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5 de Septiembre del 2016
Historias
Lectura: 24 minutos
5 de Septiembre del 2016
Redacción Plan V
El galimatías de los gastos de la Secretaría de Comunicación

Foto: Presidencia de la República

Según la Contraloría, los contratos para la transmisión de la visita del papa Francisco y la amplificación en sus misas presentan irregularidades. 

 

Contratos millonarios sin justificación y con empresas de hermanos, madres e hijos de funcionarios; uso de recursos del Estado para favorecer a Alianza PAÍS, pagos sin respaldos, son solo algunas de las irregularidades encontradas por la Contraloría en una auditoría realizada a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), durante la gestión de Fernando Alvarado.

Se trata de un voluminoso informe que la Contraloría General del Estado aprobó con fecha 28 de julio de 2016. La entidad de control del uso de los recursos de la nación, tras una larga auditoría, presentó sus conclusiones de la forma en la que se gastaron millones de dólares del erario público en la Secretaría de Comunicación del Estado (Secom), durante la gestión del actual ministro de Turismo, Fernando Alvarado Espinel. 

El informe, que fue hecho público por la Contraloría, analiza el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015. 

Según el documento, que consta de 93 páginas, los auditores de la Contraloría encontraron un verdadero rosario de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, entre las que se cuentan contratos entregados a empresas de familiares de los propios funcionarios de la Secom y pagos millonarios a proveedores durante la visita del papa Francisco, que fue televisada por el Estado por disposición presidencial. 

El informe analizó el uso de por lo menos USD 30´372.986,45 de los más de USD 70 millones con los que contó la Secom durante ese periodo de tiempo. 

Los contratos de familiares

Marco Antonio Bravo Segovia, ex subsecretario de Medios Institucionales de la Secretaría de Comunicación. 

Marco Antonio y Carlos Bravo Segovia son dos comunicadores, hermanos entre sí, que se vincularon tempranamente al proyecto comunicacional de Fernando Alvarado.

Oriundo al igual que su hermano de la ciudad de Riobamba, Marco Antonio llegó al cargo de subsecretario de Medios Institucionales de la Secom y aparecía como presentador del programa "El Ciudadano TV", en donde entrevistó en varias ocasiones al presidente Rafael Correa. Ejerció la subsecretaría hasta el 7 de mayo de 2014.

Su hermano Carlos, quien había sido periodista de televisión privada, en el Canal Uno, salió de las pantallas en 2005.

El periodista reapareció con el advenimiento del correísmo en 2007, cuando se involucró junto con su hermano Marco Antonio en el equipo de propaganda del régimen, que dirigía Fernando Alvarado. Aunque Carlos Bravo no constaba en la nómina de la Secom, trabajaba en oficinas de la Presidencia en el antiguo edificio de La Previsora, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, en tareas que le encomendaba directamente Alvarado. 

Según el reciente informe de la Contraloría, Carlos Bravo, ex periodista de Canal Uno quien en marzo de 2010 había constituido en Quito una empresa llamada Gota Azul Corpoazgo S.A, junto con otra comunicadora llamada Iliana Catalina Yépez Aguirre, se constituyó en beneficiario de un contrato de la Secom, mientras su hermano todavía ejercía el cargo de subsecretario.

Según el reciente informe de la Contraloría, Carlos Bravo, quien en marzo de 2010 había constituido en Quito una empresa llamada Gota Azul Corpoazgo S.A, junto con otra comunicadora llamada Iliana Catalina Yépez Aguirre, se convirtió en beneficiario de un contrato de la Secom, mientras su hermano todavía ejercía el cargo de subsecretario. 

En efecto, la empresa Gota Azul fue contratada el 28 de abril de 2014, por medio del contrato 006-2014-SECOM, "con la finalidad de que el proveedor realice el servicio de producción y post producción de documentales, cadenas y reportajes, por 189 000,00 USD, con un plazo de ejecución de 9 meses contados a partir del mes de abril", relata la Contraloría en su informe.

