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28 de Enero del 2019
Historias
Lectura: 29 minutos
28 de Enero del 2019
Redacción Plan V
El top ten de los informes de la Contraloría en la era Celi

Foto: Diario El Universo

El contralor subrogante, Pablo Celi, está en el cargo desde el 8 de junio de 2017, cuando Carlos Pólit dejó el cargo y se exilió en Estados Unidos. 

 

De los más de 3000 informes emitidos durante la gestión de Pablo Celi como contralor subrogante, cerca de 350 tienen indicios de responsabilidad penal. Algunos de ellos han causado una gran repercusión política y económica. Esta es una selección de los diez más destacados de la gestión del contralor, cuya continuidad en el cargo aún no ha sido definida por el Consejo Transitorio, que anunció la posibilidad de crear un Tribunal de Cuentas.

La gestión de Pablo Celi al frente de la Contraloría General del Estado ha estado marcada por lo polémica. Desde su posesión, el 8 de junio de 2017, cuando abogados del ex contralor Carlos Pólit, pretendieron hacerle firmar la renuncia, pasando por la publicación de cientos de informes en donde se evidenciarían claros indicios de manejos de dinero público, al parecer, ilícitos, por parte del correato. Las cifras expuestas por la administración de Celi son similares a las que, en su momento, presentó en su rendición de cuentas, del 11 de mayo de 2017, el ex contralor Pólit. 

Según dijo Pólit en ese momento, había realizado la aprobación de 3.420 informes generales de auditoría y  de 265 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. Celi, de su lado, ha enviado a la Fiscalía 344 informes. 

Celi, quien se encuentra en el cargo en calidad de subrogante, podría continuar en el puesto hasta que se decida la suerte de la Contraloría, toda vez que el Consejo Transitorio, que preside Julio César Trujillo, propuso la posible creación de un Tribunal de Cuentas, una suerte de cuerpo colegiado que sería el encargado de aprobar los informes de auditoría de la Contraloría. Pero esta creación depende de una reforma constitucional y de la Ley Orgánica de la Contraloría, por lo que su implementación no será inmediata.

Para el analista Gabriel Hidalgo, crear ese tribunal de cuentas es un error. "Instalar un Tribunal de Cuentas en el Ecuador es continuar con el libreto autoritario para corporativizar el Estado. El Tribunal y luego Corte Constitucional, así como el Consejo de Participación Ciudadana son la demostración de que los grupos privilegiados atornillan sus intereses a un Estado que es cada vez menos democrático y más oligárquico. Es la forma de controlarlo todo a través de camarillas de notables", estima Hidalgo.

Pero mientras se decide qué ocurre con la Contraloría, hemos preparado el top ten de los informe de Pablo Celi al frente del organismo de control. Algunos de estos casos recogen denuncias publicadas por medios de comunicación, como este portal, y también formuladas por entidades ciudadanas como la Comisión Anticorrupción. 

Hemos preparado el top ten de los informe de Pablo Celi al frente del organismo de control. Algunos de estos casos recogen denuncias publicadas por medios de comunicación, como este portal, y también formuladas por entidades ciudadanas como la Comisión Anticorrupción.

1 • La deuda pública

El 9 de abril de 2018, Celi aprobó el informe final DNA3-0007-2018 sobre la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa, durante el periodo 1 de enero de 2012 y 24 de mayo de 2017. Entre las conclusiones del informe están, entre otras, que el  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) derogó normas que preveían la composición del endeudamiento público. Leyes y reglamentos permitieron aplicación discrecional de conceptos sobre endeudamiento y su utilización.

Se estableció que mediante tres resoluciones ministeriales  en 2010 se declaró secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento, sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y extendiendo esa declaratoria hasta el pago total de los créditos.

Por otro lado, las operaciones de venta anticipada de petróleo no fueron consideradas como deuda, a pesar de haberse reconocido el pago de intereses y devengado no sólo con crudo sino también en efectivo por 35 millones de dólares. Segín el Decreto Ejecutivo 1218 estableció una metodología para cálculo de relación Deuda/PIB que posibilitó seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación de Asamblea, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el COPLAFIP.

