Sin duda la transmisión de mando presidencial, del 23 de noviembre, es trascendental en la historia de este país, dada la gravedad de la crisis sistémica que agobia a la inmensa mayoría de sus habitantes.

Es importante señalar que el cambio de gobierno se produce en el marco del reparto de comisiones legislativas, que se resolvió en los diálogos mantenidos entre el presidente Noboa y fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Dicho acuerdo satisfizo a los involucrados, pero dejó dudas y recelos en la esfera pública. De hecho, algunas interpretaciones sugieren que el presidente ganó las elecciones, pero cedió el poder.

De igual manera, la designación del gabinete presidencial se produjo en medio de una ola de rumores y especulaciones, así como también de frustrantes sorpresas en la esfera pública, atenta al perfil y experiencia política de los ministros y ministras. Los ecuatorianos han aprendido a fuerza de decepciones que, así como la edad y la experiencia en el sector público o privado no son sinónimo de honestidad ni eficiencia en un gobierno, tampoco lo son la juventud, ni mucho menos la improvisación.

El cierre adelantado de un período presidencial, en el caso de Guillermo Lasso, generó sentimientos encontrados, pero sin duda mayoritariamente negativos a la hora de sopesar fríamente una administración que pudo haber sido mejor y que deja a Noboa una pesada herencia en economía, seguridad, empleo, relaciones internacionales, migración, salud y educación y al Ecuador entero en medio de una encrucijada de supervivencia o debacle.

Finalmente, y aunque pasó bastante desapercibida, la crisis interna del movimiento correísta es evidente, y de algún modo juegue en la configuración del país que se avecina, de cara al 2025. A su última Asamblea Nacional, en Sto. Domingo de los Tsáchilas, no concurrieron algunos de sus principales líderes: Pabel Muñoz, Paola Pabón, Marcela Aguiñaga, Aquiles Álvarez. Animó la tarima Jorge Glas y nombraron presidenta a Luisa González, así como reeligieron presidente honorario de la RC, por dos años más, a Rafael Correa. Lo escrito exime de cualquier comentario adicional.

Un reparto con beneficio de inventario

Los pactos políticos que en Ecuador antes se hacían a puerta cerrada, entre gallos y medianoche, o por “la regalada gana”, esta vez se hicieron abiertamente. Por sí solo el hecho de que se haya dialogado y acordado sin recato el reparto de los espacios de poder en el Legislativo, para afincar un período de indispensable gobernabilidad del Ejecutivo, es un hecho meritorio y debería ser práctica normal en una democracia medianamente madura; dialogar entre distintos, encontrar puntos de interés común que primen sobre las diferencias, ceder, y velar por el interés público.

No es aventurado afirmar que todos los acuerdos políticos en países cuyas élites hace tiempo perdieron la brújula que los dirigía hacia la ciudadanía, tienen un gato pardo oculto en la alacena de sus intereses particulares, o en las “encomiendas” de los grupos de poder que financiaron candidaturas.

El pacto entre el gobierno, la RC y el PSC se impuso en las primeras sesiones de la Asamblea. No bien el Pleno aprobó la integración de las 15 comisiones legislativas permanentes, estas se instalaron y escogieron a sus presidentes y vicepresidentes. El correísmo se quedó con la presidencia de seis, incluida la Comisión de Fiscalización, cuya titular será Pamela Aguirre, abogada imbabureña, de 38 años, 10 de los cuales han sido dedicados a la militancia en la Revolución Ciudadana. Aguirre también integraba el Grupo Parlamentario de Amistad con Rusia, que en septiembre del 2022 visitó ese país, en viaje organizado por el ex asambleísta y hoy presidente, Daniel Noboa. Luis Alvarado Campi (ADN) fue electo vicepresidente de la Comisión.

Henry Kronfle, nuevo presidente de la Asamblea. Foto: Luis Argüello/PlanV

Para el correísmo era clave controlar esta Comisión, empeñado como está en impulsar el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, y retomar el que quedó inconcluso contra Guillermo Lasso, debido al decreto de “muerte cruzada” emitido por el expresidente.

Según la legisladora Pamela Aguirre, en los próximos 18 meses, la Comisión que preside resolverá sobre los cinco juicios políticos que quedaron pendientes debido a la disolución de la Asamblea; la fiscalización del sector eléctrico, del sector petrolero, del sector de la salud pública (MSP y el IESS); y lo actuado por el gobierno saliente ante la emergencia provocada por el fenómeno El Niño.

