El régimen ha vuelto a magrearnos la coyuntura, pretende manosearnos lascivamente a los ciudadanos. Iniciativas múltiples al Parlamento, ahora jurídicas, con propósitos múltiples.

Sin coherencia política, con propósitos electorales; sin importarle un “pepino” –los de Galápagos- la nación. Ciertamente nos han acostumbrado a amenazarnos con una montaña, la cual finalmente pare un ratón. Estrategia indigna para cualquier socialismo, excepto para el del siglo XXI. Lo hacen para amenazar a los ciudadanos, a las empresas, a los procesos. Especialmente los procesos políticos terminan sometidos al chantaje contra todos los actores, para que aceptemos finalmente los propósitos del régimen. La política queda reducida a sus intentos más bajos. Como lo haría cualquier organización informal, que defiende sus intereses con engaño, tiende trampas a los honestos, establece ardids.

Discriminemos. Para mirar en medio de los fuegos de artificio, para conocer los propósitos.

El capital transnacional privilegiado frente al nacional

La ley de herencias —para decirlo mal, rápido, pronto, se lo merece— tiene un propósito meramente electoral. De técnico no tiene nada. De redistributivo tampoco. Si honestamente quisieran reordenar a la distribución patrimonial en el Ecuador, lo ideal hubiese sido que empezaran por un diagnóstico de la concentración patrimonial y entonces plantear una estrategia de desconcentración. Afectar a todo el universo y directamente a través de la transmisión intergeneracional vía herencia (de lo poco que queda afectable vía herencia de esos patrimonios) parece ser el propósito del marxismo más ortodoxo y radical. Que no es el caso. En realidad, si la recaudación es baja, cómo pueden plantear que el objetivo de la ley sea redistributivo. Si tratan de afectar al azar a los patrimonios, como es el caso de la muerte, este es un despropósito.

Pero se metieron con los patrimonios —ya no solo con los ingresos—, abriendo una puerta para la intimidación (de fachada ideológica), no para la política pública. El chantaje es sobre unos, con la esperanza de que los otros los apoyen electoralmente. Producto de su conciencia de clase, dirán los más militantes…ortodoxia de manual, estrechez de entendimiento. Pero es que además se metieron con la familia. Pensaron que la familia es lo más conservador y arcaico, en este plano (cuando no piden que sea la institución guardián de la virginidad antes del título, en otro plano). Y la confundieron con el linaje, en una versión de sentido común o literaria de alcances exiguos.

Comencemos, el linaje, oigan entendidos del siglo XXI, en términos científicos refiere a la sangre: transmisión ascendente o descendente que todos gozamos, porque somos hijos de alguien y tenemos hijos que son nuestros, es decir, de alguien (salvo algunas individualidades y estamentos “huairapamushcas”). El linaje no debe ser lo opuesto a la ciudadanía. La política pública debe estimular a la familia como la cuna de la ciudadanía (tampoco meterse en ella).

Entendidos del siglo XXI, se olvidaron de revisar las últimas encuestas, las que nos dicen, para que sepamos interpretar y respetar los entendidos populares y ciudadanos, que la institución más respetada y creíble en el país es la familia. No es el grupo político PAIS, no es el dirigente nacional, ni el Parlamento. Es la familia. Esa forma diversa, sin modelos, reproductora del sistema pero también escuela incipiente de derechos y de democracia, en la cual la sangre lentamente configura un espacio a la ciudadanía pública. Que tiene el valor extremo de congregar confianzas. Desde la cual salimos a construir confianzas con las instituciones locales.

Pero, como los entendidos no saben (¿o sabrán?), al populista le interesa un comino lo que piensa la gente. El “sabe” más y el “siente” más que el pueblo (el mesías siempre es más pueblo que el pueblo, por lo que puede redimirlo). Y pisa, se regodea, sobre lo que la gente cree y quiere. Pues al final siempre podrá convocarlos con la seducción de su carisma….hasta que se agote. Y al dejar de convocarlos, sin su control “constituirá” en masa contra él. Eso lo dice una y otra vez la experiencia, la historia. Que el local, todavía no aprende.

El objetivo electoral de la embestida contra la familia es cada vez más evidente. Pensaron que el 2% de potenciales herederos susceptibles de pago de impuestos a la herencia se enfrentaría contra el 98% de los exentos, quienes alguna vez se beneficiarían de las migajas que el derroche estatal del siglo XXI les deje. Tamaña equivocación. Junto con pensar que en esas proporciones reproducirán al enfrentamiento Lasso, el líder de los herederos, versus Correa, el líder de los descamisados. Otro tamaño error. Si la política tuviese esos clivajes clasistas elementales la composición mundial y nacional del poder sería otra. Otra vez, el populista envuelto en el marxismo de manual convenció a la “izquierda” de PAIS. Pero también a la “derecha” de PAIS, según nos muestran a los caballeros y damas que defienden a la tribuna de los Shyris, cual castillo de juego de tronos, gradas simbólicas del “proyecto”.