Por su parte, Petroecuador gestionó, sin ser de su competencia, líneas de crédito mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio de Finanzas, destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal. Finalmente, la Contraloría destacó que el archivo de la documentación que respalda las operaciones de endeudamiento no es integro ni confiable.

2 • La concesión de frecuencias

El 22 de junio de 2018, la Contraloría  aprobó el informe No. DNA4-0025-2018 del examen especial a los procesos de concesión de frecuencias. Se analizó el periodo comprendido entre el entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017.

Entre las conclusiones de ese informe, que analizó uno de los procesos más polémicos del correato, se encontraron irregularidades en asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes, así como que el instructivo para evaluación de proyectos se emitió con posterioridad a las bases del concurso y el reglamento y sin conocimiento de los postulantes. Además, se evidenció la concentración de frecuencias en tres grupos. La Contraloría detectó que varios medios efectuaron cambios en la estructura gerencial y accionaria sin poner en conocimiento de la Arcotel, además, la dispersión de los documentos dificultó su análisis oportuno. El informe incluye 15 recomendaciones dirigidas a las autoridades de las instituciones involucradas. La Contraloría dispuso al Cordicom y a los miembros del directorio de la Arcotel que coordinen las acciones necesarias para proceder a la anulación del concurso público para la adjudicación de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación privados y comunitarios convocado el 12 de abril de 2016. El informe se realizó sobre las frecuencias de 35 medios de comunicación, mientras otros medios serán analizados en el futuro. 

La Contraloría dispuso al Cordicom y a los miembros del directorio de la Arcotel que coordinen las acciones necesarias para proceder a la anulación del concurso público para la adjudicación de frecuencias.

3 • El manejo de GamaTV

Una de las empresas bandera del Grupo Isaías, fue incautada como parte de un proceso de cobro a los ex propietarios del Filanbanco. El canal, que tenía una mayor penetración en la Sierra, fue convertido en una de las estaciones de televisión al servicio del Gobierno correísta. 

El 15 de junio de 2018, la Contraloría  aprobó el informe Nº DNA4-0024-2018 del examen a Televisión del Pacífico (GamaTV) por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017. Entre las conclusiones, la Contraloría determinó que la  empresa Creacional (una agencia de publicidad de Guayaquil, de propiedad de la familia de Fernando Alvarado)  recibió USD 236.630 como comisión “over” sin que sus contratos publicitarios superen los USD 2 millones, monto mínimo establecido en los años 2015 y 2016 para acceder a este beneficio.

Creacional y Percrea, otra agencia de los Alvarado, mantienen un saldo pendiente con Gama TV de USD 112.906, sin que se hayan realizado las gestiones necesarias para el cobro. Los accionistas de ambas agencias, que son la familia Alvarado Espinel, mantienen relación de consanguineidad en primero y segundo grado con el delegado del Presidente de la República ante la Unidad de Gestión de Medios (UGEMED), el ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado,  por lo que no podían contratar con Gama TV. Los parentezcos también tenían relación con otras empresas de Guayaquil, pues la Contraloría determinó que el  representante legal de la empresa Q.S.S Producciones, del Instituto Tecnológico Superior de Estudios de Televisión (I.T.V.S.A.) y del Instituto Tecnológico Superior de Estudios de Televisión (ITV), (empresas con diferente RUC), es pariente en cuarto grado de consanguineidad de Fernando Alvarado.  Con estas empresas se firmaron contratos por USD 73.584.

Los contratos con Q.S.S Producciones y con el Instituto Tecnológico Superior de Estudios de Televisión fueron  para desarrollar propuestas y estrategias para mejorar el manejo de pantalla, producción y coproducción para alcanzar niveles altos de audiencia, pero la Contraloría no encontró evidencia de que se hayan ejecutado. 

Por otro lado, el responsable de cobranzas solicitó pagos por comisiones sobre un valor de USD 201.448, por dos facturas de personas naturales que no prestaron los servicios de publicidad a Gama TV.

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Dejaron de cobrar los funcionarios del Estado a cargo de GamaTV,  por la transmisión de 119 enlaces ciudadanos.

