Los convenios entre los ministerios de Gobierno de Sudamérica no dicen nada sobre prestarse equipos, vehículos, armamento, municiones o material antimotines, pero esa es una práctica común en la región. Una suerte de "plan bombas" regional que se apoya en un marco legal difuso y en la interpretación de muy vagos convenios internacionales. 

El 20 de octubre de 2015 se firmó un convenio entre los ministerios de Gobierno de Ecuador y Bolivia. En esa época, el ministro del Interior era Jose Serrano, quien suscribió un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con su par boliviano, Carlos Romero Bonifaz, ministro de Evo Morales quien se encontraba de visita en Quito. Su duración fue de cinco años, por lo que caducó en esa misma fecha de 2020. La renovación del convenio requería de la firma de un nuevo instrumento, lo que hasta la fecha no se produce. 

El ex ministro del Interior, José Serrano, y el ex ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero.

El Acuerdo, que ya no está vigente, es uno de los argumentos del gobierno de Lenin Moreno para haberle prestado miles de bombas lacrimógenas a Bolivia, los conflictivos momentos que siguieron a la caída de Evo Morales y la ascensión al poder de Jeanine Áñez, en donde hubo por lo menos 20 muertos como consecuencia de la represión realizada por la Policía y el Ejército de Bolivia. 

El Acuerdo firmado por Serrano y Romero habla, en términos generales, de "cooperación técnica" entre ambos ministerios, para "la planificación estratégica y operativa de las actividades policiales" y lo restringue al "ámbito del Modelo de Gestión Ministerial, Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial, Policía Comunitaria, Lucha contra el Narcotráfico y Control Migratorio".  Estos temas, que constan en el artículo 1, no abarcan el control del orden público, como es el caso de las operaciones para contener manifestaciones. 

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeannine Áñez, presa en su país por golpismo. Foto: Natacha Pisarenko. AP

El artículo 2 del convenio es enfático en señalar que "cualquier obligación contraída contraviniendo las respectivas leyes y regulaciones de cada país no tendrá valor alguno". Según el artículo 3, la cooperación técnica era simplemente "la transferencia de conocimiento y asesorías", mientras que el artículo 4 detalla la posibilidad de "compartir experiencias" y realizar un "intercambio de información". Para realizar estos intercambios, el Acuerdo dejaba abierta la posibilidad de firmar nuevos acuerdos específicos para cooperación en cada caso. En ninguno de los artículos del convenio se precisa que las policías de Ecuador o Bolivia tengan previsto prestarse ningún tipo de bien, al extremo de que en una parte del Acuerdo se menciona la preocupación por la propiedad intelectual de los procedimientos, sin involucrar, evidentemente, ningún bien material.

Este portal le pidió al ex ministro José Serrano su criterio sobre si el convenio que firmó en 2015 implicaba también el préstamo de bienes materiales y Serrano nos envió una respuesta por correo electrónico: "el convenio es un documento marco, que bajo ningún punto de vista, podría ser utilizado para romper la Constitución y la Ley, peor para pretender “ a posteriori” justificar el peculado cometido por Romo y el ex comandante de la Policía de apellido Carrillo. Si se lee y analiza el documento firmado por la señora Romo tanto para la entrega ilegal e ilícita del material antimotines y material de seguridad (las municiones), y; la posterior petición de devolución, por parte del Comandante de apellido Carrillo; jamás hacen mención al convenio marco firmado en el 2015".

Serrano agregó que "el convenio del 2015 tenía la finalidad de realizar cooperación en investigaciones contra el crimen organizado transnacional y en capacitaciones en seguridad ciudadana. Este convenio en ninguna de sus partes señala que se pueda ilícita e ilegalmente “prestar” armamento para repeler y peor asesinar ciudadanos en ningún Estado o país".

Para el ex ministro del Interior, "la señora Romo, como ministra de Gobierno, emitió un documento oficial, ratificando el “préstamo” ilícito a otro Estado. Nuestra Constitución y nuestra ley determinan claramente que en Derecho Público lo que no está permitido en la ley, está prohibido. Nuestra Ley en ninguna parte permite a un Ministro o Comandante de la Policía a “prestar”, regalar, donar o vender bienes de dotación de la Fuerza Pública".

El convenio de Ameripol

Otro convenio que ha sido presentado en la Asamblea Nacional para justificar los "préstamos" de bombas lacrimógenas a Bolivia es el suscrito entre los ministerios de Gobierno de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Panamá en Buenos Aires, el primero de agosto de 2018 y en donde consta la firma del ex ministro del Interior de Moreno, Mauro Toscanini. 

Se trata del Convenio de Cooperación Policial Reforzada contra la Delincuencia Organizada, que tiene seis artículos, seis disposiciones generales y cuatro disposiones finales. A diferencia del Acuerdo con Bolivia, que ya caducó, este tiene duración indefinida.

Según este documento, Ecuador, Bolivia y los demás firmantes se comprometieron a la prenvención  y lucha contra delitos como la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes, el lavado de activos, la falsificación de moneda, el cibercrimen y la trata de personas.

