Aunque no es una de sus funciones más conocidas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene una tarea en la que, en los últimos ocho años que fueron analizados por este medio, ha hecho poco o nada: la canalización de las denuncias sobre hechos de corrupción, una tarea que heredó de instancias anticorrupción estatales que se crearon en el pasado, y en la que tuvo pocos logros. 

Y es que la mayor parte de su gestión, entre 2015 y 2023, es decir, en los últimos ocho años y en los gobiernos de Rafael Correa, Lenin Moreno y Guillermo Lasso, el CPCCS se ha enfocado en la designación de autoridades de control, por medio de un complicado modelo de cuño escolar que consiste en la conformación de comisiones supuestamente independientes y en la toma de pruebas de calidad y seriedad dudosa, lo que ha dejado abierta la posibilidad del manoseo político de las designaciones, que era precisamente lo que se quiso evitar al crear, en la Constitución de Montecristi, una instancia electa por votación popular que sería un supuesto comité de técnicos para colocar "al mejor" en los cargos públicos que no son de elección popular. 

En su intento de quitarle esa atribución, el Gobierno, al presentar a la Corte Constitucional su documento justificativo de la consulta popular de febrero de 2023, explicaba que la conformación de ese organismo técnico e independiente no se logró en absoluto, pues las fuerzas políticas y los grupos de interés se dieron modos de colocar en el Consejo a simples operadores de sus agendas. Pero el Gobierno, al perder en todas las preguntas de la consulta popular, fracasó en su intento de quitarle sus atribuciones de designación de autoridades al CPCCS, que se iba a quedar solamente con otra no menos importante: ser una especie de continuador de las comisiones anticorrupción estatales que existían en el pasado.

Pero si su función de selección de los supuestamente más capacitados para los cargos directivos de los organismos de control fue, cuando menos, mal ejercida la función de control social, que incluía la posibilidad de receptar e investigar denuncias sobre corrupción, también deja un saldo negativo.

Los informes del propio CPCCS desde 2015 consultados por este medio evidencian que la mayor parte de las denuncias de supuesta corrupción fueron archivadas, y que las que se quedaron se fueron "represando" en su trámite. El CPCCS, al carecer de la potestad investigaba que tienen la Fiscalía y la justicia, depende de la información que puede conseguir por medio de petitorios o de pedidos de acceso a la información, que en muchos casos no han sido atendidos por las entidades investigadas. De hecho, una de las tareas que los abogados del CPCCS han tenido a lo largo de los años ha sido presentar demandas de acceso a la información, una acción de garantías constitucionales que puede ser planteada ante cualquier juez. 

La cantidad de informes que el CPCCS aprobó en los últimos años suma 370  mientras que las denuncias penales son todavía más escasas. Las denuncias más significativas presentadas por el CPCCS en los últimos ocho años tienen que ver con el supuesto perjuicio de casi siete mil millones de dólares en los llamados "caso emblemáticos" enfocados exclusivamente en las obras de infraestuctura del correísmo, que constituyeron nueve denuncias en la Fiscalía. 

Desde 2015, el CPCCS ha identificado varias de sus limitaciones legales, de personal y de recursos para realizar la tarea que colectivos de particulares, como la Comisión Nacional Anticorrupción, han realizado de manera voluntaria y ciudadana. 

2015-2017: Denuncias represadas y limitaciones institucionales

En los  dos años finales del correato, el CPCCS destacaba que tenía una serie de limitaciones para la lucha anticorrupción. Muchas de las denuncias recibidas estaban represadas para febrero de 2018, 165 en total.

Varias limitaciones señalaba el propio CPCCS en 2017, la mayoría de las cuales se mantienen en hasta la actualidad.

Por ejemplo, el informe de 2017 consignaba entre las falencias: "la falta de atención por parte de las entidades públicas a las que se realiza requerimientos de información respecto de los hechos denunciados; toda vez que el tiempo de respuesta es superior a los 15 días que establece la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, por lo que no es posible concluir la investigación en el plazo establecido en el Reglamento de Denuncias del CPCCS". Este es un problema que se mantiene hasta la actualidad, pues el CPCCS no tiene más potestad investigativa que cualquier otra entidad ajena a la justicia penal, y para obtener información, debe recurrir a pedidos de acceso a la información como lo haría cualquier particular. 