Aunque los funcionarios de la Secom alegaron que Marco Antonio Bravo Segovia no tuvo ninguna injerencia en este contrato, ni en su negociación, esto no convenció a la Contraloría, que concluyó que "se otorgó el 25% de calificación a la oferta presentada por el proveedor, es decir el puntaje máximo; que de conformidad con el medio de comprobación de la experiencia general mínima del proveedor se debía adjuntar contratos, actas de entrega recepción, facturas o convenios de pago; sin embargo, en la oferta anexó únicamente dos contratos y una resolución, la misma que no era documento habilitante de conformidad con los términos de referencia y pliegos. Por otra parte, se contrató con la Compañía Productora GOTA AZUL CORPOAZGO S.A., quien tiene como accionista al hermano del ex Subsecretario de Medios Institucionales, en funciones al momento de la contratación, por lo que se encontraba impedida de contratar con dicha compañía ya que de conformidad con las Inhabilidades Generales de la LOSNCP, se presume que por sus actividades o funciones, contó con información privilegiada".

Para la Contraloría, el contrato con la empresa de Carlos Bravo no solo que se calificó de manera irregular, sino que nunca debió firmarse por el parentesco que tenía con un alto funcionario de la Secom. 

Pero ese no es el único caso de parentescos que, en sus descargos ante la Contraloría, los funcionarios minimizan. La Contraloría detectó también el caso de Juan Fernando López Cevallos, quien actualmente se desempeña como funcionario en el Ministerio de Turismo con Fernando Alvarado. 

La madre y uno de los hijos de López Cevallos, llamados Alicia Fabiola Cevallos Veintimilla y Juan Martín López Moreano, constituyeron en Quito, el 8 de mayo de 2013, una empresa de comunicación, con el nombre de Burraska Comunicación. 

La empresa, al igual que la conformada por Carlos Bravo en su momento, se legalizó con el capital mínimo requerido por la ley. 

Las observaciones se centran en la gestión de Fernando Alvarado. 

Para mayo de 2014, es decir, apenas un año después, la flamante empresa había facturado a la Secom la cantidad de USD 107.000 más IVA, por haber brindado servicios de "producción y realización de videos, coberturas, videos animados, investigación periodística y capacitación profesional en ámbitos de comunicación...”, según ha podido precisar la Contraloría.

El 6 de agosto de 2014, se realizó el convenio de pago a favor de la empresa, por "difusión de la campaña Habla Pichincha y la producción y realización de video coberturas, videos animados, investigación periodística y capacitación profesional en ámbitos de comunicación en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014". 

Recién el 15 de agosto de 2014, es decir, luego de haber firmado el convenio para el cobro de la factura, la madre y el hijo del asesor del despacho de Fernando Alvarado cedieron sus acciones en la empresa a otras personas. Actualmente, las acciones de Burraska pertenecen a María Paulina y Carlos Vargas Flores. 

Pero las relaciones con Burraska no quedaron ahí. A las pocas semanas, la empresa fue contratada nuevamente, esta vez por USD 399.750 para la producción de las cadenas informativas "El Gobierno a sus mandantes". Este nuevo contrato fue suscrito en noviembre de 2014. 

Recién el 15 de agosto de 2014, es decir, luego de haber firmado el convenio para el cobro de la factura, la madre y el hijo del asesor del despacho de Fernando Alvarado cedieron sus acciones en la empresa a otras personas. Actualmente, las acciones de Burraska pertenecen a María Paulina y Carlos Vargas Flores.

Entre abril y diciembre de 2015, la empresa recibió un tercer contrato, esta vez, por USD 321.000 más IVA, que consistió en "la producción de cuatro videos específicos con el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo; el Técnico para la Gestión Inclusiva en Discapacidades; el Presidente del Consejo Nacional Electoral y la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito".

Sobre el último contrato, la Contraloría observó que varios de los materiales entregados a la Secom habían sido producidos antes de la vigencia del contrato, en enero y febrero de 2015. 

En sus descargos ante la Contraloría, los funcionarios de la Secom aseguraron que el primer pago a Burraska se hizo el 21 de octubre de 2014, cuando ya no eran accionistas los familiares del asesor López.

