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29 de Agosto del 2016
Historias
Lectura: 11 minutos
29 de Agosto del 2016
Carlos Chamorro Arturo
El fracaso de la representación política ecuatoriana

Foto: Presidencia de la República

La relación partido político con los representantes electos es cuestionada desde las bases mismas del sistema político ecuatoriano: ¿los mandatarios electos representan al partido o a quién les dio el voto?

 

Por lo visto, en relación con el correísmo y la representación política, cabe preguntar ¿alguien podría sostener, de manera irrefutable, que el Presidente, los asambleístas, los integrantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, han sido consecuentes con los mandatos populares? De haber sido así, ellos en verdad habrían sido los ejecutores de una revolución verdadera ¡Pero no ha sido así! De ahí la enorme insatisfacción que ahora se registra respecto de casi todos ellos.

En pocos meses más, en el 2017, el correísmo fenecerá luego de diez años en el ejercicio del poder del Estado. Según varias encuestas, el nivel de insatisfacción ciudadana con este gobierno es muy alto y es más alto aun el nivel de insatisfacción con la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista. Una mayoría que siempre ha actuado bajo la batuta del Presidente, algo entendible, pues ella se conformó con la anuencia del primer mandatario que, inclusive, tácitamente designó a quien ha estado al frente de la Asamblea en el último período correísta. Después de todo, durante todo este tiempo lo que realmente ha importado, en términos de decisiones político-administrativas, ha sido la voluntad omnímoda del líder de Alianza País, un movimiento armado a imagen y semejanza de aquel, un atrabiliario caudillo del siglo XXI.

Bien vale preguntarse, a estas alturas, ¿cómo se constituyó un gobierno así? La respuesta más inmediata sería: democráticamente. Pero si se escudriña más abajo de las apariencias, se encontrará que esta respuesta no es del todo acertada. Debe recordarse que, luego de las elecciones celebradas en el último trimestre del 2006 y del cambio de gobierno, hubo un golpe de Estado, que dio paso a la Asamblea de Montecristi, en cuyo seno se fraguó el correísmo.

Este artículo no pretende ir más allá en este asunto pues, de lo que se trata es de llamar la atención sobre algunos aspectos de un problema más grave, es decir, el de las inconsistencias de la representación política, el cual está en la base de la debilidad de la democracia ecuatoriana.

Teóricamente, el pueblo soberano es el titular del poder político, pero como no puede ejercerlo directamente, debe confiar en sus representantes para la adopción de decisiones compatibles con el “bien general”.

Teóricamente, el pueblo soberano es el titular del poder político, pero como no puede ejercerlo directamente, debe confiar en sus representantes para la adopción de decisiones compatibles con el “bien general”. Pero, ¿qué significa realmente la representación política? En una democracia representativa, ella procede de la autorización popular, otorgada a través del voto: Es, en otros términos, un mandato (de ahí lo de primer mandatario). En la práctica, sin embargo, votar no implica, de ninguna manera, prometer, consentir o contratar. De tal manera que el hecho de votar no hace vinculantes las decisiones de los representantes. Estos en principio quedan librados únicamente a su “conciencia política”.

En teoría, también, los representantes se deben a quienes los eligieron. Ahora bien, ¿cuál es la garantía de que, una vez electos, obren en consecuencia? ¿Qué obliga a los representantes a no actuar de otra manera, una vez que son investidos del poder que les corresponde como representantes de la voluntad popular?  ¿Por qué no han de hacer lo que les venga en gana y si esto acontece, qué “castigo” les espera? Por último, ¿qué importancia están llamados a conceder los representantes a la minoría que no los eligió?

Es imposible responder a esos interrogantes en un artículo como este. Apenas cabe apelar a la experiencia, que muestra que las cosas no suceden como lo indica la teoría. En primer lugar, como lo han señalado diversos analistas, no es plausible justificar ninguna acción de los representantes a partir de supuestas “promesas”, “consentimientos” o “contratos”, porque si bien el procedimiento electoral posee legitimidad, como una práctica social mediante la cual los pueblos tratan de afirmar su autoridad, es un procedimiento expuesto a muchas contingencias y, sobre todo, a la influencia de quienes pretenden ejercer o ejercen el poder estatal.

Por otro lado, aunque es cierto que los representantes que han fallado pueden ser objeto de las “sanciones” políticas y éticas de los electores, esto no es algo que necesariamente sucede, por las mismas razones anteriores. Además, en las condiciones imperantes en el Ecuador, de sumisión de todas las funciones del Estado a la arbitrariedad del poder Ejecutivo, siempre cabe la posibilidad de intervenciones non sanctas en los procesos electorales. Han sido frecuentes, por ejemplo la utilización de los recursos del Estado en favor de ciertos candidatos, así como la manipulación de los resultados arrojados por estos procesos.