Un segundo limitante que persiste hasta hoy tiene que ver con la "acumulación de expedientes, problema suscitado en un principio en la falta de personal suficiente y la diversidad y complejidad propias de cada caso".

El tercer problema ya detectado en 2017 era que "el número de expedientes nuevos que ingresan ocasionan una congestión permanente de los procesos investigativos".

Según datos del propio CPCCS, entre 2015 y 2016 hubo 396 denuncias  de corrupción represadas en el Consejo y en el año 2017 ingresaron 49 más, lo que significó un total de denuncias de 447. De esas, explicaba a principios de 2018 la rendición de cuentas de 2017, se declaraba en "gestión" 296, que equivalen al 66% y con "informe de cierre" 151, que equivalen al 34%.

Sobre los resultados de estos procesos, el CPCCS daba cuenta de que en la Contraloría, se habían logrado hasta 2017, 38 predeterminaciones de responsabilidad, 10 responsabilidades civiles culposas, 28 responsabilidades administrativas y cinco indicios de responsabilidad penal.

En la Fiscalía las denuncias del CPCCS hasta 2017 habían logrado 26 investigaciones previas, dos instrucciones fiscales y seis desestimaciones.

En el sistema judicial penal se habían logrado solamente tres sentencias ejecutoriadas, mientras se tramitaban 17 procesos penales en unidades judiciales, tres en los tribunales de garantías penales y uno en una corte provincial. Este tipo de detalle de seguimientos de los casos o de si se habían conseguido sentencias con las denuncias del CPCCS no volverían a publicarse hasta la fecha. 

En un escueto detalle, el CPCCS de 2017 mencionaba algunos casos concretos de sus logros en la lucha anticorrupción. Como la lista es corta, la transcribimos aquí:

- Sentencia condenatoria emitida en contra de un proveedor en calidad de cómplice dentro del caso SERCOP, ratificada por la Corte Provincial.

- Sentencia condenatoria emitida en contra de 3 personas en calidad de autores por un delito de peculado, ratificada por la Corte Provincial.

- El Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Daule formuló cargos por presunto peculado en contra de varias personas producto de la resolución emitida por Pleno.

- La Fiscalía de Atacames solicitó al juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal que se señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos por presunto delito de tráfico de influencias.

- Supuesto cobro indebido de dinero por un asambleísta, a servidores de su despacho y presunto tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato a favor de su esposa en la provincia de Galápagos.

- Presuntas irregularidades en procesos de contratación pública por menor cuantía, en el Municipio de Vinces, en el que se habría utilizado documentos públicos falsos por parte de los miembros de la comisión de contratación pública y la contratista.

- Presuntas irregularidades en la Alcaldía del cantón Pedernales, que se relacionan con la compra de propiedades en la ciudad de Manta - “Manta Beach” y en la ciudad de Quito, así como también, la compra de dos carros de lujo; dichos bienes estarían a nombres de terceros.

Como se puede apreciar, ninguna de las irregularidades que el CPCCS había denunciado hasta los últimos meses del correato tenía relación con el Gobierno Nacional, ni con la obra pública, ni con los contratos del régimen correísta. 

Esta era la situación cuando se produjo la sucesión presidencial y Lenin Moreno propició una consulta que cambiaría el panorama en el CPCCS, convertido en el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo.

El Consejo Transitorio y su agenda anticorrupción: la mira en las obras de Correa 

El panorama de la lucha anticorrupción cambió de manera drástica en el CPCCS cuando se convirtió en un Consejo Transitorio y en el vehículo político de la llamada "descorreización" un proceso que supuestamente tenía, entre sus objetivos, descubrir y revelar la corrupción durante el correato, así como remover a los funcionarios procorreístas de los cargos directivos de las instancias de control. 