Pero desde la perspectiva de la economía política, efectivamente, poner impuestos elevadísimos a la herencia baja la rentabilidad del capital asentado en Ecuador (no digo de la “burguesía nacional, siquiera, si existiese). La aventura impositiva sitúa en un plano desigual al capital nacional respecto del capital extranjero, el que finalmente pagará 5% de impuestos a la expatriación de capitales, y luego de ganar, se irá (si es que viene). Desiguales tasas de rentabilidad favorecen al capital externo. Brillante política pública del nacionalismo básico.

¿Es que acaso lo que quieren los ideólogos de la revolución del siglo XXI es eso? ¿Estimular la presencia de capital externo —esa Samsung que imploran para producir barcos y nanotecnología— y castigar al capital nacional, mestizo, pequeño, pero heredero, domesticable/susceptible de aceptar condiciones desiguales? Ya lo hicieron con un medio de comunicación y con un banco ¿Será éste un modelo? Y más exitoso será, si de paso crean una artificial polarización electoral. Bingo para la conservación del poder. La nación y los objetivos nacionales son, para los entendidos del siglo XXI, problema de otro. Lo de ellos es el nacionalismo elemental, publicitario.    

(Piketty —intelectual serio, no marxista, de una escuela de excelencia francesa, de veras— alerta lo que ocurre. Según él, hay que poner impuestos transnacionales al patrimonio del capital, pues ésta es su dimensión. Ni de lejos piensa en el capital nacional de pequeño tamaño, como el asentado en el país con un ámbito nacional de referencia impositiva).

El capital rural versus el capital urbano

La maraña de líneas de conflicto para magrear a la ciudadanía se complica con la ley de plusvalía. El tema es la vieja disyuntiva entre la renta y la ganancia, y entre la renta urbana y la renta rural. Temas más, temas menos, el tomo III de El capital ingresó a Carondelet, seguramente a través de interpuestos lectores. Ya que dado el cúmulo de trabajo que todos los sábados nos cuentan en la sabatina, lo que circula por esos pasillos es lo que cuentan otros que dice ese libro (también el de Piketty, sospecho). Eso se llama “cultura oral”, que en las ciencias sociales conduce a deformaciones extremas. Propio de algunos piratas de la academia.

En la economía política marxista se denomina renta urbana al valor no producido pero apropiado por el propietario de la tierra urbana, siendo ésta la “peor” de las formas de ganancia en el capitalismo de este sector. Tiene una raíz pre-capitalista asociada a factores diferenciales como infraestructura, disponibilidades de recursos, etc. La categoría viene de la renta rural, apropiación que caracteriza al terrateniente. La analogía es que los propietarios de tierra urbana son terratenientes urbanos.

(Solo para recordar, el Estado ecuatoriano es un rentista clásico, pues tiene enormes ingresos de la renta petrolera, valor no producido, “extraído”, que por factores especulativos del mercado alcanza altos precios, con los cuales el populista distribuye a su voluntad, amparado en la tecnocracia o en su voluntad).

En las ciudades ecuatorianas encontramos crecientes cantidades de pobladores, propietarios de tierras urbanas (y luego viviendas), obtenidas unas mediante el mercado legal de tierras y otras mediante procedimientos ilegales pero finalmente mercantiles. En todo caso, cuando vuelven a intercambiarse en el mercado tienen un precio, generalmente superior al original de compra. Es que al margen de las mejoras introducidas, también los precios suben por otros factores. En esto se basan los propietarios urbanos para localizar en sus viviendas y otras propiedades fondos de reserva para contingencias y de acumulación, en sus respectivas escalas.

En el caso de Quito, por ejemplo, entre el 50% y 60% de los habitantes son propietarios (por eso de las familias). En los últimos años, estos propietarios registraron nuevos precios de sus propiedades urbanas, básicamente por el sobrecalentamiento derivado de las políticas de estímulo a la construcción por su efecto en el empleo, política contra-cíclica preferida por nuestros revolucionarios del siglo XXI.

Casi una década después, se han dado cuenta que han generado renta urbana, incremento de precios en los bienes inmuebles urbanos, a la que llaman ahora “ganancia ilegítima”, una vez que se disminuye aquello que los entendidos del siglo XXI denominan “ganancia legítima”. Esta es la nueva terminología y categoría de los neomarxistas que se han reconciliado con la propiedad privada y que buscan por la vía de los impuestos convivir con la apropiación estatal de los excedentes. Es decir, impuestos confiscatorios en lugar de confiscación abierta. Socialismo del siglo XXI en lugar de socialismo real.