A pesar de ello, la Contraloría concluyó que "se suscribió el convenio de pago con la empresa BURRASKA S.A.; sin embargo, de que los accionistas tienen el primer grado de consanguinidad con el Asesor del Despacho de la SECOM, por lo que se encontraba inhabilitado para prestar el servicio, en razón que sus partícipes eran lá madre e hijo del Asesor del Despacho de la Secretaría Nacional de Comunicación a la suscripción del convenio de pago".

Las llamadas de parte de Alianza PAÍS

La Contraloría descubrió también que, pagada con fondos de la Secom, operaba una empresa dedicada a realizar "llamadas telefónicas o envíen mensajes de texto, a diferentes emisoras y/o canales de televisión para que transmitan: conversatorios del Presidente de la República, enlaces ciudadanos, cadenas de radio y/o televisión y otros eventos realizados por el Presidente".

Esta empresa se llama Ecuadetalles, y trabajó para la Subsecretaría de Promoción de la Comunicación durante el año 2014. Al ser requerida por la Contraloría sobre sus actividades, la empresa remitió a la entidad de control una serie de correos que había recibido de la funcionaria a cargo.

Haciendo gala de militancia política, la funcionaria escribió, según el informe de la Contraloría:

"... Adjunto te envío las radios a reconfirmar el enganche en Guayaquil al saludo Señor Presidente, y presentación de Candidatos, como representante del Movimiento Alianza País (Presidente); y a su vez que nos ayuden con el monitoreo del mismo. Se realiza a las 20 horas...”, el  02 de enero de 2014. También escribió, esta vez el 30 de enero de 2014: “Por favor tu apoyo enganchando las radios de las siguientes Provincia... por favor tomar en cuenta que es un tema político por los (sic) cual solicito de manera muy especial nos manejemos como Alianza País, como lo hicimos en los Mitins anteriores... En caso que necesiten la carta de Alianza País que te enviamos la vez pasada, para aclarar que tienen derecho a transmitir cualquier evento de interés de la comunidad, enviárselas si lo quieren". El 3 de febrero de 2014 la funcionaria disponía: "Por favor necesitamos confirmarla trasmisión del discurso del SP a las 18h30 con las siguientes radios. Por favor no te olvides que hay que llamar como Alianza país (sic) NO como SECOM y que esto es un aporte para AP”.

La dudosa gramática y ortografía de la subsecretaria, a la que la Contraloría no identifica por su nombre, ha sido respetada en el informe original. 

Según la información publicada en el portal de la Secom, entre enero y mayo de 2014 ejercía la Subsecretaría Carlos Andrés Michelena Ayala, y a partir del 31 de mayo, el despacho le fue encargado a Michelle Paola Villaroel Guevara, acto que se oficializó mediante el acuerdo 035 firmado por Fernando Alvarado, como secretario de Comunicación. El acuerdo, sin embargo, no precisa desde cuándo había renunciado Michelena a sus funciones, pero según se colige del informe de la Contraloría, ella ya estaba a cargo de la subsecretaría mucho tiempo antes del 31 de mayo. 

Para la Contraloría, es claro que se usaron recursos del Estado para favorecer a un partido político, en este caso, el movimiento oficialista Alianza PAÍS, por lo que no se justifica el pago de USD 23 252,50 realizado a favor de la contratista, con el pretexto de difundir las actividades del presidente Rafael Correa. 

Para la Contraloría, es claro que se usaron recursos del Estado para favorecer a un partido político, en este caso, el movimiento oficialista Alianza PAÍS, por lo que no se justifica el pago de USD 23 252,50 realizado a favor de la contratista, con el pretexto de difundir las actividades del presidente Rafael Correa.

Michelle Villaroel, al presentar sus descargos ante la Contraloría, argumentó que "en relación con la contratación de enganche, manifestó que existe la necesidad de contratar una empresa que realice los servicios para recordar la activación de cadenas a nivel nacional, provincial y actualización de datos, que tienen temas de coyuntura política y de interés nacional, en virtud de que los correos electrónicos de la SECOM, están bloqueados por las listas negras a nivel nacional".

