

Fotomontaje: PlanV
Para el 31 de julio será la audiencia, en la Corte Nacional de Justicia, en la cual la Fiscalía acusará y presentará los resultados de la instrucción fiscal.
El drama de Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinosa empezó la noche del 14 de agosto del 2012, tras bajarse del avión que los traía de Bogotá a Quito. Los tres agentes de inteligencia habían cumplido una misión fallida: llevar a la frontera, sano y salvo, a Fernando Balda, y entregarlo a las autoridades ecuatorianas. Lo que ahora se conoce como un secuestro fallido y que involucra nada menos que al expresidente de la República, Rafael Correa, —quien está acusado en este caso de autoría mediata de secuestro, tiene una orden de prisión y pedido para Circulación Roja en Interpol—no tenía por entonces las graves connotaciones políticas que seis años después tendría.
En ese momento, cuando los tres agentes se bajaron del avión y se fueron en silencio, cada uno para su casa, Rafael Correa estaba en su máximo poder, que no es decir poco. Desde el 2009 hasta ese mes de agosto del 2012 había consolidado su obra maestra política: poner bajo su puño a la administración de justicia. A eso lo había ayudado la estrecha victoria en la consulta popular de mayo del 2011. No solo eso. Tras la rebelión militar y policial del 30S, el 30 de septiembre del 2010, Correa reestructuró la Policía y la inteligencia policial; y creo un régimen de terror y propaganda acusando a la oposición y a los movimientos sociales de conspiración y golpismo, todo esto vinculado al 30S. Fue la época cuando más líderes sociales e indígenas fueron criminalizados en las cortes y fiscalías que Correa controlaba.
Carlitos te va a llamar*
Los agentes llegaron al Ecuador a las siete de la noche. Chicaiza tomó un vehículo hacia el Sur de Quito, por la avenida occidental. En este tiempo el Mariscal Sucre todavía estaba en el norte de Quito. Mientras iba en su vehículo, a la altura del sector de El Bosque, Chicaiza recibe la llamada de Pablo Romero, secretario de la Senain. Le preguntaba si ya está en el Ecuador, y tras la sorpresa de la respuesta afirmativa, pregunta qué paso, si estaban bien, si hubo problemas con la policía en Ecuador. Luego indica que lo va a llamar "el Presi" pero tiene que decirle que Carlitos lo va a llamar, pues en las operaciones de inteligencia se trabaja con pseudónimos y el asignado para el presidente Correa era Carlitos. Luego Romero le dice: no te preocupes, anda descansa, que ya te llama Carlitos. Pero antes de que alias Carlitos levante el teléfono para llamar al derrotado agente Chicaiza, lo llama el general Valencia, subsecretario de Policía (que tiene despacho en el Ministerio del Interior) y pregunta en tono airado: Ratón, qué pasó. La operación falló, le responde. Y el general estalla: ¡No sirven para nada, mejor era que no hagan nada. Toda mi gente está esperando y no sirven para nada! El Ratón no se amilana: no soy todólogo, mi general. Yo no estaba para hacer ninguna operación, solo tenía que llevar y entregar el dinero. Chicaiza lo deja en la vía pública. Le cierra el teléfono.
Al otro día se presentó en el despacho de Pablo Romero, en la Senain. Le dice, en tono preocupado: doctor, qué hacemos. No se preocupe Ratón, le responde, a las once de la mañana tenemos una reunión con Rommy Vallejo, Santiago Mena, Fernando Garzón y los abogados de Célula Azul. (En la foto, Raúl Chicaiza)
A la altura del Hospital de la Policía recibe una llamada de número desconocido, que él sabía era del general Diego Mejía. No contesta. Lo hace a la quinta llamada, suponiendo que es el general. Pero no es, se trata de una voz extraña pero conocida. El Ratón saluda: buenas noches. Es alias Carlitos. Usa un tono grotesco para decirle: tranquilo, sabemos lo que pasó, que están en el Ecuador. No pasó nada, dice el Ratón, y le informa: salimos tranquilamente de Colombia y entramos tranquilamente al Ecuador. La voz de Carlitos responde: tranquilo compañerito, tiene el apoyo económico, político e institucional. Ya di instrucciones al Flaco, ya sabe cómo tiene que solucionar. Con todo, gracias. El Ratón cerró el teléfono y llegó a su casa.
