El 27 de septiembre de 2017, dos asambleístas presentaron un pedido de juicio político contra el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Gustavo Jalkh, y los vocales del organismo. Para el 4 de octubre, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) había negado y archivado el pedido. 

La resolución que negó el pedido es escueta y en lo fundamental dice: "por cuanto la solicitud no cumple con los requisitos previstos en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y considerando que se ha incluido prueba que podría haber sido obtenida ilegalmente, no procede el trámite". 

Pero, ¿qué pruebas dicen tener los asambleístas Esteban Bernal de Azuay y Raúl Tello de Pastaza contra el órgano disciplinario y administrativo de la Función Judicial? 

El documento presentado por los dos legisladores de oposición tiene 68 páginas. En ellas, Bernal y Tello relatan los que consideran son indicios de la responsabilidad política de Jalkh en manejos, al parecer inadecuados, en la administración de justicia. 

Varios ex jueces, en especial del Guayas, denunciaron presiones aunque tardíamente. Foto: El Universo

El pedido fue presentado contra Jalkh y contra los vocales del CNJ, actualmente integrado por Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Alejandro Subía y Rosa Jiménez. 

Entre las causales por las cuales se pidió el enjuiciamiento político estuvieron algunas, como el incumplimiento de funciones, la intromisión en el ejercicio de las competencias de los jueces, y la manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. Estos argumentos se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 181 numerales 3 y 5 de la Constitución y en el artículo 255 numerales 1 y 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

La polémica por el error inexcusable

Al respecto del incumplimiento de funciones, los asambleístas cuestionaron lo que llaman la "forma arbitraria, ilegal e inconstitucional" en que el CNJ ha aplicado el error inexcusable, y también los "actos de injerencia en la Función Judicial" por parte de altas autoridades, a los que el CNJ habría dado su consentimiento. 

Ambas actitudes, en criterio de los dos asambleístas, afectan gravemente el principio de independencia de la justicia, pues se ha publicado que entre enero y noviembre de 2013, de 136 operadores de justicia destituidos, 88 lo fueron por la aplicación de la figura del error inexcusable que, en criterio de los legisladores, solo procede una vez que un tribunal de alzada determine que un fallo contiene dicho error, y que no puede ser aplicado de oficio como ha hecho el CNJ. 

Para los legisladores, en la lógica jurídica de nuestro sistema legal, los mecanismos de apelación ante las cortes provinciales y la Corte Nacional y la serie de recursos que prevé la ley son la garantía que se tiene para prevenir y corregir eventualmente un error judicial, que debe ser declarado por un juez previamente a la acción administrativa. Pero en el CNJ presidido por Jalkh se habría actuado sin tener en cuenta esas consideraciones. 

Al respeto, citan al ex juez de la Audiencia Nacional española, Baltazar Garzón, quien ya había advertido en su momento que en el Ecuador, con las normas establecidas, las acciones disciplinarias pueden enmascarar auténticas revisiones jurisdiccionales", es decir, que el supuesto control disciplinario se pueda convertir en una forma extrajudicial de modificar las sentencias.

Los juzgados de Pichincha funcionan ahora en nuestros complejos al norte y sur de la capital. 

Los casos denunciados

Como pruebas de la forma inadecuada en que se estaría usando el error inexcusable, los dos asambleístas presentaron varios casos. El primer caso relatado ocurrió en Azuay, cuando el ciudadano Edgar Ugalde demandó al Estado en 2010 porque la Dirección de Migración, dependiente del entonces ministro de Gobierno Gustavo Jalkh, permitió salir del país a su hija menor de edad, Daniela Ugalde Ramos,  sin su conocimiento. Ugalde demandó a los ministros de Gobierno y Relaciones Exteriores, así como  la Procuraduría General del Estado y a la Gobernación del Azuay. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo falló a favor de Ugalde y en contra del Estado, y, según destacan los asambleístas, y a pesar de haber estado involucrado en el proceso como ministro de Gobierno, Jalhk y el CNJ removieron a los jueces alegando error inexcusable. 

Entre los documentos de respaldo que los asambleístas presentaron como respaldo de su afirmación, están las citaciones que se hicieron a Jalkh en su despacho del Ministerio de Gobierno, y varios oficios en los que el ex ministro responde al reclamo de Ugalde. Ugalde había presentado previamente un reclamo indemnizatorio por USD 600 mil contra los funcionarios públicos por la salida de su hija del país. Jalkh fue ministro de Gobierno hasta diciembre de 2010 y en enero de 2013 asumió la presidencia del CNJ.

Para marzo de 2012, tres jueces del Tribunal Distrital del Azuay le habían dado la razón al demandante, lo que incluyó el pago de una indemnización y para ello se ordenó el embargo de una cuenta de la Cancillería en el Banco de Fomento. Esto hizo que  en julio de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunciara por error inexcusable a los magistrados. La queja fue tramitada por el CNJ del Azuay, que exculpó a los jueces en septiembre de ese año, pero el 17 el CNJ presido por Jalkh resolvió la destitución por error inexcusable de todos los magistrados que intervinieron en este caso. Para los asambleístas, Jalkh, al haber estado involucrado en ese juicio cuando fue ministro de Gobierno, debió excusarse para "garantizar la imparcialidad debida". 

Ex funcionario del Palacio presidencial con Rafael Correa y ex ministro, Jalkh preside el CNJ desde 2013. 

Otro caso documentado por los asambleístas tuvo lugar en Guayas. El 2 de septiembre de 2015 se destituyó a Madeline Pinargote como jueza penal del Guayas, por sus actuaciones en el juicio del caso Fondos Global.