Los funcionarios del Estado a cargo de GamaTV, no  realizaron las gestiones necesarias para el cobro de USD 6´631.839, por la transmisión de 119 enlaces ciudadanos, ocasionando que la empresa no reciba esos ingresos y pierda audiencia en ese horario, del target más importante para la industria, en 1.08 puntos. Relacionado con esto,  funcionarios de GamaTV desplazados a transmitir los enlaces ciudadanos gastaron en viáticos  USD 77.063. El canal también le debe al IESS, pues no se han cancelado las planillas de aportes al IESS por USD 578.131, a pesar de que se hicieron los descuentos por aporte individual y préstamos en los roles de pagos de los empleados.

4 • Las obras de Odebrecht

En octubre de 2017, la Contraloría remitió a la Fiscalía General del Estado 10 informes con Indicios de Responsabilidad Penal sobre las obras construidas por Odebrecht. Entre esto estuvieron el  Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, a cargo de CELEC EP, por el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2014. En el examen especial de ingeniería se analizaron los cambios, reajustes y mejoras a los diseños, contrato complementario de consultoría 2, incremento de cantidades de obra, creación de rubros nuevos y ajustes de los diseños del proyecto.

Sobre la misma obra, pero en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2011 y el 26 de junio de 2012,se analizó el proceso precontractual y de ejecución del proyecto.

Otro informe fue sobre proceso de contratación, ejecución y fiscalización para la pavimentación de la vía Km. 104 – construcción del puente Gringo Pepe – mantenimiento de la vía Chontal, a cargo de la empresa Pública Ecuador Estratégico, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 31 de junio de 2015.

Así mismo, la Contraloría auditó el  Proyecto de riego Trasvase Daule – Vinces, a cargo de la Secretaría del Agua, por el período comprendido entre el 31 de enero de 2013 y el 15 de junio de 2014. Ahí se estableció que se pagaron más de USD 7 millones que no estaban establecidos en el contrato. La demora de 119 días en la recuperación de este monto derivó en intereses por más de USD 81 mil, que no fueron liquidados ni recaudados.

Sobre la construcción y fiscalización del proyecto de riego Daule – Vinces, a cargo de la Secretaría del Agua, por el período comprendido entre el 16 de junio de 2014 y el 31 de julio de 2015, se pudo determinar que los diseños de las obras se ajustaron según las circunstancias técnicas que se presentaron en el desarrollo del proyecto, sin la firma del contrato complementario respectivo.

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No se cobraron oportunamente en el proyecto de riego trasvase Daule-Vinces.

En el poliducto Pascuales – Cuenca; por el período comprendido entre el 2 de enero de 2008 y el 8 de noviembre de 2013, se identificó que no se actualizó el presupuesto referencial en cuanto a la remuneración básica unificada vigente. Tampoco se actualizaron las especificaciones técnicas de los suministros, por lo que las propuestas de presentadas por los oferentes durante la licitación superaron el presupuesto establecido. En la misma obra, pero en el periodo comprendido entre el 9 de noviembre de 2013, hasta el 30 de junio de 2015,  establecieron pagos en exceso injustificados en favor de la fiscalizadora e incumplimiento de sus responsabilidades, como la verificación de la exactitud de las cantidades de obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

En el Acueducto Presa La Esperanza – Refinería del Pacífico, a cargo de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro RDP, por el período comprendido entre el 26 de septiembre de 2013 y el 9 de enero de 2015, se concluyó que, para la ejecución de esta obra, la entidad no contó con los recursos económicos necesarios. Tampoco dispuso de los terrenos requeridos para la instalación de la tubería de conducción. Además, el incremento en el caudal de diseño elevó el costo en más de USD 6.5 millones. En la misma obra, pero en el  periodo comprendido entre el 10 de enero de 2015 y el 27 de agosto de 2015, se concluyó que generó aumento y/o disminución de las cantidades de obra, creación de rubros y la necesidad de fondos adicionales para la terminación del proyecto. La reprogramación de horas – hombre se utilizó para justificar los valores planillados sin sustento.

Finalmente, en el  Proyecto Refinería del Pacífico, por el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2012 y el 24 de julio de 2012, no se cumplió con la calificación del parámetro “Participación nacional”, otorgando 10 puntos a los dos primeros oferentes, sin respetar el orden de prelación dispuesto en los pliegos.

