Siempre visten de traje negro. Usan gafas para que nadie pueda saber a quién miran. Se los reconoce por los audífonos que llevan en las orejas, con los que se comunican entre sí. Llevan armas en el cinto, pero no son policías ni militares. Los agentes del Servicio Secreto norteamericano, un cuerpo de guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos, sus familiares, los candidatos a la Presidencia y los jefes de Estado en visita, aparecen en cualquier película de Hollywood que esté ambientada en la Casa Blanca.

Se sabe que hay por lo menos tres mil de ellos, y que llegan a ganar hasta USD 160 mil al año, a pesar de que nos les pagan ni las horas extras ni los viajes. Su lealtad es para con el presidente de su país, del que son confidentes y custodios. Aunque las tareas de seguridad les corresponden, la guardia de honor de la Casa Blanca son oficiales y soldados del Cuerpo de Marines, que custodian las entradas con sus uniformes azules y gorras blancas, y se encargan de los honores militares al Presidente y a los visitantes ilustres. 

La institución, incluida en una ley ecuatoriana, parecería una extravagencia propia de alguien que ha visto mucho cine norteamericano. Pero no. La mayoría correísta de la anterior legislatura, pocos días antes de que concluya, aprobó un Código de Entidades de Seguridad que incluye la creación de la versión criolla del Servicio Secreto, un cuerpo armado que es "civil" en la medida que no depende de las Fuerzas Armadas ni de la Policía, pero que tendrá facultades de custodia de las altas autoridades del Estado y, de ser necesario, de control del orden público.

Tradicionalmente, en el Ecuador la seguridad del presidente y del Palacio de Gobierno ha estado a cargo de cuerpos del Ejército. La guardia ceremonial de Carondelet, conformada por los Granaderos de Tarqui, que usan un uniforme de época que rememora los de los ejércitos libertadores, pertenecen a una unidad de caballería del Ejército.

Sus orígenes datan de 1919, cuando se conformó el Grupo de Caballería No. 1 para la custodia del Palacio de Gobierno. Posteriormente, en 1952, se creó la unidad de Edecanes y el Escuadrón de Escolta Presidencial “Granaderos de Tarqui”. Y en 1995, se conformó la Casa Militar de la Presidencia de la República, en la que se unificaron la Escolta Presidencial y el Grupo de Seguridad Presidencial.

Con decreto ejecutivo 418, de julio de 2010, Rafael Correa creó el Servicio de Protección Presidencial (SPP), fusionando las dependencias conocidas como Casa Militar Presidencial y Escuadrón de Transporte Aéreo Presidencial. A partir de entonces el SPP contaría con autonomía operativa, administrativa y financiera, si bien continúa dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas. 

Ahora, en el Código que regula no solamente a la Policía, sino también a todos los cuerpos uniformados que hay en el país, como la Comisión de Tránsito con sede en Guayaquil, los bomberos, y otras entidades, ha creado lo que, sin ningún disimulo, se ha comparado con el Servicio Secreto de Estados Unidos, según ha confirmado el presidente Rafael Correa en un reciente enlace.

Para la mayoría legislativa de PAÍS, copiar el Servicio Secreto norteamericano no es inconstitucional ni peligroso.

Un debate ácido

En el Palacio Legislativo y con varias horas de retraso con relación a la convocatoria, se instaló la Asamblea para conocer el informe para segundo debate del polémico proyecto. Tal como la asambleísta María Augusta Calle señalaba con insistencia, varias propuestas legales para regular a los cuerpos uniformados habían sido presentadas en el país desde hace varios años, y por ello se resolvió unificarlas en un solo proyecto. 

Dos mujeres de Alianza PAÍS defenderían la propuesta: la propia Calle y la cuencana Rossana Alvarado, quien esa tarde lucía un colorido saco. Ambas no escatimaron, como es habitual en la retórica correísta, en ironías, epítetos y burlas contra los opositores que levantaron su voz contra el proyecto. "Les arde", reiteraba Alvarado durante su discurso, haciendo gala de su acento cuencano. Aunque ninguna se animó a comparar la polémica nueva institución con el Servicio Secreto, pues ambas presumen de antiyanquismo y antiimperialismo como para admitir semejante inspiración. 

De su lado, dos opositores cuestionaron el nuevo servicio, con argumentos similares. El primero fue Fernando Bustamante, el ex catedrático universitario que tras ser ministro de Rafael Correa y asambleísta de PAÍS se distanció del bloque verde flex. Bustamante sostuvo que la propia Constitución de Montecristi establece que los cuerpos de seguridad del Estado son la Policía y las Fuerzas Armadas, por lo que no hay espacio para un cuerpo de guardaespaldas civiles. Bustamante mencionó al Servicio Secreto norteamericano, cuyas funciones aparecen totalmente calcadas en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, pero recordó que el contexto cultural es diferente y que en Estados Unidos no hay una policía nacional como en Ecuador.

