La fórmula es un secreto a voces entre los políticos no solamente de América Latina, sino de países europeos como España. Consiste en recibir y canalizar dinero negro para la política que escapa al control de las autoridades electorales y permite pagos que evaden los límites del gasto electoral fijados y declarados. Los más recientes indicios de esta práctica salpican al correísmo, cuyo movimiento Alianza PAÍS habría recibido grandes cantididades de dinero de parte de los "donantes" habituales: importantes constructoras, empresas con contratos muy grandes con el Estado y empresarios que aspiran a congraciarse con los políticos en el poder para lo que se ofrezca. 

La trama de "Arroz Verde" una red, al parecer ilícita, de manejo de dineros del correísmo, instrumentada por cuatro mujeres de confianza del ex presidente, Rafael Correa, desde los propios despachos del Palacio de Carondelet recuerda a casos como el de Bárcenas, denunciando por la prensa española en 2013. En esa ocasión, se publicaron las cuentas secretas que manejaba el empresario Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y José María Aznar. 

Según la publicación de El País, se encontraron indicios de que por medio del tesorero del PP, la organización política de derechas recibía "donaciones" de constructoras, grandes grupos empresariales y contratistas del Estado. Estos dineros no entraban a las cuentas del PP monitoreadas por el Estado, y servían desde para pagar las corbatas y los trajes de los líderes del Partido hasta para organizar eventos políticos en todo el país. Al igual que en el caso de Arroz Verde, había una doble contabilidad en el seno del PP, una que presentaban a la fiscalización de las autoridades -en especial, la referida al gasto electoral con dinero público- y otra que solo conocía la cúpula del PP. Además de los pagos de vestuario, los jerarcas de la organización recibían sobresueldos que salían del dinero negro, como el propio Bárcenas, que cobraba hasta 200 mil euros al año por sus gestiones como operador financiero. 

¿Estamos ante un nuevo caso Bárcenas en el Ecuador? Algunos indicios apuntan a que sí. 

El postre

Los portales colegas La Fuente y Milhojas lanzaron una segunda entrega del caso de Arroz Verde, titulada "El Postre". Ahí se detallan dos nuevas conexiones en el caso de la supuesta trama de doble contabilidad de los correístas, que operaba desde una oficina del Palacio presidencial, a pocos metros de Rafael Correa. 

Según la segunda entrega de la serie, el dinero provino también de la constructora Hidalgo e Hidalgo, cuyo principal, Alberto Hidalgo, habría aportado a la caja oculta correísta por lo menos dos millones de dólares ("dos palitos" en jerga costeña) que fueron pagados en parte por medio del ya conocido método de cruce de facturas: la constructora pagó algunos eventos y servicios de comunicadores y publicistas de la campaña verde flex.  Los pagos de la constructora Hidalgo e Hidalgo habrían tenido lugar entre fines de diciembre de 2013 y principios de 2014. 

Fotomontaje: La Fuente

"Hidalgo & Hidalgo se ha adjudicado un sinnúmero de obras de infraestructura (puentes, túneles, saneamiento, riego, electrificación, puertos, aeropuertos y edificaciones). Entre sus proyectos se cuentan: la rehabilitación de la carretera E-25 Baba en la provincia de Los Ríos, de 16.52 kilómetros (USD 26.2 M), Trasvase Chongón – San Vicente (USD 43 M) más un contrato complementario por USD 39 millones; la vía Aloag – Santo Domingo (60 M), la vía Vía Cuenca-Azogues (72M), la rehabilitación Zhud-Cochancay – La Troncal-El Triunfo (71M), la construcción de la carretera Baños-Riobamba (30M), el anillo vial de Quevedo, dónde aterrizaban las narcoavionetas (150M), entre otras. H&H es propietaria de acciones de International Water Services – Interagua Cia., Ltd., contratista del Municipio de Guayaquil", precisa el reporte de La Fuente y Milhojas.

Otros donantes que detalla el reportaje de Fernando Villavicencio y Christian Zurita fueron Manuel Fontana, Midisa SA, Edgar Salas, Pedro Verduga, Luis Valero, Rafael Córdova, Consermin, Francisco Suárez, entre otros. 

El reportaje evidencia que, a pesar de que el representante de la campaña de PAÍS, Galo Mora, negó públicamente haber recibido más dinero del que declaró con su firma ante el Consejo Nacional Electoral, habría registros de que por lo menos un millón de dólares fueron entregados a emisarios suyos para las acciones proselitistas del correato. 

