Para la audiencia fallida de este cuatro de julio en Latacunga, en el juicio por supuesta paralización de servicios públicos contra Leonidas Iza, ambas partes han acumulado cerca de 100 pruebas de cargo y descargo.

El poco tiempo que la norma que se aplica en este caso (15 días) llevó a que la Fiscalía acepte la postura de la defensa de pedir a la jueza de Latacunga, Paola Bedón, que se realice una consulta a la Corte Constitucional. En teoría, la consulta puede tomar hasta 45 días, pero, en la práctica, dependerá de qué prioridad le den al caso los jueces constitucionales. Desde Latacunga, el abogado de Leonidas Iza, Carlos Poveda, destaca que casos similares han tenido que esperar hasta tres años un pronuciamiento de la Corte Constitucional.

De momento, se mantienen contra Iza las medidas cautelares: debe presentarse en la capital provincial para firmar cada quince días los viernes, y tiene prohibición de salir del país. Al momento, según la defensa, hay cerca de 100 pruebas que deben ser tramitadas, de las que 42 provienen de la defensa.

La defensa ha pedido que comparezcan al proceso el presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior, general (r) Patricio Carrillo, para que declaren o remitan un informe juramentado, algo similar a lo ocurrido en el juicio del programador sueco Ola Bini, en donde el ex presidente Lenin Moreno envió un informe. También, ha llamado a declarar al director del Penal de Latacunga y a los policías que prepararon varios partes. 

Para Carlos Poveda, abogado de Iza, es necesario pedir un peritaje internacional para revisar los informes de la Policía.  Captura de video: Twitter Conaie

Otro punto clave de la defensa es que se pidan peritos extranjeros para que intervengan en el juicio, pues dudan de la imparcialidad de la Policía. Según Poveda, los peritos extranjeros ya han actuado en el país en el pasado, como en los casos de la Comisión de la Verdad. La medida, se dice desde la defensa de Iza, sería necesaria para volver a analizar los peritajes realizados por la Policía, cuyo sistema forense depende del Ministerio del Interior. La estrategia de la defensa podría ser invalidar la mayor cantidad posible de documentos e informes presentados por la Fiscalía y la Procuraduría, que sustentan buena parte de sus prueba en documentos policiales y en testimonios de decenas de uniformados. 

Petroecuador acusa a Iza por los pozos en la Amazonía

Al momento, hay dos acusaciones particulares en contra de Iza: la una ha sido presentada por la Procuraduría General del Estado, y respalda la tesis de que Iza sería el autor mediato de una paralización de servicios públicos, y la otra fue presentada por Petroecuador.

En su alegato, la estatal petrolera acusó a Iza de ser también el autor de los cierres de los pozos petroleros de la Amazonía, en donde más de mil pozos dejaron de funcionar, a pesar de que el Ejército había garantizado su custodia.

Petroecuador también acusó a Iza de haber paralizado la carretera E35, que cruza el país de norte a sur, y con ello haber impedido el transporte de combustibles. La acusación particular de Petroecuador no fue aceptada por la jueza, en lo referente a los pozos petroleros en la región Amazónica, pero sí aceptó analizar si efectivamente se impidió el transporte de combustibles en la vía cerrada en Cotopaxi. 

La jueza aceptó consultar a la Corte Constitucional si el plazo de 15 días que establece la norma penal para tramitar este tipo de casos es suficiente, pues hay experticias que podrían tomar hasta 60 días, dijo el abogado de Iza. En la práctica, esto detiene el proceso durante por lo menos 45 días, que es el plazo que en teoría tiene la Corte para pronunciarse. Si esto no ocurre, admite Poveda, la jueza podría decidir continuar con el caso sin contar con la respuesta de la Corte Constitucional. 

Poveda cree también que la jueza de flagrancia, que ha realizado la instrucción, no debería continuar con el juzgamiento, por lo que espera poder alegar al respecto ante la Corte Constitucional. 

La primera audiencia

El pasado 14 de junio, a las 00:30, en la Panamericana norte cerca de Pastocalle, Cotopaxi, dos policías de alto rango detuvieron a Leonidas Iza, hecho del que consignaron un parte. Para detener al dirigente concurrieron al sitio el general Alain Luna y el coronel Renán Miller. 

Para las 21:45 de ese mismo día, tuvo lugar la audiencia de flagrancia, realizada por medios telemáticos. Iza, quien en un principio fue trasladado a Quito para hacerle un examen médico, fue llevado de vuelta a Cotopaxi en un helicóptero del Ejército que aterrizó en el Aeropuerto Cotopaxi. En Quito, Iza fue atendido en el Centro de Salud 9 por el doctor Roberto Paredes. 