5 • La deuda con el IESS

Una de las afirmaciones más polémicas de los jerarcas correístas fue que no había deuda del Estado con el IESS. Inclusive, llegaron a eliminarla de los balances contables de la seguridad social, Pero el 19 de junio de 2017, se aprobó el examen especial para determinar el valor de la deuda del Estado por prestaciones de salud realizadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. Algunas de las conclusiones son: los directores generales del IESS  nunca  establecieron los valores adeudados por el Estado al IESS, por contribución de prestaciones de salud, ni la forma de pago de estos valores y el por ello IESS no cuenta con los recursos necesarios para mejorar la inversión en el área de salud.

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millones es la deuda del Estado con el IESS que fue dado de baja el 30 de septiembre de 2016 por el Gobierno correísta. La Contraloría ordenó restituirlo en el balance de las deudas. 

Un total de USD 2.527’819.221,8 fue dado de baja el 30 de septiembre de 2016, correspondiente a prestaciones de salud a jubilados por USD 1.715’827.807,43; Jefes de Hogar por 57’092.072,75; Personas con Discapacidad por USD 5’751.471,39, que totalizan 1.778’671,57, corresponden a los valores registrados por la unidades médicas y prestadores externos hasta junio de 2015, mientras que las prestaciones por enfermedades catastróficas estaban cuantificadas en 749’147.870, 24

En este caso, la Contraloría dispuso que los actos administrativos relacionados con la baja de los valores registrados en la Cuenta por Cobrar al Estado, por prestaciones de salud, se dejen sin efecto y se proceda a revelar el valor de la deuda indicada en los Estados Financieros del Fondo de Salud. 
 

6 • La refinería de Esmeraldas

Las reparaciones en la Refinería de Esmeraldas han sido señaladas como una de las más granes fuentes de corrupción durante el coreato. En especial, lo relacionado con la Unidad de Craqueo Catalítico. Aquí la Contraloría encontró varias irregularidades. El cuatro de abril de 2018, la Contraloría hizo público un informe realizado a Petroecuador, por el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de agosto de 2017. El informe tiene relación con las obras de reparación de la Refinería Estatal de Esmeraldas. Según la Contraloría, la adquisición de catalizador para la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) se realizó sin considerar las condiciones de la Refinería Esmeraldas después de su repotenciación y ampliación, lo que originó que se inicie el proceso de contratación sobre la base de una programación de consumo sobrestimado. Tampoco se contó con estudios completos y definitivos que sustenten las cantidades incluidas en la contratación. Se eliminó de la evaluación económica el servicio de carga, descarga y disposición final en el exterior del catalizador gastado, pese a que los pliegos determinaban la adjudicación o declaratoria de desierto de manera total y no la adjudicación parcial, como efectivamente ocurrió. Esta modificación fue sustentada indicando que el personal de EP Petroecuador realizaría el trabajo de cargado y descargado. Los miembros de la Comisión Técnica solicitaron autorización al Gerente General para invitar a Basf Corporation a la sesión de negociación. Posteriormente, se recomendó la adjudicación parcial a esta empresa por USD 21´809.090,79 y un plazo de ejecución de 2 años, para la provisión del catalizador y la declaratoria de desierto parcial para el servicio. La falta de estudios completos sobre las estimaciones de material requerido ocasionó que las cantidades entregadas en los 21 meses de ejecución del contrato, correspondieran al 23% del monto total.

7 • Los estudios y diseños del Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu

Esta planta hidroeléctrica, construida durante el correato, fue edificada cometiendo una serie de irregularidades. Según un informe de la Contraloría, aprobado el 2 de febrero de 2018, sobre las operaciones de la empresa Hidroequinoccio EP el 3 de enero 2011 hasta el 30 de marzo de 2015, en Manduriacu hubo pagos injustificados por USD 670.000, mientras que USD 2.1 millones fueron cancelados sin documentación de respaldo. Además, se pagaron USD 1.1 millones aunque no se utilizaron los documentos correspondientes a los estudios de la Fase III, debido a que fueron entregados por el Gerente General de Hidroequinoccio a Celec EP, casi a los seis meses de haberse suscrito el contrato de construcción del proyecto Manduriacu. Además, el  contrato para la construcción de obras civiles se suscribió sin contar con los estudios y diseños definitivos del proyecto, lo que ocasionó incremento en los costos con tres contratos complementarios de obra, tres actas de diferencia de cantidades de obra, 16 órdenes de trabajo, una  nota de débito y dos contratos complementarios de fiscalización, por un monto de USD 75´454.490,50.