La bomba de la revista Vanguardia
Al otro día se presentó en el despacho de Pablo Romero, en la Senain. Le dice, en tono preocupado: doctor, qué hacemos. No se preocupe Ratón, le responde, a las once de la mañana tenemos una reunión con Rommy Vallejo, Santiago Mena, Fernando Garzón y los abogados de Célula Azul. El alto mando de la inteligencia del Ecuador se reúne en torno a la mesa de Pablo Romero. El Flaco está furioso. Primero le habla a Chicaiza: Ratón, no te preocupes, ya vamos a solucionar y estamos para solucionar esto. Luego se dirige a Santiago Mena Vallejo y Rommy Vallejo. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? les espeta. Luego, de nuevo al Ratón: no te preocupes, lo vamos a solucionar, y le pide que salga y espere afuera; pide lo mismo a Fernando Garzón. Se quedan a puerta cerrada Romero, Mena, Vallejo y los abogados de Célula Azul. El Ratón y Garzón pasan luego al despacho, pero Romero está solo. Raúl, dice, no te preocupes, ya les jalé las orejas a los primos Vallejo y a los abogados, estos van a solucionar las cosas en Colombia; no te preocupes, dedícate a lo que sabes, a los barridos electrónicos. Hay un pedido, le informa, de barridos para el diario El Telégrafo, en Guayaquil; hay que hacer barridos en Presidencia, Jurídico, en todas partes. Y así lo hizo por varios meses.
La bomba estalló en la cara del Ratón y de la gente de inteligencia en enero del 2013. La revista Vanguardia publicó cuatro informes sobre el secuestro de Fernando Balda. Luego lo hizo la revista Semana, de Colombia. Vanguardia venía cocinando esa historia meses atrás. Balda había presentado la denuncia por secuestro en las cortes de Bogotá, porque los secuestradores fueron atrapados. Uno de ellos se sometió a la cooperación eficaz de la Fiscalía de ese país y relató cómo y por quién fueron contratados. Pero para Balda las cosas tampoco estaba fáciles. Luego del primer frustrado operativo de deportación en junio de ese año y su intento de secuestro en agosto, es expulsado por el gobierno de Colombia por presunta irregularidad migratoria. El mismo documento supuestamente irregular lo tenía su esposa, pero a ella no le dijeron nada. Igual la expulsaron a pesar de que su hija menor era colombiana. Lo cierto es que Balda finalmente llegó a las mazmorras de Correa, primero a Guayaquil y luego a Quito. Mientras estuvo en la cárcel, los periodistas de Vanguardia lo visitaban...
Dos portadas de la revista Vanguardia, que reveló el tema en enero del 2013. Las publicaciones hicieron reaccionar a los agentes Falcón y Chicaiza, que pusieron en alerta a sus jefes, pero estos no se preocuparon. Iban a gobernar hasta el 2024.
Lo sentenciaron como culpable de atentar contra la seguridad del Estado. Lo que hizo Balda —según denuncia penal que puso en su contra Alexis Mera, entonces secretario jurídico de la Presidencia— fue difundir correos electrónicos en los que aseguraba la existencia de una central de espionaje implementada por el Gobierno. Lo condenaron a un año de prisión correccional y a pagar una multa de USD 2060.
Para la gente que armó el operativo de secuestro en agosto, con Balda preso, sentenciado y silenciado, el caso estaba cerrado. Nada de qué preocuparse, pues la orden de Correa de traer a Balda como sea se había cumplido. Pero el tema no estaba agotado para la prensa. En dos informes de portada, Vanguardia no solo reveló el espionaje ilegal de agentes del Estado ecuatoriano en Medellín, Colombia, sino también los seguimientos a Balda en Bogotá y el operativo que terminaría en un secuestro frustrado. Ahí aparecieron las fotos de Chicaiza, nada menos que infiltrado en una reunión de la oposición ecuatoriana con el expresidente y senador Álvaro Uribe. También se revelaron los pagos que la Dirección de Inteligencia, DGI de la Policía del Ecuador, había girado en nombre del Ratón, fondos supuestamente para ser usados en la operación ilegal en Colombia.
Fernando Balda denunció penalmente a los agentes y a Rafael Correa por secuestro. Fue en el 2014.
