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WASHINGTON

Los puestos del lado del Estado se quedaron vacíos en el salón Padilha Vidal, en el Edificio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el centro de Washington. El Gobierno decidió no enviar una delegación para que responda a los peticionarios de dos audiencias efectuadas en el 149 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es parte de la OEA. La primera fue acerca de la libertad de expresión y asociación; y la segunda sobre el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas.

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A última hora el Gobierno envió una carta oficial exponiendo sus motivos. Y estos serán respondidos oportunamente por los Comisionados, dijeron. El secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, al inicio de la primera audiencia, dijo que lamenta la ausencia. Y el presidente José de Jesús
Orozco Henríque  mencionó que los representantes del Estado pueden entregar la información que crean conveniente en los próximos días pero que la audiencia se celebraría como estaba planificado. 

Para los peticionarios, según dijo Juan Auz, asesor legal de la Fundación Pachamama,  ese es el único espacio de diálogo en el cual se puede estar al mismo nivel que las autoridades. Donde las partes tienen el derecho a ser escuchadas bajo un mismo espacio. A los actos acudieron corresponsales de agencias internacionales de prensa, defensores de derechos humanos en Estados Unidos, miembros de la OEA y del Gobierno de Estados Unidos.

En la primera audiencia, intervino Carlos Castellanos, en representación de organizaciones sociales de  mujeres, obreros, campesinos, estudiantes y trabajadores autónomos del país. Fue duro en criticar la ausencia de los representantes del Gobierno del Ecuador ante los comisionados de la CIDH: "Lamentamos la ausencia de los señores representantes del Estado, no obstante no nos sorprende su actuación pues localmente estilan actuar de la misma manera, privando a los ciudadanos de cualquier vía de diálogo propia de una sociedad democrática".

El Gobierno no escuchó los cuestionamientos que hicieron los peticionarios. Decidió no acudir para oír a Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, denunciar: "Toda manifestación de protesta, toda acción de resistencia social que cuestione las políticas públicas o decisiones estatales, es causal de disolución de la organización comunitaria, por considerarse actividades atentatorias a la seguridad pública interna y externa o que afectan la paz pública".

Es como si el Gobierno se hubiera tapado los oídos ante Mariana Pallasco, líder de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Ella dijo ante los Comisionados de la CIDH: "La persecución se ha materializado también con la apertura de sumarios administrativos contra profesores que han ejercido su derecho a la movilización y a la organización, que han concluido con cuestionadas destituciones en que no se han otorgado las más elementales garantías al debido proceso. Pero más grave aun, es la aplicación de normas de sabotaje y terrorismo para criminalizar el legítimo derecho a la protesta social".

No dieron espacio a ser oídas las alertas acerca de la nueva Ley de Comunicación. Miguel Ribadeneira, director de Ecuadoradio, expuso: "Está en vigencia una Ley de Comunicación que atenta contra los principios universales de los derechos humanos de la libertad de expresión y de prensa. Define a la comunicación como servicio público, desnaturalizándola de su condición de derecho fundamental; así, medios y periodistas serán sometidos a excesivos controles administrativos del Estado".

No oyeron a  María Dolores Miño, abogada especialista en asuntos de Derechos Humanos, pedir que la Comisión emita opiniones consultivas a la Corte Interamericana acerca de la Ley de Comunicación y el Decreto 16.

El Gobierno tampoco escuchó a los peticionarios acerca de las irregularidades en los procesos de consulta previa para los proyectos extractivos. No pudieron ver un video en el cual se observa cómo personal del Ministerio del Ambiente manipuló una consulta previa violando los derechos de los pueblos, según los peticionarios.  Y cómo pidieron medidas cautelares.

En este caso, Inredh, una de las organizaciones que acudió a la cita, ha criticado en ocasiones anteriores que el Gobierno vea a la CIDH como una amenaza, pero que el único fin es ocultar la impunidad...  En su página web, en un artículo sobre el tema, denuncia: "Los Estados progresistas, que no han logrado salir del modelo neoliberal y aún basan su economía en la extracción de recursos naturales, miran a la CIDH como un obstáculo para su afán de acceder a estos recursos, en su mayor parte ubicados en territorios indígenas, y por ello han recurrido a una serie de mentiras para justificar sus críticas y ocultar su intención de reducir las competencias de la CIDH para actuar con total impunidad frente a los derechos indígenas".

Desde Rusia, en donde se encuentra en una visita oficial, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió en los siguientes términos a los peticionarios, según publicó en su cuenta de Twitter:

...15 organizaciones "denuncian" al gobierno ecuatoriano ante la CIDH. ¡Ni las dictaduras tuvieron tantas "denuncias"! La realidad: una...

— Rafael Correa (@MashiRafael) October 29, 2013

...payasada más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional: CORDES (O. Hurtado, financiado por Konrad Adenauer)...

— Rafael Correa (@MashiRafael) October 29, 2013

...Fundamedios (dueños de periódicos y, encima, tacaños, pues son finaciados por la USAID). Por la "izquierda": Ecuarinari (PK), UNE (MPD)..

— Rafael Correa (@MashiRafael) October 29, 2013

...Comerciantes minoristas (MPD), etc. No nos vamos a prestar a estas payasadas, más aún mientras CIDH continúe en Washington. Un abrazo.

— Rafael Correa (@MashiRafael) October 29, 2013

De cualquier forma, la CIDH anunció que recibirá el punto de vista del Gobierno en cualquier momento.

Jean Cano es enviado especial de Plan V a Washington y forma parte de la delegación de peticionarios.