Cabe destacar que en la introducción del proyecto de plusvalía nos dijeron que se afectaría a los predios que hayan recibido estímulos en la elevación de su precio por la infraestructura estatal. Esto que en otros contextos se llama “captación de valor”, que fue tratado en la Municipalidad de Quito, hace años, y que era complementario a la legislación existente. Refería no solo al incremento de valor sino también al decremento de valor de los predios por las obras públicas. Un tema central eran los terrenos que circundan al nuevo aeropuerto, pero también los que rodean al viejo aeropuerto, que crecerían de valor por el cambio de ordenanzas para la construcción. Pero no lo hicieron así. Revolucionarios termocéfalos incluyeron a última hora a todas las propiedades urbanas. ¿Se dan cuenta de la magnitud del cambio? Ahora entraron al ámbito de la ley a toda la clase media y a buena parte de los sectores populares.

Parece que acá la perspectiva es recaudatoria. Con la que además pretenden hacer cargar los costos políticos a las municipalidades (beneficiarias nominales de las dos terceras partes de la recaudación del impuesto) y desresponsabilizarse (en lo que se han vuelto expertos) del financiamiento subnacional vía transferencias. Entendidos del siglo XXI, el tema prioritario en primera instancia es el costo de los usos de la ciudad, no sus patrimonios.

Como la estrategia política debe conciliarse con la estrategia de desarrollo, los entendidos del siglo XXI han preferido confiscar por la vía impositiva solamente a la “ganancia ilegítima” urbana y no a la rural. Por ello, el ámbito del impuesto es solamente urbano contrario sensu de la tendencia de la izquierda tradicional que consistía en atacar primero a los terratenientes rurales, para introducirlos forzosamente en las prácticas capitalistas o desaparecerlos. ¿Por qué? Ahí va la innovadora conciliación.

Porque la revolución ciudadana ahora se asienta en el campo (ya no en una alianza matrizada por la clase obrera urbana-industrial, espina dorsal del capitalismo) y debe procurar una alianza con el capital rural a toda costa sin afectar a la cooptación clientelar que pretenden con los campesinos. Si extendiesen el impuesto de la plusvalía urbana a la plusvalía rural, mucho habría que afectar en el campo, al que se le ha procurado enormes infraestructuras, por ejemplo, el riego y drenaje en la costa. ¿Tendrían los propietarios rurales que pagar el costo de la subvención que significa la infraestructura rural? Por ejemplo, todos los propietarios rurales deberían pagar la revalorización de predios rurales que ha ocasionado el nuevo o retocado sistema vial. Sería mucha, mucha plata. 

Pero hacerse de la “vista gorda” es una práctica del régimen de la que “no nos damos cuenta” los bisoños serranos. Pero lo fundamental está más acá, en la política pequeña, plana, baja.

La revolución ciudadana ahora quiere cobrar la cuenta a los habitantes urbanos por los resultados electorales del 23 de febrero. A los grandes propietarios y a los pequeños propietarios, que serán duramente cercenados en su movilidad social. En especial, a las clases media y popular urbana, que hace de la vivienda su mecanismo principal de movilidad social ascendente. Su mecanismo sostenible, ya que los ingresos pueden ser pájaros de solo una estación, los ingresos por los comodities. Ya empezaron la toma de cuentas con el seguro social, que ha sido el mecanismo institucional clásico de la conformación de la clase media en América Latina, al forzar a que los fondos se compensen y probablemente logren que la descapitalización de unos se generalice hacia todos.

En esta línea, ya no se ocupan del capital internacional versus el capital nacional, sino del capital rural versus el capital urbano.

Viva el capital concentrador

Una rápida referencia que se me queda en el tintero, así como también se cae de la agenda política y económica. La necesidad de plata llevó a la venta de bienes del sector público (que coincidencia, ahora, cuando debió ser antes, incluyendo el remate de los medios incautados) y a la exención de impuestos. Me hace mucha bulla saber ¿quiénes fueron los beneficiarios de la exención? Seguramente empresas grandes y/o transnacionales que tuvieron las reservas suficientes para “esperar” la exención y pagar en el acto, o en su defecto contaron con la información adecuada para hacerlo. Más aun cuando el régimen se negó a extender los plazos para que las PYMES —aquellas reivindicadas en el extranjero pero oprimidas dentro— puedan conseguir los recursos. Los ecuatorianos tenemos derecho a saber quiénes se acogieron a la exención y quiénes no pudieron hacerlo.

Me suena que es una tercera vía para manipular a fracciones de capital y especialmente favorecer al capital transnacional. Los aullidos solo atemorizan a los que no han leído a la caperucita….