El contraespionaje del Ratón a sus jefes
Chicaiza no se descuidó de las publicaciones que lo señalaban. En Ecuador, con la prensa sometida al silencio y al miedo, ningún medio, ni grande ni chico, replicó la historia. El Estado de propaganda también guardo prudente silencio. El Ratón no se quedó quieto. Revisados los informes de Vanguardia que lo denunciaban crudamente, pidió cita al ministro del Interior, José Serrano. Lo recibe el subsecretario de Policía, general Diego Mejía, hombre muy cercano al ministro. El alto oficial es informado por Chicaiza de los reportajes. Le dice que como en esa secretaría de Estado deben tener conocimiento del operativo, ahora puesto a la luz, quería saber las directrices van a seguir. El general le dice que el ministro lo puede recibir en la tarde, pero que no se preocupe, sargento, ya hay la disposición del Presidente que ha dado la orden a Lady Zúñiga, asesora jurídica del Ministerio del Interior, que viajaría a solucionar el caso Angostura y el caso Balda. Serrano no lo recibió. Tanto él, como la agente Diana Falcón no dejaron de insistir ante su jefe, Pablo Romero, para que no se despreocupe del caso. Le pidieron dinero para que un equipo de abogados los defendiera en Colombia. Él funcionario insistió, hasta el cansancio, que no se preocuparan, que el Presidente estaba al tanto, y que estaban protegidos mientras Correa estuviera en el poder ...más o menos hasta el 2024 según sus propios cálculos.
Así que el Ratón se fue tranquilo a seguir con sus operaciones de barrido y de operaciones básicas de inteligencia. A partir de eso, viendo el quemeimportismo y la desidia de sus jefes, ya supieron lo que se les venía: una travesía solitaria por el desierto. Eso lo supo porque Chicaiza no dejó de hablar con sus fuentes que le dijeron que los políticos siempre usaban a los policías para sus pugnas de poderes. Así que resolvieron, junto a Diana Falcón, que de ahí en adelante grabarían todo tipo de conversación sobre el caso con las autoridades. Si fuero a Bogotá a hacer contraespionaje a Balda, ahora harían recontraespionaje a sus jefes, para eso eran expertos en grabaciones clandestinas y barrido electrónico. Los estaban dejando colgados. Decidieron hacerlo para evidenciar que su misión no fue algo personal en contra de Balda, simplemente que estaban cumpliendo órdenes.
Serrano nunca contestó. Pero les dieron el pase: a Chicaiza lo enviaron a Zapotillo, provincia de Loja, en la frontera con Perú, y a Diana Falcón la envían al Regimiento Quito, y en menos de ocho días nuevamente le dan el pase al servicio urbano en El Empalme, zona caliente.
A través de sus fuentes supo que el viceministro del Interior, Xavier Córdova y la asesora jurídica, Lady Zúñiga, viajarían a Bogotá para solucionar ese caso. El viaje fue de dos días, pero ninguno de los agentes involucrados fue informado de los resultados del mismo. El 6 de febrero del 2013 los agentes resolvieron enviar una carta al ministro del Interior, José Serrano. En ella informaban al ministro de la situación legal en la que estaban en Colombia, pues ya se investigaba el secuestro de Balda y se habían publicado sus nombres; también le mostraban mensajes que Fernando Balda enviaba a Chicaiza desde la cárcel. Le decía que confesara los nombres de quienes les enviaron a hacer esa operación, que se entregue a las autoridades, y que él —Balda— garantizaba seguridad a él y a su familia. Incluso le ofreció residencia en otro país. A la carta adjuntaron todos los recortes de prensa de Vanguardia y Semana, que habían revelado el caso.
Serrano nunca contestó la carta, pero luego tuvieron la respuesta: les dieron el pase. A Chicaiza lo enviaron a Zapotillo, provincia de Loja, en la frontera con Perú, y a Diana Falcón al Regimiento Quito, y en menos de ocho días nuevamente le dan el pase al servicio urbano en El Empalme, cantón de Guayas, considerada zona peligrosa por la propia Policía Nacional. Sus fuentes les dijeron que esos pases eran una retalización no solo por la carta sino por el fracaso de la operación contra Balda. También desmantelaron la unidad de barridos electrónicos de la Senain, sin saber ellos a dónde fueron a parar todos esos equipos electróncos. Al general Fausto Tamayo, director general de Inteligencia, lo sacaron de la DGI y lo enviaron al Guayas a un cargo que correspondía a un oficial con rango de mayor.
