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26 de Junio del 2017
Historias
Lectura: 16 minutos
26 de Junio del 2017
Redacción Plan V
El espionaje digital sacude a la región

Ningún dispositivo electrónico parece estar a salvo de los programas espía que están disponibles en el mercado para los gobiernos y sus servicios secretos. 

 

El reciente escándalo en México, cuyo Gobierno habría aplicado un programa espía para vigilar a periodistas y activistas críticos, evidencia el peligroso y antidemocrático uso de las nuevas tecnologías de espionaje por parte de los políticos en el poder. En el Ecuador, las denuncias de uso de programas similares no han sido investigadas suficientemente, mientras el nuevo Gobierno ratificó al secretario de Inteligencia, Ronny Vallejo.

Las revelaciones del periódico norteamericano The New York Times sacudieron la política mexicana. Según una publicación del influyente rotativo, el Gobierno de México, que preside Enrique Peña Nieto, utilizó un programa espía, llamado Pegasus, para intervenir computadoras y celulares inteligentes de los principales periodistas del país, así como de sus familiares, y de activistas opositores. 

Desde el año pasado que medios internacionales, como la BBC, habían advertido sobre las operaciones de la empresa israelí NSO Group, que había desarrollado un programa espía capaz de infectar los Iphone más sofisticados. "El programa convierte tu propio teléfono en un espía en tu bolsillo", le explicó un representante de Citizen Lab a la BBC. "Puede usar tú cámara y tu micrófono para registrar lo que sucede, grabar tus conversaciones por Whatsapp y vigilar tu ubicación", dijo.

Según relataba la BBC el año pasado, el programa espía era comercializado, supuestamente solo a Gobiernos y para temas de seguridad nacional, por NSO Group, una empresa de la defensa de Israel. 

"Según Forbes, la empresa fue fundada en 2010 gracias al financiamiento y experiencia de la Unidad de Inteligencia 8200, que pertenece a las Fuerzas Armadas de Israel. Y actualmente está valorizada en más de mil millones de dólares", dijo BBC, quien agregó que el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, actualmente preso en Estados Unidos como consecuencia de estas acciones, compró por ocho millones de dólares el programa Pegasus de NSO Group, para usarlo en espiar las comunicaciones de sus opositores. 

En la reciente publicación de The New York Times, se consigna que "las personas espiadas son los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. The New York Times detalla que el gobierno mexicano ha gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa NSO Group, de origen israelí, desde 2011".

"La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo", detalla la investigación de Azam Ahmed y Nicole Perlroth, según la prensa mexicana, que agrega que "el periódico estadounidense corroboró, con ayuda de analistas forenses independientes, que Pegasus ha sido utilizado para vigilar a críticos del gobierno y a sus familiares. Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3, es uno de los afectados por el espionaje. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente.

La periodista Carmen Aristegui fue otro blanco de Pegasus: un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. Al ver la negativa de Aristegui para dar clic a esos enlaces, en marzo, los mensajes de texto le llegaron a Emilio, su hijo de 16 años. The New York Times informó que el software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó".

Al igual que otros programas espía, funciona al dar un click en enlaces en los cuales se ha colocado el código, que generalmente llegan por correo electrónico o mensajes de otras aplicaciones a los equipos de la víctima.

Al igual que otros programas espía, funciona al dar un click en enlaces en los cuales se ha colocado el código, que generalmente llegan por correo electrónico o mensajes de otras aplicaciones a los equipos de la víctima. Una vez que infectan los aparatos, los espías son capaces de utilizar las cámaras y micrófonos de los teléfonos inteligentes como estaciones remotas de monitoreo de las personas que son objeto de las indagaciones oficiales.

Las víctimas de espionaje digital en México relataron a la prensa de su país que sus equipos se infectaron cuando abrieron enlaces sospechos, que conducían a páginas en blanco, y que posiblemente esa era la forma en la que el programa espía se introdujo tanto en sus celulares cuanto en sus computadoras. 

"NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas", dijo en su nota The New York Times.