Presidido por Julio César Trujillo, un hombre de avanzada edad, quien murió en el cargo, a consecuencia de un derrame, el CPCCS transitorio removió de sus cargos a buena parte del funcionariado comprometido con el correísmo, y también planteó un nueva agenda anticorrupción.

Julio César Trujillo presidió el Consejo Transitorio durante 2018 

El nuevo régimen en el CPCCS transitorio se planteó tres objetivos: establecer mecanismos para identificar la ruta, el destino y la recuperación del dinero obtenido mediante actos de corrupción, investigar los casos calificados como emblemáticos: Refinería del Pacífico; Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón; Refinería de Esmeraldas, Poliducto Pascuales – Cuenca, Hidroeléctrica Manduriacu (Caso Caminosca); Reconstrucción de Manabí; Manejo de Deuda Pública; Construcción Escuelas de Milenio; y, Construcción Hospitales Públicos y preparar una propuesta de Sistema Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Es decir, la acción anticorrupción del CPCCS se enfocó durante 2018 y 2019 en ubicar los supuestos sobornos que ex funcionarios del correato podrían haber recibido y sacado del país, revisar los principales contratos de obra pública, sobre todo en lo sectores energéticos, y preparar un propuesta de un sistema anticorrupción. Al finalizar la gestión del Transitorio, no se cumplieron dos de los tres objetivos, pues la "ruta del dinero" no fue identificada así como tampoco se realizaron mayores aportes de un sistema anticorrupción. 

Solo en 2018, el CPCCS recibió 2021 denuncias, una verdadero aluvión, se si se compara con las apenas 49 que el CPCCS había recibido en el periodo anterior.  Pero de estas, la gran mayoría, es decir cerca de 1200, se refieron a posible actos de corrupción cometidos por las autoridades que estaban siendo evaluadas por el Consejo transitorio, lo que significó la remoción de la mayoría de ellas, con excepción de Pablo Celi, actualmente condenado a 13 años por cohecho, al recibir sobornos en esa época para acomodar a la carta informes de la Contraloría. El Transitorio archivó por lo menos 500 por decisión del ex secretario Darwin Seraquive, muchas de ellas relacionadas hasta con plietos particulares, dada la práctica de ciertos abogados de realizar denuncias a todas las instancias posibles aunque no sea un gestión realmente útil. 

Pero aunque presumía de haber recibido una abultada cantidad de denuncias, el CPCCS solamente emitió 71 informes de investigación, lo que es menos de la mitad que lo habían emitido el periodo anterior, durante el correato. Aunque sus esfuerzos se encaminaron sobre todo a los contratos de infraestructura llamados  "casos emblemáticos" en su primer año el Transitorio solo reportó un informe al 100%, que es el referido a la construcción de las escuelas del milenio. Serían concluidos y entregados por los nuevos integrantes del Consejo. 

El Consejo Transitorio presentó 29 denuncias en la Fiscalía, y presentó 19 demandas para conseguir acceso a la información pública, pues, al igual que en el periodo anterior, no obtuvo pronta respuesta de las instituciones investigadas.

Una nueva etapa de inestabilidad y conflictos

Para 2019, con la muerte de Trujillo y la elección de nuevos integrantes, el CPCCS entró en una nueva etapa marcada por conflictos y pugnas que evidenciaban cómo el Consejo se había convertido en una nueva instancia de enfrentamientos entre grupos de poner que tenían convertidos a los integrantes del pleno en sus operadores y a los que imponían sus agendas. 

La presidencia de Christian Cruz, que terminó con su destitución, con gritos, amenazas y juicios penales entre los consejeros, hizo a principios de 2020 su reporte de gestión en la lucha contra la corrupción. Varios de ellos tendrían que salir antes de tiempo, debido a polémicas y denuncias de corrupción, como fue el caso del ex sacerdote católico José Carlos Tuárrez. 

Christian Cruz fue censurado por la Asamblea Nacional tras acusaciones de irregularidades.

En 2019 se mantuvo una abultada cantidad de denuncias, estimadas en 1522, que llegaron al CPCCS. El nuevo pleno aprobó 111 informes de investigación de hechos de corrupción, casi el doble que durante la gestión del Transitorio.