Fernando Balda llegó al Ecuador la noche del 11 de octubre del 2012. Fue traido en un avión de la Fuerza Aérea de Colombia y luego trasladado a la Penitenciaría del Litoral. Foto Expreso
La operación Vegetal, en Panamá
Ambos agentes reclamaron e informaron a Pablo Romero de la retaliación de la cual eran objeto. El jefe de la inteligencia acudió a la Presidencia para solucionar ese tema. Así que consiguió el pase para que retornen a la Senain. A Diana Falcón primero la pasaron a la DGI y luego a la Secretaria. Pero ya no hacían barridos electrónicos, los pusieron a órdenes de Fernando Garzón, en el departamento de Contrainteligencia. Entre el 3 y el 11 de agosto de ese año el Ratón y Falcón fueron enviados a Washington, para hacer barridos de contrainteligencia en la embajada del Ecuador en la capital de Estados Unidos y en el domicilio de la embajadora, Nathalie Cely. También dieron un curso a los funcionarios de la embajada sobre medidas de seguridad electrónica y contramedidas electrónicas, espionaje por líneas telefónicas, micrófonos ocultos...
Durante esos meses, hasta enero del 2014, estuvieron ocupados en la operación Vegetal: la búsqueda y captura del sargento del Ejército, Fabián Arcos Pepinos. Estaba considerado como el cabecilla instigador del alzamiento del 30S. Estaba en la lista de los más buscados del Ecuador, dentro del programa de recompensas y tenía detrás, aparte de la Senain, otras tres agencias de inteligencia, como la UGSI, la G2 y la DGI. Lo que se manejaba en la comunidad de inteligencia en el Ecuador era que Arcos Pepinos había sido ubicado en Panamá. Traer al exsargento era clave políticamente, porque era militante de Sociedad Patriótica, y en el gobierno se lo relacionaba con el expresidente Lucio Gutiérrez. El gobierno esperaba que el testimonio de este sargento del Ejército les condujera a las pruebas para de una vez demostrar que la rebelión del 30S fue un intento de golpe de Estado dirigido por Lucio Gutiérrez.
Pablo Romero pidió la autorización del presidente Correa para realizar la operación en Panamá, y la obtuvo. Chicaiza y Falcón viajan por primera vez a Panamá el 21 de octubre. Lo hicieron en tres ocasiones. La primera para ubicar al objetivo y asegurarlo; la segunda para convencerlo de que regrese al Ecuador, y la tercera para las negociaciones con organismos de derechos humanos. El propio Pablo Romero encabezó la entrega de Fabián Arcos, en enero del 2014. El exultante tuit del ministro Serrano la mostró como una operación clave para el gobierno: “Importante versión de Sgto. Arcos Pepinos, vinculado al proceso 30s e identificado x el plan d recompensas q arribo ayer al pais ayer... señala q hubo reuniones previas para planificar acciones 30s y q participo Sgto. vinculado directamente al ‘patriota’ Crnel Mario Pazmiño”.
Pablo Romero, secretario general de Inteligencia, Senain, durante el secuestro a Balda.
Pero, a pesar de esta operación exitosa, la suerte del Ratón y de Falcón no cambió. Insistieron en hablar con Pablo Romero para que ayudara a resolver la situación en Colombia, pero él se negaba a recibirlos en su despacho de la Senain o en cualquier otra parte. Pero los agentes insistieron mucho y hasta advirtieron a Romero que este caso les podría traer problemas personales, familiares y políticos, a ellos y a los altos cargos del gobierno. Incluso podía haber problemas internacionales. Tanto molestaron que Romero aceptó recibirlos en su suite de la República de El Salvador y avenida Portugal, en una exclusiva zona residencial y comercial del norte de Quito. Así que se reunieron con el jefe de la Senain, y resolvieron grabarlo, a pesar de que Romero siempre les hacía apagar los celulares. Diana Falcón ocultó en su cuerpo el dispositivo que grabaría la conversación. Romero los recibió y los escuchó con atención. Luego les dijo que, a pesar de la situación, no tenían de qué preocuparse, pues el presidente Correa siempre los respaldaría. Y para demostrar su sinceridad y se tranquilicen llamó al presidente Correa, y puso el teléfono en altavoz. Estoy aquí con los amigos, —dice a la voz del otro lado del teléfono, que se supone es Correa— y están preocupados del caso Balda en Colombia. La voz responde: no se preocupen, que tienen mi apoyo. Romero cierra el altavoz y sigue hablando con el personaje. En ese audio, que luego sería una de las pruebas entregadas por Chicaiza a la Fiscalía, se escucha decir a Romero que del tema ya había hablado con Fernando Alvarado, titular de la Secom; con el ministro coordinador de seguridad, Homero Arellano, y con José Serrano, ministro del Interior.