En ningún lugar se menciona el auxilio material en temas de control de orden público y manifestaciones en sus países. Tampoco se refiere a materiales o equipos: se centra en el intercambio de información y experiencias sobre "la situación general y las tendencias de la delincuencia". Este convenio debía ser ejecutado por la Ameripol, la comunidad de policías de América, y las respectivas unidades nacionales en cada país.

El préstamo a Bolivia

La ex ministra de Gobierno, María Paula Romo le escribió al ministro de Defensa del gobierno de Áñez el 16 de noviembre de 2019. En la carta, que fue entregada por el actual gobierno a la Asamblea Nacional, se precisa que se recibió una propuesta de "préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución", y que en consideración al "principio de reciprocidad internacional", "la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes". La carta de Romo no menciona el acuerdo de cooperación firmado con Bolivia, pero luego se precisó desde el entorno morenista que dicho convenio fue considerado como un elemento para atender el pedido de Áñez, quien había asumido el poder el día 15, tras la caída de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. 

El pedido oficial del ex ministro boliviano había llegado a Quito el día anterior, 15 de noviembre de 2019, y ese mismo día y antes de responderle, Romo dio una "orden verbal" a la Policía de que se cumpliera con el pedido.

Así, el ex comandante de la Policía, general (r) Nelson Villegas, emitió enseguida un oficio a los encargados de las bodegas policiales, y el día 20, el bodeguero de la sección Guardalmacén, sargento Julio César Tejada, emitió su informe sobre lo prestado a los bolivianos, que embarcaron todo rumbo a La Paz el día 16: 5000 mil granadas de mano GL-302, 2389 cartuchos de largo alcance de gas lacrimógeno de calibre 37/38 milímetros, 560 cartuchos de corto alcance del mismo calibre, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. 

El 16 de noviembre, un pequeño avión de transporte turbohélice de las Fuerzas Armadas bolivianas aterrizó en el aeropuerto de Quito. A bordo llegaron dos policías bolivianos: el coronel de Policía Héctor Pérez Ortiz, ayudante del Ministerio de Defensa y el mayor William Hernández, jefe del Departamento de Armamento de la Policía de Bolivia. Los policías ecuatorianos registraron sus números de cédula, pero el informe no contiene datos de la aeronave como su matrícula ni detalles sobre la tripulación. 

Un camión de la Policía se acercó a la nave boliviana, en donde el sargento Julio César Tejada supervisó la carga de las bodegas del avión con los pertrechos ecuatorianos. De la carga se hicieron varias fotos, en donde se ven distintos momentos del embarque de las cajas que contenían el material en las bodegas de la aeronave del país altiplánico. 

Preocupados por la Contraloría

El "préstamo" a Bolivia, del que el nuevo gobierno de Luis Arce se ha desmarcado totalmente, anunciando que no devolverán las bombas lacrimógenas, empezó a preocupar ya en 2020 a los policías que custodian el material, quienes remitieron pedidos a sus superiores para la devolución de los gases, sobre todo, por "el cumplimiento de las normas de control interno por parte de la Contraloría General del Estado" y ante el temor de que los faltantes "pudieran ser observados" por la Contraloría.

Así, el 27 de mayo de 2020 la cabo Gabriela Valencia, encargada de armas y municiones de la Policía, se dirigió a sus superiores pidiendo gestiones ante Bolivia, señalando precisamente el riesgo de ser observados por la Contraloría y, además, adjuntando su propio análisis sobre que la inestable situación política del último año del régimen morenista, advirtiendo sobre la posibilidad de "una guerra civil" de protestas y movilizaciones por parte de la oposición que quería "desestabilizar y deslegitimar al Gobierno", por lo que, precisaba con rotundas mayúsculas en su oficio la encargada de municiones, "es importante proyectarnos a un escenario futuro en donde puedan proyectarse alteraciones al orden público violentas para lo cual se necesita el material CS con el fin de neutralizar y controlar las manifestaciones que se tornen violentas como las presentadas en el mes de octubre". 

La carta de la cabo de Policía motivó que el ex comandante de la Policía, general (r) Hernán Patricio Carrillo, se dirigiera directamente al ex agregado de Defensa de la Embajada de Bolivia, coronel José Luis Frías, remitiendo el detalle de lo prestado y pidiendo que se devuelva al Ecuador. Esta carta fue publicada en La Paz como prueba del préstamo, hasta entonces desconocido, que había hecho el gobierno de Moreno al de Áñez. El 29 de mayo, el agregado boliviano, quien ya no está en ese cargo, respondió que había hecho gestiones ante el Ministerio de Defensa de su país para la devolución. 

Aunque el análisis estratégico de la cabo Valencia convenció a sus superiores en mayo, para el 28 de octubre de 2020 volvió a insistir, en términos similares, pidiendo que se recuerde al Ministerio de Gobierno que se debía pedir la devolución de los gases y granadas. Había ganado las elecciones bolivianas Luis Arce y se avecinaba un cambio de gobierno en el país altiplánico. 

Su pedido llegó al ex comandante, general (r) Hernán Carrillo, el 30 de octubre de 2020, pero la Policía ecuatoriana no hizo más gestiones, según se informó a la Asamblea. 