No obstante, las conclusiones de la Contraloría son rotundas: "La Subsecretaría de Promoción de la Comunicación (Michelle Villaroel), solicitó se cancele 23.252,50 USD a través de convenio de pago a la Compañía ECUADETALLES S.A. IMPULSA ECUADOR, para que brinde el servicio de call center, evidenciándose en correos electrónicos que la empresa realizó el seguimiento y la presentación de candidatos políticos de un movimiento político, lo que ocasionó que se utilicen recursos públicos para promocionar a dicha organización política".

La factura de la visita papal

La transmisión y cobertura de la visita apostólica del papa Francisco a Ecuador, declarada por el presidente Rafael Correa una prioridad nacional, fue una nueva ocasión para que la feria de contratos en la Secom se reactive. El Gobierno, relativizando el concepto de Estado laico previsto en la Constitución, dispuso el uso de todos los recursos del Estado para atender la visita del sumo pontífice católico, en coordinación con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Al despliegue de miles de policías y militares se sumó la producción de la transmisión de las actividades del papa, y la cobertura de sus visitas a Quito y Guayaquil. 

En efecto, mediante decreto ejecutivo 663, el presidente Rafael Correa declaró de "interés nacional" a la visita del papa, quien estuvo en el país entre el 6 y el 8 de julio de 2015. Para el 13 de mayo, la Secom se había comprometido con la Iglesia Católica a ser la matriz de la señal oficial del evento religioso, señal que debía ser entregada a todos los medios de forma gratuita. La Iglesia no aportaba dinero para el efecto, sino que todo debía salir del erario público.


 El presidente Rafael Correa declaró de interés nacional a la visita del sumo pontífice católico. Foto: Carlos Silva / Presidencia de la República

El 20 de mayo de 2015, la Secom contrató a una empresa norteamericana, llamada BEXEL, por USD 2´636.035 y luego firmó un adendum por USD 410.332,50 el 6 de junio de 2015, para que encargara de "la instalación y dirección de dos centros de Control Master y dos Salas de Prensa en las ciudades de Quito y Guayaquil, con equipos traídos desde EE.UU. y con un total de 61 personas, entre ingenieros, técnicos de audio y video; y, personal que se encargue de la instalación de los equipos".

Pero adicionalmente, el 3 de julio de 2015, la Secom contrató a una empresa local, "ADDREAMS PUBLICIDAD S.A, por medio del contrato 056-2015-SECOM, cuyo objeto fue el servicio de dirección y supervisión técnica estratégica para la visita oficial del Papa Francisco al Ecuador, por 994 862,43 USD, más IVA, a pagarse el 100% contra entrega de los servicios prestados, con un plazo de ejecución de 29 días contados desde la suscripción del contrato hasta el 31 de julio de 2015".

994.862

Pagó la Secom a Addreams Publicidad por hacer prácticamente lo mismo que un contratista norteamericano.

El proceso fue poco menos que relámpago: entre el 1 y el 3 de julio, los funcionarios de la Secom contrataron a ADDREAMS PUBLICIDAD S.A, sin tomar mucho en cuanta detalles como que era una empresa constituida apenas en 2013, que no tenía experiencia en transmitir eventos en vivo, que las direcciones que había declarado no existían (corresponden a un edificio de departamentos donde no hay ninguna oficina), entre otros aspectos.

Inmediatamente, la duda que asaltó a los auditores de la Contraloría fue si este otro contrato era necesario. Addreams era otro contratista conocido de la Secom, pues había logrado que se le adjudique la realización de una serie de entrevistas de funcionarios, en otro contrato en el que la Contraloría encontró varias irregularidades. 