Los intereses que desde hace mucho tiempo rigen precisamente en el campo energético, en hidrocarburos, y en la salud pública, han sido motivo de análisis técnicos, políticos y denuncias e investigaciones que no han sido capaces de terminar con el círculo de corrupción e impunidad que parece envolverlas.

Actualmente, es notorio el interés que pueden haber despertado los Tratados de Libre Comercio. Sus implicaciones positivas o negativas merecen ser ampliamente difundidas y debatidas por la ciudadanía, la empresa privada, las cámaras de comercio, producción, la de pesquería, por los pequeños y medianos emprendedores, por los trabajadores del campo y la ciudad. No promover este debate público puede esconder intereses ocultos bajo la alfombra de una política de comunicación pública cuestionable, pero sobre todo por la letra chica o los posibles impactos ambientales, laborales, de competencia desleal, de cesión parcial de la soberanía, por los peligros que entraña depender de un país más grande y adelantado, y por los efectos a mediano y largo plazo en las causas de inequidad y pobreza que persisten estructuralmente en los países débiles, como Ecuador.

Las legisladoras Valentina Centeno, presidirá la Comisión de Desarrollo Económico y Nathaly Farinango la Comisión de Régimen Económico, ambas muy importantes porque en estas se tratarán los proyectos económico urgentes anunciados por Noboa, incluido el de reforma tributaria. ADN se aseguró de que los proyectos sean tratados con celeridad y sin sobresaltos, al ubicar cuatro integrantes en cada una de estas comisiones.

El resultado de los acuerdos políticos promovidos por Noboa con fuerzas políticas de la Asamblea, tuvo dos efectos: el riesgo país disminuyó el 20 de noviembre a 1.941 puntos, 69 menos, luego de la conformación de las 15 comisiones del Legislativo; aunque sigue elevado, la baja evidencia que, asegurar un entorno mínimo de gobernabilidad por parte del presidente, fue evaluado positivamente por los organismos de financiamiento internacionales, a despecho de la inconformidad en ciertos sectores de la esfera pública, que expresaron su desencanto pues perciben que, haber cedido la presidencia de las comisiones, y particularmente la de Fiscalización, al correísmo, y la presidencia de la Asamblea al PSC, sugiere que el presidente ganó las elecciones, pero cedió el poder.

Daniel Noboa y el parto de los montes para conformar su gabinete

Al miércoles 22 noviembre, Daniel Noboa había nombrado 15 ministros, y se mantenía la incertidumbre sobre su equipo en el área de seguridad; el día anterior aún no había siete autoridades del frente económico; todo esto, cuando su posesión se produciría el día jueves. Para variar, algunas de las designaciones levantaron polémica e igualmente motivaron encontradas reacciones en las que incluso participó el expresidente Correa, frente a la posible unificación de los ministerios de Gobierno y del Interior.

La conformación del gabinete presidencial se manejó entre el hermetismo y la duda. Siendo una de las más delicadas tareas del nuevo presidente para recuperar la confianza ciudadana, altamente sensible sobre la política, Daniel Noboa no logró capitalizar la paulatina puesta en escena de sus principales colaboradores.

Juventud, experiencia en el sector privado y bajo perfil político, parecía ser la fórmula elegida por el presidente para posicionar la imagen de su gabinete. Sin embargo, el “efecto expectativa” que manejó tras su victoria electoral, inicial, se fue transformando en preocupación con el paso de los días y luego en lamentable certeza sobre la dificultad del mandatario para armar su equipo de trabajo.

El presidente Noboa se reunió en Estados Unidos con bancos y multilaterales en busca de recursos. Foto: X @DanielNoboaOk

De hecho, había antecedentes para ello: el derrape de Daniel Noboa al dejarse acompañar semanas atrás por el polémico exvicepresidente Dahik, a Carondelet, invitado por Lasso para planificar el cambio de mando, que alborotó el avispero en la esfera pública. Luego, la aparentemente lejana relación entre el primer mandatario y su binomio, el manejo poco delicado del perfil profesional de la ministra del ambiente, por parte de internautas; el paso al costado del designado secretario de Comunicación; y finalmente la noticia de que Sariha Moya declinó ser la ministra de Finanzas.

