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2 de Marzo del 2021
Historias
Lectura: 15 minutos
2 de Marzo del 2021
Redacción Plan V
El veto parcial de Moreno complica la extinción de dominio
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Fotos: Asamblea Nacional y Presidencia de la República. Imagen: PlanV

 

El Ejecutivo vetó varios de los puntos más sensibles de la Ley de Extinción de Dominio y solicitó que se emita un informe de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Los reparos coinciden en parte con la maniobra legislativa del morenismo que en su momento intentó evitar que el proyecto sea aprobado en la Asamblea Nacional.


El veto parcial fue publicado el 19 de febrero. El proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que fue aprobado con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional el 19 de enero, motivó varios reparos del Gobierno de Lenin Moreno.

Según el veto enviado al Legislativo, el Gobierno objetó la constitucionalidad de 4 artículos que se refieren a la naturaleza jurídica de la extinción de dominio, a la supletoriedad de esta Ley en cuanto a la aplicación de las reglas del Código Civil como normativa sustantiva, y de lo regulado en el Código Orgánico Integral Penal como normativa adjetiva. El Gobierno observó la creación del Fondo Especial de Extinción de Dominio y el destino de la monetización de los bienes con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio, pues ambas normas podrían contravenir la prohibición de constitucional de crear preasignaciones presupuestarias.

El Gobierno formuló observaciones y propuso textos alternativos para 14 artículos, 3 disposiciones generales y 10 disposiciones transitorias.

El Gobierno formuló observaciones y propuso textos alternativos para 14 artículos, 3 disposiciones generales y 10 disposiciones transitorias.

Las razones del régimen

El Ejecutivo sostuvo que "reafirma su indeclinable compromiso de lucha contra la corrupción, y reconoce la  necesidad de contar con una normativa que permita la recuperación de los bienes obtenidos de manera ilegal. Sin embargo, para tener seguridad en la eficacia de la aplicación de esta norma, es necesario contar con un  dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, de tal manera que el Estado  ecuatoriano tenga absoluta garantía de que el contenido de la norma, y su aplicación, se realizarán en el marco del respeto de los derechos constitucionales".

Para el Gobierno, "al igual que en ocasiones anteriores, se observa que el texto propuesto por la Función Legislativa podría contener imprecisiones que no pueden ser subsanadas en el ejercicio de la co-legislación del primer mandatario, toda vez que el alcance e impacto de las mismas podría afectar el contenido y las garantías de los derechos reconocidos en la Constitución".

Por ello, dijo el Ejecutivo,"se ha requerido un análisis de la constitucionalidad de la creación de nuevas competencias y atribuciones a varias instituciones públicas que participarían en el procedimiento propuesto, a fin de  mantener armonía con los roles constitucionales asignados a cada entidad". También "se ha requerido se realice un examen de constitucionalidad respecto del establecimiento de la norma procesal penal como supletoria para una acción de naturaleza civil, lo cual ha sido transversalizado en todo el proyecto".

Para el Gobierno, es necesario "respetar el principio de jerarquía normativa en todo el proyecto de ley, mismo que guarda directa relación con el derecho de la seguridad jurídica y todas las  garantías del debido proceso".

Según el asambleísta independiente Fabricio Villamar, quien propuso la ley, “el primer mandatario no ha emitido un veto total; por lo tanto, el Ecuador va a tener una Ley de Extinción de Dominio que nos permita recuperar lo obtenido de manera ilícita, recuperar lo robado”.

Según el asambleísta independiente Fabricio Villamar, quien propuso la ley, “el primer mandatario no ha emitido un veto total; por lo tanto, el Ecuador va a tener una Ley de Extinción de Dominio que nos permita recuperar lo obtenido de manera ilícita, recuperar lo robado”.

Según el Gobierno,  para tener seguridad en la eficacia de la aplicación de la norma y absoluta garantía de que los contenidos de la misma, se realicen en el marco del respeto a los derechos constitucionales, es necesario contar con un dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. La Corte tiene un plazo de 30 días para pronunciarse. 