El nuevo Consejo siguió la línea del Transitorio al continuar las investigaciones sobre los nueve "casos embleáticos" en donde su aporte fue determinar los montos de un supuesto perjuicio al Estado, que cifraron en casi siete mil millones de dólares.

Con base en ese informe y esa cifra, durante 2019 el CPCCS presentó exactamente nueve denuncias penales, una por cada informe de los "casos emblemáticos" y como las instituciones seguían sin enviar la información solicitada por medio de acceso a la información, debieron presentar seis demandas por esa causa. En ese año, atendieron también 70 expedientes en la Contraloría a los que les dieron seguimiento.

Consejo en teletrabajo: el impacto de la pandemia 

Tras la caída de Christian Cruz y de Tuárez, la presidencia durante 2020 quedó en manos de Sofía Almeida, quien a su vez sería destituida para dar paso a Hernán Ulloa. Era el año más duro de la pandemia y el CPCCS se declaró en teletrabajo, aplicando dicha modalidad a sus mecanismos para recibir e investigar denuncias de corrupción.

El volumen de denuncias se mantuvo alto, a pesar de los confinamientos y limitaciones, y durante 2020 se receptaron por lo menos 1567 denuncias. Pero mientras las denuncias se mantuvieron al mismo ritmo, la elaboración de informes de investigación cayó en picada: apenas se aprobaron 16.

Sobre cuántas de éstos informes fueron judicializados, la rendición de cuentas de 2020 no contiene datos claros, pero señala que el CPCCS presentó denuncias sobre las irregularidades cometidas en los hospitales públicos, en el Instituto Ecuatoriano Seguridad Social y en el Ministerio de Salud Pública, especialmente con la compra de insumos en la pandemia. También destacaron las denuncias presentadas en el periodo anterior sobre la Refinería de Esmeraldas y la Deuda Pública y otras denuncias presentadas relacionadas con los contratos en los hospitales del Guasmo Sur (compra de fundas de cadáveres) y Teodoro Maldonado de Guayaquil.

También destacaron denuncias por delincuencia organizada en contra de funcionarios que actuaron en el Comité de Reconstrucción para mitigar el daño efectuado en el Terremoto de Manabí del año 2016 y las relacionadas con la obtención ilegal de carnés de discapacidad y la compra de suministros médicos efectuados por el Ministerio de Salud Pública. Nuevamente, en ese año, el CPCCS debió presentar cinco demandas de acceso a la información, una de ellas contra CNT para conocer detalles de un proceso de venta que la Corporación se negaba a entregar.

Para 2021, la presidencia del CPCCS había pasado a Hernán Ulloa, quien la retendría hasta enero de 2023 cuando fue cesado, junto con todos los otros consejeros, por la Corte Constitucional, una de cuyas sentencias no había hecho cumplir.

La presidencia de Hernán Ulloa ordenó el archivo de más de 600 denuncias en 2021. 

Con la nueva presidencia, se evidencia un cambio en la metología con la que el CPCCS procesó las denuncias recibidas, que en ese periodo fueron un total de 1077. A diferencia de los informes anteriores, en donde nunca se transparentó cuántas de las miles de denuncias recibidas fueron al archivo, recién en 2021 se precisó que de las 1077, solo 31 fueron admitidas y enviadas a investigación. 429 fueron derivadas a otras instancias, pero la gran mayoría, es decir, 617, fueron archivadas.

La justificación que dió el CPCCS al respecto fue que "en virtud de que en su mayoría son temas de procesos judiciales, no contienen los requisitos que la Ley dispone o en su defecto no son competencia del CPCCS, considerando que previo a su archivo se toma contacto con el ciudadano para explicar el proceso pertinente". Es decir, muchas de las denuncias de corrupción recibidas en el periodo tenían que ver con quejas sobre el sistema judicial, algo que no le compete al CPCCS.