Mantuvieron la incertudumbre hasta mayo del 2014. En ese mes, Rommy Vallejo asume la dirección de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Vallejo tenía el desprecio profesional de Chicaiza, pero era su nuevo jefe. Así que ordena a los agentes presentarse ante su despacho. Les conmina que entreguen los informes de todas las operaciones, los datos de las fuentes humanas, los equipos electrónicos que habían adquirido a Balda en Bogotá —producto de la operación de seguimiento al opositor político—y los que habían sido comprados con gastos especiales. Y les quita también las funciones, lamentándose de que no los pueda sacar de ahí porque el pase a la Senain llegó directamente desde la Presidencia. Los pone a órdenes —en el congelador— de un mayor López, hasta segunda orden. Chicaiza y Falcón no se quedan quietos y preparan, para el nuevo jefe, un informe completo del caso Balda y lo que estaba sucediendo judicialmente con ellos en Colombia. Advertían que el operativo había sido una orden de la Senain y como jefe de la misma, Rommy Vallejo debía afrontar las consecuencias. Vallejo respondió que no tenía porqué responder de los casos de sus antecesores, y que nada tenía que ver con ellos, los agentes del caso. Se quedaron solos. Entonces decidieron escribir una carta a Rafael Correa.
Señor Presidente, le suplicamos ayuda...
Carta completa de Raúl Chicaiza a Rafael Correa, en el 2015. Ver el PDF
"La presente misiva es redactada y firmada por quien suscribe la presente SGTOP Luis Raúl Chicaiza Fuentes. Con mucho respeto se sugiere que sea clasificada por usted, señor Presidente, como SECRETA". Así empezaba la misiva de tres páginas del 13 de septiembre del 2015, que fuera recibida por la Presidencia el 29 de septiembre, por la funcionaria Paulina Rivas.
Ahí relata a Correa que la causa penal en Colombia ya tuvo una sentencia de 60 meses para los secuestradores de Fernando Balda, en mayo de ese año. Insisto señor Presidente —dice Chicaiza— en que es penoso enviarle esta misiva para informarle que es grave, ya que desde los organismos oficiales nada se ha hecho para controlar el proceso penal en Colombia. "Esto pese a que usted en varias ocasiones ha emitido órdenes para que ese problema no trascienda más allá". Los agentes reiteraban que recibieron órdenes, que les han dejado abandonados a pesar de que servían al gobierno y al país.
En esa carta, el Ratón Chicaiza y Diana Falcón previenen del desastre. Este caso, si no se ayuda en nuestra defensa, ni se toman las medidas de contención pertinentes, traerá graves consecuencias políticas y judiciales para el país, pero sobre todo para el presidente Rafael Correa. Le dicen que la intención de Balda es involucrar al Presidente en el caso: "no le han dado la importancia que este caso amerita. Insistimos una vez más con las graves consecuencias judiciales penales internaciones, que puede ocasionar al Ecuador a la postre".
Estaban en un BMW que manejaba Raúl Chicaiza, mientras Diana Falcón grababa clandestinamente. Se quejaron de la desidia y agresividad del nuevo jefe, Rommy Vallejo, y que nadie los quería recibir.
Mientras tanto, intentaron una nueva reunión con Pablo Romero, pues no tenían a quien más acudir. Sabían que tenía que presentarse en una diligencia judicial y se ofrecieron a llevarlo de regreso al aeropuerto de Tababela. Estaban en un BMW que manejaba Raúl Chicaiza, mientras Diana Falcón grababa clandestinamente. Se quejaron de la desidia y agresividad del nuevo jefe, Rommy Vallejo, y que nadie los quería recibir. Romero les respondió que debían tener confianza en que el Presidente los estaba apoyando.
La Senain de Romero les había ordenado que pusieran una querella penal por injurias en contra de Balda, cuando este los acusó directamente del secuestro. Fueron a dar sus declaraciones y en la corte Diana Falcón hasta lloró por el daño que Balda les había hecho con sus denuncias. La demanda era una estrategia de la Senain para asustar a Balda e impedir que siguiera adelante con el tema del secuestro, pero no funcionó. Para esa demanda, Diana Falcón hizo un préstamo a la Cooperativa de la Policía Nacional, para pagar a los abogados. Cuando se acabó la plata, Diana le dijo a Rommy Vallejo que iba a abandonar la querella, pero este la obligó a seguir, por que Chicaiza ya había perdido su respectiva querella. Pero la situación era insostenible. También Chicaiza había usado recursos propios para su defensa y su acusación contra Balda. Ambos estaban endeudados y no daban más, pues eran el sustento de sus familias.