Retrospectividad e imprescriptibilidad, las grandes dudas

Uno de los puntos que, tal como ocurrió ya en el debate legislativo, llamó la atención del Gobierno fue la aplicación de los principios de retrospectividad e imprescriptibilidad de la Ley. Así, sobre la  retrospectividad, el Gobierno sostuvo que debe quedar claro que es un criterio distinto a aprobar una norma retroactiva. En el mismo sentido se pronunció el régimen sobre la imprescriptibilidad, por lo que el análisis corresponderá a los jueces de la Corte Constitucional. 

"Respecto del principio de retrospectividad, -dijo el Gobierno- introducido por primera vez en el ordenamiento jurídico  ecuatoriano, genera preocupación que el texto propuesto por la Asamblea Nacional diste del alcance que dicho  principio posee, y pueda asemejarlo a una aplicación retroactiva de la norma". Al mismo tiempo, el Gobierno precisó que "reconoce plenamente la necesidad de contar con la retrospectividad en la  aplicación de la extinción de dominio, ya que permite rever situaciones jurídicas actuales que pudiesen haberse  originado de hechos fraudulentos e ilegales, y reafirma la vigencia del ordenamiento jurídico bajo el cual, el  mero paso del tiempo no convalida ni subsana ilegalidad. Por esta razón, se ha solicitado un análisis de  constitucionalidad por el máximo órgano correspondiente, respecto del principio de retrospectividad".

Para Villamar, hay que considerar dos aspectos en el veto del gobierno de Moreno: el primero, la presencia de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesantez, que fue ministra del Gobierno de Correa y en el marco de unas elecciones presidenciales, en las que Andrés Arauz, el candidato de Correa, pasa a la segunda vuelta.

A Villamar "no le extrañaría"  que un nuevo gobierno correísta pueda usar esa norma para una persecución política contra Lenin Moreno y su entorno, un gobierno que se ha caracterizado por "debilidad y descrédito absolutos".

A Villamar "no le extrañaría"  que un nuevo gobierno correísta pueda usar esa norma para una persecución política contra Lenin Moreno y su entorno, un gobierno que se ha caracterizado por "debilidad y descrédito absolutos". Al respecto, Villamar consideró que tanto la Fiscalía cuanto las cortes deben actuar con independencia y al margen de cualquier intento de uso político de esta norma. 

“Como demócratas, y en un Estado constitucional de derechos, respetuosos de la institucionalidad, esperaremos el pronunciamiento del máximo órgano de control constitucional para ratificar el texto o enmendarlo, según se pronuncie la Corte”, dijo Villamar. 

El Gobierno también se pronunció sobre la imprescriptibilidad: "Sobre la imprescriptibilidad propuesta para la acción de extinción de dominio, ha llamado la atención que, pese  a que la Asamblea Nacional ha determinado que la misma (la acción de extinción de dominio) es una acción  independiente, se sugiera que ésta debe ser imprescriptible, ya que existen delitos que por norma  constitucional lo son. La imprescriptibilidad de las acciones que determinan responsabilidades es una excepción que  encuentra su límite en la Constitución ecuatoriana, por lo cual es necesario contar con un pronunciamiento  de la Corte Constitucional respecto de la posibilidad de nominar como imprescriptible a una acción de esta  naturaleza, sin que afecte los derechos consagrados en la Carta Fundamental".

El Gobierno pidió también que "se analice el destino de los fondos dispuestos en el proyecto de ley en el  marco de las pre-asignaciones presupuestarias determinadas en la Constitución, que garantizan una  asignación transparente de recursos, que prioriza a los sectores de salud, educación y justicia, en el marco de  la sostenibilidad de las finanzas públicas" y aseguró que tomó en cuenta las opiniones de abogados y catedráticos de derecho para quienes "el texto viola el principio de irretroactividad  de la ley, viola el principio de responsabilidad penal individual, y viola el derecho a la propiedad". Quienes se dirigieron al Gobierno, expresaron al Ejecutivo su temor de que el proyecto, tal como está, “pase de ser un instrumento de combate  a la corrupción para convertirse en una herramienta de confiscación arbitraria y persecución política, porque, una norma que viola tantos principios constitucionales no es sostenible ni deseable”.

Académicos y abogados le dijeron al Gobierno que la ley podría pasar de ser "un instrumento de combate a la corrupción aconvertirse en una herramienta de confiscación arbitraria y persecución política, porque, una norma que viola tantos principios constitucionales no es sostenible ni deseable”.