Para el asambleísta Luis Fernando Torres, también opositor, el argumento fue el mismo: la Constitución no permitiría la creación del Servicio Secreto criollo, además de que, según recordó, la seguridad que ya ofrecen las Fuerzas Armadas y la Policía a los altos cargos del Estado no ha tenido fallos importantes que hagan pensar en la necesidad de otra entidad en el país.

Los argumentos del lado oficialista, en cambio, poco tuvieron que ver con el tema propuesto. Alvarado recordó que en tiempos del presidente León Febres Cordero había cuerpos de seguridad en las sombras, y aseguró que entonces los opositores no dijeron nada. En la misma línea se manifestó Calle, quien también recordó el pasado y cómo ciertas unidades de la Policía actuaron al margen de la ley en la represión de opositores políticos.

Nueve asambleístas intervinieron en un sesión que se instaló  a las 17:00 y concluyó poco antes de las 21:00, con el resultado esperado: con 71 votos se aprobó el Código en segundo debate, sin tomar en cuenta las objeciones de los opositores y destacando que, como es obvio suponer, un cuerpo de guardaespaldas oficiales necesita de armas para cumplir su propósito.

Guardaespaldas no militares: un tema recurrente

No es la primera vez que el concepto de seguridad VIP del Gobierno pasa por desligarse de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de policía tradicionales, en beneficio de cuerpos de guardaespaldas civiles. En abril de 2016, este portal reveló como la empresa española Undercover Global (UC Global) era una de las contratistas de la presidencia en temas de seguridad de altos cargos del Estado.

En el 2011, la página de Facebook de UC Global reportó que esta empresa trabajaba en colaboración con CLIPEUS, una consultora de seguridad de España, y Blue Cell Global, en la actualización del Sistema Público de Seguridad Ciudadana en Ecuador. Para dicho plan se habían propuesto seguir el trabajo desarrollado en esta materia mediante el Plan de Seguridad Ciudadana desarrollado en España. UC Global desarrollaría planes de formación y asesoramiento para las unidades policiales y militares del país había anunciado.

La asesoría de la empresa española, que está conformada por ex oficiales de la policía y Fuerzas Armadas de ese país, consistió en su primera etapa en "promover una oferta formativa y actualización continua, profesional y especializada, en el ámbito de la Seguridad Público/Privada. Para ello, entre otras acciones, se estudiará la posibilidad de realizar actividades de formación continua, jornadas formativas, organización de cursos y congresos, etc. En este sentido, actualmente se está trabajando en la firma de un acuerdo con el Servicio de Protección Presidencial (SPP) de la República del Ecuador, con el fin de desarrollar a todo el personal constituyente del mismo un curso de reciclaje en Protección VIP".

Un reportaje del portal digital El Español citaba a un vocero de la empresa: "El negocio militar privado también ha echado sus raíces en España. UC Global, con sede en Jerez de la Frontera, cuenta con 40 trabajadores. También tiene oficinas en Ecuador y Estados Unidos. Miembros de Infantería de Marina y Armada arrancaron con este proyecto en 2008 y se definen a sí mismos como “operadores de seguridad, contratistas de seguridad o como asesores para seguridad y defensa”: “El término 'mercenario' no es despectivo, sino más bien desfasado -cuenta un portavoz de la empresa-. Aquellos a los que les gusta darle un carácter novelesco y atractivo emplean ese término, que es más romántico”.

"Las empresas del sector consideran que su actividad es complementaria a la que los Cuerpos oficiales pueden desempeñar. Sin embargo, esta pregunta está cada vez más en boca de los académicos: ¿Caminamos hacia la privatización de las guerras? “Las ventajas observadas por algunos pueden ser consideradas por otros como una pura infracción de las normas legales y de los mecanismos democráticos de control de la fuerza armada”, defiende el teniente coronel Mario Laborie Iglesias en un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos", dice el reportaje de El Español. 

La propía familia presidencial ya ha utilizado guardaespaldas privados para su seguridad, en especial, para las hijas del presidente que viven en Europa. Según un reportaje de Fernando Villavicencio, "el Estado ecuatoriano contrató a la empresa UNDERCOVER GLOBAL S.L. (UC Global) para dar “servicios de protección y seguridad” a los familiares del Presidente de la República residentes en Francia. El costo asciende a 76.190 dólares mensuales, que incluye los planes telefónicos para las personas a ser resguardadas y sus respectivas balizas, es decir, los aparatos que muestran con exactitud la ubicación geográfica de una persona. El servicio fue contratado para acompañar a la familia del Mandatario en las ciudades de Lyon y Potiers, que están separadas entre sí por una distancia de 468 kilómetros en carretera. Lyon es la ciudad en la que actualmente reside la hija mayor del Mandatario, donde estudia una carrera de nivel superior".

¿El Servicio Secreto criollo será el pretexto para nuevos contratos de asesoría con estas empresas españolas? Aún es prematuro para saberlo, pero la implementación del nuevo sistema de custodia dependerá del nuevo Gobierno.  El apuro por aprobar esta ley y la creación del Servicio de Protección Pública, ¿tiene que ver con los asesores españoles de la UC Global, que según la investigación de este portal, prácticamente han tomado "el mando de la protección presidencial?