"En el registro de egresos aparece el nombre de Galo Mora Witt, entonces secretario de Alianza PAIS, signado con el código GM. En declaraciones públicas, Mora, dijo no haber recibido dinero de Odebrecht: “al único brasileño que conozco es a Neymar”, dijo irónicamente", destacó La Fuente. 

Según el reportaje, "el 13 de noviembre de 2013, a través de Rolando Carrera Maya, contador de AP, se hizo la entrega de $50.000 como primer pago para la convención nacional del correísmo a realizarse en la ciudad de Cuenca. El 13 de enero de 2014 se entregó a Carrera Maya $1.05 millones para cubrir el apoyo a las prefecturas y $50.000 adicionales como segundo pago para la convención de Cuenca. En total, Galo Mora, recibió a través de Rolando Carrera la suma de $1´150.000".

Además, aseguró La Fuente, "Entre el 21 de enero y el 6 de febrero de 2014, se identifica otro desembolso de $1’390.000 a favor de Rolando Carrera, por diferentes conceptos administrativos del partido gobernante".

Villavicencio destacó que entre los mencionados en el informe de Arroz Verde aparece el actual consejero del Palacio, Santiago Cuesta, quien respondió publicando el movimiento de las cuentas bancarias de un hermano de Villavicencio, quien maneja un negocio familiar de restaurantes. Villavicencio hizo público además un supuesto correo electrónico de Cuesta en el que el consejero del Gobierno envía al presidente Moreno el detalle de una reunión con empresarios "que no son contratistas del Estado" pero que querían conocer al postulante presidencial. Entre estos aparece el actual vicepresidente, Otto Sonnenholzner. 

Ante los cuestionamientos de que el Gobierno está violando el sigilo bancario y usando los movimientos migratorios para criminalizar a las personas, Cuesta dijo que la información la recibió de "la misma fuente de Villavicencio", que además de darle el expediente de Arroz Verde, le pasó el detalle de las cuentas de su hermano. Ambos personajes se enfrascaron en una polémica en redes sociales y anunciaron demandas entre sí.

El CNE investiga

Pero mientras aparecen nuevos indicios de dinero negro en el correísmo, que al parecer carecía de credibilidad entre sus donantes, pues en varios sitios se consigna que hasta que no les cumplan con lo ofrecido los contratistas del Estado no van a pagar el dinero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió reabrir la investigación de las cuentas de campaña de los correístas.

La gestión fue empujada por los consejeros de minoría, Luis Verdesoto y Enrique Pita, quienes lograron que, por unanimidad, el CNE trate el tema. Mostraron también el reporte de campaña que entregó Alianza PAÍS en la época de los supuestos pagos. En un formulario fechado el 15 de mayo de 2013, que tiene las firmas de Galo Mora, Paulina Proaño y Rolando Cabrera (el mismo personaje que aparece como receptor de dinero de Arroz Verde), Alianza PAÍS declara haber recibido USD un millón, 224 mil, 675 dólares para esa campaña presidencial. Sus gastos, según el mismo documento, fueron de USD un millón 174 mil 803 dólares. Del total de los ingresos, PAÍS declaró que apenas recibió 490 mil en efectivo, cuando según Arroz Verde se habría movido hasta diez veces más en numerario. Las cuentas de campaña de PAÍS incluyeron hasta 1078 hojas. 

Por lo menos 177 ingresos de dinero aparecen registrados en el informe. La mayoría de ellos provienen del propio movimiento PAÍS y de unos pocos particulares. En agosto de 2013, el CNE, presidido entonces por Juan Pablo Pozo, emitió un informe sobre las cuentas de esa campaña. El documento señala que el límite del gasto electoral para esa postulación había sido fijado en un millón 749 mil 971 y que como PAÍS había gastado menos, el director de Fiscalización del CNE, José Cisneros, recomendó aprobar el informe económico de Alianza PAÍS sin ninguna observación. 

Para el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, aunque es importante la acción del CNE, es la justicia ordinaria la que debe investigar delitos como el lavado de activos. La sanción para las empresas que habrían aportado a la campaña es de hasta tres veces el monto de la aportación, recordó Acosta, quien cree que la Fiscalía debe ser la que llegue al fondo del asunto. La Fiscalía investiga tráfico de influencias, lavado de activos y otros delitos, como cohecho y concusión, y ha pedido prisión preventiva para dos de las cuatro operadoras de la trama: la ex jueza constitucional Pamela Martínez y su asistente Laura Terán. Ha llamado a declarar también al propio ex presidente Correa y a otros altos funcionarios de su Gobierno. 