En su portal web, la periodista mexicana Carmen Aristegui precisó que "el uso del software no cumple con el principio de legalidad, no persigue un fin legítimo, no contó con la autorización de un juez, no es una medida necesaria ni proporcional y los atacantes, agentes del Estado de mexicano, cometieron delitos graves. Es un #GobiernoEspía".

Las denuncias contra la Senain, en el limbo

En el Ecuador, sin embargo, no son nuevas las denuncias de este tipo. Hace casi dos años, este portal informó que, gracias a filtraciones de Wikileaks, se conoció las negociaciones entre la Secretaría de Inteligencia del Ecuador (Senain) y al empresa italiana Hacking Team, que habría vendido a los servicios secretos ecuatorianos un programa espía similar al Pegasus, llamado Galileo, que se instala en los equipos de personas que serían víctimas del espionaje gubernamental.

Aunque la Inteligencia negó tener cualquier relación contractual con Hacking Team, y usar sus programas espía contra opositores y periodistas en el Ecuador, las dudas no se desvanecieron por completo.

La conexión de espías de Milán

Durante el Gobierno de Rafael Correa, trascendieron supuestas pruebas de que el Ecuador había contratado a los hackers italianos para presunto espionaje de opositores por medio de programas espía, según reveló PLANV. 

En un listado hecho público en la red, se muestra que Hacking Team y el Estado ecuatoriano tienen un contrato desde el año 2013 para la Secretaría de Inteligencia (SENAIN). En ese mismo resumen se anota que el país gastó 535 mil euros por el software de vigilancia, y que el mantenimiento del mismo cuesta otros 75 mil euros al año.

En un listado hecho público en la red, se muestra que Hacking Team y el Estado ecuatoriano tienen un contrato desde el año 2013 para la Secretaría de Inteligencia (SENAIN) por no menos de 535 mil euros. 

Un año atrás Kaspersky, la prestigiosa empresa de seguridad, informó que se habían detectado en todo el mundo 326 computadores-servidores recolectando información de sus víctimas por medio de estos virus. 35 de ellos –más que Rusia, India y China sumados- estaban en Ecuador.

El Sistema de Control Remoto Galileo buscaba controlar en Ecuador 500 dispositivos o usuarios de redes sociales al mismo tiempo; pero el sistema puede controlar hasta 5000 dispositivos simultáneamente. Este es uno de los requerimientos del cuestionario de Hacking Team, que habría sido llenado por un funcionario ecuatoriano, previo a una cita de demostración del proyecto de vigilancia, que según lo señala en el documento, debiera estar listo y operando en octubre del 2016, justo en plena campaña electoral para renovar Presidente y Vicepresidente de la República y la Asamblea Nacional.

El nombre del organismo del Estado al que se refiere el cuestionario es: Subsistema de Investigación Técnica y Electrónica, y el convenio a punto de celebrar es un sistema de intercepción y hacking.

La información sobre que la Senain era cliente de la polémica empresa italiana Hacking Team se conoció en medios internacionales, con la filtración de información de esa empresa, con sede en Milán, en donde aparecen cuadros de clientes y contactos y hasta montos en euros de los supuestos pagos por una serie de herramientas informáticas que infectan los computadores y celulares inteligentes de objetivos determinados, y permiten que los propios dispositivos envíen información privada a una central de espionaje.

Aunque se conoce que es México el principal cliente de Hacking Team en el mundo, ya que tanto el Gobierno federal mexicano como sus Fuerzas Armadas y hasta los gobiernos estatales le han comprado su polémico programa de espionaje, el nombre de la Senain aparece en varios archivos filtrados en la web.

En los cuadros revelados, se establece que México habría pagado por lo menos cinco millones 808 mil 075 euros a la empresa, seguido de Italia con cuatro millones 729 euros, y otros países como Marruecos, Arabia Saudita, Chile, Hungría, Malasia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Singapur, Kazajistán, Sudán, Uzbekistán, Panamá, Etiopía, Egipto, Luxemburgo, República Checa, Corea del Sur, Mongolia, Vietnam, España y Ecuador. Toda una extensa cartera que reúne desde democracias consideradas liberales hasta estados teocráticos y absolutistas.