Esa carta enviada a Rafael Correa tampoco fue contestada, a pesar de que el Presidente siempre tuvo conocimiento del tema y había dado las instrucciones para que se atendiera los pedidos de los agentes. En noviembre escriben una nueva carta al Presidente y les responde el asesor presidencial Wilson Zamora. Les dice que ya las cartas las hicieron conocer al primer mandatario y que les darían una pronta respuesta. Esta llegó el 30 de diciembre del 2015, firmada por el secretario nacional Jurídico, Alexis Mera, donde les dice que ese problema tenían que resolver las instituciones anexadas a la misiva oficial. En total. Chicaiza escribió cuatro cartas al Presidente.
Los agentes también enviaron cartas al Senado de Colombia y a varios medios de comunicación de Colombia y Ecuador. El 18 de febrero reciben las primeras amenazas de muerte. Sabían que las amenazas llegaban desde una cárcel colombiana y de personas desconocidas desde Ecuador. En mayo del 2017, el último de su periodo presidencial, Correa pide a Vallejo que vea lo que estaba pasando en ese caso. Vallejo recibió a Chicaiza luego de largos meses de desprecio. Le dijo que el Presidente quería saber cómo estaba la situación legal en Colombia. Luego tuvo una reunión con el secretario del Presidente y el mayor López. En ese instante, Correa delegó a su secretario para que se traslade a Bogotá. Se fue el 10 de mayo y retornó al otro día. Tuvo una reunión con el abogado de Chicaiza en Bogotá y se enteró de que los sentenciados por el secuestro ya habían salido en libertad pero, a pesar de los esfuerzos, nunca pudieron sacar el expediente.
Ese mes, el agente Raúl Chicaiza, alias Ratón, por su capacidad para escabullirse en todas las situaciones complicadas, presentó su pedido de baja a la Policía Nacional. Había vendido su casa y su carro para encarar la defensa judicial; había perdido su hogar, su profesión y el apoyo de los mandos políticos y policiales.
Fernando Balda en la Fiscalía Foto: API
En enero del 2018, el fiscal general Carlos Baca Mancheno reabrió el caso. Lo hizo al pedir a Fernando Balda que reconozca su firma en la denuncia por secuestro que había presentado ante la Fiscalía del Ecuador en contra de los agentes Chicaiza y Falcón, varias autoridades y el presidente de la República Rafael Correa. El entonces fiscal Galo Chiriboga no había procesado la denuncia y lo puso en el último cajón de su despacho. Baca Mancheno pidió, acto seguido, la asistencia penal a Colombia para que la justicia de ese país remita todo el expediente. Para la Fiscalía era fundamental, dentro de un proceso, tener la sentencia certificada. Es decir, que judicialmente se haya demostrado que hubo un secuestro.
Balda fue llamado a rendir versión, al igual que José Serrano. Los agentes también fueron llamados a declarar y se acogieron al derecho al silencio, pero vieron que el cerco se estrechaba sobre ellos.
Chicaiza y Daniela Falcón, pidieron cita al presidente de la Asamblea, José Serrano. Lo hicieron a inicios de marzo del 2018. Esto porque en su desesperación, Falcón culpaba a Chicaiza de la situación que estaban pasando, de que él la había metido en ese gran lío, que estaba endeudada y con sus padres en el hospital. Y le exigió que hable con alguien más. Solo nos queda José Serrano, le dijo. Entraron a la cita y lo grabaron clandestinamente. La cita duró hora y media, que es lo que dura la grabación que luego se filtraría cortada. A la reunión solo entró Chicaiza. Ahí explicó la situación por enésima vez. Y tuvo un alcance: le dijo a Serrano que necesitaban 65 mil dólares para afrontar los gastos de defensa; Serrano le preguntó que cúanto necesitaban de urgencia, y él respondió que 20 mil. Le pidió una semana para conseguirlos.
El 17 de marzo del 2018, Chicaiza, Falcón y Espinosa, fueron detenidos. Cuando el Ratón, Raúl Chicaiza, resolvió entrar al proceso de cooperación eficaz con la Fiscalía, tenía en sus manos 18 grabaciones de Fernando Balda, 12 de José Serrano, 6 de Rommy Vallejo, 4 de Pablo Romero, 5 de general Diego Mejía, 3 de Xavier Córdova (viceminstro del Interior), 2 de Diego Fuentes (viceministro del Interior), 3 Santiago Mena, y otras más.
*Este relato está basado en la información entregada por los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón en el testimonio anticipado ante la Corte Nacional de Justicia.
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