El conflicto en torno al Consejo de Participación y Control Social (CPCCS) controlado por una mayoría afín al correísmo, evidencia que la separación de poderes y la reinstitucionalización del país son aún una asignatura pendiente. 

La semana anterior concluyó con la presentación, por parte de varios actores políticos, de cinco denuncias por desacato contra los consejeros de la mayoría del CPCCS, conformada por José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio. Las denuncias penales -y un pedido de medidas cautelares, presentado por el asambleísta independiente Fabricio Villamar- buscan atajar la medida más polémica tomada por los consejeros de mayoría: la conformación de una comisión que analice la conformación de la actual Corte Constitucional. 

Foto: Flickr CPCCS
José Carlos Tuárez responsabilizó de su seguridad a la ministra María Paula Romo y canceló su agenda en provincias. 

El presunto desacato, explicaron quienes formularon la denuncia, se habría producido cuando los consejeros de mayoría ignoraron un dictamen de la actual Corte Constitucional, que declaró que el CPCCS no tiene potestad alguna para revisar las decisiones del Consejo Transitorio, que presidió el fallecido Julio César Trujillo. 

Pero la pugna esconde algo más de fondo: en el Gobierno, en la mayoría gobiernista en la Asamblea Nacional y en la Corte Constitucional se teme que el correísmo pueda utilizar el CPCCS para "desestabilizar" al pacto político imperante. 

De ahí que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, no dudó en apuntalar la tesis de un presunto "desacato" cometido por los vocales del CPCCS, mientras que en la Asamblea, el titular del Parlamento, César Litardo, anunció que la mayoría gobiernista, de la que forma parte el CREO de Guillermo Lasso, advirtió con tomar medidas contra el CPCCS que preside Tuárez. 

Según Romo, hay una nueva operación de "desestabilización", sobre la que advirtió con "consecuencias legales". 

Litardo, por su parte, anunció el envió de una consulta a la Corte Constitucional sobre el retiro de las facultades de nombrar a las autoridades de control que tiene, según la Constitución de Montecristi, el CPCCS. De todas formas, quitarle esas atribuciones al polémico CPCCS requiere de cambios en la Constitución, que requieren de por lo menos un año de trámite.

El juicio político en su contra, que ha sido planteado por Fabricio Villamar, podría tener nuevos respaldos entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, lo que abre la posibilidad de que algunos de los alternos de los consejeros actuales puedan ocupar los cargos y destrabar la mayoría, actualmente afín al correísmo. Aunque el juicio sería por incumplimientos legales y constitucionales previos a su gestión como presidente del CPCCS, para Villamar hay motivos suficientes para alegar responsabilidades políticas de Tuárez. Otro pedido de juicio político ha sido presentado por Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. 

Para el periodista legislativo Roberto Aguilar, "Tuárez está buscando, premeditada y sistemáticamente, empujar a las instituciones del Estado hacia una crisis política de consecuencias impredecibles" y agrega que en el pleno legislativo, "solo los correístas se mantienen junto a Tuárez y todo parece indicar que eso es exactamente lo que Tuárez quería". "La destitución de Tuárez parece cantada. El cura precisa de un milagro", concluye. 

¿Cuál es el trasfondo?

Para el analista político Decio Machado no hay duda alguna de que todas las polémicas acciones de la mayoría del CPCCS, que dirige el cura católica José Carlos Tuárez buscan una "desestabilización" para favorecer los intereses políticos del correísmo. Según Machado, la posibilidad de medidas económicas relacionadas con los acuerdos con organismos internacionales de crédito, pretende ser explotada por el correísmo, al sumarle una conflicto institucional, que sería a lo que le apuesta Tuárez. 

Machado cree que no se podrían revisar las acciones del Consejo Transitorio, cosa que, estima, lo tienen clara en el entorno de Tuárez, pero se busca crear un escenario de "inestabilidad". De ahí que el correísmo prepare una agenda comunicativa y de posicionamiento cuyos ejes serán tomar posición con mira a las elecciones del 2021, denunciando que supuestamente no hay una democracia real en el país.  El objetivo de fondo, entonces, sería preparar el escenario para una candidatura presidencial del correísmo en 2021, a pesar de saber que no tienen la posibilidad legal de revisar las decisiones del Consejo Transitorio. 

Para el analista, el Consejo de Participación no tiene legitimidad, y es evidente que el alto número de votos nulos evidencia que la mayoría de la sociedad ecuatoriana nunca supo quiénes eran los candidatos y qué es lo que proponían. Machado cree que si el CPCCS no desaparece tendrá facultades limitadas y es muy posible que si se consulta sobre su existencia el resultado no sea favorable. 

"En el Consejo saben que su existencia será efímera, y el tramo final lo quieren convertir en una herramienta de desestabilización social. La única estrategia del correísmo ahora es crear confusión y conflicto y en esa medida preparar una estrategia de reaparición del correísmo. Quieren hacer lo mismo que en 2006 pero ajustado a una coyuntura diferente", finaliza. 

Para el catedrático universitario Alexis Oviedo, en cambio, no hay tal escenario de desestabilización. Aunque el Gobierno de Moreno trató de superar el modelo "bonapartista" que implementó Rafael Correa, la situación del Consejo de Participación quedó en una suerte de limbo. Para Oviedo, el correismo fue "hábil" al plantear sus candidatos para el CPCCS, y aprovechó el 30% de voto duro que todavía mantiene en el electorado nacional. 

