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25 de Junio del 2018
Historias
Lectura: 13 minutos
25 de Junio del 2018
Redacción Plan V
El duro informe de la CIDH que revela la represión en Nicaragua

Foto: Reuters

Las protestas contra el Ejecutivo nicaragüense, que presiden Daniel Ortega y su esposa han sumido al país centroamericano en el caos. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe de 97 páginas sobre la represión del Gobierno de Daniel Ortega contra opositores que protestan en el país centroamericano. Las conclusiones evidencian más de dos centenares de muertos como consecuencia de la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía que defienden al régimen del ex guerrillero y su esposa.

Las protestas que tienen lugar en todo el territorio de Nicaragua desde el 18 de abril han provocado la muerte de al menos 212 personas hasta el 19 de junio y han dejado a 1.337 personas heridas, según concluyó un informe especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que fue presentado en una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos.

LEA: el informe completo de la CIDH sobre Nicaragua

Para la CIDH, el Gobierno que preside el ex guerrillero Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Morillo, quien ejerce la Vicepresidencia de la República, “ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos”, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, grupos parapoliciales afines al Gobierno y grupos de terceros armados. La CIDH dijo también que ha pedido al Gobierno de Managua un cese de la represión a la población del país centroamericano, sin éxito. 

Para la CIDH, el Gobierno de Ortega ha hecho un uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, el cual se ha realizado de manera deliberada y sistemática por parte no solo de las fuerzas de orden del Estado, sino también de otros grupos armados. 

Para la CIDH, el Gobierno de Ortega ha hecho un uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, el cual se ha realizado de manera deliberada y sistemática por parte no solo de las fuerzas de orden del Estado, sino también de otros grupos armados.

“En efecto, la información recibida da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia con la Policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones”, sostuvo la Comisión. 

Para la CIDH, el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia de una gran parte de su población. Se destacan asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población.

 “La CIDH manifiesta su preocupación por  la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión”.

Violencia contra el Gobierno

La CIDH destaca también las agresiones a las instituciones oficiales y a simpatizantes del matrimonio presidencial, como los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al Gobierno, así como los ataques a instituciones públicas y medios de comunicación afines al gobierno. "El Estado debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables", recomienda la Comisión.

Estos hechos han incluido incendios y daños a instalaciones gubernamentales, secuestros de miembros de las fuerzas policiales o personal trabajando para entidades gubernamentales locales, robos o saqueos a propiedades gubernamentales, que como resultado  han dejado cinco policías fallecidos y 65 personas  heridas.

Para la CIDH, "todos los actos de violencia deben ser investigados de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales sobre la materia para asegurar el derecho a la verdad, adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar una reparación adecuada a las víctimas y sus familiares, de conformidad con los estándares en la materia”.

“En circunstancias de crisis política y conflictividad social como la que se vive Nicaragua, es indispensable generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto a los derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política”, recomendó el organismo, con sede en Washington.

Llamado al diálogo

“En circunstancias de crisis política y conflictividad social como la que se vive Nicaragua, es indispensable generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto a los derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política”, recomendó el organismo, con sede en Washington.

Las negociaciones de la Mesa Nacional de Diálogo deben continuar, dijo la CIDH,  con el fin de alcanzar una solución pacífica a crisis de derechos humanos y recomendó que su informe sea el punto de partida del trabajo que deberá realizar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESEN),  que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe y a las medidas cautelares otorgadas en Nicaragua, y que permitirá mantener el monitoreo de la situación de los derechos humanos en ese país.

La CIDH formuló 15 recomendaciones dirigidas al Estado de Nicaragua como son cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

La Comisión propuso crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

Entre las violaciones a derechos humanos señaladas por la CIDH están el derecho a la vida y a la integridad personal por incumplimiento de los deberes de respeto y garantía del Estado “la cual se funda en actos u omisiones de agentes de cualquier poder u órgano del Estado independiente de su jerarquía, que hayan sido realizados al amparo de su carácter oficial”.

La CIDH urgió al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la violencia y condenó todo tipo de humillación y hostigamiento que se realice por tratarse de conductas indignas  para los derechos humanos.

Para la Comisión, hay un clima de desconfianza generalizada entre las víctimas, familiares y representantes a presentar denuncias ante las instituciones encargadas de investigar los delitos cometidos en el marco de las protestas, hay la falta de investigación adecuada e irregularidades en la determinación de los hechos.