8 • El campo Singue

El primero de agosto de 2017, la Contraloría aprobó el informe sobre el Campo Singue, un campo petrolero en la Amazonía. Según lo analizado entre el primero de enero de 2001 y el 30 de septiembre de 2016,  se cometieron varias irregularidades como  la elaboración de documentos precontractuales, sin contar previamente con la certificación del Mapa de Bloques Petroleros 2011. La oferta incumplió los requisitos establecidos en las bases de licitación y debía descalificarse. Por el contrario, los miembros de la Comisión de Calificación y Evaluación, aunque reconocieron el incumplimiento, concluyeron que el consorcio DGC (Dygoil-Gente Oil) cumplió con lo requerido y calificaron la oferta. Además. pese a los incumplimientos en la oferta económica y aunque el sobre 2 incumplía resoluciones del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), se recomendó que se apruebe la negociación con el consorcio DGC.

El equipo negociador calculó la tasa interna de retorno (TIR) sin ningún sustento legal, lo que ocasionó un perjuicio que, hasta el 30 de septiembre de 2016 fue de USD 5´243.132,38, pagados al consorcio DGC y a la compañía Gente Oil Ecuador Pte. LTD.

El COLH aprobó el informe y el acta de negociación emitida por el equipo negociador y recomendó al Ministro de Recursos Naturales no Renovables la adjudicación del contrato de prestación de servicios para exploración y/o explotación de hidrocarburos (petróleo crudo), en el bloque Singue, suscrito el 30 de abril de 2012.

En el caso del campo Singue, Silvana Giselle Pástor Tapia (hija de Wilson Pástor, ex embajador correísta), a los 14 días de firmado el contrato (14 de mayo de 2012) ingresó a laborar como directora financiera de Gente Oil Development y como vicepresidenta de Gente Oil Ecuador. 

A cuatro meses de suscrito el contrato se solicitó el traspaso de acciones del consorcio DGC (DYGOIL y Gente Oil Development Ecuador), en favor de Gente Oil Ecuador, empresa constituida el 15 de marzo de 2012 en Singapur. Silvana Giselle Pástor Tapia (hija de Wilson Pástor, ex embajador correísta), a los 14 días de firmado el contrato (14 de mayo de 2012) ingresó a laborar como directora financiera de Gente Oil Development y como vicepresidenta de Gente Oil Ecuador. Es decir, formó parte de la beneficiaria original del campo Singue y de la sucesora de los derechos de explotación.

Las reservas sobre las cuales se otorgó la explotación del campo Singue por parte del COHL (2´040.556 barriles de crudo), son ajenas a la realidad puesto que hasta el 20 de septiembre de 2016 se extrajo el 244,71% de lo previsto para los 20 años.
Los datos de las reservas supuestas fueron elaborados por el Subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero quien, a 3 meses de suscrito el contrato, pasó a trabajar como empleado del consorcio adjudicado. El ex subsecretario, además de firmar el informe de las reservas supuestas, formó parte de las comisiones que negociaron la tarifa.

La compañía DYGOIL formó parte integrante del Consorcio Amazónico –que tuvo a su cargo la explotación del campo Singue–, por lo que, antes de la licitación, tenía pleno conocimiento de las condiciones del campo. Sin embargo, no aceptó la renegociación dispuesta en la ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos (Suplemento del R. O. No. 244 de 27 de julio de 2010), pero participó en la licitación para la explotación del mismo campo como la única oferente.