La ex jueza había declarado la nulidad de lo actuado alegando una violación legal, pero en una declaración juramentada, denunció que el 21 de enero de 2015 llegaron a su oficina un grupo de funcionarios de la Judicatura, a quienes identificó como Wilson Navarrete, Abelardo Albornoz, Pablo Condo y dos mujeres desconocidas, quienes le habrían obligado a firmar una providencia en la cual se excusaba del caso. "Ellos de manera grotesca y abusiva me sometieron a un bochorno y aterradora situación, tanto así que inmediatamente me vi obligada a ir al médico porque tuve principio de aborto". Según el testimonio de la ex jueza, estas personas escribieron la providencia en su propia computadora, usando hasta su clave. Lo curioso es que esa misma providencia fue el fundamento que usó el CNJ para destituirla. Además, el CNJ cuestionó varias de su acciones en el proceso, como un allanamiento y una medida cautelar. La ex jueza dijo que denunció oportunamente lo que había ocurrido, pero "se hicieron de la vista gorda".

En otro caso ocurrido en Guayas, se destituyó a jueces de la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas, pero la sanción se hizo efectiva solamente contra el ex juez José Villagrán, por sus actuaciones en un juicio ejecutivo. 

Villagrán afirma que, aunque la resolución habla de la destitución de toda la Sala, solo se ejecutó contra él, y los otros integrantes fueron solo suspendidos. Para el ex juez Villagrán la resolución en su contra evidencia "manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones". 

La sanción contra los jueces de la Sala de lo Civil no tendría fundamentos suficientes, destacan los asambleístas. 

En Los Ríos y Pastaza

Entre tanto, en la vecina provincia de Los Ríos, los jueces de la Segunda Sala Multicompetente de la Corte Provincial, con asiento en Quevedo, también fueron sancionados por ratificar un auto de nulidad. La denuncia en su contra provino del Ministerio del Interior. Aunque el CNJ provincial le dió la razón, cuando el caso fue conocido en la capital se les destituyó por error inexcusable. 

Los asambleístas destacan, sin embargo, que la sanción se da por sus acciones en otro caso y no por aquel en el que habían sido denunciados por el Ministerio del Interior.  Para los dos legisladores, esta es una evidencia de la intromisión del CNJ en el trabajo de los jueces. 

En la provincia amazónica de Pastaza, los asambleístas documentaron otro caso. Se trata de la destitución del juez temporal segundo de lo Civil de Pastaza, Víctor Quintanilla, también por error inexcusable, así como la suspención sin sueldo a todos los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial. En este caso, dicen los asambleístas, se aplicaron dos sanciones distintas aunque se invoca el mismo error inexcusable. 

En los juzgados de Pichincha también se documentaron casos. El 7 de mayo de 2014 fue destituido José Núñez de su cargo de juez del Trabajo. Los asambleístas denuncian que al sustanciar el expediente se habrían cometido varios delitos, entre los que destacan posibles omisiones dolosas, calumnias, interceptación ilegal de datos, prevaricato, fraude procesal, y hasta falsificación de documentos. 

El ex juez llevó a su caso al ámbito penal, en donde denuncia que la causa no avanza.

El 9 de abril de 2014 también se destituyó al ex juez de Trabajo, Enrique Gómez, en donde también se alegan irregularidades.

La carta de Mera

Para probar la injerencia de la Función Ejecutiva en la justicia, los asambleístas incluyeron el oficio de fecha 13 de febrero de 2014, que el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, envió en papel membretado del Palacio de Gobierno al ex presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, al presidente del CNJ Gustavo Jalkh, y a Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia. 

Mera expresaba en la carta su preocupación por el proceso que 623 maestros jubilados habían presentado ante la justicia de Manabí por un reclamo de jubilaciones, que, según decía Mera en la carta, le podría costar al Estado casi once millones de dólares.

Mera envió también un oficio al Tribunal Distrital, con asiento en Portoviejo, en donde los asambleístas destacan que hay "amenazas con sanciones disciplinarias a los operadores de justicia", pues en el oficio, el ex abogado del Palacio presidencial advierte que se "verá obligado" a pedir al CNJ y la Corte Constitucional que "inicien las acciones pertinentes contra los responsables de esta infame renuencia de acatar los precedentes jurisprudenciales constitucionales". 

El caso fue negado el 8 de abril de 2014 y, para los asambleístas, esto se debió a "las claras advertencias" de Alexis Mera. 

El escándalo de los correos

La última parte del alegato de los dos asambleístas, y que al parecer sirvió de base para el archivo del juicio político, son los documentos filtrados por la periodista extranjera Patricia Poleo, quien en su programa en la televisión de Miami, presentó un reportaje el 25 de agosto de 2017 en donde publicó correos privados del Palacio presidencial.

El reportaje fue replicado en el Ecuador por otros medios. Los correos son citados en varias partes por los asambleístas, junto con capturas de pantalla. Los dos asambleístas incluyeron además la declaración juramentada de la ex jueza Yvonne Hernández, quien denunció que fue destituida luego de resolver un hábeas corpus presentado por el magnate Álvaro Noboa. 

En la parte final de su alegato, se anunció la presentación de 18 procesos por error inexcusable como pruebas, así como las declaraciones juramentadas de cinco ex jueces. El documento cuenta con 38 firmas de respaldo y el asambleísta Bernal anunció su envió a la facultades de Derecho del país para su estudio.