Pero lo más grave, señala la Contraloría, es que no hay respaldos de que la empresa nacional haya hecho nada distinto de la empresa extranjera contratada para el efecto: "sin embargo, las fotografías, DVDS e instalación de cámaras en helicópteros, demuestra que los trabajos fueron realizados por la empresa VITEC BROADCAST SERVICES, INC. “BEXEL”, pues, en estas fotos y videos se observa a personal uniformado y equipos con el distintivo de BEXEL, realizando la instalación, mantenimiento y manejo de los equipos. En los informes presentados y respaldados con los DVDS, no existe evidencia fotográfica o video del trabajo realizado por ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el parque los Samanes; además, en algunos DVDS incluyeron títulos y fechas como del “7-MAY0-2015", es decir, los trabajos empezaron antes que se inicie con el proceso precontractual".

La Contraloría también descubrió que la contratista al parecer subcontrató partes del trabajo al que se había comprometido: "se determinó que la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., pagó por los servicios de dirección y supervisión técnica estratégica para la visita oficial del Papa Francisco al Ecuador por 358 567,49 USD, es decir se cedió el 36% del objeto contractual a terceros; además, se incluyó la factura 156 emitida por la Empresa ADCINEWEBTV S.A., por el alquiler de equipos para la dirección y supervisión técnica, sin detallar cuáles fueron éstos, sin embargo de que la SECOM, en los formularios de la oferta y términos de referencia no se requirió equipo mínimo".

No solo eso: la firma también cobró por lo menos "USD 550.000 más IVA, por el servicio de iluminación y apoyo en generación de imagen de televisión utilizada durante la Visita Oficial del Papa Francisco al Ecuador, no se evidenció quién solicitó el servicio".

Para la Contraloría, hay pocos indicios de que la contratista de la Secom realizó algún trabajo que justifique las abultadas planillas que cobró.

En otro contrato, relacionado con la misma visita del papa, la Contraloría logró determinar que se contrató a tres firmas para amplificación en las misas campales del pontífice, una de las cuales fue la compañía Multivisión, con USD 488.480. La Contraloría determinó que "la documentación que se adjunta son de características similares y el detalle de los equipos utilizados son los mismos, por lo que no se justifica la contratación de la Compañía Multivisión".

La reacción de Fernando Alvarado

En un comunicado, el ministro de Turismo y ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, precisó lo siguiente:

"El informe emitido por la CGE hace unos días, respecto a mi periodo como Secretario Nacional de Comunicación, aún debe pasar por la aprobación del Departamento de Responsabilidades para que determine responsabilidades administrativas y civiles (de ser el caso), con el fundamento legal respectivo. En esta instancia se debe notificar a cada uno de los involucrados con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en las normas del “debido proceso”; en concordancia con el artículo 56 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría. Este debido proceso estipula tiempos acorde a la Ley para que los funcionarios presenten los descargos respectivos a los señalamientos que se les realiza".

El ministro Alvarado Espinel agregó que "Reiteramos por lo tanto que el informe actual es el resultado de la auditoría gubernamental y sirve de referencia para el inicio de un proceso, pero NO significa que existan responsabilidades confirmadas, ya que esto solo es posible con la resolución de la autoridad competente. En consecuencia, en esta estapa hablar de sanciones, de acusados, de culpables, etcétera, a través de medios de comunicación y redes sociales, es por demás infamante".

El ex secretario de Comunicación del Estado sostuvo además que "aquellos medios de comunicación –en especial diario Expreso- que han hecho publicaciones acusando a personas y empresas, transgreden el artículo 66 numeral 18 de la Constitución de la República, que salvaguarda los derechos de la libertad de las personas, reconociendo y garantizando el honor y el buen nombre de estas. El COIP en su artículo 182 estipula y sanciona como “calumnia” las falsas imputaciones de un delito, quien lo hiciere atenta contra este derecho inherente al ser humano, consagrado en la Carta Magna".

"Como corresponde a todo servidor público dejamos el tema en manos de las instituciones correspondientes, e insisto en que mientras no haya nada juzgado no se puede manchar la honra de nadie, como lo están haciendo ciertos medios de comunicación y políticos de oposición", finalizó Fernando Alvarado Espinel. 

 

 

 

 

 

 

 

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