Pocos días después, el 8 de noviembre de 2020 Áñez dejó el poder y fue sucedida por Luis Arce, un militante del Movimiento al Socialismo boliviano cercano a Evo Morales, cuyos ministros han dicho que no devolverán el material al Ecuador, han señalado que no hubo ningún convenio o acuerdo específico para el préstamo e, inclusive, que en las bodegas de la Policía boliviana no se tenía forma de saber cuál era el material ecuatoriano ni quién lo había recibido o utilizado.

La respuesta a la Asamblea

Tras la publicación del caso por la prensa boliviana, asambleístas de diversas bancadas empezaron a pedir información al Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional. 

El ex ministro de Gobierno, César Monge, había enviado el 16 de junio de 2021 una primera respuesta a la asambleísta Rebeca Veloz, de Santo Domingo y del bloque de UNES sobre este tema, con un oficio de la actual comandante general, Tannya Varela y de su director de Asesoría Jurídica, que Monge declaró "información reservada". Veloz había preguntado a Monge sobre si se entregó gas lacrimógeno a Bolivia en 2019 y 2020, si había un convenio que pudiera justificar la entrega del material policial ecuatoriano y también que se le informe la cantidad de gases lacrimógenos y balines que tenía el país en enero de 2019, las compras que se hayan efectuado y el número de gases existentes en la actualidad en las bodegas policiales. La asambleísta también preguntó en qué se han utilizado los gases lacrimógenos desde 2019 hasta la actualidad. 

Para julio, varios otros asambleístas habían pedido la información sobre los préstamos de gas lacrimógeno a Bolivia y a otros países, entre ellos, Rodrigo Fajardo, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Silvia Núñez y Mireya Pazmiño, por lo que la ministra Alexandra Vela informó que entregaría una sola respuesta a las inquietudes de todos los legisladores. 

El 11 de agosto, la ministra Vela hizo llegar a la Asamblea un informe ejecutivo respondiendo a las preguntas de los asambleístas. Una de ellas es porqué razón la Policía declaró reservada la información enviada por la generala Varela en respuesta al pediido de Veloz. Según la respuesta del Gobierno, la Policía y los órganos de seguridad pueden declarar las reservas con la decisión de su máxima autoridad y en el caso de la Policía cuando la información pueda ser "perjudicial para los intereses o prestigio de la institución policial". La reserva sería de por lo menos cinco años, precisó el Gobierno.

En otro parte de su respuesta, la Policía admitió que no hubo ninguna garantía de devolución por parte de Bolivia, pero se apeló a la "buena fe entre los estados" en el préstamo y que se continuaba realizando "gestiones" para la devolución. La Policía y el Ministerio de Gobierno le dijeron a los asambleístas que no hay, hasta el momento, ningún examen especial de la Contraloría sobre el préstamo de bombas. 

Los otros préstamos

En el documento entregado a la Asamblea, el Gobierno envió varios cuadros con los préstamos de bombas hechos por los países vecinos al Ecuador y también por el Ecuador a Colombia. Según el asambleísta (Azuay-ID) Rodrigo Fajardo, hasta el momento no hay precisiones sobre el alcance de estos préstamos.

Según la documentación oficial, Ecuador recibió de las policías nacionales de Colombia y Perú tres préstamos de material antimotines en plenas protestas de octubre de 2019. Así, el 9 y el 10 de octubre se recibieron dos embarques por parte de la Policía de Colombia. Se trató de 2600 cartuchos gas CS de 37 mm y 2000 cartuchos gas CS de 40 mm; 1728 granadas de gas CS; 1296 granadas multi impacto CS/OC, cun total de 7624 cartuchos. En el segundo embarque llegaron cartuchos gas CS 37mm, granada de gas CS, granada multi impacto CS-OC, fusil lanza gas cóndor, y fusil lanza gas cal. 40 mm. con un total de  11.526. Es decir, el préstamo de gas lacrimógeno colombiano fue de 19.150 cartuchos,

La Policía peruana también se hizo presente, prestando el 16 de octubre 1000 granadas lacrimógenas 4 cuerpos ACL, 6000 cartuchos lacrimógenos CAL 37/38 MM y 5000 cartuchos perdigones de goma, que fueron usados en la represión de las protestas de octubre de 2019.

El 10 de mayo de 2021, a pocos días de entregar el poder y mientras en Colombia se desarrollaba un paro nacional en las principales ciudades, el gobierno de Moreno prestó a la Policía colombiana 5500 granadas de gas lacrimógeno de triple acción hyper; 9500 Proyectiles de largo alcance lacrimógenos de calibre 37/38 mm; 12500 proyectiles de corto alcance lacrimógeno de calibre 37/38 mm; 7500 Cartuchos de propulsión CS de cargas múltiples (3 cargas) de calibre 37/38 mm. En total 35.000 cartuchos.

A pesar de la insistencia de los legisladores, no se ha precisado si el Ecuador devolvió los préstamos recibidos de Colombia y Perú o si Colombia devolvió el material prestado en mayo de 2021.