Reparos que ya eran conocidos

Pero durante el debate, que tuvo lugar en enero, ya se habían mencionado algunos de los reparos que, nuevamente, el Gobierno ha concretado con este veto parcial.

Villamar había calificado a la retrospectividad e imprescriptibilidad como los "dos pilares" de la ley propuesta, cuando durante el debate, una maniobra de asambleístas alineadas con el gobierno intentó evitar la aprobación de esta norma.

Noralma Zambrano (Santa Elena), una de las 18 asambleístas que votó en contra de la censura y destitución de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue quien propuso reparos relacionados con ambos temas, por medio de una moción previa. Pero Villamar calificó en su momento como "pobres" a los argumentos esgrimidos en ese momento, cuando la moción de Zambrano obtuvo apoyo de algunos asambleístas de CREO, PSC y otros. "Difícilmente el Gobierno podría vetar la norma o mandarla a un examen de constitucionalidad", explicaba en ese momento Villamar, pues la norma había sido preparada por "las organizaciones políticas que concurrieron al acuerdo 2030".

Noralma Zambrano (Santa Elena), una de las 18 asambleístas que votó en contra de la censura y destitución de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue quien propuso reparos relacionados con ambos temas, por medio de una moción previa.

En efecto, el Gobierno de Moreno realizó varios eventos del  Acuerdo Nacional Ecuador 2030, una propuesta enmarcada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Sistema de Naciones Unidas. “Todos están invitados, la mano está tendida para todos, principalmente al que piensa diverso (…) Solo con eso podemos lograr aquel comportamiento que se conoce como armónico”, dijo el presidente en uno de los encuentros y "destacó la importancia de la diversidad de criterios, exhortó a los ciudadanos a escuchar al otro con la finalidad de aprender de la variedad de opiniones respecto al país que existen a nuestro alrededor", según dijo en su momento la prensa oficial. En el evento participó también la desaparecida Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. "El proyecto fue preparado por la Secretaría Anticorrupción y a la Acuerdo 2030 también concurrieron partidos como CREO y PSC. Creo que el presidente no debería vetar algo que también fue preparado por su gente". 

¿Retroactiva o retrospectiva?

Villamar explicó que la ley penal no puede ser retroactiva, pero es posible que, como ocurre en Colombia, sea posible que haya una ley civil retrospectiva, al ser aprobada en fecha posterior a la existencia de un acto que se considera no consumado. Esto significa, según el asambleísta, que si se descubre que un narcotraficante usó recursos ilícitos, esas propiedades pasen a control del Estado aunque se hayan comprado antes de la vigencia de la ley. La razón sería que la compra no se hizo de manera lícita. 

El asambleísta ya había anticipado que debía ser la Corte Constitucional la que decida sobre la constitucionalidad de la norma propuesta. "Cada vez que se emite algo que suena novedoso siempre hay alguien que dice que es inconstitucional o viola derechos".  Villamar se preguntaba "cómo quedaría el presidente que participó en el Gobierno anterior si pasa vetos parciales que desarmen la estructura de la Ley". 

Villamar sostenía que los ciudadanos deben estar vigilantes sobre los posibles aumentos injustificados de ingresos y bienes, sobre todo, de funcionarios públicos. La norma incluye que cualquier persona puede presentar una denuncia, ante la Fiscalía, que es la que debe investigar de manera reservada. Tanto el Estado cuando el investigado deberán probar el origen de los bienes. La Fiscalía deberá acusar ante un juez, pero el proceso que se propone es diferente del proceso penal. "Es un proceso contra los bienes", explica Villamar quien destaca que un juez anticorrupción puede determinar si los bienes son malhabidos o no. "Es un proceso expedito y más rápido". Para su plena vigencia, la Ley requerirá un reglamento, que probablemente corresponda al próximo gobierno. Es precisamente este procedimiento, de naturaleza penal, el que también es objetado por el Gobierno. 

Los siguientes pasos en el trámite tienen que ver con el dictamen que emita la Corte Constitucional, en 30 días, y el plazo de 30 días para que la Asamblea se allane a la objeción presidencial o se ratifique en sus textos, con lo que esta podría ser una de las últimas leyes que apruebe la actual legislatura, cuyo periodo concluye el 14 de mayo.

Vea en PLANV EN VIVO: el asambleísta Fabricio Villamar habla sobre la Ley de Extinción de Dominio.

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