Sin embargo, Oviedo señala que aunque se ha promovido la separación de poderes, ahora resulta que no se respeta la independencia del CPCCS, por lo que hay una contradicción en el discurso. La herencia del correísmo, que el actual Gobierno no ha evitado, es precisamente la de un ejercicio autoritario del poder. "Me recuerda esa frase nefasta de la dictadura argentina, el poder que no se usa se pierde, y los usos y abusos del poder continúan en el Ecuador", estima el catedrático. 

Lo que cambiado en el país no sería el ejercicio del poder, sino el uso de las formas. "Se usan formas, distractores, viajes, propuestas mediáticas, pero se sigue actuando de una manera similar que en el correísmo". 

Oviedo destaca que no hay posibilidades de "inestabilidad" en el país, sino una alianza de Lenin Moreno con la derecha, sino un ejercicio del poder de grupos monopolíticos del empresariado, que cuentan con algunos operadores en el Gabinete. No descarta que el correísmo logre una alianza con otros sectores, que le permita reinventarse de una forma similar a la que ha hecho el kirchnerismo argentino.

Pero mientras se analizan salidas políticas, se plantearon también acciones judiciales. Uno de quienes formuló una denuncia contra los consejeros de mayoría en el CPCCS es el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García. 

Ramiro García: "Los diez años del correísmo fueron la destrucción de la institucionalidad" 

¿El proceso de institucionalización no ha cuajado? Personas como José Carlos Tuárez puede ser un factor de desestabilización?

Los diez años del correísmo fueron la destrucción de la institucionalidad. Se tomaron por asalto todos los órganos de control y la justicia. Con el Consejo Transitorio, un poco a palos, se ha cambiado la institucionalidad por otra. En un año hemos cambiado de Corte Constitucional, se ha cambiado procurador, fiscal, entre otros funcionarios. Ahora llega un Consejo de Participación a intentar un borra y va de nuevo. El correísmo quiere dar la sensación de que no hay Estado, de que estamos en un Estado fallido y que la solución es una constituyente. Quieren tener una posición de ventaja ahí, pues aún tienen un 20 o 25% de votación. Saben que hay otros sectores políticos que no tienen consensos mínimos. Para eso se encontró a cuatro personajes, cada uno más desconocido que el otro, como el cura de parroquia y tres más, que están dispuestos a jugar a esto. No sé sino lo entienden, pero creo que ellos no tienen las potestades que tuvo el Consejo Transitorio. Ellos pueden hacer lo que dice la Constitución y nada más. 

Pero ese es un Consejo que tiene un aval, el del voto popular, ¿eso no les confiere legitimidad?

Los asambleístas, los alcaldes, y otros funcionarios también han sido electos en las urnas, pero no tienen un cheque en blanco para que hagan lo que quieran. Creo que al cura Tuárez ya se lo han explicado, ellos saben lo que quieren, buscan revertir la institucionalidad generada en el último año, pero no saben cómo hacerlo y han empezado por la Corte Constitucional. Hay abogados que no han sido tomados en cuenta y están buscando las mijagas que caen del banquete. Si el Consejo toma una resolución contra la Corte Constitucional, no tendría ningún valor jurídico. Se está cometiendo un desacato de la sentencia de la Corte Constitucional. Los consejeros van a terminar en la calle, destituidos de sus cargos y con un proceso penal. Creo que alguien con dos dedos de frente no haría eso. 

¿La decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario pudo haber creado un clima en contra de la Corte que se quiere utilizar?

De alguna manera pueden estar queriendo capitalizar una decisión controversial. Pero esta es una Corte que no puede ser calificada ni de deshonesta ni de bajo nivel jurídico. Un sector de la población podría considerar que la decisión de la Corte es inadecuada y capitalizar eso me parece de un nivel de miseria absoluto. El señor Gómez es un dirigente de las organizaciones LGBT, y ahí habría una contradicción y una ingenuidad política total. Creen que pueden hacer esto sin que haya consecuencias. 

¿Hay una sensación de caos en otras instituciones, como la Fiscalía o el Consejo Nacional Electoral,  lo que crea desprestigio de las nuevas autoridades, se está aprovechando esa circunstancia?

El correísmo quiere pescar a río revuelto pero primero debe remover las aguas con el Consejo de Participación. Se quiere deconstruir la institucionalidad, llevarnos al caos, a una Asamblea Constituyente y permitirle al correísmo vender de nuevo su idea de refundar el país. Si el CPCCS conforma una comisión solo juega a perder. Solo el cura Tuárez podrá capitalizar esto, pero los otros tres Gómez, Chalá y Desintonio no tienen ningún futuro. 

¿Qué pasa con el proceso de la conformación de la Corte Constitucional que recibe críticas de abogados como Rafael Oyarte?

Veo que Oyarte, Ismael Quintana y Salim Zaidán están jugando de lado del Consejo de Participación, aportando con los insumos seudo constitucionales para viabilizar una chueca hoja de ruta. Los miembros de la Comisión vamos a reaccionar a nuestro modo y yo en particular tengo claro lo que vamos a hacer en caso de que se quiera cuestionar el proceso de selección. 

¿Hay músculo político, en especial en el Gobierno, para volver irreversible este proceso?

Creo que el Gobierno no debe respaldar decisiones inconstitucionales del Consejo de Participación. No hay marco para que hagan nada, pero dependerá del Gobierno que esas medidas se puedan tomar.