Los gastos más secretos 

Según un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a la Senain, entre septiembre de 2009 y diciembre de 2012, los gastos que la Secretaría realiza tienen un blindaje especial.

La Contraloría recuerda que, según el artículo 18 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Senain dispone de "un fondo permanente de gastos especiales asignados a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y de la defensa nacional, cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la Ley que regula el sistema nacional de contratación pública". Según esa misma norma, aunque el monto debe constar en el Presupuesto del Estado, las asignaciones de gastos son "información clasificada".

La Contraloría precisó en 2012 que en tal virtud no analizó los "gastos especiales" pues no tiene competencias legales para hacerlo, y al mismo tiempo dejó constancia de que la Senain no entregó información sobre 166 contratos, con un monto de por lo menos USD 5´107.243.

Pero a pesar de estas revelaciones, la Secretaría de Inteligencia, que dirige el ex policía Ronny Vallejo, ratificado en el puesto por el nuevo presidente, Lenin Moreno, se limitó a negar cualquier operación de espionaje electrónico contra opositores, a pesar de que correos privados de figuras de la oposición como Martha Roldós, y algunos de colaboradores de PLANV aparecieron como por arte de magia en operaciones propagandísticas del Gobierno anterior. 

Entre julio y agosto de 2015, el debate público se refirió al uso de estos programas espías. Así, en agosto de ese año, el colectivo de activistas Yasunidos, que se abandera de causas ecológicas, presentó una denuncia por presuntos espionajes ilegales en su contra. Vallejo, de su lado, sostuvo que no hacía ningún tipo de espionaje ilegal, mientras el ex presidente Rafael Correa se apresuró a alegar que "una unidad de la Fiscalía" instalada directamente en las oficinas de la Senain, autorizaba cualquier escucha, con el fin de darle legalidad a los procedimientos.

The Associated Press, no obstante, encontró evidencias sólidas de que el médico Carlos Figueroa, un conocido opositor a Rafael Correa, fue hackeado por la Secretaría Nacional de Inteligencia, usando un software hecho a la medida por Hacking Team.

“Tuve cuatro correos y tuve dificultades con todos”, dijo. “También tuve problemas con el Facebook. En un momento determinado parece que atacaron todas las comunicaciones que yo tenía en las redes sociales. Todos nosotros asumimos de que nuestros teléfonos están permanentemente intervenidos”, dijo en su momento Figueroa.

El ex director de Fundamedios, César Ricaurte, dijo en la época: "Todos los días hay denuncias de los opositores de que intervienen en sus correos, en sus páginas de web”. “Realmente hay una especie de guerra tecnológica, de guerra digital en el Ecuador”.

La denuncia en la ONU

El caso fue denunciado, inclusive, ante las Naciones Unidas, según reseñó PLANV en octubre de 2016. 

"La Coalición por la defensa del derecho a la privacidad y seguridad digital, conformada por la Fundación Milhojas y Usuarios Digitales, entidades de la sociedad civil.

Las entidades estatales denunciadas fueron la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain, y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Este es un resumen de tres casos que se presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU:

La Coalición por la defensa del derecho a la privacidad y seguridad digital, conformada por la Fundación Milhojas y Usuarios Digitales, presentó en la ONU una denuncia por el espionaje digital el año pasado. 

El actual régimen creó una entidad centralizada de inteligencia la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), con dependencia directa de la Presidencia de la República.  La Senain -dice el informe- ha enfocado su atención en las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y políticos opositores al régimen, a quienes percibe como una amenaza.

La actividad de espionaje de la Senain sobre objetivos políticos, sin investigación penal dirigida por la Fiscalía, abarca tanto seguimientos, grabaciones y filmaciones, como el espionaje digital con intercepción y adulteración de comunicaciones en varias plataformas, así como el monitoreo de las actividades de sus objetivos en redes sociales.

Para sus actividades la Senain ha contado con la colaboración de otras instituciones del Estado, sobre todo la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Dinardap, creada en el 2010 mediante la Ley del Sistema de Registro de Datos Públicos como la institución llamada a “consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de todos los Registros Públicos", dijeron los activistas el año pasado. 

 

 

 

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