un diálogo per se, depende de los temas que se traten y de los objetivos y alcances.

Un diálogo para conseguir que se bajen las tasas de interés, por ejemplo, y beneficiar a los campesinos no creo que sea malo. Pero este tema es complejo y amerita que pase por un análisis de nuestras organizaciones para evitar los malos entendidos, para que estos criterios nos unan en lugar de ponernos en sendas distintas. Actuando de manera unida podemos obligar a los otros sectores a pensar en función de nosotros.

El llamado Congreso de los Pueblos está previsto que se realice entre el 5 y 6 de marzo. Es una convocatoria liderada por la Conaie, pero que convocará, nuevamente, a todos los sectores que participaron en la Convención sindical del pasado 7 de febrero. Las mismas organizaciones, unas 24 que convocaron a la marcha están en ese proceso tortuoso de consolidación de la unidad, pero también sectores al interior presionan para que se abra el abanico, por ejemplo, a los Yasunidos, o a los gremios de periodistas, incluso a las organizaciones de militares en servicio pasivo. Carlos Figueroa, el médico y dirigente gremial que estuvo seis meses preso pagando una sentencia de injurias impulsada por Rafael Correa, asistió a la Convención. Su propuesta fue más allá incluso: constituir comités de usuarios de energía para oponerse a la eliminación del subsidio al gas doméstico y denunciar la imposición de las cocinas de inducción a millones de familia, como el negocio de unos pocos fomentado desde el gobierno.