9 • Los contratos de la Secom 

La Secretaría de Comunicación (Secom) fue el espinazo del Estado de propaganda correísta y es una de las instituciones que está bajo la lupa de la Contraloría. Varios de los temas analizados por la Contraloría motivaron la orden de captura y la fuga de Fernando Alvarado, quien está siendo procesado por un presunto peculado.  En un informe aprobado el 16 de febrero de 2018, analizando el periodo entre el 1 de junio de 2013 hasta el 24 de mayo de 2017, la Contraloría detectó varias irregularidades con dinero público. Por ejemplo, se pagaron USD 62.255 adicionales por el transporte utilizado para las sabatinas, aunque este valor debió asumir el contratista, según lo estipulado en el contrato.

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se pagaron en la Secom a la empresa Multivisión, a pesar de se le contrató sin estudios ni procedimientos adecuados. 

Se firmó un contrato complementario para la realización de ocho  Enlaces Ciudadanos entre enero y febrero de 2016 por USD 269.768, sin sustento legal. Se efectuaron convenios de pago por USD 2´669.427 para cancelar obligaciones con la empresa Multivisión, que fueron adquiridas sin estudios ni procedimientos de contratación. Hubo un convenio de pago para la cancelación de USD 52 mil por concepto de consultoría para el mejoramiento del Enlace Ciudadano. La cancelación se realizó sin estudios ni se fundamentó la necesidad y el uso de los productos de la consultoría. Además, las actas de entrega-recepción e informes técnicos y económicos no justificaron la conformidad y legalidad previo al pago, puesto que la firma que consta en los documentos por el Subsecretario de Medios Institucionales no le corresponde, por lo que se desconoce el funcionario que realizó la suscripción. No se evidencia el uso de videos contratados por USD 7.796. No se evidenció cómo se establecieron los costos, presupuestos, requerimientos y especificaciones técnicas de los recursos utilizados para los cuatro Enlaces Ciudadanos efectuados en el exterior que costaron USD 1´370.960.Varios de estos temas están ya en manos de la justicia, como es el caso del convenio de pago a favor de la Empresa Satre, en donde se han dictado varias órdenes de captura contra Fernando Alvarado y varios de sus ex funcionarios y contratistas. 

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costaron los cuatro Enlaces Ciudadanos efectuados en el exterior sin que se sepa cómo ese establecieron los costos para ello.

10 • El helicóptero de los Bomberos de Quito

Aprobado por la Contraloría el 27 de marzo de 2018, se trata de la compra de un helicóptero de rescate para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y analiza desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. Según la Contraloría, se adquirió el helicóptero Agusta A109K2 por USD 2 millones cancelados el 15 de diciembre de 2016. Sin embargo, entre la factura presentada en la declaración aduanera y el presupuesto referencial del proceso para la adquisición de la aeronave existe una diferencia de USD 1’700.000,00. La Contraloría determinó que el proceso de contratación se llevó a cabo para realizar la adquisición en el exterior. Sin embargo, la nave se encontraba en el país desde 2015. Aeromaster Airways S.A. ingresó el helicóptero Agusta A109K2, fabricado en 1995 en Italia, el 10 de noviembre de 2015, por un valor de apenas USD 300.000.

Además, la Contraloría estableció que el presupuesto referencial se estableció utilizando dos proformas internacionales por USD 2 millones y USD 2’560.000, tomando la de menor valor para establecer el valor referencial, en lugar de realizar un estudio de mercado que garantice la calidad y racionalidad del gasto. No se estableció un documento de verificación que permita identificar al propietario del helicóptero ni su estado aduanero. La aeronave estaba ingresada bajo el régimen de admisión temporal para reexportación, por lo que no podía comercializarse. Además, el Director de Operaciones Bomberiles Aéreas laboró durante dos años como gerente general de la empresa Aeromaster. Este servidor elaboró y suscribió el informe en el que recomendó la compra de un helicóptero bimotor usado; también fue designado como miembro para las Comisiones Técnicas, Administrador del Contrato, miembro de la Comisión de Recepción y suscribió el Acta de Entrega Recepción de la aeronave.

RÉPLICA DE SILVANA PÁSTOR

Aunque la información publicada en esta nota se basa en los reportes oficiales de la Contraloría, este portal ha recibido una carta de la Silvana Pástor, quien hace una serie de precisiones técnicas al informe aprobado por la Contraloría. La totalidad del documento remitido por Silvana Pástor puede ser consultado en formato PDF aquí.

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