Con las designaciones de Zaida Rovira como titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y de la magistrada Ivonne Nuñez, como ministra de Trabajo, el miércoles 22, aún quedaban pendientes las designaciones en el área de seguridad. Los ritmos para anunciar decisiones y la selección de perfiles podían haber sido más asertivas. El momento político que vive el país no es ni será condescendiente con improvisaciones ni falsos positivos. Es de esperar que las nuevas autoridades confirmen su competencia en las áreas asignadas.

Lasso: ¡El Ecuador YA NO aguanta más!

5 de julio del 2020, en su cuenta de tweeter, Lasso posteaba:“Con mi equipo estamos preparando un proyecto para que en los primeros 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos. ¡El Ecuador YA NO aguanta más!

Lasso terminó con una pesada carga de promesas incumplidas, fue incapaz de mantener la gobernabilidad, por lo que se vió obligado a decretar la “muerte cruzada” y anticipar su salida del Ejecutivo. Tampoco pudo gobernar sin la Asamblea porque encontró en la Corte Constitucional un escollo a sus propósitos. Perdió un referéndum que era imposible de perder, víctima de su soberbia y de la antipatía y de la desaprobación que provocó en la ciudadanía. Ya sea por factores propios o por otros ajenos a su voluntad, vio esfumarse su capital político en medio de la peor crisis de seguridad que haya sufrido en toda su historia el Ecuador, cifras en rojo en materia de política social, que hablan de que casi 7 de cada 10 ecuatorianos parte de la población económicamente activa, no tienen empleo, o solo trabajan eventualmente, y sus recursos no alcanzan para cubrir la canasta básica familiar; una crisis energética que el país no había sufrido hace más de una década, y un éxodo de más de 200 mil ecuatorianos que en los últimos 2 años han abandonado legal o ilegalmente del país, a causa de la inseguridad o por falta de oportunidades.

De sus logros hay poco que rescatar:

El plan de vacunación contra el Covid-19.

Un alza de USD 50 al salario básico.

Una inversión de USD 650 millones en políticas orientadas a la reducción de la desnutrición infantil.

Reducción del ISD en un punto porcentual.

Cooperación en seguridad para luchar contra el crimen organizado, en efecto recibió cerca de USD 100 millones anuales de los Estados Unidos.

El saldo en contra y algunas promesas incumplidas de su gobierno:

Subió el impuesto a la renta para quienes ganan más de USD 2.000 e hizo una reforma fiscal, con apoyo del correísmo, para quitar a los contribuyentes de la clase media al reducir dramáticamente el tope de gastos personales para beneficios tributarios en el Impuesto a la Renta.

No cumplió su promesa de eliminar la Senacyt, Aunque eliminó el examen de ingreso que impuso la Senacyt dejó que ese requisito retorne a las universidades públicas.

Prometió duplicar la inversión petrolera, pero luego se retractó y dijo que lograr ese objetivo tomaría al menos hasta el 2028

Lasso también prometió eliminar el Consejo de Participación Ciudadana pero tampoco pudo hacerlo.

Ofreció reabrir 1.000 escuelas rurales, pero solo pudo 247.

Ofreció construir 450.000 viviendas. Los datos oficiales registraban en septiembre 21.596 "soluciones habitacionales", lo que es un eufemismo que evita mencionar créditos y adecuaciones. Al final solo se entregaron 5.771 viviendas gratuitas.

Ofreció eliminar la tabla de consumo de drogas, no lo hizo.

Ofreció firmar 10 acuerdos comerciales; solo concretó uno con China y uno con Costa Rica. Lasso fracasó estruendosamente en su intención de sumar al Ecuador en la Alianza del Pacífico, y no pudo cerrar un acuerdo comercial con México.

Eliminar la corrupción. No solo no pudo hacerlo, sino que está obligado a despejar denuncias de corrupción en su propio gobierno.

Proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos era uno de los objetivos específicos de su plan de trabajo. Al final de su mandato, Ecuador es uno de los 10 países con mayor criminalidad (21 homicidios al día); se estima que el 2023 terminará con aproximadamente 7 mil muertos por criminalidad, Durán y Guayaquil entraron a la lista de las ciudades más violentas del mundo.

La crisis en el sector eléctrico pudo haberse evitado, su gobierno no lo hizo.

No pudo controlar la informalidad y delincuencia organizada que afecta al sector minero, ni pudo otorgar nuevas concesiones mineras por la oposición de la CONAIE y la población.

La lista podría seguir. Quizá alejarse del gobierno merezca ser incluido como uno de sus logros.