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18 de Marzo del 2019
Historias
Lectura: 7 minutos
18 de Marzo del 2019
Leonardo Gómez Ponce y Mauricio Alarcón Salvador
El Fondo de Promoción Electoral: ¿botar la plata?
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El Fondo, para este proceso electoral, es de aproximadamente USD 35 millones. Es el monto que el Estado destina a las organizaciones políticas para la difusión de sus candidaturas y propuestas. Se trata de dinero público, de los ecuatorianos, para la campaña de los diferentes candidatos a prefectos, alcaldes, concejales, y miembros de Juntas Parroquiales.

En la Asamblea Constituyente de Montecristi se posicionó la idea de que había que poner fin a aquello de que el que más dinero tenía ganaba las elecciones. Se planteó entonces la tarea de encontrar una forma de permitir que cualquier ecuatoriano pueda participar de la política nacional en igualdad de condiciones. En la Mesa Constituyente de Organización y Participación Ciudadana encontraron la solución, estableciendo una pauta publicitaria obligatoria, manejada exclusivamente por el Estado, es decir, con recursos de los ciudadanos.

Finalmente, el artículo 115 de la Constitución vigente desde octubre de 2008 estableció que “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas.” Consagró además una prohibición a los sujetos políticos respecto a “contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias.”

Esto se desarrolló, especificando en el Código de la Democracia, que el financiamiento “comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias” y que “el Consejo Nacional Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad.”

En la práctica, se creó entonces el denominado Fondo de Promoción Electoral con recursos que provienen de los ciudadanos.

El Fondo

Para que las elecciones de 2019 se lleven a cabo, en agosto de 2018 el CNE estableció un presupuesto total de USD 99'330.638. Esta cifra cubre todo el plan operativo, contingencias, ejecución del proceso, e incluye el denominado Fondo de Promoción Electoral, para que los candidatos accedan a los medios de comunicación. El Fondo, para este proceso electoral, es de aproximadamente USD 35 millones.

Este Fondo, como se ha mencionado, es el monto que el Estado destina a las organizaciones políticas para la difusión de sus candidaturas y propuestas. Se trata de dinero público, de los ecuatorianos, para la campaña de los diferentes candidatos a prefectos, alcaldes, concejales, y miembros de Juntas Parroquiales. También incluye, aunque en una cantidad mínima, la promoción de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

¿Cómo funciona?

Para 2018, el CNE aprobó un registro electoral (padrón) con 13’261.994 de personas habilitadas para votar el 24 de marzo próximo. En este proceso se elegirá un total de 5.668 autoridades y 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Un total de más de 80.000 candidatos fueron inscritos por los partidos y movimientos políticos para participar.

Para la promoción de dichas candidaturas, es decir, para la campaña electoral, se cuenta con fuentes de financiamiento propias (para lo cual el CNE fija un monto máximo de gasto) y con el Fondo de Promoción Electoral. Este último no consiste en dinero en efectivo que va directamente a los sujetos políticos, sino que, a través de una clave y un sistema electrónico, les permite contratar pauta en televisión, radio, prensa y vallas. Finalmente, en función del pautaje, el CNE paga a los proveedores. 

El financiamiento privado, aquel que se recibe de los militantes de cada movimiento o partido político, donaciones de personas naturales o jurídicas, en dinero o en objetos promocionales, no puede ser usado para contratar directamente a medios de comunicación masivos. Estos recursos, por supuesto, son controlados. Los sujetos políticos (partidos y movimientos) tienen un plazo de 90 días, posteriores a las elecciones, para rendir cuentas detalladas sobre gasto, el origen y destino de cada centavo recibido. El objetivo es determinar que el dinero sea legal y que las organizaciones no hayan excedido el límite de gasto electoral aprobado por el CNE.

Dinero de nuestros bolsillos

Para definir el presupuesto del Fondo de Promoción Electoral que se debe entregar a cada sujeto político, el CNE calcula el número de electores de cada circunscripción y la cantidad de candidaturas calificadas para las dignidades seccionales.

Así, de acuerdo con el Reglamento de Promoción Electoral, para la difusión de los binomios de prefecto y viceprefecto, se asigna un monto equivalente al 30% del límite del gasto electoral, a cada aspirante, de acuerdo con lo previsto para cada provincia. Los candidatos de circunscripciones con más habitantes, son los que más fondos reciben. Para estas elecciones, Guayas y Pichincha son las provincias a las que más recursos se destina por movimiento, superando en ambos casos la línea de los USD 100.000. 

La misma fórmula se aplica para la entrega de fondos a los candidatos a alcaldes. Para esta dignidad, el Fondo de Promoción también equivale al 30% del máximo del gasto electoral calculado para cada cantón. Sin embargo, el Reglamento del CNE establece que si el cantón tiene menos de 15.000 electores, la asignación no puede ser inferior a los USD 2.000; y si el cantón tiene entre 15.001 y 66.666 electores, no deberá ser menor a los USD 4.000.

Las listas de candidatos a concejales, distritales y municipales, reciben un monto igual al 30% del rubro de promoción electoral previsto para los candidatos a alcaldes del respectivo cantón. Las listas de candidatos a Juntas Parroquiales reciben el 30% del límite del gasto electoral destinado a cada jurisdicción parroquial. De esta manera, considerando las cabeceras provinciales y ciudades principales, las cifras son las siguientes:

Todos estos recursos los paga el Estado, pero provienen de los ciudadanos. Son fondos que provienen de nuestros impuestos y que podrían destinarse a obras públicas que nos beneficien a todos. ¿Cuál es la utilidad del Fondo de Promoción Electoral? A propósito de enmiendas constitucionales y reformas al Código de la Democracia, es momento de plantear un debate serio sobre este tema.

Este artículo fue publicado en el Blog del Observatorio de Gasto Público. Puede ver la publicación original aquí.

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