Sobre las denuncias recibidas en 2021, se emitieron 21 informes de investigación. En 2021, el CPCCS no presentó ninguna denuncia en la Fiscalía pero planteó siete demandas de acceso a la información. El reporte de ese año es el último disponible, puesto que, hasta el cierre de esta nota, el CPCCS no publica la rendición de cuentas de 2022. 

Actualmente, el Consejo está intregrado por suplentes que deberán entregar el cargo en mayo de 2023 a los siete ciudadanos electos por voto popular.

   PUNTO DE VISTA   

"El Consejo Transitorio recibió denuncias como si fuera una comisaría"

David Rosero, ex consejero de Participación Ciudadana

David Rosero se postuló para la reelección pero no logró suficiente votación.  Foto: Luis Argüello. PlanV

Hasta febrero de 2022 se tramitaron una gran cantidad de denuncias y se emitieron 16 informes que fueron a la Fiscalía y la Contraloría. Investigamos sobreprecios en insumos médicos y mal manejo de Lenin Moreno durante la pandemia. El Consejo Transitorio se convirtió en una gran comisaría a donde llegaron denuncias de todo tipo, desde litigios personales hasta casos más complicados. Hubo denuncias por problemas de tierras, por disputas vecinales, por cuestiones judiciales, que podía tramita el CPCCS. El Transitorio fue percibido como un superpoder y eso generó la gran cantidad de denuncias. 

No se tamizaron y tramitaron esas denuncias y no se precisó que el CPCCS solo puede tramitar aquellas denuncias que vulneren derechos de participación o generen un indicio de corrupción. Pero la condición es que no debe haber sido ya conocido por otra instancia de la Función de Transparencia, entonces, si la denuncia ya estaba en la Contraloría, o en alguna de las superintendencias, o ya estaban judicializadas, por principio de subsisariedad no podíamos ya tratarlas. Pero de esa época quedaron miles de denuncias que generaron un cuello de botella que no solo que no se pudo tramitar sino que creó un distorsión. Hay personas que denuncian la misma a cosa a muchas instituciones al mismo tiempo, por lo que se produjo esa acumulación que los consejeros transitorios no evacuaron. David Seraquive, ex secretario del Consejo, archivó más de 500 denuncias.

Cuando entramos al CPCCS revisamos el tema y empezamos a derivar los casos a otras instituciones y se logró una mejor tramitación. De todas las denuncias que recibió el Transitorio, lo único concreto fueron las denuncias sobre los "casos emblemáticos", en donde se analizaron situaciones como la reconstrucción de Manabí o la Refinería de Esmeraldas sí fueron entregados por ellos a la Fiscalía, que es la que debe seguir investigando.

Otra dificultad fue la falta de personal. El Consejo Transitorio llegó a tener 15 investigadores, mientras en nuestro periodo solo teníamos cinco. Por lo menos se sacaron 16 informes sobre el tema sanitario durante la pandemia. Cuando la mayoría cercana al Gobierno tomó el control, entraron más con la perspectiva de designar autoridades y abandonaron ese eje de la lucha contra la corrupción.

Un limitante importante fue que muchas investigaciones, incluyendo algunos que salieron de las veedurías, se evidenció que las instituciones no querían entregar la información y era necesario recurrir a una demanda. Ahora hay una nueva ley de Acceso a la Información, una política de gobierno abierto, pero el CPCCS tuvo que solicitar por vía judicial datos que las instituciones no querían dar, como el nivel de ejecución presupuestaria, las contrataciones, las cuestiones operativas que no suelen estar en los portales de éstas.

Sobre las denuncias que presentamos en la pandemia, se produjeron allanamientos y detenciones por los sobreprecios. 

En el futuro, creo que se debe garantizar  el acceso a la información para el CPCCS, así como realizar reformas al sistema de contratación pública, en especial en el Sercop, en donde también hay una serie de trabas para conocer detalles adicionales y evitar la opacidad y el direccionamiento de contratos. Las veedurías y la contraloría social deberían poder emitir informes vinculantes o que tengan mayor fuerza legal. Así mismo, es importante la prevención para que vuelvan materias relacionadas con ética y cívica para evitar la corrupción en todos los niveles sociales.