Según el abogado Ramiro García, hay gran cantidad de correos que fueron enviados desde las cuentas institucionales del Palacio de Gobierno, por lo que la Fiscalía debe incorporar ese material a la investigación. García defendió, en este caso, la prisión preventiva contra la ex jueza Pamela Martínez, quien adelantó un viaje a México pagando una penalidad, lo que en su criterio evidencia su intención de fugar del país. García remarcó que "Recordemos que el señor Glas está procesado por un tipo penal menor, de apenas 6 años de privación de libertad", por lo que hizo un llamado a que la Fiscalía para usar "los tipos penales adecuados". 

   Entrevista   

Luis Verdesoto: "A los políticos les pasa lo mismo que a Cantuña"

Al consejero Luis Verdesoto, quien había planteado desde antes del escándalo de Arroz Verde la necesidad de controlar mejor la presencia de dinero negro en la política, este tipo de situaciones le recuerdan la leyenda de Cantuña. El arquitecto indígena que, en la colonia, hizo un pacto con el diablo, para que le ayudara a construir el atrio de San Francisco, antes del amanecer, a cambio de su alma. 

¿Qué conclusiones saca de la primera revisión de la cuentas de campaña de Alianza PAÍS en el 2013?

Los documentos que hemos analizado nos permiten presumir que había dos contabilidades, una, la A, inocua e instrascendente, y otra, la B, que podemos como Consejo analizar hasta en un plazo de cinco años. El donante básico que aparece en esos documentos es el mismo partido político, y no se hizo un examen a fondo de esa contabilidad. Se puede presumir que hay donantes fraudulentos, está prohibida la donación de empresas extranjeras y es evidente que el tamaño de esa campaña hace pensar que no puede haber costado solo un millón 200 mil dólares.

¿Es legal que el propio movimiento político sea el principal aportante de la campaña?

Sí, es posible, pero es evidente que al analizar la estructura financiera de una campaña se debió ubicar la realidad de los fondos. Eso es lo que no se hizo a plenitud. Persiste la sospecha de que hubo dos contabilidades. La Ley habla del Consejo para que revise estas cuentas. 

En anteriores ocasiones usted había enumerado varios mecanismos de dinero negro. ¿Qué es lo que ocurrió aquí?

Es algo complejo, como lo ocurrido en otros países. La contabilidad A se ajusta a la ley y la B financia servicios globales, como cuando se le compra toda la candidatura, se asume el riesgo, pero la rentabilidad es que su alma queda en posesión del donante. Es lo que yo llamo el mecanismo Cantuña. 

¿Es Odebrecht ese Cantuña?

No estoy seguro, porque hay un gasto legal y una evidencia de personas que dicen haber donado mucho más dinero más. El único eslabón entre ambas cuentas es el mismo partido, y eso puede haber presumir que se recibieron dineros ilícitos que luego fueron blanqueados. No hubo ninguna investigación sobre esto en esa época en el CNE. Hay que entrar a la contabilidad de PAÍS y ver qué es lo que hay.

Pero si la plata nunca entró a las cuentas de PAÍS, y era manejada desde una oficina en Palacio de Gobierno, ¿qué posibilidad tiene el CNE de llegar al fondo del asunto?

Eso ha ocurrido en muchos países. Hacen responsables a una persona fuera del partido de su manejo de cuentas. Es igual al caso de Bárcenas en España. Así no se implicó al PP sino a agentes financieros. Lo que queremos, de todas formas, es conseguir información y entregarla a la Fiscalía. Al parecer las cuentas que hacen las empresas son anteriores a 2013, y lo que hacen es finiquitar las cuentas y dineros que han entregado. Este tipo de cuentas pagan pasajes, tarjetas de crédito, consultores, servicios, para encontrar la forma de que el rastro se pierda y ocurre a medida que crecen los costos de campaña.

Fernando Villavicencio ha dicho también que este modus operandi pudo operar para la siguiente campaña de PAÍS, que es la de Lenin Moreno y Jorge Glas. ¿Se debe revisar esa campaña también?

Se deben revisar todas las campañas y de todos los partidos. En este caso hay una denuncia, hay montos, hay empresas y un eslabón entre el partido, el jefe del partido y los gastos. Ahí puede haber un indicio pero hay que ver si se pueden concretar. No hay que perseguir a nadie pero sí ajusticiar a quienes han ofendido a la política. En las reformas electorales que he propuesto he pedido considerar que la sanción debe ser la descalificación. Si alguien tiene once millones de dólares hacerle pagar unos pocos salarios básicos no es efectivo. La sanción debe ser la descalificación.