La esperada cesación de los nueve jueces de la Corte Constitucional, por parte del Consejo de Participación Transitorio que preside Julio César Trujillo, abre una nueva etapa en ese alto tribunal, declarado en una "vacancia" de sesenta días. Mientras los funcionarios de la Corte continúan yendo a trabajar, entre abogados y académicos de varios círculos han empezado las especulaciones sobre el futuro de la Corte, que podría ser designada o no por el actual Consejo de Participación.

La gira del presidente del Transitorio, Julio César Trujillo, y su principal escudero, el consejero Pablo Dávila por Gran Bretaña y Estados Unidos -el Gobierno británico los invitó para que conozcan de nuevos mecanismos para rastrear el dinero de la corrupción- parece haber puesto un obligado paréntesis a la posible conformación de la Corte. 

Los ex jueces de la Corte Constitucional, que fueron cesados por el Consejo Transitorio. Foto: Flickr Corte Constitucional

En la Corte, ubicada en el centro de Quito, los funcionarios especulan sobre el futuro de la institución. Según fuentes de PLANV, varios de los funcionarios que llegaron con los jueces destituidos dedican su tiempo a conversaciones con algunos de los posibles jueces, con miras a obtener renovaciones de sus contratos en la Corte. 

Por lo pronto, hay tres escenarios posibles, dicen las fuentes consultadas: que se conforme la Corte siguiendo el mecanismo previsto en la Constitución, que en su artículo 434 establece que "los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y mujeres". Los requisitos para ser miembro de la Corte restringuen a la profesión de abogado el cargo, por lo que se deberá contar con título de tercer nivel en derecho para aspirar a ser juez constitucional. 

Pero como en el país las circunstancias se imponen sobre las leyes, no se descarta que este articulado constitucional no se cumpla al pie de la letra, y que el Consejo Transitorio se atribuya la condición de comisión de selección, o que, de plano, no solicite las ternas a las funciones del Estado sino que recepte candidaturas de otros sectores, como universidades, movimientos sociales o fuerzas políticas. Algunos abogados consultados creen que el Transitorio, simplemente, podría apelar a sus potestades surgidas de la consulta popular para simplemente nombrar a los nueve jueces con la simple revisión de sus méritos y sin hacer ningún tipo de proceso de oposición. 

La tercera opción, dijeron fuentes que siguen el proceso, es simplemente extender la "vacancia" de la Corte hasta que el Consejo de Participación definitivo, que según la última consulta será un cargo de elección popular en las elecciones de 2019 sea conformado y decida llevar adelante el proceso, en cuyo caso se debería seguir el proceso previsto en la Constitución para una Corte definitiva. Los magistrados de esa Corte pueden durar hasta nueve años en sus funciones, aunque cada tres se realizan renovaciones parciales del tribunal. Esta opción, ante el temor de que el nuevo Consejo de Participación pretenda revisar una eventual designación o reformularla de alguna manera. 

Los nombres que suenan

Pero qué mismo ocurría con la Corte es algo que se podría conocer en el transcurso de los próximos 30 días. Si se sigue el texto constitucional, el Ejecutivo, el Legislativo y la propia Función de Transparencia, es decir, el Consejo Transitorio, podrían confeccionar ternas para escoger a los jueces constitucionales. Sino se sigue, el Consejo Transitorio podría fijar nuevas reglas del juego para llenar los nueve cargos. Si, por el contrario, no se resuelve nada, el país continuará sin Corte Constitucional por lo menos hasta mediados del año 2019. 

Sea como sea, ya hay algunos nombres que suenan con insistencia, según las fuentes que consultó este portal. Se busca darle un carácter académico y marcado por el activismo judicial a la Corte, por lo que varios profesores universitarios estarían entre los considerados.

Dos de los catedráticos de la Universidad Andina suenan insistenmente: el uno es Ramiro Ávila, profesor de derecho constitucional y experto en derechos humanos. El otro, Agustín Grijalva, ex candidato a rector de la Universidad Andina. Aunque durante el proceso para rector se asoció a Grijalva con el correísmo, lo cierto es que sus supuestas vinculaciones nunca fueron probadas.

A estos se suma el profesor de la Universidad Católica Rafael Oyarte, quien ha sido uno de los críticos más acérrimos de la Corte cesada y ha sido uno de los defensores de la postura de que debe seguir en vacancia, pues dada su nula capacidad de tramitar las causas casi daba la mismo que no funcione. 

Algunos de los opcionados: Mauricio Gándara, Enrique Herrería, Hernán Salgado y Nina Pacari 

Rafael Oyarte, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva y Xavier Garaicoa. 

Desde la acera de los movimientos sociales, suenan nombres como los de Nina Pacari Vega, militante histórica de Pachakutik quien sería una de las mujeres postuladas, así como el de Mauricio Gándara, quien también estaría buscando el apoyo de Pachakutik para ocupar una silla en el pleno de la Corte. 

Por otro lado, suenan nombres de abogados de Guayaquil como Enrique Herrería, ex asambleísta cercano a la Madera de Guerrero de Jaime Nebot, así como de Xavier Garaicoa, ex procurador general del Estado. 

Otro personaje que estaría siendo considerado es Hernán Salgado, catedrático quiteño que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es reputado como uno de los principales expertos en el tema en el país. 

Como la Corte debe estar conformada de manera paritaria por hombres y mujeres, hay algunos nombres de juristas que suenan para integrarla. Por ejemplo, la ex jueza de la Corte Nacional Ana Abril, cercana a CREO. O juristas como Ximena Veintimilla y María del Carmen Maldonado, quien ya fue jueza en ese mismo tribunal. 

No se descarta que desde la Fiscalía, que dirige actualmente Paúl Perez Reina, se postulen también algunos nombres, como el del catedrático quiteño Salim Zaidán, aunque dicha propuesta podría estar integrada por algún funcionario del Ministerio Público. Daniela Salazar, una profesora de la Universidad San Francisco de Quito especializada en derechos humanos, es otra de las mencionadas entre las varias fuentes consultadas. 

Otro nuevo escollo es considerado también, dijo una fuente del interior de la Corte, en el futuro. Que los jueces cesados por el Consejo Transitorio recurran al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en busca de algún tipo de restitución económica por haber perdido sus cargos. No sería la primera vez, pues el Estado del Ecuador ya fue condenado a pagar a varios ex jueces de la Corte Suprema de Justicia que fueron destituidos, según se consideró en las instancias internacionales, de manera injusta. De ahí que se busque que figuras como Salgado, con gran ascendiente en esos ámbitos, puedan formar parte del nuevo tribunal. 

Por lo pronto, la Corte Constitucional se mantiene cerrada, sin aceptar más recursos y con miles de causas represadas, así como con la sombra de denuncias de corrupción como cobros por admitir las causas y, lo que es peor, por sentenciarlas.