La representación política es un voto de confianza del elector (el mandante) con el elegido. Se supone que lo debe representar. ¿Lo hace o el mandatario se convierte en representante solo de su partido?. Foto: Asamblea Nacional
    
Por lo visto, en relación con el correísmo y la representación política, cabe preguntar ¿alguien podría sostener, de manera irrefutable, que el Presidente, los asambleístas, los integrantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, han sido consecuentes con los mandatos populares?  De haber sido así, ellos en verdad habrían sido los ejecutores de una revolución ¡Pero no ha sido así! De ahí la enorme insatisfacción que ahora se registra respecto de casi todos ellos.

El pueblo encargó la adopción de esas decisiones a los candidatos propuestos por Alianza PAIS. Pero una vez en sus puestos, ellos han debido responder a las directrices del Presidente, claramente alineadas con grandes intereses económicos, internos y externos.

Como en épocas anteriores, desde el año 2006, mediante el procedimiento electoral y el principio de la mayoría, el pueblo ecuatoriano ha escogido a quienes han tomado las decisiones anheladas por él, concernientes, especialmente, a la erradicación de la pobreza. De esta manera, los electores han actuado en función de cierta “racionalidad”, acorde con sus propias circunstancias. Por esto y en atención a la propaganda, el pueblo encargó la adopción de esas decisiones a los candidatos propuestos por Alianza PAIS. Pero una vez en sus puestos, ellos han debido responder a las directrices del Presidente, claramente alineadas con grandes intereses económicos, internos y externos. De modo que las expectativas populares, desatadas en cada proceso electoral, se han visto en gran medida frustradas.      

Por esa frustración, cabría esperar que en el próximo proceso electoral se produzca una avalancha de votos de rechazo a los representantes que han fallado; el pueblo, entonces, los estaría castigando. Dada la cultura política de este pueblo, esto no es seguro que se dé; por lo demás, la propaganda volverá a jugar un papel decisivo. Podría también producirse una elevada abstención o la preponderancia de los votos nulos o en blanco. Esto más que un castigo expresaría la desconfianza de los electores en la representación política, lo que es más grave, en vista de que atañe a la legitimidad de la democracia representativa.  

Lo que se espera en una democracia representativa es que los partidos o los movimientos políticos asuman la representación política (por ahora se deja de lado el establecer las diferencias entre partido y movimiento político). Así compiten, en el marco de esta democracia, en busca de lograr la mayor adhesión posible de los electores -expresada en votos- a sus respectivos candidatos y programas. Luego, el partido o movimiento que ha logrado captar el poder político, debe orientar sus esfuerzos a mantenerlo.

La calidad de los partidos depende de la calidad de la democracia. El hecho es que en una democracia robusta, existirán partidos o movimientos de análoga condición. Sin embargo, si sucede lo contrario, lo que se tendrá es la preponderancia de individuos, caciques, caudillos o grupos de interés, numerosos  o no, los que, para procurar el logro de sus fines, confesados o no, preferirán a organizaciones temporales. Esta ha sido la tendencia preponderante en la vida política ecuatoriana. En lo que va del siglo XXI, el correísmo y Alianza PAIS se han convertido en preclaros ejemplos de esta tendencia.

¿Cuántas de estas organizaciones son verdaderos partidos o movimientos políticos? Procede la pregunta porque el número de firmas o el registro formal no bastan para avalar la existencia de un partido o movimiento político?

Eso significa que, por lo general, los partidos o movimientos políticos han sido actores coyunturales, desprovistos de la capacidad de constituir gobiernos en función de programas inspirados en principios ideológicos. Más que partidos han sido agrupaciones de ciudadanos, convocadas y motivadas por elites locales o nacionales. Ahora mismo, cuando se ha iniciado ya el proceso electoral que llevará al cambio de gobierno, en febrero del 2017, el Consejo Nacional Electoral reporta que “tras cumplirse el proceso de verificación de firmas, 70 organizaciones políticas quedaron habilitadas para participar en los próximos comicios del 2017. 16 de ellas son organizaciones de carácter nacional (7 partidos y 9 movimientos nacionales) y 54,  provinciales” (El Universo, 18-08-16).

¿Cuántas de estas organizaciones son verdaderos partidos o movimientos políticos? Procede la pregunta porque el número de firmas o el registro formal no bastan para avalar la existencia de un partido o movimiento político. Por lo que se ha podido observar, es una tarea relativamente fácil la de levantar firmas (más cuando hay dinero de por medio); asimismo, el registro formal puede lograrse con mayor o menor dificultad, dependiendo de las aperturas o bloqueos que existan para el efecto.

Un partido debe tener, al menos,  una organización con estructura y trayectoria, un ideario, un programa, una militancia convencida y perseverante. Es poco creíble que este sea el caso de esas 70 organizaciones políticas habilitadas. Consecuentemente, la representación política como un juego de fuerzas con capacidad para constituirse en un gobierno sólido, estable y eficiente –desde el punto de vista de sus principios y objetivos-, resultará diezmada en todos los espacios de decisión colectiva.

De manera que, una vez más, se corre el riesgo de que la representación política falle para las mayorías y que, por ende, el país siga en un tortuoso, costoso y exasperante camino de fracasos ¡Ojalá no fuera así!

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