Un general y un coronel de la Policía arrestaron a Leonidas Iza en una carretera de Cotopaxi. 

El dirigente indígena fue mantenido, según sostuvo la Fiscalía, en las instalaciones civiles del Aeropuerto y no en la Base de la Fuerza Aérea que alberga, en ese mismo predio, varias dependencias de la Aviación militar. El detalle fue destacado por abogados, pues la Constitución establece que los repartos militares no son centros de detención. 

La defensa de Iza estuvo encabezada por el abogado Carlos Poveda, mientras que en representación de la Fiscalía estuvo Zoila Yánez, por parte de la Procuraduría Nathaly Cevallos, en representación de la Defensoría del Pueblo Juan José Simon Campaña, entre otros.

Los cargos contra Iza fue relatados, según el acta de la audiencia, así: "dicho ciudadano habría conjuntamente con varias personas paralizado la normal circulación del transporte público a través de actos violentos  como  obstáculos, quema de llantas, obstaculizando el derecho de libertad y movilidad, abastecimiento de alimentos de primera necesidad".

Durante la audiencia, se presentaron como elementos para formular cargos relacionados casi todos con la Policía: desde el parte del general Luna hasta testimonios y pericias de más uniformados. La tónica en el proceso, al menos sobre las pruebas de la Fiscalía, ha sido similar: llamar a declarar a policías, lo que ha sido cuestionado por la defensa.  La jueza dispuso la libertad de Iza, pero convocó para juzgarlo para este 4 de julio, cumplimiento el plazo de 15 días previsto en la ley.

La Policía blindó hoy varias cuadras a la redonda del Complejo Judicial en Latacunga  Fotos. Conaie

Las pruebas y las partes involucradas

En ese tiempo, y como es habitual en los procesos en nuestro país, se ha multiplicado los actores y los documentos que se suman al caso contra Iza. Las pruebas deben ser anunciadas en el juicio y se informan al juez, que decide si las acepta y dispone que se practiquen. Pero el tiempo necesario para ello sería mucho más extenso que los quince días. 

En el caso de la Procuraduría, en su anuncio de prueba informó que llamaba a declarar a diez policías, al director de Panavial, a la viceministra de Transporte y a siete policías más que han participado en la elaboración de pericias e informes técnicos. Además, la prueba documental está integrada por una serie de oficios, tanto de la Policía, cuanto del ECU911 y de varias instancias estatales. 

Por su parte, la Fiscalía está representada por el fiscal de Delincuencia Organizada Sergio García, quien también ha pedido testimonios y pericias realizadas por la propia Policía, así como documentos policiales como pruebas. 

La mayoría de las pruebas fueron aceptadas hasta la víspera de la audiencia, pero ello no significa que puedan ser practicadas, algo en lo que estuvieron de acuerdo la Fiscalía y la defensa. De ahí que la jueza ha consultado a la Corte si el plazo de 15 días es constitucional y permite el derecho a la defensa. Para Carlos Poveda, es una falencia de la ley actual que ha evidenciado que el plazo para este tipo de procedimiento es insuficiente. 

Así, Iza ganó oxígeno tras la audiencia en Cotopaxi, mientras su defensa busca lograr que peritos extranjeros emitan nuevos informes sobre las investigaciones que ha realizado la Policía ecuatoriana. 

En un sondeo realizado en Twitter entre los seguidores de PLANV, hasta un 87.4% de quienes participaron  esperan una condena contra Iza esta tarde, mientras solo un 12.6% creían que Iza era inocente. El sondeo tuvo 2357 votos en total.

¿Cree usted que Leonidas Iza debe ser debe condenado hoy en Latacunga por paralizar servicios públicos?@pichondedino @susanamorg @mnovikd @FerminVaca

— Plan V (@revistaPlanV) July 4, 2022

Aunque desde diversos sectores se advirtió sobre que el Acta de Paz con el Gobierno incluiría la "impunidad" de Iza y los líderes indígenas por los supuestos delitos cometidos durante el paro, lo cierto es que el tema no fue planteado. Hoy, en la plaza de El Salto, en el Centro de Latacunga, donde lo esperaron sus simpatizantes, Iza dijo que confiable en la separación de poderes y en la buena voluntad del Gobierno, en caso de iniciarse causas contra los indígenas. 

Este fue el pronunciamiento de @LeonidasIzaSal1, presidente de la CONAIE, luego de que la audiencia de juico en su contra no se instaló y fue declarada fallida por la jueza Paola Bedón, por anomalías en los pedidos probatorios y la consulta de tiempo a la @CorteConstEcu. pic.twitter.com/Q9oY2vcDjz

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) July 4, 2022