La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua está incumpliendo deberes de respeto y garantía del derecho a la vida y a la integridad personal, al tiempo que  condena que la política de represión mediante el despliegue del uso de la fuerza letal se haya extendido aún después de su visita al país, con un alto saldo en pérdida de vidas humanas y de personas heridas.

“En el marco de las manifestaciones, la gravedad y continuidad de las agresiones perpetradas por las fuerzas antimotines, la Policía Nacional y grupos de choque; así como la falta acciones efectivas para desmantelar estos grupos de choque y para cesar el empleo desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, sería contrario al derecho internacional de los derechos humanos”.

“Cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de este derecho”, dice la CIDH y agrega que “la gravedad de la crisis política que atraviesa el país” y los altos niveles de violencia existentes requiere de  obligaciones especiales del Estado para resolver los conflictos y encauzar el diálogo.


Centenares de muertos, la mayoría, hombres jóvenes, dejan las protestas en Nicaragua. Foto: AFP

Los niños y adolescentes heridos

Al igual que ocurre en Venezuela, una importante cantidad de muertos y heridos son adolescentes varones que participan de las protestas. 

“La información y los testimonios recibidos por la CIDH evidencian que los jóvenes y niños fueron víctimas especialmente vulnerables de la violencia represiva del Estado durante las protestas y con posterioridad a las mismas”, pues, el hasta el 20 de junio, 16 niños y adolescentes  fallecieron  de forma violenta en el contexto de la represión. Por lo menos cinco menores habrían presentado impactos de bala en la cabeza, cuello y tórax.

“La CIDH recibió con consternación el testimonio de los familiares del niño Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años, quien el 20 de abril recibió un disparo de arma de fuego en el cuello mientras apoyaba llevando ‘agua a los muchachos de la UPOLI’  y según fuera informado, en un primer momento, al llegar al Hospital  Cruz Azul (del sistema previsional de salud) , se le habría negado atención médica”.

Otro caso mencionado por la CIDH es el de  Richard Bermúdez Pavón, de 17 años de edad, ocurrido el 19 de abril recibió impactos de bala en el pecho frente a la alcaldía de Tipitapa.

El 20 de abril, también, fueron asesinados por arma de fuego Carlos Alberto Bonilla López y José Abraham Amador, ambos de 17 años.
El 22 de abril, fue reportada la muerte de José Rivas, de 16 años, por impacto de bala en el pecho.

“En este contexto, la Comisión ha señalado que cuando el Estado se encuentra en presencia de un niño, además de las obligaciones señaladas para toda persona, existen obligaciones adicionales derivadas tanto del artículo 19 de la Convención Americana como del artículo VII de la Declaración Americana. En tal virtud, en primer lugar, el Estado debe asumir su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad por tratarse de un niño, y debe además tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño”.

“Es deber del Estado nicaragüense poner en práctica todas las medidas necesarias para evitar cualquier abuso o exceso contra sus derechos por parte de sus agentes o terceros. En particular, la Comisión condena rotundamente el uso de la fuerza letal contra niños, adolescentes y jóvenes por agentes estatales y por terceros armados”, recordó la Comisión.

Los grupos paramilitares armados 

La Comisión dijo que se evidencia “que desde el inicio de las protestas ha existido participación de grupos de terceros armados y grupos parapoliciales, quienes han realizado acciones violentas en conjunto con la Policía Nacional o con su aquiescencia para amedrentar, vigilar y reprimir, inclusive mediante actos violentos, a los manifestantes que se oponen al gobierno”.

“De la información que dispone la Comisión se desprende que en muchos estos casos dichos grupos actúan por instrucciones de la misma Policía Nacional, o incluso que son organizados, armados y accionan por instrucciones de alcaldes locales o de secretarios políticos barriales”,  como el caso del ataque a la Catedral de Managua, el 20 de abril de 2018, calificado “como uno de los eventos más representativos del alto grado de represión en el país y del nivel de coordinación entre terceros civiles armados y agentes del Estado, que habría dejado decenas de heridos”. La Iglesia Católica, aliada del Gobierno de Ortega durante una década, ahora encabeza las protestas en su contra.

Según el informe, 507 personas estuvieron privadas de la libertad hasta el 6 de junio y que hay cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de “ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”.

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